Tan mal como suena, el llamado «lease back» del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, aprobado recientemente por su Consejo Universitario, parece inconveniente. Pone en riesgo el patrimonio público. Consiste en vender el hospital a un banco, con la opción de recuperarlo si se devuelve íntegramente el precio, incrementado con onerosos intereses. Se enajena este patrimonio emblemático, para solventar el cuantioso déficit de operación acumulado por esta unidad, desde que dejó el sistema público en los años 1990. Más probable es que lo agrave.
Una situación similar afecta a otras Universidades Estatales. También han venido echando mano al patrimonio público a su cargo, para solventar sus operaciones. Algo parecido ocurre en otras universidades no estatales del Consejo de Rectores, que han debido enajenar parte de su patrimonio. Las universidades privadas enfrentan una situación financiera aún más delicada. Varias han caído en insolvencia y ésta se cierne sobre la mayoría de las otras.
La crisis del Hospital José Joaquín Aguirre, refleja la insolvencia general del sistema privatizado de educación terciaria. Ésta se suma al endeudamiento de los estudiantes y sus familias, la precariedad del empleo de sus académicos y funcionarios, la mala calidad de la educación, la escasa investigación y extensión. Anuncia el colapso del esquema de privatización, que se ha venido intentando implementar a la fuerza a lo largo de las tres últimas décadas. La inminencia de una inevitable intervención estatal, tarea que se ha propuesto el nuevo gobierno, hace que esta propuesta parezca inoportuna. Impresentable, por decir lo menos.
«¡La cosa pública no se toca! ¡Ni el papel secante!». Así ha expresado Eduardo Galeano, la honrosa tradición republicana de respeto absoluto por el patrimonio del Estado, que ha enorgullecido la historia independiente de su Uruguay natal. También a Chile, hasta antes del tsunami reaccionario que se abatió sobre nuestras costas hace cuarenta años. A partir de ese momento, la consigna de privatizarlo todo ha imperado como suprema razón de Estado.
Ello ha aprovechado bien a un puñado de grandes conglomerados que, protegidos tras los faldones de los militares, se apropiaron la tierra, el agua y las empresas del Estado, recursos que nos pertenecen a todos. Viven de la renta de los mismos, distorsionando la economía y la sociedad. El trabajo les interesa poco. No son empresarios auténticos, ni obtienen sus ganancias de contratar masivamente a una fuerza de trabajo calificada, para producir bienes y servicios que compitan en el mercado mundial.
Por eso, han descuidado la educación, desmantelando el sistema público que hace cuarenta años tenía matriculados a uno de cada tres chilenos, en establecimientos gratuitos y de buena calidad. Hoy, estudian apenas uno de cada cuatro, en todos los niveles de lo que queda del sistema público y también en el sistema privado, que han creado en base a subsidios del Estado.
Ese ha sido el resultado del gran experimento del «subsidio a la demanda», los «vouchers»soñados por Milton Friedman, que los Chicago Boys y sus continuadores transicionistas, presentaron como panacea e impusieron a la fuerza. En el caso de las universidades públicas, estos últimos les redujeron el presupuesto y las obligaron a autofinanciarse, con los resultados que estamos viendo.
Sus autoridades se las arreglaron como mejor pudieron. Redujeron a la mitad sus académicos a jornada completa, precarizaron los contratos laborales y mantuvieron las remuneraciones reducidas al mínimo, al igual que las inversiones. Estancaron relativamente las matrículas y aumentaron sucesivamente los cobros a los alumnos. Generaron servicios comerciales y crearon una variedad de post títulos pagados, algunos de calidad y utilidad discutibles. Por último, echaron mano al patrimonio de las instituciones, para cubrir los déficit. De ese modo han logrado sobrevivir en las condiciones más adversas y ciertamente merecen el reconocimiento de todos por lograr esta proeza.
Pero todo tiene su límite. El «leaseback» del hospital clínico parece exceder la frontera de lo prudente, que las autoridades universitarias se han venido auto imponiendo, por lo general, para compatibilizar ;a defensa y desarrollo de la universidad, bajo condiciones en que la política del Estado la obliga a autofinanciarse. Dicho límite dice relación con el resguardo riguroso del patrimonio público a su cargo.
Ahora proponen la enajenación del principal patrimonio de la Universidad de Chile. Sin perjuicio que la operación deja abierta la posibilidad de recuperar lo vendido, la misma conlleva un nivel riesgo que no parece aceptable.
Lo anterior se agrava por el hecho que la referida enajenación patrimonial se efectúa con la finalidad expresa de solventar déficit acumulados en la operación del hospital. Enajenar patrimonio público o hipotecar el mismo, para cubrir déficit operacionales, no hace sino agravar estos últimos hacia el futuro. Es efectivo que, en parte, la operación se justifica como un cambio de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, lo que aliviaría en parte los gastos operacionales, si la tasa de interés de ésta fuese significativamente inferior a aquella. Sin embargo, la tasa del «leaseback» alcanza a 5,5 por ciento anual, lo que resulta significativamente mayor que la que cualquier individuo puede conseguir en un préstamo hipotecario común y corriente. Parte de la deuda se utilizará para pagar préstamos de la propia Universidad, que no representan intereses. Otra parte se destinará a acreditar el hospital, lo que en estricto rigor forma parte de la operación. De este modo, no resulta para nada claro que mejore el flujo operacional de la unidad. Más probable es que a la larga se deteriore aún más. Otras unidades académicas han esgrimido, por ejemplo, el incremento de patrimonio mediante la edificación de nuevas dependencias, como justificación para realizar anteriormente operaciones similares. También esos casos parecen bastante cuestionables.
La crisis del hospital de la Universidad de Chile, se repite en las otras universidades estatales. En todas ellas, de uno u otro modo, sus autoridades han venido poniendo en riesgo el patrimonio de las mismas. mediante operaciones hipotecarias, de “lease back” y otras. Entre éstas hay que mencionar el traspaso de patrimonio universitario a filiales creadas específicamente con tal propósito, donde no queda protegido por las restricciones legales que afectan a las instituciones mismas. En la mayoría de los casos, dichas operaciones se han efectuado para solventar déficit acumulados en su operaciones. De este modo, se ha configurado un cuadro en el cual las universidades del Estado han venido solventando crecientes déficit acumulados, mediante la hipoteca, leaseback, u otras formas que ponen en riesgo el patrimonio de las mismas, y en algunos casos extremos, su enajenación lisa y llana.
Una situación similar y peor, afecta a otras universidades no estatales del CRUCH, en las cuales se ha incurrido en este tipo de prácticas con más frecuencia y menos resguardos que en las universidades del Estado. Ello incluye a la propia Universidad Católica, la que recientemente se ha visto en la obligación de enajenar uno de sus activos más valiosos, cual es su canal de televisión, y se encuentra asimismo en negociaciones para enajenar al menos en parte su hospital clínico.
La crítica situación financiera descrita, no es exclusiva de las universidades del CRUCH, sino que afecta aún en mayor medida, a las universidades y otras instituciones privadas de educación terciaria. Algunas de éstas han caído en insolvencia y otras avizoran esa perspectiva en lo inmediato o en el mediano plazo. Uno de los factores que más incide en su delicada situación financiera es el Crédito con Aval del Estado (CAE). Como se sabe, las instituciones quedan como aval del CAE mientras los estudiantes no egresan.
Dicho aval es inicialmente de un 100% de los CAE otorgados y va disminuyendo a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras, hasta transferirse completamente al Estado al egresar. La tasa de morosidad de los que no egresan es muy elevada, alcanzando a más de un 50 por ciento en varias instituciones y precisamente en aquellas que concentran el mayor monto de este tipo de créditos. Ello se traduce en un pasivo muy significativo, para servir el cual estas instituciones recurren a una proporción creciente de los nuevos CAE otorgados, lo que genera una situación de “bomba de tiempo”.
La crisis del Hospital José Joaquín Aguirre pone en riesgo el principal activo de la más importante universidad del país, lo que muestra de modo dramático esta situación general. La respuesta del sistema político a esta crisis general es imperativa y así lo han asumido la Presidenta Electa y la coalición que la apoya, los que han puesto este punto como uno de los ejes de su programa de gobierno.
La inminencia de un camino de solución al problema general, hace que la decisión del Consejo Universitario resulte, además de inconveniente, inoportuna.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 27 de diciembre 2013
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