El Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), se refirió a la llegada de Victoria Becerra Osses, nueva directora subrogante del Servicio, quien a partir de hoy lunes 08 de abril asume tal responsabilidad. A través de un comunicado, la organización reitera su profunda preocupación ante el proceso de implementación del nuevo servicio de atención a la infancia, desarrollado desde las etapas finales del gobierno anterior. Manifiestan que, “más allá de consideraciones personales y de gestión de la saliente directora nacional, Gabriela Muñoz, creemos firmemente que el actual gobierno, liderado por el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene la oportunidad de corregir el curso de un servicio que reviste una importancia crítica en el cuidado y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, el cual se ha llevado a cabo de manera improvisada y deficiente. Consideran que, en primer lugar, “es esencial realizar una autocrítica sobre el modelo residencial, especialmente, en lo que respecta a las administraciones directas, las cuales han tenido un impacto negativo en la atención de los niños, niñas y adolescentes, así como en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, quienes han experimentado una precarización en su desempeño laboral”. Como segundo punto, consideran necesario realizar un análisis exhaustivo de los procesos a nivel nacional y regional, en lo que respecta a las decisiones tomadas sobre planes, programas, proyectos y la implementación de la nueva oferta programática. Estas decisiones y responsabilidad deben ser asumidas por las autoridades de este Servicio, sin embargo, han sido delegadas a los y las funcionarias para su cumplimiento, sin que estos tengan la autoridad o la capacidad de tomar decisiones, asumiendo el costo de ello. Desde ANFUSEPNA, sostienen que la salida de la directora nacional brinda una oportunidad para designar nuevas autoridades que aporten con decisión, dedicación y la experiencia necesaria para implementar la nueva política de infancia. Las autoridades designadas por el gobierno anterior no estuvieron a la altura de este desafío, por lo que es imperativo seleccionar líderes capaces de abordar con eficacia las necesidades y desafíos que enfrenta la protección de la infancia en Chile. La organización agrega que, es crucial enfatizar la urgente necesidad de modificar estructuralmente el proceso de reconversión de las residencias familiares. Este proceso ha puesto en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes bajo atención, así como la integridad física y la salud psicológica de los funcionarios que laboran en estas unidades. Al respecto, Blanca Berrocal, presidenta Nacional de ANFUSEPNA señala que “nos preocupa profundamente el alto número de denuncias relacionadas con maltrato, acoso laboral y sexual, así como las enfermedades laborales y las agresiones físicas reportadas por parte de los jóvenes bajo nuestra atención. Además, nos inquieta la persecución que ciertos dirigentes han experimentado por parte de las jefaturas, así como las discrepancias en los grados de funciones similares, los concursos para ocupar cargos que parecen estar más influenciados por motivos personales […]
niñez
Los parlamentarios y parlamentarias del PC rechazaron el veto presidencial en este proyecto de vital importancia para la niñez en Chile , acusando que cuando desde el gobierno se anunciaba “la niñez primero” , sólo se trató de una falacia. Para la diputada y abogada Carmen Hertz, la decisión del Ejecutivo de vetar el proyecto es una medida irresponsable y un incumplimiento a las obligaciones internacionales planteadas en la Convención de Derechos del Niño. “Ni el Presidente de la República con este veto y ni los parlamentarios que llevaron el proyecto al Tribunal Constitucional para que este en el rol de operador político del gobierno obstaculice la Ley de Garantías de la Niñez entienden que esta ley no es algo discrecional, sino que significa dar cumplimiento a obligaciones internacionales del Estado de Chile que están pendientes desde la ratificación de la Convención de Derechos del Niño en el año 1990, que además de consagrar el interés superior del niño entiende como necesaria su participación en las decisiones que les afectan”, indicó. Este veto al proyecto que ya cumple seis años de tramitación legislativa, a juicio de la diputada Hertz “no hace más que aumentar el déficit estructural del Estado de Chile en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y demuestra que para el gobierno definitivamente ellos no son sujetos de derecho con su obvia autonomía, sino que les trata como sujetos de segunda categoría cuyas vidas quedan disponibles al criterio, al fanatismo o al abuso de los adultos que los y las rodean”, agregó. En la misma línea, el diputado Rubén Moraga , integrante de la Comisión de Familia de la Cámara, rechazó esta herramienta utilizada por el Ejecutivo, afirmando que estos cambios a siete artículos mediante vetos “ sólo dan apoyo a sectores fanáticos que no han leído el proyecto y desconocen la esencia del mismo”. “Se pretende desconocer el carácter de sujeto de derecho de los niños, niñas y adolescentes al negarles la representación jurídica y el acceso a la justicia. Esta ley no limita el derecho de los padres, sino que reconoce el derecho de ellos y ellas a ser oídos, a expresar su voluntad y que esta voluntad la escuchemos los adultos y determinemos cómo cumplir con esta de una manera que se proteja efectivamente a nuestros jóvenes, adolescentes y de niños y niñas”, sostuvo el diputado comunista. Por último, el legislador representante del distrito 2, dijo que de haberse aprobado este veto, se trataría de un retroceso para los derechos de la infancia. “Sería un retroceso si se aprobaba este veto del Presidente Piñera, ¿dónde quedaron sus palabras de los niños primero?, fueron solo mentiras y falacias”, puntualizó. El veto fue declarado inadmisible por 66 votos. Santiago de Chile, 30 de julio 2021 Crónica Digital
