Opinión

El colapso vivido por la capital chilena ante un fenómeno meteorológico, no solo previsible, sino que latamente anunciado por las autoridades y la prensa puso al país ante la evidencia de por lo menos dos fenómenos indesmentibles e ineludibles. El que más de 4 millones de personas del Gran Santiago, quedaran  en calidad de damnificados por la suspensión de los servicios de agua potable y falta de suministro de electricidad reiteró ante la opinión pública la fragilidad de la seguridad del país y de la población ante fenómenos claramente rutinarios, como una lluvia inicial de invierno. Pero a la vulnerabilidad del modelo, se agregó, de una manera que los medios presentaron como dramática, la ineficacia, incapacidad técnica e irresponsabilidad, que el ministro del Interior, Jorge Burgos, calificó, más delicadamente de “imprevisión” de la empresa concesionaria Costanera Norte, como responsable de desborde del Río Mapocho a la altura del puente Lo Saldes, provocando inundaciones de edificios, elegantes centros comerciales, estacionamientos de un sector generalmente ajeno a las emergencias invernales, como el exclusivo centro comercial, empresarial y residencial conocido como Sanhattan. Costanera Norte es controlada por la italiana  Autostrade Atlantia y el fondo canadiense CPP Investment Board, acumulando concesiones en Chile desde hace 10 años y la empresa a cargo de las obras donde se produjo el desbordamiento del río capitalino es la española Sacyr. Es decir, un fenómeno meteorológico habitual, claramente previsible, deja en evidencia la vulnerabilidad del país tanto como la ineficacia empresarial, pero también administrativa, desnudando además a un modelo que se postula como eficaz, pero que a las horas de la prueba termina siendo incapaz de ponerse a la altura de los desafíos, debido a la dictadura de la ganancia y del lucro en lugar de la responsabilidad ambiental y social. Y aquí se asoma en el análisis, un tercer elemento también determinante: el rol fiscalizador del Estado, jibarizado por la doctrina del libre mercado, que gracias a la dictadura se  implantó la  subsidiariedad  del Estado en áreas de importancia estratégica como la energía, el agua, además de la infraestructura y las riquezas estratégicas. En los hechos la empresa española Aguas Andina, concesionaria responsable del suministro de agua potable a los capitalinos, no solo no ha cumplido con esa tarea básica, sino que no ha hecho las inversiones necesarias para superar una situación recurrente cada año: la turbiedad del agua cordillerana que les llega a sus plantas purificadoras. Los especialistas enfatizan que una serie de piscinas y otras instalaciones podrían corregir las falencias actuales acumulando la suficiente agua que garantice superar las consecuencias de las primeras lluvias que caen –rutinariamente-cada principio de invierno sobre la cordillera. Aguas Andinas hace un buen negocio en Chile, y sus ganancias son las más altas de la región, superando los 129 mil millones de pesos en 2015, superando a Essbio (Concepción), con 25 mil millones de pesos y superior a Esval (Valparaíso), que ganó 17 mil millones de pesos. Aguas Andinas es investigada además por el álgido tema de las platas políticas […]

En una etapa en que el desprecio hacia la política se extendió como mancha de aceite, vale la pena volver a mirar el sentido histórico de la política socialista a lo largo de cuatro décadas, con vistas a la plena reimplantación de la democracia. De paso, ello servirá para conmemorar con mayor objetividad lo que ha sido su contribución determinante a la justicia social en Chile, ahora que llegamos a su 83* Aniversario. En efecto, la Dirección Política en la clandestinidad, encabezada por los recordados compañeros Exequiel Ponce, Carlos Lorca y Ricardo Lagos Salinas, señalo ya en Marzo de 1974, que derrotar la dictadura de Pinochet hacía necesaria la formación de un Frente Antifascista, en el que confluyeran las fuerzas políticas de izquierda y de centro en un esfuerzo estratégico que permitiera recuperar la democracia. Como se sabe, la confrontación entre la Izquierda, agrupada en la Unidad Popular, y la Democracia Cristiana, constituyo un factor que coadyuvo en grado decisivo a la implementación de la estrategia golpista, diseñada por la derecha para acceder al poder mediante el cruento golpe de Estado del once de Setiembre de 1973. Fue así que la reiterada violación de los Derechos Humanos y la crueldad del terrorismo de Estado, crearon los primeros encuentros de lo que vendría a ser, en la Concertación política que se forjo desde entonces, el ejercicio de ideas pluralista y de entendimiento estratégico entre fuerzas diversas, más importante de la historia de Chile, después de la Independencia Nacional. Quienes no vivieron ese tiempo o no tienen esa vivencia o los que olvidan que Pinochet obtuvo en el Plebiscito del 5 de Octubre de 1988, cerca del 45% en la votación nacional, sumado además el control del Ejército, y el respaldo fanático de centros clave del poder político y económico, como la UDI y poderosos grupos facticos; si tales factores son omitidos, se cae en la tesis refundacional que fuera de la historia tal como fue, se presenta como inobjetable. Además, la derecha logro retener después, en los comicios posteriores, una ancha base electoral, por encima del tercio de la representación electa. Aunque resulte paradojal, ignorar tan compleja situación y la correlación de fuerzas que de ella surgió, conlleva creer que el dictador se fue porque así lo decidió, en un momento de «bondadoso» abandono de su afán de perpetuación y no por el impacto de su derrota institucional y política generada por la lucha del pueblo de Chile. Sin darse cuenta, la ultra izquierda enaltece a Pinochet. Mi conclusión es que sin el quiebre que provocaron en el receso político y en el control dictatorial del país las jornadas nacionales de protesta social, así como sin la acumulación de fuerzas y la ruta de gobernabilidad que genero la Concertación por la Democracia, no habría sido posible la derrota de Pinochet, el que en otras condiciones, habría maniobrado para ignorar el efecto institucional y el sentido político del triunfo del NO, generando cualquier variante de prolongación de su poder personal y del […]

La Presidenta Bachelet ha promulgado las leyes de financiamiento de la política y fortalecimiento del carácter público y democrático de los partidos. Posiblemente, junto al término del sistema electoral binominal, serán consideradas las de mayor impacto histórico de su segundo mandato. De seguro, democratizarán decisivamente la composición y representatividad de las autoridades políticas, acercándolas al sentir de la ciudadanía. Resulta impresionante que fueran aprobadas por amplias mayorías cuando todavía no ha transcurrido un año desde la entrega del “Informe Engel” que sugirió su contenido, el que ni siquiera aparece en el programa de Nueva Mayoría. Es una gran lección de política, cuya ciencia consiste en navegar en medio del oleaje constante, sobre un trasfondo de mareas y corrientes menores, mayores y otras globales, atravesando una sucesión de cambios climáticos más o menos bruscos que no excluyen periódicas tormentas que pueden ser muy violentas. Es lamentable que algunos, incluso entre quienes algo han aprendido de capear olas, todavía parecen no entender cuánto ha cambiado el sentido de las mareas y corrientes que las subyace, y no hacen caso de las evidentes señales de tormenta. Creen posible frenar los cambios, volver atrás las cosas, resucitar ampulosos íconos de milagros exagerados, y seguir navegando como hicieron en tiempos  de calma chicha. Hay que alejarlos lo más posible del timón pues sus empeños viran el barco hacia los arrecifes. Eso no le conviene a nadie. ¡A nadie! Las leyes referidas prohíben los aportes de empresas a la política, limitan y hacen públicas las donaciones de ciudadanos excepto las más pequeñas. Fortalecen el rol de los partidos y los financian de manera frugal, al tiempo que otorgan a sus militantes más o menos los mismos derechos democráticos que el Estado a sus ciudadanos. Limitan así el poder del gran dinero privado y también a los “príncipes” partidarios, transparentan, regulan y limitan sus gastos electorales. Penalizan las transgresiones y fortalecen la institucionalidad que garantiza que estas cosas se cumplan. No ha faltado quien las tilde de irrelevantes o regresivas, pero parecen opiniones poco informadas y cortas de vista. Conjuntamente con el fin del binominal, su impacto puede resultar similar a la derogación de la “Ley Maldita” e introducción de la cédula electoral única. Estos cambios se hicieron en 1958, tras el gran estallido social del año anterior y terminaron con la exclusión y el cohecho que sobrerepresentaban a Conservadores y Liberales, los viejos partidos de latifundistas y mercaderes. En pocos años perdieron casi todos sus diputados y senadores, lo que posibilitó la aprobación de leyes tan progresistas como la sindicalización campesina, reforma agraria y nacionalización del cobre, esta última en forma unánime. Los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y especialmente Salvador Allende las propusieron y ejecutaron con toda decisión, modernizando el país por completo y para siempre. ¿Cómo es posible que las nuevas leyes que democratizan la política fueran aprobadas por un parlamento donde los exPinochetistas, ayudados por varios otros convenientemente “aceitados” por los hegemones rentistas, mantienen la posibilidad de veto y controlan además la virtual tercera […]

La Fundación Centros de Madres de Chile (CEMA), que dirige Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, dio muestras de oscuros manejos hasta el punto de ser dueña de la Plaza de Armas de la comuna de Paine. Paine es una pequeña comuna de la región Metropolitana de Santiago, donde hace poco se hizo la denuncia de la amenaza de CEMA-Chile de eliminar su Plaza de Armas si no pagaba los adeudos a la fundación. Este hecho insólito añadió una gota más a la ya rebosada copa en torno a CEMA y el enriquecimiento de la viuda del general que asestó un sangriento golpe de estado al Gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Vecinos de Paine se personaron en la sede del Ministerio de Bienes Nacionales para entregar un documento con dos mil 500 firmas en el cual solicitan gestiones para recuperar el sitio en disputa. El ministro de la cartera, Víctor Osorio, comentó que se pone en evidencia la grave situación que vive Paine, donde paradójicamente la Plaza de Armas no es bien de uso público, sino de propiedad privada. Una propiedad, por cierto, que la fundación CEMA «recibió gratuitamente en 1986, en tiempos de la dictadura». De todos modos, no se trata de un caso aislado. De acuerdo con el ministro Osorio, CEMA-Chile cuenta por lo menos con alrededor de 140 millones de dólares en 118 inmuebles entregados sin pago alguno por el Estado. El secretario de Estado subrayó que la tasación de 118 de los 134 inmuebles catastrados hasta ahora y traspasados gratuitamente a la Fundación CEMA durante el régimen militar supera los 80 mil millones de pesos. La cifra es equivalente a unos 140 millones de dólares y supera con creces los cálculos iniciales. Lucía Hiriart deberá enfrentar investigaciones de la justicia, luego del dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la probable malversación de una entidad. «Se trata de una cifra sorprendente de miles de millones de pesos que fueron de todos los chilenos y a nosotros nos parece que deben ser restituidos al fisco, ya que esto demuestra que se ha inferido un daño severo al patrimonio (…)», dijo Osorio. Fuentes del Ministerio de Bienes Nacionales indicaron que ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debe identificar cada una de las propiedades. El Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper) destapó el pasado año la caja de pandora respecto a la Fundación CEMA, la cual maneja Hiriart de forma vitalicia al cambiar sus estatutos. La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó de forma unánime reabrir el caso por presunta malversación de caudales públicos, causa que se tramita actualmente el 33 Juzgado del Crimen. Los magistrados acogieron la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que hizo la demanda a instancias del Ministerio de Bienes Nacionales. Todo indica, de acuerdo con el reportaje de Ciper, que Hiriart, autoproclamada presidenta vitalicia, se aprovechó de los inmuebles para recaudar fondos con fines propios. Por Fausto Triana Santiago de Chile, 14 de […]

El tema que titula este trabajo será, sin duda uno de los más importantes y más controvertidos al decidir los contenidos de la Nueva Constitución. Las definiciones sobre el derecho de propiedad determinan una característica central en todos los sistemas político-económicos. Es un ítem clave de la contraposición política entre las posiciones liberales y socialistas, entre los neoliberales y los demócratas progresistas. El texto de seis páginas entregado por el Partido Comunista a la Presidenta de la República Michelle Bachelet en Septiembre de 2015, consta de once puntos, de los cuales, los tres siguientes tienen directa relación con nuestro tema: No 4, economía mixta  y papel del estado; No 5, el derecho de propiedad; y No 7, desarrollo sustentable y sostenible. El No 4 se refiere a la economía mixta y al papel del estado, entendida en su uso corriente, donde una parte de los medios de producción del país se encuentra en poder del capital privado y otra parte es propiedad pública, separadamente o en asociación con el primero. Se rechaza el concepto de “estado subsidiario”, presente en la Constitución actual, impuesto por la dictadura y considerado esencial en el modelo neoliberal, el cual rige en la práctica hasta nuestros días. En contraposición del carácter subsidiario se propone reafirmar el dominio del estado, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre los yacimientos mineros y se amplía a los recursos naturales de toda índole. Se aceptan las concesiones a privados para la explotación, sólo por causas excepcionales, sin perjuicio de que estos paguen tributos o royaltys a la extracción y venta de los mismos. Se buscará la fórmula para renacionalizar todos los minerales de cobre. Se mantendrá una economía abierta con el mundo, pero en condiciones igualitarias y no abusivas. El No 5 trata del derecho de propiedad privada. Se acepta, pero sin sus exagerados privilegios. Se reconoce la propiedad individual, cooperativa, estatal, mixta, comunitaria. Se establecen áreas donde prevalezca o tenga lugar la acción estatal, tales como energía, telecomunicaciones, agua, ciencia, cultura y otras. El No 7 se refiere al desarrollo sustentable y sostenible, términos  que para muchos especialistas, no son distinguibles el uno del otro, sino más bien sinónimos. Se propicia la integración de la producción y el medio ambiente. Se plantea perseverar en la industrialización, pero con valor agregado en base a la ciencia, la innovación, la tecnología y la educación. Por su parte, en la Convocatoria al XXV Congreso del Partido, se agregan las siguientes formas de propiedad pública a las ya reconocidas más arriba: regionales y municipales. Se postula que deben descartarse las concesiones a privados en materia de servicios públicos vitales. En la misma Convocatoria (pág. 11) se rechaza “el agotado modelo rentista que permite la explotación inmisericorde de los recursos naturales”. El concepto “rentista” proviene de los economistas clásicos, en su variante absoluta y no relativa, o sea la que genera una renta sólo por el derecho de propiedad sobre la tierra. Su carácter depredador se ha demostrado en  la tala irracional de los […]

De 2011 a la fecha la institucionalidad post-dictadura viene en franca decadencia, desde las múltiples expresiones de lo que podríamos denominar izquierda, ha habido un émbolo que empuja a la sociedad en determinada dirección, esto no es nuevo, prácticamente todas las reformas en la historia de este país que han ido en auxilio de los más pobres y marginados han provenido desde la izquierda, aunque no es el objeto de este texto. Si es importante para comprender la resistencia que nuestras políticas generan en los poderosos, habitualmente conservadores y de derecha. Necesitamos comprender que en cada triunfo hegemónico de una o más ideas se ha contrapuesto en primer lugar un intento de contraofensiva argumentativa, a continuación una ley –muchas veces con vicios de ilegitimidad – y finalmente el recurso de la violencia, es la historia repetida una y otra vez de la demanda justa y la represión, que transcurre siempre o casi siempre de este modo, ejemplos sobran, quizás las múltiples matanzas en la época del salitre y el golpe de 1973 con su posterior dispositivo de desmantelamiento del movimiento social y la militancia de izquierda, sean ejemplos más que evidentes de este comportamiento repetitivo de las élites y el conservadurismo. A medida que avanzan los tiempos, algunas de las expresiones de las grandes mayorías marginadas van cambiando -no así la miseria en sí misma- ,logran instalarse hegemónicas en la palestra pública y obligan cada cierto tiempo a la élite a referirse a dicho asunto, en la época del salitre hubo que discutir de los derechos laborales, a contrapelo de las élites políticas y empresariales, hoy estamos discutiendo de gratuidad en educación sin que a ninguna de las dos coaliciones gobernantes de los últimos 25 años lo haya siquiera mencionado alguna vez en sus programas de manera seria, son las masas de estudiantes hastiados de comenzar su vida adulta endeudados los que colocan en la agenda una demanda antigua, un derecho antiguo que fue arrebatado durante la dictadura y la transición. Transición que no acaba, aunque nos digan lo contrario, hasta reemplazar la constitución por una realizada en democracia. El temor, por tanto, de la casta, es que les rayen la cancha, es que les pongan condiciones, que les impongan los temas a discutir, porque en ese terreno siempre pierden, a veces más o menos, pero nunca salen incólumes, algo están obligados a ceder, y por supuesto eso no les gusta. Para eso se preparan, igual como las comunidades nos organizamos para continuar con el progreso social en la dirección de una sociedad de derechos, ellos se arman para resistir. Resulta que, en el fondo, eso es todo lo que tengo para decir, la Agenda Corta Antidelincuencia sólo es un paquete de medidas de armas represivas que el Estado se entrega a sí mismo para enfrentar el avance de la historia en manos de miles y de millones anónimos que están –antes y ahora-, dispuestos a luchar por la libertad, la dignidad y la justicia. Revisando algunos textos y opiniones […]

«El deseado desarrollo económico futuro de un país es responsabilidad de cada gobierno y, también, del respectivo banco central, de acuerdo con su grado de autonomía». 1.- El papel de los bancos centrales. Existen desde hace muchos años (el primero es el  de Suecia fundado en 1668) y si bien han tenido cambios a lo largo del tiempo, son instituciones que diseñan y ejecutan  la política monetaria de un país o grupo de países. En algunos casos su función principal es mantener la estabilidad de los precios y, por ello, les corresponde el manejo de la tasa de interés  y el apoyo de las políticas económicas generales. Por ejemplo, la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos, creado en 1913, proporciona a la nación un sistema monetario y financiero y decide la tasa de interés. Por su parte el Banco Central Europeo, creado en 1998,  destaca que su capacidad  para crear dinero lo protege de la insolvencia y, por eso, puede operar con un capital negativo, puesto que no podría carecer de dinero ya  que es quien lo crea. En consecuencia los bancos centrales tienen funciones de gran importancia e impacto para el funcionamiento de la economía de cada país o grupo de países, así como en la evolución de diferentes e importantes variables: inversión, demanda, divisas, comercio exterior, salarios, empleo, precios, inflación, etc. 2.- Información  que entregan los bancos centrales si impacta. En general entregan informaciones sobre un conjunto de variables, tanto  en su evolución histórica como en la estimación de futuros posibles valores del  PIB, de la inflación y otras variables. Este proceso decisional se supone que está orientado a dar estabilidad a los precios internos y a facilitar la inversión y el crecimiento de la economía, lo cual tendría efectos positivos sobre el empleo, la demanda, el comercio exterior y otros muchos efectos en diferentes  áreas de la economía. Para estos efectos, tienen la autoridad para fijar el precio del dinero, o sea, el valor de la tasa de interés. La información que proporcionan los bancos centrales son del siguiente tipo: (a) “se espera que las condiciones económicas evolucionen de manera de garantizar sólo aumentos graduales en la tasa de interés”; (b) “es probable que  la tasa de fondos se mantenga, durante algún tiempo, por debajo de los niveles que se espera que prevalezca en el largo plazo”; (c) “para determinar el momento y el tamaño de los futuros ajustes al rango objetivo de la tasa, se  evaluará y esperará las condiciones económicas en relación con sus objetivos de máximo empleo y de x%  de inflación”; (d) “esta evaluación tendrá en cuenta una amplia gama de información, incluidas las medidas de las condiciones del mercado laboral, los indicadores de la inflación, las  presiones y las expectativas de inflación, y las lecturas sobre la evolución financiera nacional e internacional”. Información encriptada que… analistas, operadores, inversores, empresarios, políticos – entre otros – intentan interpretar para tomar decisiones y emitir opiniones. Es por eso, que es posible que un banco central […]

Un país como Chile, que sufrió 17 años de una de las más sangrienta dictaduras de América Latina (1973-1990), sigue con heridas abiertas, pese al deseo evidente de ciertos sectores de pasar la página y olvidar. Incluso no pocos políticos de derecha justifican y hasta aplauden de manera pública al extinto general Augusto Pinochet, mientras su viuda, Lucía Hiriart, amasa una gran fortuna de dineros adquiridos a través del estado de forma vitalicia. De alguna forma, ante esta tendencia sale al paso la escritora chilena Yael Zaliasnik con su libro Memoria inquieta, abarcador en sus conceptos y comprometido «en la tozudez de no mirar al futuro festinadamente». En el lanzamiento del volumen en esta capital se añadió una idea original. Se hizo en pleno Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, con dos performances paralelas y en medio de transeúntes y vehículos. El propósito, desperezar a la sociedad, sacudirla y tratar de cierta forma chocar con la indiferencia, «para que el porvenir no padezca del turismo de la memoria en la búsqueda de una empatía no sólo con las víctimas, sino con la historia». Yael Zaliasnik, con la ayuda del Fondo de Cultura Económica, y de Luisa Jaimovich, jefa de comunicación de la casa editorial, consiguió también los elogiosos comentarios del escritor Jorge Montealegre y de la doctora en letras Ana Pizarro. Una intervención de la bailarina Alicia Ceballos y la performance del artista Samuel Ibarra adornaban el coloquio en medio del Paseo Bulnes, intentando despertar la curiosidad con alegorías a la memoria y a las víctimas de la violencia. La doctora en estudios americanos, periodista e investigadora, admitió a Prensa Latina que su mirada es cultural a partir de que son hechos de larga data y resulta difícil rescatar una identificación total pese a su vigencia. De hecho, la escritora tenía cuatro años de edad cuando el golpe de estado de Augusto Pinochet y su lectura profunda de lo acontecido en Chile fue la motivación fundamental que la ha llevado a hilvanar un trabajo relacionado con la memoria. Toma como puntos de partida la ceremonia fúnebre en diciembre de 2009 por el asesinato de Víctor Jara y la Marcha de los Silencios que se realiza todos los años en Montevideo; además de las marchas colectivas y sus valores. «Lo que ocurrió y todavía sucede, en relación con Víctor Jara tiene lugar mucho después de su crimen y sirve, como decía su viuda, para que el tema no quede en una generación, sino que perdure en las mentes, ojalá de todos», comentó. La autora reveló que su obstinación, como la de muchas otras personas, es por iluminar la violencia del pasado para que no vuelva a repetirse, «se trata de un grito contra los desmemoriados intencionales». Zaliasnik, valiéndose del proceso de la memoria comunicativa a lo largo de varias décadas, pretende remarcar el paso de la historia de la dictadura a las generaciones actuales que continúan manifestándose y sobre los olvidados de la dictadura en Chile. En el país austral, […]