Un enorme impacto provocó la denuncia del Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, respecto de la forma en la que se están construyendo edificios en la comuna de Estación Central, en forma de “guetos verticales”, sin considerar las variables de la escala humana y el espacio público, y en el marco de la inexistencia de plan regulador comunal.
La situación apunta a un problema de fondo para el conjunto del país y sus comunidades locales y regionales: las debilidades existentes en la institucionalidad pública en lo que se refiere a la planificación del territorio y el ordenamiento territorial. Chile es uno de los pocos países de la región que aún no ha avanzado en la definición de una institucionalidad a nivel nacional que coordine visiones sectoriales y regionales para el objetivo de definir un ordenamiento territorial en un marco general y local que permita armonizar los usos del territorio.
En términos generales, al referirnos a ordenamiento territorial, asumimos como punto de partida el concepto que fue delineado por la Carta Europea de Ordenación del Territorio: “Expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad”. También es útil la noción del “Anteproyecto de ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial de la República Argentina” que fue propuesto por el Gobierno de Cristina Fernández, que se refería al ordenamiento territorial como “producción social del espacio”. La iniciativa legislativa señalaba como su objetivo: “Establecer presupuestos mínimos de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y justo, a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social, y de la localización condicionada de actividades antrópicas”.
Para el académico Ángel Massiris Cabeza el ordenamiento territorial “es un proceso y un instrumento de planificación de carácter técnico, político, administrativo, con el que se pretende configurar a largo plazo una organización del uso y ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo”.
Hasta ahora, en Chile hay un conjunto de normas que establecen funciones y atribuciones con implicancias sobre el territorio a nivel ministerial, de los gobiernos regionales y los municipios. Si bien estas materias están referidas al territorio, no se puede considerar que formen parte de una institucionalidad sobre el ordenamiento territorial al no formar parte de una visión global respecto del territorio, su planificación y necesidad de ordenamiento, como una actividad integral y coordinada, normativamente coherente y vinculante, que permita el reconocimiento de las particularidades y que establezca el equilibro entre los requerimientos del progreso económico, las necesidades de las comunidades, y el respeto y cuidado por el medio ambiente.
El proyecto que propone profundizar la descentralización en el país a través de la reforma a la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, implanta, entre otros temas, cambios en el ámbito de las competencias en ordenamiento territorial con la creación de un instrumento de planificación del territorio denominado “Plan Regional de Ordenamiento Territorial” (PROT), el cual pasa a establecerse como un instrumento vinculante para todo el sector público, además de definir la zonificación por condiciones. Asimismo, la reforma establece la necesidad de que el Poder Ejecutivo defina una Política Nacional de Ordenamiento Territorial.
Las políticas de desarrollo e inclusión social que se puedan llevar a cabo desde el Estado deben tener sustento en un conocimiento acabado de la distribución socio–geográfica de las necesidades de las personas, a través de diagnósticos rigurosos que permitan dirigir con precisión y equidad territorial los recursos y las soluciones necesarias, incorporando la visión de los diversos sectores de la gestión pública relacionados a esta materia y, sobre todo, incorporando la participación directa de la ciudadanía.
Ello es el sustento para la creación de políticas e instrumentos de planificación territorial que clarifiquen los usos permitidos del espacio, y que a su vez permitan el ejercicio de la democracia desde la base de la sociedad; un empoderamiento de los gobiernos regionales y locales; un rol activo del Estado propendiendo a la equidad ambiental y territorial; y la protección de la biodiversidad y del patrimonio ambiental y sociocultural. En ello se juega la viabilidad de construir un país de participación ciudadana y derechos sociales.
Por Víctor Osorio. El autor fue Ministro de Bienes Nacionales.
Santiago de Chile, 12 de mayo 2017
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