El Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), se refirió a la llegada de Victoria Becerra Osses, nueva directora subrogante del Servicio, quien a partir de hoy lunes 08 de abril asume tal responsabilidad.
A través de un comunicado, la organización reitera su profunda preocupación ante el proceso de implementación del nuevo servicio de atención a la infancia, desarrollado desde las etapas finales del gobierno anterior. Manifiestan que, “más allá de consideraciones personales y de gestión de la saliente directora nacional, Gabriela Muñoz, creemos firmemente que el actual gobierno, liderado por el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene la oportunidad de corregir el curso de un servicio que reviste una importancia crítica en el cuidado y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, el cual se ha llevado a cabo de manera improvisada y deficiente.
Consideran que, en primer lugar, “es esencial realizar una autocrítica sobre el modelo residencial, especialmente, en lo que respecta a las administraciones directas, las cuales han tenido un impacto negativo en la atención de los niños, niñas y adolescentes, así como en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, quienes han experimentado una precarización en su desempeño laboral”.
Como segundo punto, consideran necesario realizar un análisis exhaustivo de los procesos a nivel nacional y regional, en lo que respecta a las decisiones tomadas sobre planes, programas, proyectos y la implementación de la nueva oferta programática. Estas decisiones y responsabilidad deben ser asumidas por las autoridades de este Servicio, sin embargo, han sido delegadas a los y las funcionarias para su cumplimiento, sin que estos tengan la autoridad o la capacidad de tomar decisiones, asumiendo el costo de ello.
Desde ANFUSEPNA, sostienen que la salida de la directora nacional brinda una oportunidad para designar nuevas autoridades que aporten con decisión, dedicación y la experiencia necesaria para implementar la nueva política de infancia. Las autoridades designadas por el gobierno anterior no estuvieron a la altura de este desafío, por lo que es imperativo seleccionar líderes capaces de abordar con eficacia las necesidades y desafíos que enfrenta la protección de la infancia en Chile.
La organización agrega que, es crucial enfatizar la urgente necesidad de modificar estructuralmente el proceso de reconversión de las residencias familiares. Este proceso ha puesto en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes bajo atención, así como la integridad física y la salud psicológica de los funcionarios que laboran en estas unidades.
Al respecto, Blanca Berrocal, presidenta Nacional de ANFUSEPNA señala que “nos preocupa profundamente el alto número de denuncias relacionadas con maltrato, acoso laboral y sexual, así como las enfermedades laborales y las agresiones físicas reportadas por parte de los jóvenes bajo nuestra atención. Además, nos inquieta la persecución que ciertos dirigentes han experimentado por parte de las jefaturas, así como las discrepancias en los grados de funciones similares, los concursos para ocupar cargos que parecen estar más influenciados por motivos personales que profesionales. Es fundamental abordar estas preocupaciones con seriedad y tomar medidas efectivas para garantizar un entorno laboral seguro y justo para todos los involucrados”, sostuvo.
Berrocal añade que “es significativo fortalecer unidades críticas con la finalidad de establecer una política de personas que garantice el cuidado del recurso humano y promueva una mejora en la movilidad interna”.
En tal sentido, desde ANFUSEPNA, hacen un llamado a las autoridades para que asuman este desafío con seriedad y prioricen la protección de aquellos que cuidan, ya que, recuerdan, “somos todas y todos los funcionarios de este servicio desde las distintas funciones que realizamos. Exigimos transparencia y agilización en los procesos MALS y en los concursos internos y externos, así como la aplicación de sanciones apropiadas para los directores regionales y jefaturas que no estén velando por el debido proceso. Es imprescindible que se tomen medidas concretas para garantizar un ambiente laboral seguro y justo para todos los funcionarios y funcionarias”, aseveran.
De la misma forma, el Directorio Nacional de la Asociación manifiesta que “Es crucial llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre los procedimientos de asignación de proyectos y la acreditación de organismos colaboradores, procesos de arriendo de nuevas propiedades para nuevas residencias con el objetivo de transparentar y mejorar la implementación de la nueva oferta programática para satisfacer la demanda existente de nuestros niños, niñas y adolescentes”. Lo anterior, dado que es “inaceptable lo sucedido en la región del Biobío, como el caso de los contratos de arrendamiento, donde el servicio se verá obligado a asumir hasta 130 millones de pesos aproximadamente, debido a un proceso administrativo mal gestionado por parte de la autoridad. Este dinero podría haberse invertido en mejoras de infraestructura, especialmente considerando que estaba destinado al cuidado de los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad: los niños y niñas en edad temprana”.
ANFUSEPNA nacional destaca que “este problema fue advertido en varias ocasiones, tanto por el directorio Provincial de ANFUSEPNA del Biobío, integrado por Julian Quezada, Rodrigo Bustos y Nasla Rivera, como por el directorio Nacional de la Asociación. Ellos, junto con otras asociaciones de funcionarios de la región (ANTRAP y ANTRASEM), destacan que “han luchado incansablemente para garantizar una atención de calidad a los niños y niñas de 0 a 8 años bajo el cuidado del estado. Han levantado una bandera de lucha en nombre de aquellos que no pueden manifestarse por sí mismos”, acotaron.
Además, mencionan que es urgente el proceso de reconversión de los centros de cuidado infantil a un modelo familiar en la región de La Araucanía y a nivel nacional. “Estos procesos se han llevado a cabo de manera dispar en las tres regiones, lo que ha generado incertidumbre entre los funcionarios encargados de cuidar a los niños más pequeños y vulnerables”, y añadieron “es urgente abordar estas cuestiones y garantizar una gestión transparente y eficiente en la asignación de recursos y en la implementación de programas para el bienestar de nuestra infancia” manifiestan las y los trabajadores de ANFUSEPNA.
Las y los funcionarios instan al Ministerio de Desarrollo Social a asumir su responsabilidad en la implementación de la ley de garantías y derechos, la cual “no ha contado con el compromiso real de los distintos estamentos gubernamentales, incluyendo salud, servicio de discapacidad, servicio de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, educación, carabineros e investigaciones y el poder judicial, lo que ha significado un retroceso en la protección de la infancia durante los últimos cuatro años”, sostienen.
Finalmente, el presidente de la Federación FENAMIAS, que agrupa a todas las asociaciones pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Lama, destacó en el anterior llamado que, la renuncia de la Directora del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia, recuerda lo siguiente:
1.- Resulta absolutamente claro que la designación, mantención o salida de un alto directivo público es atribución exclusiva del Presidente de la República. Por lo mismo, consideran que, frente a lo ocurrido, se abre una invaluable oportunidad para que el gobierno del Presidente Gabriel Boric corrija el rumbo respecto a la importancia estratégica con la cual debe abordarse el recientemente creado servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia.
2.- En efecto, desde su creación, hace menos de 3 años, este servicio ha presentado falencias en su implementación, lo cual ha puesto en entredicho el cumplimiento de su objetivo principal, que es, proteger y restituir los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, amenazados o vulnerados en sus derechos.
3.- Debilidades en el modelo residencial, especialmente, los de administración directa; los riesgos que está generando para los niños, niñas y adolescentes el proceso de reconversión de las residencias familiares; y los cuestionamientos que han generado algunos procesos de adjudicaciones de proyectos y procesos de acreditaciones a organismos colaboradores, son algunos de los ejemplos de los procesos que son menester revisar acuciosamente y rectificar a la brevedad.
4.- Asimismo, se hace absolutamente necesario, que las autoridades de gobierno se preocupen, y ocupen, de los recursos humanos del servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia, generando una política de personas que garantice el cuidado físico y sicológico de las y los trabajadores que laboran tanto en las residencias, como en la planificación, ejecución y supervisión de los programas de la institución.
5.- Es fundamental que se entienda que son las y los funcionarios del servicio los que cada día entregan lo mejor de sí para contribuir a proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes; aporte que entregan desde las diversas áreas de trabajo de la institución.
6.- Finalmente, consideran que este cambio de dirección institucional es una tremenda oportunidad para buscar y nombrar, como máxima autoridad del servicio, a una o un profesional que tenga la expertiz, trayectoria laboral y sobre todo el verdadero compromiso para jugársela por la implementación de una nueva política de infancia que efectivamente ponga a los niños, niñas y adolescentes en el centro del debate para proteger y restituir eficazmente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, amenazados o vulnerados.
Por Manuel Arismendi
Santiago de Chile, 8 de abril 2024
Crónica Digital/PL
