La reforma educacional que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet está hoy en el centro del debate público nacional. Este debate se parece cada vez menos a un diálogo social y cada vez más a una confrontación de intereses irreconciliables, planteados con argumentos más ideológicos que racionales y técnicos. En este escenario aún no asoma claramente el interés general del país o el Bien Común en educación, que aglutine voluntades u opiniones mayoritarias que posibiliten la construcción del nuevo modelo educacional o de la nueva realidad educativa que el país necesita para su desarrollo.
Las iniciativas educacionales contenidas en el Programa de Gobierno, los proyectos de ley ya enviados al Parlamento, las explicaciones del Ministro de Educación, de los demás representantes del Gobierno y de muchos parlamentarios, no han logrado identificar el “foco de la reforma”. Falta una visión comprensiva e integrada del problema educacional de Chile y de las formas más claras, necesarias y eficaces para abordarlo con posibilidades de éxito.
Opiniones provenientes de muchos sectores de la vida nacional coinciden, mayoritariamente, en que las iniciativas educacionales propuestas por el Gobierno, representan las medidas justas, apropiadas y oportunas que hay que implementar, pero aparecen formuladas de manera dispersa, muchas de ellas sin contornos definidos, con ausencia de lineamientos y límites claros, a veces contradictorias, en fin, un proyecto poco acotado.
La mayor parte de la información y orientación del MINEDUC se ha focalizado en la educación superior. El Ministro le ha reiterado a las Universidades que se mantendrá la provisión mixta, la prohibición del lucro, la mantención de subsidios a la demanda, así como de becas o créditos en la primera fase de la reforma, se mejorarán los estándares de acreditación y se implementará una fiscalización más robusta.
A pesar de los anuncios y explicaciones, la falta de una mayor participación y diálogo social efectivo, hacen que el proceso de reforma avance en un terreno complejo, lleno de dudas, incertidumbres y desconfianzas. Así lo manifiestan las organizaciones estudiantiles de enseñanza media y universitaria, el Colegio de Profesores, los sostenedores de colegios particulares subvencionados, recientemente los padres y apoderados de esos establecimientos; los alcaldes, que según las diversas experiencias en la gestión municipal de los colegios adoptan diversas posiciones; también hay planteamientos distintos, respecto a los diversos temas que incluye la reforma, de parte de investigadores, expertos, académicos y centros de estudios. La mayor confrontación sobre el tema se observa en el ámbito político partidario entre las coaliciones de gobierno y oposición, registrándose también claras discrepancias respecto a temas puntuales, dentro de la llamada Nueva Mayoría, como lo es la compra de colegios privados por parte del Estado.
El gran tema ausente parece ser el tema de la “calidad de la educación”. Unos reclaman que la calidad de la educación, siendo el tema principal, no está siendo abordado; otros argumentan que todas las iniciativas de ley enviadas para la discusión parlamentaria, finalmente, contribuyen a la calidad, sea a través de un mayor y mejor financiamiento, de poner fin al lucro en el sistema escolar, de terminar con la selección de los estudiantes, de mejorar la formación de los docentes y de sus condiciones de trabajo, de mejorar la gestión de los colegios, etc. Lo cierto es que el problema de la calidad se resuelve, finalmente, en el plano pedagógico y en el ámbito del aula y, es en este terreno en donde la reforma hasta aquí, no ha avanzado en propuestas concretas.
La educación es parte de la realidad social del país y refleja esa realidad compleja, fragmentada, contradictoria, asimétrica en la distribución del poder, de la riqueza material, del prestigio social y del capital cultural de los ciudadanos. Las brechas de desigualdad e inequidad que cruzan la estructura, la organización y el funcionamiento de la sociedad nacional, también cruzan, de arriba abajo, las estructuras, la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas del país. En un país diverso, desigual, con necesidades básicas insatisfechas y con distintas visiones de futuro, sería una ingenuidad esperar un consenso unánime en todos los temas que debe abordar una reforma educacional que pretende contribuir a los cambios que la sociedad necesita.
Para colocar los intereses contrapuestos de los diversos actores en un espacio de negociación y consenso, para bajar la intensidad del clima de confrontación, para evitar el deterioro de la idea de reformar estructuralmente la educación chilena, para avanzar definitivamente en grandes acuerdos nacionales en educación, es necesario, si estamos a tiempo, hacer al menos dos cosas:
1. Abrir un debate amplio y participativo sobre la Crisis de la Educación Chilena, es decir acerca de su naturaleza, sus alcances, extensión y profundidad, así como el tipo de iniciativas más apropiadas para superar esta crisis. Este debate, si es que lo hubo, se llevó a efecto en el equipo programático de la candidatura de Michelle Bachelet, pero no ha sido un debate de la sociedad chilena;
2. Definir lo que es la Educación Nacional en un cuerpo orgánico de ideas que a lo menos incluya lo siguiente:
-Conceptualizar lo que es la educación (si es un bien social o un bien privado), por qué y para qué educar, cómo, cuándo y dónde educar, quienes deben educar, etc.
-Establecer un plano doctrinal educativo con principios de acción (ética), valores (axiología) y fines (teleología).
-Definir los grandes temas que son propios de una educación nacional. Establecer las grandes orientaciones sobre el deber ser pedagógico (deontología).
-Definir los derechos y obligaciones de quienes enseñan y de quienes aprenden y, de cómo estos derechos y obligaciones se garantizan constitucional y legalmente.
-Señalar los principios generales de control y fiscalización de toda actividad educativa.
-Identificar los lineamientos generales de gestión en toda organización educacional (incluidos la gobernanza y el financiamiento).
-Establecer los criterios esenciales para fijar políticas educacionales, diseñadas y formuladas democráticamente.
Este cuerpo orgánico de ideas en torno al concepto de Educación Nacional, debiera ser materia de un gran debate social, orientado al logro de un gran acuerdo nacional sobre educación, que una vez concluido debiera quedar fijado en un texto de ley, de carácter vinculante para todos los actores y agentes que intervengan en la educación del país.
Esta definición de Educación Nacional –en otros países se ha hablado de Proyecto Educativo Nacional- debiera operar como el gran “concepto paraguas” bajo el cual, a continuación, debiera abordarse el tema específico de la Educación Municipalizada, la Educación Particular Subvencionada y la Educación Particular Pagada.
Los temas políticos (de política pública), valóricos, doctrinales, ideológicos, de intereses corporativos e intereses sociales, debieran resolverse a nivel de la definición de Educación Nacional. Así, temas históricos de debate en la sociedad chilena como la tensión entre Estado Docente (educación pública) y Libertad de Enseñanza (educación privada) debieran quedar resueltos en ese nivel, de tal modo que la discusión en torno al rol e importancia, en el Sistema Educativo, de los actuales proveedores de servicios educacionales (establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados), pueda concentrarse efectivamente en los aspectos orgánico-institucionales, administrativos y de calidad pedagógica.
Por Francisco Villa Lezana
Profesor y Magister de la USACH. El autor es colaborador de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 6 de agosto 2014
Crónica Digital
Una vez mas ,el Sr. Villa, con un alto nivel de conocimiento, realiza un aporte para aclarar nuestras dudas,con lenguaje técnico y aclaratorio, nos permite engrandecer nuestra capacidad de debate,recuerdo que en más de alguna oportunidad,en ese entonces mi profesor Villa,nos orientó acerca de como se debería enfrentar, el problema de la educación en Chile.
Muy buen articuló Francisco villa debería asesorar al ministro, creo que esta mas cerca de lo que debe ser una reforma