Loreto Rebolledo Rissetti
Trabajadora Social
En Chile la idea de la “puerta giratoria” se relaciona con la comisión de delitos “menores” ligados fundamentalmente a sectores populares que la televisión ha criminalizado repetidas veces, se decía que, al ser detenidos pasaban por tribunales y luego de un tiempo volvían a las calles a delinquir. En el mundo entero, pero lentamente en nuestro país, y cada vez más escandalosamente, ese par de palabras se están refiriendo al tránsito/ritual de pasaje entre cargos políticos y empresariales.
En el contexto de la discusión constitucional que se abre con la elección de constituyentes y la conformación de la Convención Constitucional, considero relevante tratar el tema, puesto que la corrupción no tiene que ver con “manzanas podridas” sino fundamentalmente, con la colonización de intereses privados en el espacio de lo público. La discusión constitucional es una oportunidad de poner obstáculos a esta forma de abuso que traslada información privilegiada de los ciudadanos a instancias donde prima el principio del lucro.
Juan Carlos Jobet Eluchans y Ximena Rincón González son un buen ejemplo de la “puerta giratoria” el primero subsecretario de Vivienda (2011-2012) y jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y ministro del Trabajo (2013- 2014), en el primer gobierno de Piñera luego fue presidente de AFP Capital durante (2017-2018/9) actualmente es ministro de Energia y Mineria; la segunda fue Superintendenta de Seguridad Social y luego entre 2006 y 2010 fue directora de la AFP PROVIDA luego fue senadora y volvió al gobierno de Michelle Bachelet como Ministra secretaria general de la Presidencia y luego Ministra del Trabajo. Ambos casos no se ven bien.
Detener la “puerta giratoria” o “revolving door” es un elemento central en la lucha contra la corrupción, dentro del Estado hace un gran daño a la democracia porque genera dudas y desconfianzas, especialmente cuando lo realizan funcionarios que fiscalizan las empresas a las cuales se integran cuando terminan su cometido. La lista es larga en distintos ámbitos, bancos, AFPs, salud, medio ambiente, comunicaciones, etcétera. También hay muchos estudios e ideas para cambiar la situación. Pero falta voluntad política, para el Gobierno y el Congreso no es un tema prioritario y las declaraciones condenando las malas prácticas son verdaderas “cachetadas de payaso” sino existe una ley que limite.
Chile firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción el año 2003 pero como ha pasado con otros acuerdos internacionales no ha actualizado de la debida manera su legislación. Hay muchas investigaciones, propuestas y estudios de distintas instituciones sobre el tema, ahora está de moda hablar de “la muralla China” en la separación del mundo de los negocios y la actividad pública. Una propuesta seria tiene que ver con barreras de tiempo para que un funcionario público pase al sector privado en materias relacionadas con su gestión en el aparato público, un periodo de “enfriamiento” que incluye el lobby. Otra es extender el grado de parentesco para quienes están inhabilitados. Las voces que se oponen a este tipo de medidas alegan un atentado a la libertad de trabajo, procurar un justo equilibrio entre la necesidad de trabajar y de cuidar la fe pública es un tema ineludible para la confianza en las instituciones.
Una nueva constitución que permita un mayor control de la ciudadanía sobre los políticos y dé el lugar que corresponde a la política como la actividad que administra los asuntos del país incluyendo la economía y no al revés, es un requisito más que necesario para que las instituciones que velan por los habitantes del país gocen de legitimidad y adherencia, y tomen decisiones pensando en todas y todos.
Santiago de Chile, 15 de abril 2021
Crónica Digital
