Ante la vulnerabilidad y la indefensión de millones de habitantes en esta parte continental, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redobla los llamados a la construcción de un nuevo orden que asegure las necesidades ciudadanas indispensables y resuelva los problemas estructurales del mundo del trabajo.
Con la expansión del coronavirus actuando como catalizador, la Cepal prevé que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de individuos en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3 por ciento de toda la población latinoamericana.
El organismo considera imperiosa, para luchar contra la inequidad imperante, la implementación de un modelo de desarrollo mejorado, y un pacto social y político donde exista una nueva ecuación entre estado, mercado y sociedad, para lograr un régimen universal de protección y acceso a bienes públicos básicos.
Para Latinoamérica se trata de una tarea titánica porque el neoliberalismo no solo volvió obesas las arcas de los ya ricos, también buscó la manera de perpetuar el sistema por diversas vías.
La desigualdad no surge de las fuerzas abstractas del mercado, sino que nace de la manera en la que se distribuye el poder político en una sociedad, alerta el investigador mexicano Jaime Cárdenas en su libro Las características jurídicas del neoliberalismo.
Considera que idénticos patrones se reproducen gracias a las manipulaciones de los grandes conglomerados de poder, lo mismo al poner a su servicio el sistema electoral que al controlar los medios de comunicación o al ejercer cabildeo en los Congresos Nacionales u otras instancias de gobierno.
La democracia es incompatible con la concentración extrema de ingresos, y el modelo neoliberal promueve esa concentración de la riqueza en pocas manos, concluye.
Dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía (2001), que las grandes empresas también, a través de los altos costos de acceso al sistema judicial, desestimulan que los débiles accedan a él en igualdad de condiciones que los ricos.
La advertencia del economista solo intenta llamar la atención sobre el hecho de que cuando algún estado intenta aprobar leyes en beneficio de los débiles, principalmente en el ámbito financiero, fiscal o presupuestal, las reacciones de los mercados financieros mundiales son desproporcionadamente opuestas.
Por ejemplo, las agencias de calificación que evalúan la deuda soberana condenan ese tipo de decisiones estableciendo calificaciones muy bajas o se presiona a los estados con la amenaza de sacar las divisas invertidas en el país respectivo o, en el mejor de los casos, se les niega préstamos internacionales o se les sitúa en la lista negra de países inviables. Las medidas de presión que el capitalismo mundial -las trasnacionales- pueden imponer a los países para que estos se ajusten a las políticas neoliberales de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial son enormes, de acuerdo con la hipótesis del analista.
Por eso, según los estudios divulgados por Stiglitz, los estados que intentan aprobar leyes de protección a los consumidores o para limitar los créditos usurarios de los bancos son inmediatamente inhibidos de hacerlo, o se les recomienda que abroguen esos ordenamientos.
Los marcos jurídicos de los estados se construyen entonces para favorecer a los mal llamados grandes intereses económicos nacionales y mundiales por encima de las necesidades y derechos humanos de la población.
En el modelo neoliberal no puede existir un marco jurídico que favorezca la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, porque ello iría en demérito de las posibilidades de la concentración de la riqueza en pocas manos, sentenció por su parte el estudioso Paul Krugman.
Dicho de este modo, la lucha por la igualdad ciudadana es a todas luces incompatible con los patrones neoliberales hasta hoy implementados en la zona.
Pero, según la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, la región enfrenta una encrucijada civilizatoria en la cual es preciso fortalecer el movimiento laboral y a los sindicatos.
Aun cuando se trate de un modelo de duras raíces, la funcionaria estimó que, a juzgar por el sufrimiento que experimenta el área, el estilo de desarrollo dominante es insostenible y se vuelve perentoria una transformación severa.
‘Estamos atravesando un cambio de época, con profundos cambios tectónicos que la humanidad no ha podido absorber en su totalidad’, aseveró.
*Periodista de la Redacción de Economía de Prensa Latina
La Habana, 18 de agosto 2020
Crónica Digital/PL
