Sr. Director
Diario La Tercera
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Estimado Sr. Director,
¿Que le pasa a los economistas PUC que también les ha dado por la descalificación personal? Ahora es el profesor Lüders quien alude al suscrito con nombre y apellido (La Tercera , 4 de noviembre 2016) acusándolo de «populista».
Sería lindo que, en lugar de caer en descalificaciones revisara la propuesta C, la única de las tres elaboradas por la Comisión Bravo que se sustenta en un riguroso modelo de proyección de ingresos y gastos de un sistema de pensiones de reparto, sobre la base de las más confiables fuentes de datos y los supuestos más conservadores de población y crecimiento económico, solicitado oficialmente y revisado estrictamente por la distinguida consejera profesora Leokadia Oręziak, académica de la Universidad de Varsovia que venía de terminar con las AFP en su propio país.
Dicho modelo, disponible en www.cendachile.cl con todos sus datos y memorias de cálculo que hasta ahora nadie ha cuestionado, demuestra que el esquema de reparto puede sostener hoy y hasta finales de siglo el pago de pensiones cuyo monto promedio es el doble del actual en proporción a los salarios, a todos los que excedan su edad legal de retiro, la que no es necesario elevar por muchas décadas, y solamente con las cotizaciones, cuya tasa tampoco es necesario elevar sino en muchos años más y entonces muy moderadamente. Es decir, representa además desde el primer día un gigantesco ahorro fiscal.
Así lo han hecho durante un siglo y lo hacen hoy todos los países desarrollados del mundo, atendiendo satisfactoriamente una proporción de adultos mayores similar a la que Chile tendrá en la segunda mitad del siglo. ¿Son todos e»populistas» acaso?
El profesor Lüders tilda de «argumento populista» el afirmar que evidentemente las cotizaciones AFP actuales permiten una sustancial mejora de las pensiones, puesto que recaudan un monto que excede en 2,2 veces las que paga dicho sistema, lo cual desde luego reconoce.
Podría haber agregado que el fisco proporciona subsidios monetarios adicionales que equivalen a más de la mitad de las pensiones pagadas. Los aportes previsionales solidarios (APS) son cerca de un cuarto de las mismas y los bonos de reconocimiento son un subsidio todavía mayor. Por lo cual, es el grueso de las cotizaciones el que se destina al «ahorro» en lugar del pago de pensiones.
Según él ello sería necesario para financiar a futuro las pensiones de los activos de hoy, pero no ha sido ni será jamás así, puesto que al ser por definición un sistema de ahorro forzoso, las AFP destinarán siempre la mayor parte de las cotizaciones a ese propósito y no al pago de pensiones.
En otras palabras, tal como sucede hoy, las pensiones AFP de cada mes se pagarán siempre con subsidios fiscales y una pequeña fracción de las cotizaciones, mientras el grueso de éstas se destina al «ahorro». Es decir, funciona como un esquema Ponzi perfecto puesto que los beneficios siempre se pagan con una fracción de los nuevos ingresos y el excedente no se devuelve jamás. Hasta el fin de los tiempos.
Así ha sido desde los inicios del sistema, de tal modo que la suma de los excedentes de ingresos (cotizaciones+subsidios monetarios directos) netos del pago de pensiones equivalen a más de dos tercios del fondo de pensiones actual, y crece mes tras mes por lo cual dichos «ahorros» no serán devueltos jamás.
El fondo de pensiones (FOP), es parecido al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un registro de recursos públicos (las cotizaciones obligatorias son un Impuesto que recauda poco menos de la mitad del IVA) apropiados por privados que al crecer siempre no serán devueltos nunca.
Como si ello fuera poco, poco menos de la mitad del excedente no ha ido al «ahorro nacional» sino se lo han apropiado de hecho y de derecho los administradores del sistema, AFP y especialmente compañías de seguros. Otra parte significativa, equivalente a más de un mes de pago de pensiones por cada año, se la apropian operadores bursátiles. Unos y otros extranjeros además.
Todas las personas prudentes y también los trabajadores ahorran una parte de sus ingresos para emergencias o compras mayores, los que retiran cada vez que los necesitan puesto que son de su propiedad no sólo legal sino efectiva. Al convertir esta prudente costumbre en una política pública de ahorro obligatorio, la misma se convierte en su contrario, es decir, en una expropiación de parte de los salarios por parte de los grandes grupos financieros.
Los «ahorros» de las AFP no se pueden retirar nunca, como no sea para transferir su propiedad legal a una compañía de seguros al momento de contratar una pensión vitalicia, todas las cuales se pagan asimismo con las recaudaciones mensuales de «primas únicas», es decir los fondos de pensiones completos de los flamantes jubilados vitalicios del mes. En el primer semestre del 2016, por ejemplo, las compañías de seguros se apropiaron de derecho de un promedio de más de 230 mil millones de pesos mensuales en «primas únicas», mientras pagaron menos de 100 mil millones de pesos mensuales en pensiones vitalicias. Ponzi dentro del Ponzi.
Cualquier esquema de ahorro forzoso, por ejemplo los «chiribonos» que en su momento propuso el hoy senador Zaldivar cuando era ministro de Hacienda de Frei Montalva, o un eventual esquema de capitalización administrado por una AFP estatal, funcionaría como las AFP. Es decir, estaría concebido para destinar constantemente una parte de la masa salarial al ahorro nacional.
Ello resulta tan inmoral como lo sería la pretensión de un empresario de financiar la renovación de su maquinaria con un descuento a los salarios, lo que ciertamente sería rechazado tajantemente por sus trabajadores, quienes le recordarían que la legitimidad moral de su apropiación de las ganancias reside justamente en su obligación ética de destinar la mayor parte de éstas al ahorro e inversión del mismo en el desarrollo de la empresa. Le recordarían asimismo que los salarios no se tocan, puesto que son lo estrictamente necesario para sostener dignamente al trabajador y su familia, incluidos sus viejos.
Terminar con las AFP es ante todo un imperativo moral, puesto que ayuda a restablecer el pacto social fundante de toda sociedad civilizada: La legitimidad de la apropiación del excedente por parte de las élites se funda en su deber moral de respetar estrictamente los salarios y destinar la mayor parte del aquel precisamente al ahorro e inversión y otra parte significativa a financiar los asuntos del espíritu, es decir, la educación, ciencia, arte y cultura.
Nada de eso se respeta en Chile, con el agravante que la proporción de los salarios alcanza a poco más de un 35 por ciento del PIB mientras el excedente de explotación supera el 55 por ciento del mismo, según el Banco Central, proporción inversa a las de países desarrollados.
Por eso, estimado profesor Lüders, a corto plazo verá como el clamor de No+AFP se convierte en la prudente política pública que recupere este impuesto y restablezca el sistema de reparto. Si la centroizquierda y centroderecha no se la pueden para terminar con este abuso como hasta ahora ha sucedido, no sería raro que al igual que en varios países europeos, surgieran caudillos populistas de derecha que ganaran así el respaldo del electorado. Mala cosa sería.
Manuel Riesco
Vicepresidente CENDA
Santiago de Chile, 26 de noviembre 2016
Crónica Digital
