El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, puso el grito en el cielo cuando la actual autoridad subrayó que el Ejecutivo mantendrá con las universidades estatales “un trato preferencial” (radio.uchile.cl, 27 de marzo).
Las expresiones vertidas en ese sentido por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, gatillaron la inmediata reacción del titular del campus vaticano, quien declaró que “todo proceso tiene un límite y nosotros hemos llegado al límite de manifestar esto con mucha fuerza y también hemos manifestado al interior que vamos a expresarlos públicamente para que la comunidad nacional conozca nuestra molestia, nuestra profunda desazón y nuestra falta de confianza” (elmostrador.cl, 27 de marzo).
Resulta curioso que el señor Sánchez haya recordado, aunque fuera por un momento, a la “comunidad nacional”, puesto que no son los intereses de ésta precisamente los que inspiran el cometido de dicha corporación de estudios. Pero hubiese sido más atractivo que el rector recordara que de esa sociedad de la que hace memoria en su minuto de furia proceden los fondos de los que la universidad que representa, y no las estatales, obtiene la mayor tajada: se trata del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), incentivo con que se premia a las entidades que captan los 27.500 puntajes más altos de la PSU, lo que en Chile es, literalmente, equivalente a incentivar la matrícula de postulantes de mayor ingreso socioeconómico.
Por ese concepto, la PUC percibe más de 4 mil millones de pesos. Ésta y no otra es la comunidad cuyos intereses ha defendido esa casa de estudios, mientras ha navegado con holgura por las aguas del sistema de financiamiento instaurado en 1981 y profundizado durante las décadas siguientes. Por lo mismo, es cuando menos llamativo que su principal autoridad tilde de “doble discurso” los aislados intentos surgidos desde las universidades estatales, desmembradas y empobrecidas, por recuperar algo del apoyo fiscal expresado en fondos destinados a investigación. Es decir, la misma tutela sobre sus particulares intereses que las universidades privadas han venido ejerciendo hasta la fecha.
Mientras las universidades privadas piden fianzas en lugar de confianzas, lo que de público pudieran haber tenido las estatales se encuentra en entredicho, no sólo porque cobran aranceles millonarios y discuten sus programas a espaldas de la comunidad, sino también porque, habiendo optado por financiarse a cualquier costo, subordinaron a privados el sostén de su presupuesto. Hoy, sólo el 17,3% de las arcas de las universidades estatales procede del Fisco (ver recuadro). ¿Dónde se origina el 82,7% restante? En el mundo privado, ante el cual debe rendir cuentas de su actividad. En el mismo mundo privado que ahora exige para sí, del Estado, ese trato igualitario que su empresa universitaria negará al estudiante que no cumpla los requisitos para ser cliente.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 9 de abril 2014
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