Por: Mirna Concha, periodista y analista comunicacional
De cara al histórico proceso constituyente que debe vivir Chile a partir del Plebiscito del 25 de Octubre, Sebastián Piñera desaprovechó la tribuna perfecta para hacer un gesto de unidad, y en humildad, admitir lo que el país y el mundo saben: en Chile se violan los derechos humanos.
Esto fue denunciado por organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros que visitaron el país a propósito de los acontecimientos del 18 de Octubre, y consignado en informe anual de Amnistía Internacional, y por la propia Comisionada ONU, ex Presidenta Michelle Bachelet. Pero todo esto se vuelve letra muerta ante afirmaciones que sin mayor fundamento, Piñera hizo ante la 37 Asamblea de Naciones Unidas. Su discurso estuvo centrado en añejos argumentos que, al ser tan repetitivos, pierden validez y credibilidad; simple retórica. Algunos medios han ido más allá, indicando que a lo menos tres frases fueron “copy paste” del pronunciado en 2018.
Emulando el discurso electoral de Trump, Piñera centró el tema de derechos humanos en Venezuela, a miles de kilómetros de La Moneda. Antigua estrategia política; desviar la atención frente a situaciones de conflicto que afectan libertades fundamentales, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ratificadas constitucionalmente por cada uno de los 193 países integrantes de la ONU. Chile figura entre los 51 estados fundadores.
“El Gobierno escuchó con atención, con sensibilidad y con sentido de urgencia y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social”, dijo en relación al movimiento social del 18 de Octubre, cuando en realidad su gobierno se ha opuesto y obstaculizado iniciativas tendientes a dar respuestas a esas demandas. Ejemplos hay muchos tras el “parto con fórceps”, que en la madrugada del 15 de Noviembre “dio a luz” al denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que Piñera calificó en la ONU, como una “salida institucional” al conflicto. La negativa al retiro 10% AFP y la decisión de no suscribir el Acuerdo de Escazú, “primer pacto regional para garantizar acceso a la información, y participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales”, son algunos, entre muchos otros.
Causas por «torturas y lesiones graves gravísimas»
Sus declaraciones en materia de derechos humanos no son más que puestas en escena; decir lo políticamente correcto; pero en la práctica, sigue gobernando a través de principios economicistas de corte neoliberal, con enemigos internos que justifican su aplicación de políticas represivas, que según cifras del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el 18 de octubre y 17 de noviembre de 2019 concluyeron con más de 25.000 detenciones en contexto de protestas y manifestaciones.
“Según la información reciente del Instituto de Derechos Humanos (INDH), hubo 3.800 heridos, de los cuales 460 son por trauma ocular; 8 homicidios consumados y 36 frustrados; y 257 denuncias por abusos sexuales, en tanto 1.083 lo son por tortura y tratos crueles, todo ello imputado a agentes del Estado”, señala en un artículo recientemente difundido por el diario electrónico El Desconcierto, Osvaldo Torres, quien hasta marzo de este año se desempeñó como Jefe del Departamento de Estudios de ese organismo del Estado.
Y agrega, que, del total de 2.499 querellas presentadas por el Instituto, “hay solo 68 personas formalizadas, y de las querellas que involucran a los heridos por trauma ocular, en solo tres causas hay formalizados”.
Desde la sociedad civil
En tanto, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), ha presentado ante la justicia 40 querellas por violaciones contra los derechos humanos cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020; de las cuales 21, se interpusieron por Crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley 20.357, vigente desde 2009, entre los que se cuentan las torturas y las mutilaciones causadas a las víctimas de trauma ocular.
“Estas 21 querellas por “Crímenes contra la Humanidad” (5 causas por torturas y 16 por mutilación/lesiones graves gravísimas, Artículos 5 y 7 N°1 de la mencionada Ley), han sido interpuestas en contra del Presidente de la República, del Ministro del Interior, del Director General de Carabineros, y en contra de los autores materiales del delito”, explicó Carlos Margotta Trincado, presidente de la CCHDH, al puntualizar que, en cambio, “las acciones judiciales presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), son por delitos establecidos en la legislación penal común (Código Penal)” y dirigidas “contra quienes resulten responsables”.
A diferencia del INDH, organismo estatal creado hace 10 años, la CCHDH, es un organismo de la sociedad civil que nació en plena dictadura cívico militar, un 10 de diciembre de 1978, misma fecha que la ONU instituyó como Día Internacional de los Derechos Humanos, en homenaje a la entrada en vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Entre los fundadores de la CCHDH estuvieron, el jurista Jaime Castillo Velasco, el exsindicalista Clotario Blest, los abogados Máximo Pacheco, Germán Molina, el Premio Nacional de Literatura, Juvencio Valle y el de Ciencias, Joaquín Luco, entre otros relevantes representantes de la sociedad. Fue muy activa durante la dictadura, adquiriendo nuevamente “mayor visibilidad, a propósito de su defensa a las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la revuelta social”, explica el abogado y actual presidente de la institución, Carlos Margotta Trincado.
A su juicio, la “aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática a los derechos humanos por parte del actual gobierno, ha sido posible porque el Estado Chileno y sus tres Poderes no han cumplido en estos 30 años de transición, con las obligaciones internacionales de derechos humanos propias de un Estado post dictatorial: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“La impunidad y la falta de políticas tendientes a reestructurar las Fuerzas Armadas y Carabineros y del Poder Judicial, que permitieran formar a las nuevas generaciones de oficiales y jueces con una adscripción irrestricta a los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, ha sido un déficit en la transición, que hoy, el pueblo chileno en su conjunto, está pagando las consecuencias, como ha quedado de manifiesto con la represión desatada a partir del 18 de Octubre”.
Existencia de presos políticos
Para Carlos Margotta Trincado, la cifra exacta de presos políticos en el contexto de movilizaciones sociales, no es lo más relevante. “Para mí, lo importante es la existencia de presos políticos, que han sido sometidos a juicios injustos y cuya mantención de prisión preventiva se utiliza como castigo y forma de inhibir a otros a participar en la protesta social”.
“Además, no se respeta la presunción de inocencia ni el otro principio de derechos humanos que establece que la prisión preventiva no debe ser la regla general, y que contrasta con la situación de quienes violaron los derechos humanos a partir del 18 de Octubre. ¿Cuántos están sometidos a prisión preventiva? Ninguno está en una cárcel. Sólo hay dos uniformados que están bajo una medida cautelar de privación de libertad relativa; el primero, el autor de los disparos que dejaron ciega a Fabiola Campillay, sujeto a arresto domiciliario total y el segundo, el autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, detenido en una unidad policial”, puntualizó.
Esas garantías que menciona Margotta Trincado, son los cimientos fundamentales para una convivencia en paz y armonía. Lamentablemente, “el alma de Chile”, la Democracia, se enfermó el 11 de Septiembre de 1973. La patología nunca fue tratada de manera adecuada por la sociedad, y como consecuencia, las heridas siguen abiertas y reviven con acciones que se siguen repitiendo.
La “reviviscencia”, es uno de los síntomas del Estrés Post Traumático (EPT), que se agrava con la falta de verdad y justicia, y cuando los gobernantes indultan unilateralmente, a personas detenidas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Peor aún, cuando la sociedad pierde la capacidad de asombro, cuando lo intolerable se vuelve aceptable, los límites valóricos se van corriendo; la inacción y silencio comienzan a normalizar situaciones, y con ello se reinstala una historia sin justicia y victimarios impunes.
A 47 años del Golpe Militar, hemos visto a familiares de víctimas dedicar su vida a la búsqueda de verdad y justicia. Lucrecia Brito, con 21 años y seis meses de embarazo, sobrevivió a la detención y tortura en 1974, en el entonces campo de concentración Villa Grimaldi. En un testimonio publicado en el sitio web de esa Corporación, manifiesta que “mientras no aparezca la verdad y la justicia real (…) obviamente este país no se va a sanar y la tortura como método para aniquilar a las personas que se oponen a tus ideas es algo que va a seguir vigente”.
El pasado 11-9, el testimonio Twitter de “OldieOne”, no pudo ser más elocuente; “cada vez que salían fotos o videos del Estadio Nacional tras el Golpe, buscaba entre los detenidos a mi papá. Hoy dejé de hacerlo. Todos son mi papá”.
De acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, se estableció en 41.379 las víctimas de la dictadura; 3.220 personas entre desaparecidas y ejecutadas políticas (se restaron siete casos de detenidos desaparecidos que habían sido mal calificados) y 38.152 de prisión política y tortura, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y las dos comisiones de Prisión Política y Tortura.
La misma información indica que al 31 de diciembre de 2018, se encontraban cumpliendo penas de prisión efectiva por delitos de lesa humanidad 109 funcionarios del Ejército, 6 de la Armada, 13 de la Fuerza Aérea, 60 de Carabineros y 13 de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, es sabido que varios han recibido indultos por razones médicas, condiciones físicas o sanitarias. Los últimos dos fueron sigilosamente firmados en julio de este año por el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, a petición expresa del Presidente Sebastián Piñera, beneficiando a Raúl Rojas Nieto, condenado en caso Caravana de la Muerte, y a Víctor Matig, condenado por delitos de secuestro.
¿Y este domingo 27 de Septiembre el Ministro del Interior, Víctor Pérez, tiene el descaro de engañar a la ciudadanía y al mundo, diciendo en el diario La Tercera, que “el legado del Presidente será haber optado por la Democracia”?
Verdad, Justicia, Historia y Memoria; cimientos necesarios de esa “Casa de Todos”, de la que tanto habla Piñera, cuando se refiere al proceso constituyente.
Voto bajo Estado de Excepción
Cuando se hace caso omiso a las demandas sociales, cuando se adoptan acuerdos políticos sin considerar a la sociedad civil, los resultados no pueden ser otros que lo vivido el 18-O. Lamentablemente, las víctimas nuevamente son en su mayoría jóvenes.
Octubre viene álgido. El día 5 marcará el 31° aniversario del histórico Plebiscito de 1988 que puso término a la dictadura, y luego el primer aniversario del movimiento social 18-O. Ambas, fechas icónicas de luchas por derechos sociales. El 25 será paradójico ejercer el voto -lo más preciado de un sistema democrático- bajo Estado de Excepción, con militares en las calles, toque de queda, represión al derecho a protestar, y censura a expresiones culturales.
“El gobierno chileno, contrariando los lineamientos de los organismos internacionales de derechos humanos, como el ACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está utilizando la pandemia para “naturalizar” la presencia y accionar de las fuerzas armadas en el control del orden público, a través de los Estados de Excepción prolongados. Al mismo tiempo, ha puesto urgencia a proyectos de ley como el del nuevo Sistema de Inteligencia y el de Infraestructura Crítica, que autoriza a las instituciones castrenses a asumir funciones alejadas de las establecidas en la Constitución, y cuyo propósito no declarado, es utilizarlas para detener y neutralizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social”, puntualizó Carlos Margotta Trincado.
¿Cuál habrá sido la intención de fijar el Plebiscito en el mes de octubre, pudiendo sin duda prever los legisladores el escenario político y social? Algunos han sostenido que el Movimiento 18-O fue un plebiscito natural y espontáneo, la expresión de temas sociales que deben ser considerados; Educación, Salud y Pensiones, entre muchos otros. La institucionalidad política, que estuvo totalmente al margen, se apropió del tema y lo “moldeó” según las reglas de la Democracia, la misma que en Chile por estos días, de parte del gobierno, tiene un fuerte sesgo autoritario.
Todo indica -hasta ahora- que el Plebiscito tendrá lugar, pese a la Pandemia, atentados, paro camionero y un sin fin. Los análisis indican que la opción “Apruebo” será la ganadora. Poco espacio para sorpresas contrarias, pero un enigma hasta el último minuto será el resultado de las opciones “Convención Constitucional” o “Convención Mixta”, que determinará la modalidad en que se redactaría la nueva Constitución.
El gran desafío, no obstante, es la participación ciudadana, que permitirá dar solidez al proceso. La ciudadanía toda, pero en particular los jóvenes, tendrán la última palabra.
Por Mirna Concha
Periodista
Desde Canadá.
Santiago de Chile, 28 de de septiembre 2020
Crónica Digital
