El último balance entregado por la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI, 30 de enero) cuantificó en 547 mil las hectáreas consumidas por el fuego, 3.782 los damnificados, 11 fallecidos, 1.047 casas quemadas y 1.108 los albergados.
Son 72 comunas las que están bajo emergencia en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío. Se trata de comunas que además concentran la mayor tasa de pobreza, toda vez que el avance de los monocultivos forestales, no solo seca el agua, sino también, genera despoblamiento, erosión de los suelos, termina con la biodiversidad y el desarrollo de la agricultura.
Si bien, la urgencia hoy se centra en el combate del fuego, la protección de vidas y en dar tranquilidad a la gente, es deber del parlamento poner en la mesa los temas de fondo y convertir en ley los proyectos que buscan que catástrofes como esta no se vuelvan a repetir.
Esta emergencia ha dejado en evidencia, no solo las deficiencias de un estado reducido a su más mínima expresión, con una Corporación Nacional Forestal (CONAF) que es una corporación de derecho privado, sino también la nula inversión de parte de las empresas forestales, que utilizan sólo el 1% de sus utilidades en prevención de incendios, mientras la norma internacional habla de al menos un 5%, en definitiva: el agotamiento del “modelo” forestal neoliberal instaurado en dictadura.
Es necesario recordar como las forestales llegaron a ostentar tanto poder. Fue en octubre de 1974 cuando se implementó el Decreto Ley 701, con el cual el estado fomentó la expansión forestal, subsidiando el 75% del valor de cada hectárea plantada con pinos y eucaliptus (que en la práctica llegaba a 100% producto de los sobreprecios), sin que ningún gobierno en democracia haya cuestionado el denominado “modelo” forestal.
Asimismo, se les entregaron a los empresarios: viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras, muchas de ellas arrebatadas a comunidades mapuche. Muchos comuneros fueron asesinados por defender sus tierras y hoy otros siguen luchando para detener el avance de los monocultivos.
Con este negocio, son tres las familias beneficiadas: los Matte, dueños de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), mismos que protagonizaron la colusión del papel tissue; Bosques Arauco, los Angelini, mismos que protagonizan el caso Corpesca, y el empresario de Renovación Nacional, Jorge Carey, íntimo amigo del ex presidente Sebastián Piñera.
Estas familias tienen, en conjunto, más tierras que todo el pueblo Mapuche. Son dos millones de hectáreas versus los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil hectáreas. De esta feroz injusticia se alimenta lo que equívocamente se ha llamado: “el conflicto mapuche”.
Para garantizar la imperecedera vigencia del DL 701, los empresarios han utilizado diversas fórmulas, como el financiamiento de la política, es decir, sobornos legales e ilegales, a personeros desde la derecha hasta la Nueva Mayoría.
Cabe señalar que en un listado dado a conocer por Ciper Chile, figuran 19 empresas forestales y 10 filiales de la CMPC, solicitando beneficios tributarios por haber realizado donaciones con fines políticos, es decir, los empresarios fueron subsidiados para plantar sus monocultivos, ellos a su vez, financiaron la política y con esto mantuvieron incuestionable su negocio.
A raíz de este escándalo, junto al senador Alfonso De Urresti conformamos la bancada por la derogación del DL 701, logrando el 2015 que este decreto de la dictadura, no fuese prorrogado. Sin embargo, aun hay recursos asignados, situación por la que este año presenté una indicación para reducirlos a $1.-, indicación que por cierto, fue rechazada por el Senado.
Si bien, es sabido que un 99% de los incendios forestales se producen producto de la acción del hombre, diversos expertos han sido categóricos en afirmar que es la sequía que producen losmonocultivos de pinos y eucaliptos, sumado al calentamiento global y las altas temperaturas, los factores que han generado el escenario propicio para el desarrollo de los incendios.
Las empresas forestales han sacado comunicados donde cifran en 350 millones de dólares las pérdidas sufridas en su patrimonio, pero llama la atención, que en ninguno de estos comunicados hacen mención a los millonarios seguros que los tienen cubiertos, no así las casas quemadas de los vecinos. Las forestales tienen la obligación de transparentar sus seguros y despejar toda duda que exista al respecto.
Este escenario, sin duda requiere de un esfuerzo conjunto; por un lado, el estado debe utilizar todas las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico para enfrentar la crisis, así como también debe crear nuevas leyes que busquen prevenir la ocurrencia de este tipo de tragedias.
En esta línea, hemos presentado dos proyectos de ley, que se encuentran durmiendo en el Congreso. El primero, boletín 9810-01 establece un distanciamiento mínimo de 500 metros entre monocultivos y asentamientos humanos y el segundo, boletín 8687-13, que incorpora a los brigadistas forestales al Código del Trabajo con el fin de garantizar capacitación, condiciones laborales y de seguridad.
Porque la pregunta es: ¿Cuántas casas quemadas quieren las forestales y el Estado para establecer una distancia mínima entre los bosques y asentamientos humanos? ¿Cuántos brigadistas fallecidos esperan para fortalecer su labor?
Por su parte, las empresas forestales deben asumir que el actual modelo forestal de explotación indiscriminada de nuestro territorio, es inviable, y que hay que buscar otro modelo de desarrollo para el centro-sur de Chile, que resguarde por cierto, el empleo de los trabajadores de esta industria.
El lucro de los empresarios forestales a costa de la vida y la propiedad de los ciudadanos, no lo podemos aceptar. Los incendios forestales deben marcar un punto de inflexión entre el modelo forestal instaurado en dictadura y un sistema de desarrollo sustentable y de respeto hacia las comunidades.
La gente ha sido clara en manifestar su opinión: según la encuesta Cadem realizada el pasado fin de semana, un lapidario 94% de los chilenos cree que no estamos preparados para enfrentar catástrofes como los incendios forestales que nos afectan.
No podemos seguir con medidas parche, contar con una nueva institucionalidad que supere el estatus de corporación de derecho privado que tiene la CONAF, por un instrumento que pueda asumir las responsabilidades de cuidado de nuestras reservas forestales, con énfasis en la conservación y restauración del bosque nativo, es facultad única y exclusiva del Ejecutivo.
No obstante, valoramos el anuncio del Ejecutivo de enviar vía mensaje presidencial el proyectoque crea el Servicio Nacional Forestal, la realidad nos muestra que hemos tardado demasiado: es necesario reformular ahora el actual modelo de sobre explotación forestal neoliberal y avanzar hacia una política pública sustentable para nuestros bosques y que respete a las comunidades.
Por Alejandro Navarro B
Senador de la República
Santiago de Chile, 1 de febrero 2017
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