El presidente de la SOFOFA sigue insistiendo en una fuerte oposición a las reformas laborales, que se encuentran en segundo trámite en el Senado, ha señalado que atentan contra la democracia y que él está preocupado por la libertad sindical, que la empresa debe mantener su facultad para extender unilateralmente los beneficios y que esta reforma podría afectar al empleo y por tanto se debe mantener el reemplazo durante la huelga.
Para el Sr. Hermann von Mühlenbrock con la actual ley laboral todo está bien y su posición no podría ser distinta si con la actual ley laboral los empleadores tienen todo para decidir a su antojo sobre las cuestiones laborales e incluso incidir en forma determinante en la actividad sindical.
El señor de la SOFOFA trata de crear un fantasma y augura lo peor si se aprueba esta reforma, con esta actitud este señor trata de presionar al Parlamento para que desista en modificar una ley laboral que ha permitido abusos, malas prácticas empresariales y la vulneración de los derechos laborales y sindicales. Y no estamos hablando de algunos empleadores, estas prácticas son extendidas y masivas porque en nuestro país existe una cultura de poca valoración del trabajo y de atropello a quien lo realiza.
Detrás de esta preocupación que manifiesta el presidente de la SOFOFA existe una clara manifestación de defensa del Código Laboral heredado de Pinochet, cuyo autor fue el ministro de Trabajo José Piñera, y que ha permitido a los empresarios por 35 años crecer con sus empresas, obtener ganancias pero con una contraparte de empleo precario, mal pagado, sin derechos, con subcontratos y con una fuerza laboral endeudada y necesitada.
Lo que a este señor le molesta es la posibilidad de perder privilegios, con los que han contado por 3 y media décadas. El Sr. von Mühlenbrock tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero hable con la verdad y diga que usted está defendiendo el abuso y las malas prácticas porque esta reforma busca de alguna manera terminar con una ley que significa sometimiento a muchos trabajadores, no se disfrace de demócrata ni de defensor de la libertad sindical, usted nunca se pronunció cuando en Chile se atropellaba la democracia y los derechos más esenciales.
Arturo Martínez M.
Secretario General
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Santiago de Chile, 21 de julio de 2015
Crónica Digital
Mar Jul 21 , 2015
Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó sendos recursos de casación y confirmó las sentencias que ordenan al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, cuyas causas -en lo penal- fueron resueltas, con anterioridad, por el máximo tribunal del país. En el primer fallo (causa rol 4265-2015), la Segunda Sala de la Corte Suprema determina que el fisco deberá pagar $300.000.000 (trescientos millones de pesos) a los hermanos (por parte de madre) de Arturo Vega González, detenido desaparecido en octubre de 1973, y víctima del episodio denominado «Lago Ranco». En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el fiscal judicial Juan Escobar- concluye que el secuestro de Vega González es un crimen de lesa humanidad que debe ser reparado, tanto en el aspecto penal, como civil. En el primero aspecto, el 5 de septiembre de 2007, la Sala Penal condenó al oficial de la Armada en retiro Sergio Rivera Bozzo a la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el secuestro de Arturo Vega González, junto a otras 3 víctimas del episodio «Lago Ranco». En el segundo fallo (causa rol 29567-2014), la Sala Penal -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- ordena al Estado de Chile pagar $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) a la cónyuge e hijos de Fidel Bravo Álvarez, ejecutado en septiembre de 1973, en el puerto de San Antonio. En la resolución penal -del 19 de noviembre de 2011- la Segunda Sala condenó a los miembros en retiro del Ejército Manuel Contreras Sepúlveda a 7 años de presidio, y a David Miranda Monardes a 6 años de presidio, por su responsabilidad en el homicidio de Fidel Bravo Álvarez y de otras cinco víctimas. Indemnizaciones Ambas resoluciones (civiles) señalan que: «(…) la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su […]
