Canadá, líder mundial del sector minero y con una fuerte presencia en Latinoamérica, pretende seguir expandiéndose en el continente, pese al amplio rechazo de organizaciones ambientalistas, académicos y comunidades originarias.
Al decir del primer ministro de ese norteño país, Stephen Harper, «viendo hacia el futuro, vemos la industria minera canadiense creciendo en las Américas, algo que será beneficioso para la prosperidad mutua y será prioridad de nuestro gobierno».
Pese a las denuncias y protestas contra esas empresas en la región, aseguró durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, que es una prioridad para su gobierno aumentar y fortalecer la participación de compañías mineras canadienses en el continente.
«En el futuro próximo vemos una mayor inversión canadiense en recursos naturales en las Américas; esto es algo que será bueno para nuestra prosperidad y es una prioridad de nuestro gobierno», afirmó Harper en la polémica cita continental.
«Hemos encontrado la manera de convertir los activos minerales en un cimiento sostenible para el desarrollo equitativo, y estamos dispuestos en cooperar como socios estratégicos con los países de las Américas», aseveró.
Lo cierto es que, según diversas fuentes, más del 80 por ciento de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en este continente son de Canadá. Estas empresas, muchas transnacionales, se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores.
El geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental, Allan Astorga, considera que muchas de esas compañías salieron de su país en busca de recursos sin explotar, pero en particular a causa del endurecimiento de las normas que rigen la actividad minera en Canadá.
Después de dos décadas de explotación, la supuesta prosperidad económica que traerían las mineras canadienses a los países implicados y, en particular a las comunidades donde se fueron asentando, dista mucho de lo esperado, según denuncias.
Contaminación, destrucción de bosques, saqueo de minerales, pocas ganancias y más pobreza forman parte de la herencia que dejan estas compañías.
El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill, en Montreal, asegura que «las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica».
«Existen más de mil 500 empresas mineras canadienses, que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región», aseguró.
Studnicki-Gizbert ha advertido acerca de los conflictos generados por la extracción de mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales, en particular, por los mil 246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica.
En las últimas dos décadas, estas compañías mineras experimentaron un crecimiento sostenido, particularmente a través de las empresas que se dedican exclusivamente a la exploración. Las explotadoras también mantienen un ritmo gradual ascendente.
Los impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura que provoca esta industria, a lo que se añade la salida de las riquezas, son los principales puntos que originan el rechazo a la presencia de las transnacionales mineras en este continente.
McGill señala que hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica, pero en la década de 1990 la crisis de la deuda obligó a los países a reactivar la minería y hoy existen mil 246 proyectos canadienses activos en la región, los cuales parecían ser la esperanza para muchas comunidades.
Lejos de supuestos beneficios estas empresas no han sido capaces de generar empleos dignos y numerosos.
Por el contrario, además de ser altamente peligrosos, la mayoría de los puestos de trabajo creados son efímeros, pues duran mientras el mineral no se agote o dependen de los vaivenes del mercado.
Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de esos proyectos, permanecen en la pobreza extrema y con potenciales riesgos para la salud de sus habitantes por los altos niveles de contaminación, debido al mal manejo de químicos utilizados en esta actividad.
Muchos de los Gobiernos de la región, con nuevas políticas a favor de su soberanía económica, insisten en la necesidad de explotar los minerales, pues reportan enormes beneficios al desarrollo.
No obstante, exigen que se haga de manera sustentable y amigable con el medioambiente, tal como lo hicieron los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández; o de Ecuador, Rafael Correa.
«La minería se necesita para todo, incluso para combatir las enfermedades. Necesitamos que la sociedad tenga una actitud serena», recalcó recientemente la mandataria argentina.
Pero, muchas empresas transnacionales, en particular con presencia canadiense, están asentadas en la región pese a imputaciones por el mal manejo de químicos, destrucción del medio ambiente y contaminación de las aguas, lo que ha traído consigo duraderos y fuertes conflictos.
En estos momentos, comunidades locales se mantienen en pie de guerra contra proyectos de inversión de las grandes mineras internacionales, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
Detalla que, en el actual contexto de la fiebre del oro, 162 conflictos mineros han estallado en toda la región contra planes que las comunidades consideran una amenaza.
En la última década, el precio del metal áureo pasó de 270 dólares a entre mil 600 y mil 800 dólares la onza.
Lamentablemente, para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos. Y las comunidades, víctimas de los procesos mineros violatorios de las leyes ambientales, conocen bien sus consecuencias. En este filón de riquezas, las personas más pobres son las más explotadas, en particular los niños, tanto laboral como sexualmente, de acuerdo con la organización no gubernamental Save The Children.
Las mineras Osisko Minning Corp, Goldcorp, Barrick Gold, Fortuna Silver Inc, First Majestic Silver, son sólo algunas de las envueltas en conflictos.
Las demandas fundamentales por parte de la comunidad son que apliquen un modelo económico razonable, que beneficie a los pueblos y no solo a los propietarios, y que las actividades productivas respeten la legislación vigente.
Además, exigen que el desarrollo sea sostenible y de acuerdo con los intereses de las comunidades que habitan las zonas que se quiere explotar.
Por Odalys Troya Flores Prensa Latina
Santiago 9 de junio de 2012
Crónica Digital
