El colapso vivido por la capital chilena ante un fenómeno meteorológico, no solo previsible, sino que latamente anunciado por las autoridades y la prensa puso al país ante la evidencia de por lo menos dos fenómenos indesmentibles e ineludibles.
El que más de 4 millones de personas del Gran Santiago, quedaran en calidad de damnificados por la suspensión de los servicios de agua potable y falta de suministro de electricidad reiteró ante la opinión pública la fragilidad de la seguridad del país y de la población ante fenómenos claramente rutinarios, como una lluvia inicial de invierno.
Pero a la vulnerabilidad del modelo, se agregó, de una manera que los medios presentaron como dramática, la ineficacia, incapacidad técnica e irresponsabilidad, que el ministro del Interior, Jorge Burgos, calificó, más delicadamente de “imprevisión” de la empresa concesionaria Costanera Norte, como responsable de desborde del Río Mapocho a la altura del puente Lo Saldes, provocando inundaciones de edificios, elegantes centros comerciales, estacionamientos de un sector generalmente ajeno a las emergencias invernales, como el exclusivo centro comercial, empresarial y residencial conocido como Sanhattan.
Costanera Norte es controlada por la italiana Autostrade Atlantia y el fondo canadiense CPP Investment Board, acumulando concesiones en Chile desde hace 10 años y la empresa a cargo de las obras donde se produjo el desbordamiento del río capitalino es la española Sacyr.
Es decir, un fenómeno meteorológico habitual, claramente previsible, deja en evidencia la vulnerabilidad del país tanto como la ineficacia empresarial, pero también administrativa, desnudando además a un modelo que se postula como eficaz, pero que a las horas de la prueba termina siendo incapaz de ponerse a la altura de los desafíos, debido a la dictadura de la ganancia y del lucro en lugar de la responsabilidad ambiental y social.
Y aquí se asoma en el análisis, un tercer elemento también determinante: el rol fiscalizador del Estado, jibarizado por la doctrina del libre mercado, que gracias a la dictadura se implantó la subsidiariedad del Estado en áreas de importancia estratégica como la energía, el agua, además de la infraestructura y las riquezas estratégicas.
En los hechos la empresa española Aguas Andina, concesionaria responsable del suministro de agua potable a los capitalinos, no solo no ha cumplido con esa tarea básica, sino que no ha hecho las inversiones necesarias para superar una situación recurrente cada año: la turbiedad del agua cordillerana que les llega a sus plantas purificadoras.
Los especialistas enfatizan que una serie de piscinas y otras instalaciones podrían corregir las falencias actuales acumulando la suficiente agua que garantice superar las consecuencias de las primeras lluvias que caen –rutinariamente-cada principio de invierno sobre la cordillera.
Aguas Andinas hace un buen negocio en Chile, y sus ganancias son las más altas de la región, superando los 129 mil millones de pesos en 2015, superando a Essbio (Concepción), con 25 mil millones de pesos y superior a Esval (Valparaíso), que ganó 17 mil millones de pesos.
Aguas Andinas es investigada además por el álgido tema de las platas políticas y las facturas “ideológicamente falsas”, que sirvieron para apoyar a políticos y financiar irregularmente campañas electorales.
El tema son las condiciones contractuales que establecen las concesiones a las empresas del rubro, el problema es si el Estado (o lo que es parecido, los gobiernos y autoridades implicadas de la época) defendió adecuadamente los derechos de los ciudadanos, del país, y demandaron las obligaciones pertinentes.
Porque tampoco resulta presentable el corte del suministro de energía eléctrica a la primera lluvia que cae en Santiago. Ni siquiera hay el conocido pretexto de vientos huracanados, porque no los hubieron.
Las explicaciones de la distribuidora eléctrica Chilectra S.A. también entregada a capitales privados -ahora italianos- en uno de los más escandalosos procesos de privatización, no tienen tampoco credibilidad.
Bien hace el gobierno en plantear sumarios, reclamos, denuncias, enojarse, en acusar a los ejecutivos, pero no basta con amenazas, que además generalmente no terminan en nada.
Aquí el problema es de fondo, el tema es político, es del modelo, y hasta quizás de los compromisos adquiridos.
La recuperación de un poder más efectivo, más protagónico, más responsable del Estado con los ciudadanos, es ineludible, y es lo que está en la orden del día cuando se inicia la discusión de la reforma constitucional.
Uno de los temas de la reflexión nacional puesta en marcha- aunque no le guste a algunos nostálgicos de la dictadura o timoratos- debería ser el rol del Estado y la recuperación de los bienes nacionales estratégicos, entre los cuales debe estar por supuesto el agua y la energía eléctrica.
Por Marcel Garcés Muños
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 19 de abril 2016
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