El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Brasil reveló que solicitará la anulación del proceso contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de confirmarse violaciones de garantías constitucionales y derechos humanos cuando resultó arrestado. El CNDH escuchó al exdirigente obrero en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde Lula cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018. Después de la visita, los consejeros declararon a la prensa que el caso se debatirá en el plenario y, si se confirma la trasgresión, el Consejo solicitará la supresión del proceso contra el fundador del Partido de los Trabajadores. Estuvieron en la audiencia los consejeros Leandro Scalabrin, Leonardo Pinho e Ismael José Cesar. Comunicaron de igual manera que deberán escuchar al periodista Glenn Greenwald, editor jefe del sitio digital Intercept, así como al exjuez y ministro de Justicia, Sergio Moro, y al fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la operación Lava Jato. Indicaron asimismo que deben emitir un informe sobre esta investigación antes de fin de año y luego debatirlo en el plenario del Consejo, soberano para decidir sobre el caso. Confirmaron que la CNDH no solo puede solicitar la anulación del proceso contra el exsindicalista, sino también llevarlo a juicio ante organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Entre los argumentos planteados por la defensa del expresidente en la querella figuran la conducta coercitiva por la que Lula tuvo que pasar en el momento en que estaba siendo investigado, la imposibilidad de ejercer sus derechos políticos, de votar en las últimas elecciones y postularse a la presidencia, así como el habeas corpus emitido por la Justicia que no se cumplió. La denuncia llegó al Consejo hace cuatro meses, motivada por el informe “Mensajes secretos de Lava Jato”, publicado el 9 de junio por Intercept, que puso al desnudo la parcialidad de Moro, cuando ejercía como magistrado federal, la confabulación y falta de ética de los fiscales de la operación anticorrupción para increpar y condenar a Lula sin ninguna prueba. Brasilia, 18 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
DD.HH.
Como un caso de “violencia obstétrica” y de “discriminación” fueron calificadas por el tribunal, la vulneración de derechos a una mujer en la cárcel de Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una interna de la sección femenina de la cárcel de Concepción, a quien funcionarios del Hospital Guillermo Grant Benavente – a modo de castigo y luego de haber tenido un embarazo complejo-, no le administraron anestesia al momento del parto, sin justificación alguna y tras haber sido solicitada en diversas oportunidades por la paciente. El tribunal calificó la situación como un caso de “violencia obstétrica”, ya que la afectada además de no recibir las atenciones de rigor, fue dada de alta tempranamente. Tampoco fue considerado su trastorno bipolar agresivo al momento del procedimiento. “Tales actuaciones arbitrarias han afectado la integridad física y psíquica de V.C.D., garantizadas en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, desde que experimentó un dolor y sufrimiento innecesario por no recibir la anestesia solicitada –evidenciando un supuesto típico de la denominada «violencia obstétrica– y porque, además, se vio expuesta a no contar con las atenciones post parto de rigor en virtud de un alta médica precipitada y caprichosa», establece el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción. El caso fue calificado también por la justicia como discriminatorio, dado que una medida disciplinaria como la relatada sólo se le aplicó por estar privada de libertad. Agrega el dictamen que “a juicio de estos sentenciadores el hecho de dar de alta a la afectada ‘como medida disciplinaria’ a escasas horas de haber dado a luz, constituye una arbitrariedad manifiesta que carece de todo sustento, aun cuando ello se deba a las agresiones verbales atribuidas a Valentina Córdova, pues la salud de las personas está por sobre cualquier medida correctiva o sancionatoria”. Por estos motivos el hospital deberá ajustar todos sus protocolos a la normativa internacional suscrita por Chile, en materia de atención a mujeres privadas de libertad, embarazadas y/o con hijos lactantes, y tuvo que iniciar un sumario para establecer las responsabilidades del caso. Sobre el dictamen la jefa regional del INDH, Carolina Chang, sostuvo que “hemos denunciado la deshumanización del sistema carcelario, que impacta, en este caso, a una mujer embarazada. Por otro lado, tal como en la situación vivida Lorenza Cayuhan (engrillada al momento del parto), las condiciones del parto permiten revisar un tema escasamente discutido en Chile, como es la violencia hacia las mujeres que, en el marco del embarazo, el parto y el puerperio, ejercen los agentes de salud», señaló. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019 Crónica Digital
En lo que es considerado aquí un fallo histórico, un tribunal de esta capital condenó a dos exsuboficiales de Carabineros a fuertes penas de cárcel por torturas y falsificación de documentos. El principal imputado, Francisco Arzola, ya retirado, pertenecía a una comisaría de la minicipalidad santiaguina de Estación Central y era conocido por los vendedores ambulantes del barrio comercial Meiggs como «El Nazi», por su violencia reiterada contra detenidos entre octubre de 2016 y diciembre de 2018. Los hechos ocurrieron todos al interior de un ómnibus de Carabineros empleado para trasladar a detenidos por controles de identidad y comercio ambulante ilegal, los cuales eran brutalmente golpeados a patadas y piñazos, estrangulamiento, insultos y otras humillaciones, que configuraron los delitos de apremios ilegítimos y torturas. En el caso de «El Nazi», recibió una pena de 17 años de prisión por apremios y torturas reiterados, y otros cinco por falsificaciones reiteradas de instrumento público, las cuales deberá cumplir sucesivamente, comenzando por la más larga. En tanto, el cabo segundo Rodrigo Muñoz Cid fue condenado por el delito de tortura a ocho ocho años de presidio y ambos imputados no serán beneficiados con ninguna medida alternativa a la privación de libertad. En declaraciones a la prensa, la fiscal Tania Sironvalle consideró la condena histórica y emblemática, porque se condena a 30 años en total a dos funcionarios que mientras ejercían sus funciones como Carabineros ejecutaron torturas y apremios ilegítimos. Santiago de Chile, 15 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
A pesar del silencio oficial, miles de chilenos recordaron hoy el 46 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y al Presidente Salvador Allende, como paradigma de ética política. Durante toda las mañana el monumento al Presidente mártir, a un costado del palacio de La Moneda fue cubriéndose de ofrendas florales llevadas hasta allí por sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, de familiares de víctimas de la dictadura, de partidos políticos y de la Cámara de Diputados y el Senado. Invariablemente, las peregrinaciones se repitieron primero hasta la puerta de la calle Morandé 80, por donde cada día Allende accedía a sus oficinas en el palacio de Gobierno, para finalizar ante el monumento en la plaza de la Constitución. Con flores, banderas y fotos de los muchos desaparecidos por la dictadura cuyo destino todavía se desconoce, el desfile ante el monolito transcurrió durante horas. Por primera vez también acudieron hijos y familiares de represores de la dictadura, que unidos en la organización Historias Desobedientes, han optado por la justicia, porque como expresaba un cartel enarbolado por uno de ellos, ‘La culpa no se hereda, yo escojo mi vereda’. En declaraciones a Prensa Latina, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguro que “Chile se encuentra en un momento decisivo de su historia, en el cual avanzamos hacia la justicia y la verdad o se materializa la impunidad”. Este Gobierno, dijo, “es el más fiel reflejo de la dictadura cívico-militar, porque no hay verdad, no hay justicia, y la pregunta dónde están los desaparecidos sigue sin respuestas, se gobierna bajo la misma Constitución establecida por Augusto Pinochet y continúa la represión, ese es el Chile que se ha construido desde 1990”. Por su parte, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, señaló a Prensa Latina que es necesario recoger el legado de Allende, que se simboliza muy bien cuando en su último mensaje radial convocó a abrir las anchas alamedas y construir un país libre y para todos. Consideró que “el golpe fue no solo para derrocar el gobierno más profundamente democrático que ha tenido Chile, sino para instaurar el capitalismo más extremo, neoliberal, en un contubernio perfecto con el imperialismo estadounidense”. “Desde entonces han pasado muchas jornadas de lucha, desde la resistencia y a la rebelión popular en los 17 años de dictadura, y luego con la larga transición que no ha sido capaz de poner en el centro el cambio del modelo de desarrollo”, puntualizó. Expreso que es un tiempo de homenaje a Allende y a todos los que cayeron, pero también de compromiso para retomar aquel proyecto porque la vida ha demostrado que el modelo impuesto por la dictadura a sangre y fuego no es la solución para las mayorías sino que pone todo a favor de los privilegiados. Mientras, en la Cámara de Diputados se rindió un minuto de silencio en recordación de la fecha, con decenas de parlamentario enarbolando fotos de Allende y de otros caídos […]
Con la expulsión de 66 personas de nacionalidad dominicana, suman más de mil 300 los extranjeros devueltos a sus respectivos países este año por las autoridades migratorias de Chile. La Jefatura Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron que esos ciudadanos partieron rumbo a Santo Domingo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), 60 de ellos por haber ingresado ilegalmente al país. Los otros seis casos corresponden a personas que cumplían penas de cárcel por diferentes delitos y se les conmutaron por la expulsión y la prohibición de retornar a Chile por 10 años. Mijail Bonito, asesor de política migratoria del Ministerio del Interior, señaló que es primera vez que se expulsa a tantas personas por ingreso clandestino, pero ello obedece a que no clasificaron en el proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo por el gobierno desde el pasado año. Añadió que hace pocos días también fueron devueltos a sus países una cantidad similar de colombianos con antecedentes penales, y venezolanos que presentaron irregularidades en sus documentos de permanencia o ingresaron al país por pasos no habilitados. La policía civil informó que en lo que va de año se han decretado mil 372 expulsiones, la mayoría por la comisión de delitos, que se suman a poco más de dos mil durante 2018. Según cifras de la PDI, entre enero y agosto mil 242 personas fueron expulsadas, de ellas 198 por ingreso clandestino, 114 por infracción a la ley de Extranjería, 817 por tráfico de drogas, 38 por robo con intimidación, 14 por robo con violencia y 10 por receptación. Por nacionalidades, hay 611 bolivianos, 246 colombianos, 137 peruanos, 110 dominicanos, 67 cubanos y 36 venezolanos y el resto corresponden a otros países. Santiago, 9 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El movimiento La Francia Insumisa (LFI) convocó a aunar esfuerzos a escala global para combatir la manipulación de la justicia como arma de los poderosos para marginar de la política a quienes se oponen a la dominación. “Hemos llegado a un punto en el que prácticamente todo el mundo es escenario de la llamada Lawfare (guerra jurídica), con la que intentan destruir a los que rechazan las nefastas políticas neoliberales, responsables de tanta hambre, pobreza, desempleo y desigualdad”, denunció en una declaración. Para la organización, una de las más importantes del panorama político francés, no hay tiempo que perder ante el objetivo de silenciar las luchas contra el brutal saqueo de los recursos de los pueblos y el atropello de sus derechos sociales, económicos y políticos. “No podemos aceptar la imposición del imperio de la amenaza como forma de seguir ahogando a nuestros pueblos”, sentenció. El integrante del equipo internacional de LFI, Christian Rodríguez, comentó a Prensa Latina que la persecución judicial de la que son blanco fuerzas revolucionarias y progresistas fue abordada por el líder del movimiento, Jean-Luc Mélenchon en su reciente recorrido por países de América del Sur. Mélenchon se reunió con los expresidentes José Mujica (Uruguay), Cristina Fernández (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), este último encarcelado tras un proceso denunciado como una clara muestra de la Lawfare. El dirigente francés, a quien Rodríguez acompañó en su periplo, visitó a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde abordaron la judicialización de la política, la misma que llevó a prisión al líder brasileño bajo cargos de corrupción que nadie ha probado ante una Corte, pero que consiguieron abrirle las puertas del poder al representante de la extrema derecha Jair Bolsonaro. Después del encuentro, Mélenchon advirtió que también es víctima de la repudiable táctica, al enfrentar una citación este mes por “intimidación contra la autoridad judicial, rebelión y provocación”, tras el allanamiento en octubre pasado de su casa y la sede de LFI. Por Waldo Mendiluza París, 8 de septiembre 2019. Crónica Digital / Prensa Latina
Cuando detuvieron a María del Rosario Ávalos Castañeda, su hijo de dos años y medio se aferró con fuerza a su pecho. Los uniformados tuvieron que hacer un gran esfuerzo para separarlos. El cuerpo de la madre fue ocultado en la Quebrada de Gualliguaica, en el Valle del Elqui, junto a su esposo Bernardo Mario Lejderman Konujowska. Era el sábado 8 de diciembre de 1973. La imagen impactó, profunda y notoriamente a los concurrentes a un diálogo con el ciudadano argentino Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos sobre la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, a partir de su propio testimonio de vida, sobre la desaparición de sus padres, argentino y mexicana. El encuentro se realizó en la Sala Amanda Labarca en la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en el marco de la puesta en marcha del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Casa de Estudios y con la colaboración del área de Extensión Universitaria. La actividad estuvo encabezada por el Rector de la UTEM, Luis Pinto Faverio; Marisol Durán, Vicerrectora Académica; Mario Torres, Vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión; y Gustavo Anabalón, Vicerrector de Administración y Finanzas. En sus palabras, el Rector destacó que la iniciativa, así como la puesta en marcha de un Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, desde el 1 de agosto, “es coherente con lo establecido por la Ley de Universidades del Estado, que establece que como tales, debemos contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad”. Al mismo tiempo, reflexionó que “se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero pareciera que pocos quieren oír hablar de obligaciones, responsabilidades y deberes. Pero existe una estrecha e indisoluble relación entre derechos y deberes: todo derecho implica un deber”, enfatizando que “no se puede concebir un derecho sin la correspondiente obligación”. En este sentido, indicó que “la fuerza reguladora de los derechos se manifiesta en la correlación o mutua implicación que se da entre derecho y deber. Los derechos esenciales obligan a respetarlos, como a castigar las violaciones de los mismos”. La presentación del testimonio de Ernesto se desarrolló a través de una conversación con el director del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, Víctor Osorio, y con la numerosa asistencia. A partir de allí fluyeron dramáticos capítulos de su historia de vida, luego del asesinato de sus padres por una patrulla militar del Regimiento Arica de La Serena. Así por ejemplo, contó que sus abuelos paternos le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente de ferrocarril, que se enteró de la verdad por un hecho fortuito y que no pudo hablarlo con nadie por un largo tiempo. “Todo ello, ciertamente, afectó mi desarrollo normal de adolescente y joven”, relató. Reflexionó también que “aunque mi padre era argentino y yo he vivido en Buenos Aires casi la totalidad de mi vida, nací en Chile y hubiera deseado que se pudiera cumplir el sueño de mis padres cuando llegaron a estas […]
La fotografía está fechada el 25 de agosto. Reportajes, página 8 del diario La Tercera. La imagen nos muestra un hombre que podría tener entre cincuenta y sesenta años, casi calvo, con lentes negros y ojos enrojecidos, tal vez por cansancio. El retrato ocupa la totalidad de la página, podría ir acompañada del recurrente SE BUSCA, pero Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, está en Chile. Nos podríamos quedar ahí. En el preso rematado. En la cortina de humo de la misión cumplida. Ello supone, subsumir la presencia de Hernández a un tema solo jurídico. Si fuera así, el espíritu de Javert, el oscuro personaje elaborado por Víctor Hugo en Los Miserables, parece aflorar con arrogancia. “Javert en esos momentos estaba en los cielos. Sin darse cuenta con claridad, pero, no obstante, con una intuición confusa de su necesidad y de su éxito, él, Javert, era la personificación de la justicia, de la luz y de la verdad en su cometido celestial de aplastar el mal”. (Víctor Hugo.pág.360) Para evitarnos las suspicacias. Ramiro no es Jean Valjan. Lea bien: No. Mauricio es el otrora muchacho futbolero, integrante de las juventudes comunistas en los tiempos de La Política de Rebelión Popular, imposible de entender sin el historial de represión de una dictadura sanguinaria, es más, el régimen militar logra con su acción genocida, transformar un partido de reconocida tradición reformista, a uno que planteará para Chile, una salida insurreccional. Hernández, se convirtió en un combatiente avezado de la resistencia, en 1987 opta por quienes decidieron escindirse de su tronco histórico. Seguros de su opción, propusieron como alternativa a la transición pactada, la estrategia de la Guerra Patriótica Nacional entre los años 1987-1994. Mauricio, se integra a la dirección de la orgánica naciente. Los delitos por los que fue extraditado, se enmarcan en esa función. La presencia de Norambuena, expone inequidades, desata ese aire de lamido privilegio, de pasada de cuenta “al parado en la hilacha” en la prensa uniformada. No obstante, su traslado entre gallos y medianoche, nos induce a la reflexión, a saltar la valla de antiguas añoranzas y desilusiones. Las izquierdas en Chile no le temen a la historia, ni a los contextos históricos, ninguna de esas variantes puede justificar crímenes, punto. Aun así, la tentación del espíritu de Javert, es juzgar a Hernández como un simple pistolero, reducirlo, fetichizarlo como si fuera la extensión de un arma. Entendible razonamiento, por la odiosidad que provoca en los fans de la transición su estampa, como se huele en la columna de Ascanio Cavallo[i] -y con mayor razón- en las huestes conservadoras, en especial la Fundación Jaime Guzmán y su mañosa interpretación sobre la violencia política[ii]. O en lenguaje académico: reduccionista. Así lo argumentó el Manifiesto de Historiadores del año 1999[iii], ante las mismas evidencias falaces, pero el documento de La Fundación no se detiene ahí, dentro de su propia lógica, hace vista gorda de hechos que estremecieron al país, al excluir el asesinato del General René Schneider en 1970; del […]
Tenía 10 años cuando Ernesto descubrió la verdad. Mientras registraba los cajones de un closet en la casa de sus abuelos paternos en Buenos Aires, encontró un recorte amarillento de un diario. “Otro argentino asesinado en Chile”, era el título de la nota. Se trataba de su padre Bernardo Lejderman. Hasta entonces pensaba que había muerto en un accidente de tren. Pero era un detenido–desaparecido. También su madre, María del Rosario Ávalos. Los abuelos de Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos habían decidido no contarle la verdad. La idea era que el niño no sufriera… Pasaron cinco años hasta que se armó de coraje para decirles que ya conocía su secreto mejor guardado. Hoy prefiere no juzgar: “Mi abuela casi se suicida cuando se enteró lo de mis padres. Con su dolor, se hizo cargo de mí, vivió para mí. En su lugar hubiese hablado de la situación y hubiese ido a un psicólogo. Pero mi abuela desde que tenía doce años y vino a Argentina trabajó con una máquina de coser, no fue a psicólogos ni tuvo estudios. Con su personalidad, hizo lo mejor que pudo y lo hizo bien”, comentó al diario trasandino “Página 12”. El próximo lunes 2 de septiembre, a las 18:30 horas, en la Sala Amanda Labarca de la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) del Estado de Chile, se desarrollará un diálogo con el ciudadano argentino Ernesto Lejderman, en torno a su testimonio de vida sobre un emblemático caso de desaparición forzada en Chile, con el propósito de realizar una más amplia reflexión sobre la memoria histórica. La actividad se realizará en el marco de la puesta en marcha del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ernesto es hijo de Bernardo Mario Lejderman Konujowska y María del Rosario Ávalos Castañeda. Su padre era músico y estudiante de Derecho de origen argentino. Su madre era mexicana, estudiante de Sociología y trabajaba de bibliotecaria en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Además, ambos eran profesores. Se conocieron en la Ciudad de México y en 1971 se fueron a vivir a Santiago de Chile, seducidos por el proceso de cambios sociales que entonces se registraba en el país. Al momento del golpe de Estado, Bernardo Lejderman era asesor de la Gobernación de Vicuña, en la actual Región de Coquimbo. El matrimonio fue asesinado en la madrugada del 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar de la dotación del Regimiento Arica de La Serena, en el valle de Elqui. Ernesto tenía poco menos de dos años de edad y se quedó solo en la Quebrada de Gualliguaica, cerca de la frontera con Argentina. Hasta que se llevó un joven oficial. Su madre permanece desaparecida. Los restos de su padre fueron recuperados en 1990 y enterrados en el cementerio de Vicuña. El hallazgo en los cajones de los abuelos fue solamente el punto de partida para la larga jornada de Ernesto en procura de la verdad y la justicia. La historia comenzó […]
Una coalición de 20 territorios de los Estados Unidos, encabezada por California y Massachusetts, presentó una demanda contra la nueva regla propuesta por la Administración del Presidente Donald Trump para detener de forma indefinida a menores inmigrantes. La acción legal, que se interpuso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, fue dada a conocer por el Gobernador de ese estado, Gavin Newsom, y su fiscal general, Xavier Becerra, quien criticó a Trump por ignorar un fallo judicial que limita a 20 días la detención de niños indocumentados. Esta nueva regla pone cruelmente en peligro la seguridad y el bienestar de los menores. Socava un acuerdo de décadas alcanzado en la corte por el gobierno federal para evitar la detención ilegal de niños inmigrantes, expresó Becerra en una declaración. Ningún niño merece ser dejado en condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad. Estamos llevando a la administración Trump a los tribunales para protegerlos del daño irreparable causado por la detención ilegal e innecesaria. Con nuestros socios en todo el país, lucharemos por los más vulnerables entre nosotros, añadió. El pasado 21 de agosto el ejecutivo del republicano anunció una regulación que eliminaría el límite de tiempo de 20 días establecido por el llamado Acuerdo de Flores, un fallo judicial de 1997 y ratificado en 2015 que prohibió mantener encarcelados a los menores por un tiempo mayor a ese. Con la nueva regla, que para entrar en vigor necesitaría la aprobación de un juez, según indican medios estadounidenses, el ejecutivo podría enviar a las familias capturadas al entrar ilegalmente a este país a centros destinados a retenerlas durante todo el tiempo que demore la resolución de sus casos migratorios. Actualmente, los inmigrantes detenidos tardan de dos a tres meses como promedio para que se juzguen sus casos, pero funcionarios que se refirieron al tema dijeron que no habrá límites en cuanto al tiempo que una familia puede ser encarcelada bajo la nueva disposición. La Casa Blanca había presionado continuamente al Departamento de Seguridad Nacional para cambiar el Acuerdo de Flores, pues Trump y miembros del Partido Republicano sostienen que el límite de los 20 días alienta los inmigrantes indocumentados a llegar a la frontera con niños, porque esperan ser liberados junto a los menores. Funcionarios de la administración reconocieron la posibilidad de que se presenten demandas en su contra, pero estimaron que la medida enviará un poderoso mensaje a las familias inmigrantes de que viajar con niños a Estados Unidos ‘no es un pasaporte’ para que se les libere una vez detenidos. La acción legal de este lunes constituye la demanda número 57 presentada por California contra la Administración Trump, 13 de las cuales están relacionadas con políticas de inmigración. Washington, 26 agosto 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
