Sala cuna universal en Chile: uno de los anuncios de la reciente agenda social del Presidente Piñera. Anuncio que no es reciente y tampoco universal.
El proyecto en cuestión fue anunciado por el Gobierno en agosto de 2018 e ingresado al congreso en el mismo mes. Consta de un aporte adicional de 0,1% de cargo del empleador garantizando un aporte $245.000 mensuales para pago de sala cuna a niños y niñas de hasta 2 años de edad. Su paso ha sido lento y sólo un año después, el 2 de octubre de 2019, logró su primer trámite administrativo en la Comisión de Trabajo del Senado. Es decir, la agenda reedita un proyecto de 1 año de antigüedad.
En la actualidad, las madres trabajadoras dependientes que pertenecen a una empresa con un número mayor a 20 mujeres contratadas, cuentan con el beneficio de sala cuna, garantizado a través del artículo 203 del Código del Trabajo. Tal beneficio se materializa a través de un convenio de la empresa con una sala cuna o bien, con una sala cuna administrada directamente por el empleador.
Una política pública universal es una de las apuestas de mayor alcance en el desarrollo de un país, que busca disminuir diferencias y acortar brechas entre diferentes grupos sociales. Implica reconocer y facilitar el acceso a un derecho garantizado por el Estado, en este caso, a la educación de calidad, para todos los niños y niñas del país.
Esta iniciativa no es universal: está reservada para hijos e hijas de madres que trabajen o padres que cuenten con su cuidado legal. Los trabajadores independientes deberán demostrar una antigüedad de 1 año en el sistema de AFP y una cantidad mínima de 6 meses de cotizaciones. Para aquellos trabajadores cuya jornada sea menor a 30 horas semanales e igual o mayor a 15, tendrán derecho a un monto proporcional; no podrán acceder funcionarios públicos. Al enfocarse en empleos formales dependientes o bien, en independientes con más de 6 meses de cotizaciones, se excluye a las mujeres, cuyos empleos son precarios e informales.
El monto que se otorgará por cada niño de manera mensual, no contempla el pago de matrícula y, de acuerdo con los costos/día niño conocidos en el Estado, en promedio en el país una mensualidad mes bordea los $248.600, cifra que puede variar en cada región, comuna y por la cantidad de horas que los niños y niñas permanecen en cada sala cuna. Si existen montos mayores asociados al servicio educativo, éstos deberán ser asumidos por los padres y madres, generándose nuevamente diferencias de base para acceder a centros educativos, en función de la capacidad de co pago de las familias.
El acceso, por lo tanto, no contempla a la sala cuna como el ejercicio del derecho a la educación de niñas y niños, condiciona su ingreso y continuidad en los centros educativos a la duración del contrato de trabajo de sus padres.
Ahora bien, para avanzar se requiere un cambio de mirada, tal como lo demanda la movilización ciudadana de estos días: pasar de un Estado subsidiario a un enfoque de Derechos, donde lo primero (asistencia económica a la demanda) haga su retirada y dé paso a la oferta para todos los niños y niñas, que estando en edad de asistir a sala cuna, cuenten con la posibilidad de hacerlo.
Hoy existe una red de salas cuna y jardines infantiles en funcionamiento, que atiende cerca de 340.000 niños y niñas diariamente, con presupuesto asignado a través de la Ley de presupuestos, control del gasto a través de la Contraloría General de la República, supervisión y acompañamiento técnico especializado, con priorización del ingreso de niños y niñas considerando su vulnerabilidad, con prácticas educativas pertinentes y participativas. Esta red es pública y gratuita, cuenta con capacidad técnica de al menos 50 años de educación de niñas y niños: Junji y Fundación Integra. El Estado a través de esta red, con una oferta conocida, facilita el acceso a educación de calidad, implementando una política pública aún focalizada.
El fortalecimiento de la red pública y gratuita de educación parvularia para volverse universal, requiere expansión de cobertura resguardando la presencia de centros educativos en todos los territorios y comunas del país. Del mismo modo, priorización de recursos para que todos los niños y niñas, sin considerar las características de empleo de sus madres o padres, puedan acceder a una sala cuna desde sus primeros días de vida, incorporando a este derecho a hijas e hijos de funcionarios públicos. Asimismo, la formación y acompañamiento a los equipos educativos, sumando a las familias y la comunidad en este cambio de enfoque. Sin lo anterior no es posible dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Educación que reconoce a la educación parvularia como el primer nivel educativo en Chile en tanto se reduzca a lo individual un Derecho y mientras la confianza en la organización de las personas solo se manifieste hacia privados. Esto no es cuestión de oferta y demanda, hoy es momento de salir de un Estado subsidiario y construir un Estado que garantice y promueva los derechos sociales, hoy existe la gran oportunidad de entregar a niños y niñas justicia y equidad.
Joliette Otárola Martínez.
Trabajadora Social, Mg en análisis sistémico aplicado a la sociedad.
Ex directora de planificación y gestión, Fundación Integra.
Santiago de Chile, 5 de noviembre 2019
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