La regla anunciada por el Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de disminuir la inmigración legal de personas pobres, genera un creciente rechazo al igual que otras políticas del mandatario sobre este tema. Hecha pública el pasado 12 de agosto y prevista para entrar en vigor 60 días después, la medida aumenta la capacidad de la administración de rechazar las tarjetas verdes (residencia permanente) de inmigrantes dependientes de ayuda gubernamental. Bajo críticas de defensores de dichas personas, quienes se benefician de cupones para adquirir alimentos y programas sanitarios y de vivienda de bajo costo, la iniciativa define el concepto de “carga pública” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa norma concede al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para negar a los solicitantes las tarjetas verdes, las visas o la entrada a Estados Unidos si existe la posibilidad de que se conviertan en problemas económicos. Reportes de prensa recordaron entonces que la mencionada clasificación se ha referido históricamente a alguien que depende principalmente de la Administración para subsistir. El Gobierno de Trump, empeñado en reducir la inmigración ilegal y legal, retrató la regla como una forma de promover la suficiencia y la independencia entre los inmigrantes, apuntó la publicación The Hill. Según legislaciones vigentes desde 1996, “carga pública” incluye a quien necesita la asistencia gubernamental para recibir más de la mitad de sus ingresos. De esa forma, expuso la cadena de televisión CNN, solo se contaban beneficios recibidos en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social. “Ciertamente esperamos que las personas de cualquier ingreso puedan sostenerse por ellas mismas”, afirmó el director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Alguien pobre puede prepararse para ser autosuficiente, así que no veamos eso como si todo fuera el final”, agregó el funcionario. Sin embargo, la recepción de uno o más de los beneficios públicos en 12 meses dentro de un período de tres años por cualquier no ciudadano se considerará un factor negativo para determinar si se convierten en una carga pública. Además, la regla contiene una lista de otros elementos, como la edad, los cuales se evaluarán juntos para emitir una decisión. Cuccinelli enfatizó que la determinación es una “prueba de la totalidad de las circunstancias”, y la medida no sustituye la acción del Congreso ni socava la necesidad de reformas migratorias más amplias. Para protectores de los inmigrantes, este paso discriminará a las personas provenientes de los países más pobres, mantendrá a las familias separadas y alentará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir. También, estimaron, penalizará a quienes poseen visado de trabajo y demandan alguna asistencia pública de manera temporal. Los inmigrantes de la tercera edad que obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados también podrían verse obligados a dejar esos apoyos o arriesgarse a ser considerados carga pública, y no se les […]
DD.HH.
La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunció que nuevos mensajes divulgados refuerzan que el ex Presidente es víctima de una conspiración de agentes públicos para condenarlo, sacarlo de la vida pública y dañar su honor y reputación. En una nota firmada por los abogados Cristiano y Valeska Zanin Martins y publicada en la página del Partido de los Trabajadores de Brasil se hace referencia a filtraciones del sitio digital The Intercept y el diario Folha de Sao de Paulo. Según la defensa, “los mensajes están directamente relacionados con los dos procesos claramente corruptos que se originaron en la 13 Corte Federal de Curitiba (casos Triplex y Sitio) y en el que se impusieron condenas injustas a Lula, una de las cuales se utilizó para privarlo de su libertad mediante la ejecución anticipada de la sentencia, incompatible con la Constitución Federal”. También, señalan los juristas, se sancionó al ex dirigente obrero para sacarlo de las elecciones presidenciales de 2018, incluso después de haber obtenido dos decisiones preliminares del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2018 para que pudiera concurrir hasta que se le asegurara un juicio justo. El comunicado refiere que “los mensajes publicados el 12 de junio por The Intercept muestran que las investigaciones contra Lula y personas relacionadas con el expresidente se iniciaron a partir de un comando emitido por el ex juez Sérgio Moro al fiscal Deltan Dallagnol”. Detalla que la Operación Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba “efectivamente comenzó a investigar formalmente a Lula en este momento a través de un sinsentido en la vida del expresidente, sus empleados, colaboradores, personas relacionadas e incluso abogados, con la ruptura de secretos bancarios, fiscales y telefónicos”… Para la defensa, Lula fue condenado y encarcelado incluso después que Moro reconoció que ningún valor de la constructora Petrobras fue dirigida al ex mandatario y él jamás solicitó o recibió la posesión o propiedad del apartamento triplex en Sao Paulo o de cualquier otro inmueble que le fue atribuido por el sistema de justicia. Brasilia, 19 de agosto 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
El siguiente es el texto de las palabras de nuestro Director, Marcel Garcés, en funeral el lunes 2 del presente mes de agosto, en el Cementerio General, del periodista Carlos Cádiz, fallecido tras una larga enfermedad. Cádiz formó parte del equipo de reporteros del diario El Siglo, y, luego en su exilio, del equipo de redactores del programa “Escucha Chile”, de Radio Moscú. Garcés, señaló en la oportunidad, en nombre del equipo de “Crónica Digital”: “Dicen que solo mueren a quienes se olvida. Y quiero decir que nosotros, los que le conocimos a Carlos Cádiz, los que trabajamos con él en El Siglo, los que militamos con él en el periodismo de trinchera, los que compartimos realidades de la lucha antidictatorial, los que combatimos desde el periodismo y la militancia gremial y política, por la justicia y el progreso social, siempre por la democracia, los derechos humanos, por la libertad y por la vida, no lo olvidaremos. Carlos Cádiz fue protagonista y testigo de esos días de épica, de compromiso, de alegría y de dolores. Compartimos los sueños de futuro, la victoria de la Unidad Popular, participamos con él en el jolgorio de los triunfos y festividades, le escuchamos cantar tangos inmortales, pero también lloramos nuestras penas. Por ello decimos que no morirá en nuestro recuerdo y en el balance de los días compartidos, con su entrañable familia, la compañera de su vida, Nancy y sus hijos. Nos sentimos parte de esa familia que muchas veces nos acogió, hospitalarios. Convivimos en el Chile vibrante de la épica del triunfo popular y las metas luminosas, y en los días trágicos de la dictadura, pero también cuando la lucha recuperó su puesto en la historia, porque sin hombres como Carlos, no se podía reconstruir la esperanza. Carlos Cádiz también participó, durante sus vacaciones en Hungría y en sus responsabilidades políticas del exilio, en “Escucha Chile”, de Radio Moscú, donde su colaboración también fue notable, aportando con sus opiniones y en el trabajo cotidiano. Vuelto a Chile se incorporó a las filas de su pueblo, aportando desde la base social y otras responsabilidades, a la recuperación democrática del país. Nunca olvidó donde estaba su lugar y donde podía contribuir a la lucha por un mundo mejor. Y en este momento de despedida, no podemos dejar de repetir, que “solo mueren a quienes se olvida”. Y a Carlos Cádiz, como a muchos otros, no lo olvidaremos. Por Marcel Marcel Muñoz Periodista Director de Crónica Digital Santiago de Chile, 16 de agosto 2019 Crónica Digital
Los medios de comunicación de Nicaragua reprodujeron hoy la advertencia de los expertos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz sobre la manipulación mediática y ñas noticias falsas en las redes sociales acerca de la realidad del país. Los integrantes de la Comisión, encargada de investigar y esclarecer los sucesos relacionados con el intento de golpe de Estado de abril de 2018 y la ola de violencia asociada, destacaron que acciones de ese tipo obstaculizan el proceso y ponen entredicho sus resultados. El titular del grupo de expertos, Cairo Amador, instó a sus compatriotas a “promover el buen uso de las redes sociales y medios de comunicación, ante el incremento de noticias falsas, que no contribuyen al proceso de paz y reconciliación que anhelamos todas y todos los nicaragüenses”. Pedirles encarecidamente, agregó, “que todos nos comprometamos a hacer un llamado a no seguir utilizando las redes sociales solo con fines de seguir deteriorando la imagen de Nicaragua, siempre divulgando noticias falsas”, enfatizó. La comisión de expertos explicó que personas malintencionadas alteraron la lista de privados de libertad en relación con la intentona golpista al incluir a 17 personas que no están verificadas por las investigaciones. «En relación con una lista de privados de libertad esta comisión (señala) que los nombres ahí indicados no fueron incluidos en la Mesa de Negociaciones y, por lo tanto, no fueron confirmados, conciliados, ni fueron remitidos al Comité de la Cruz Roja Internacional”, aclararon al recordar como fue el proceso. Sin embargo, señalaron que esas nuevas 17 personas serán investigadas de igual forma que lo fueron los 927 detenidos confirmados gracias al trabajo de los expertos. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz presentará a finales de agosto un cuarto informe sobre los hechos acontecidos en Nicaragua el pasado año, cuando grupos opositores trataron de tomar el poder de forma violenta. Cifras actualizadas gracias a las investigaciones de la comisión indican que la intentona golpista dejó, además de los detenidos, un saldo de 253 muertos, 2 mil 18 heridos, y pérdidas económicas superiores a los mil millones de dólares. Esta no es la primera ocasión en que los expertos nicaragüenses advierten sobre manipulaciones de este tipo. En ocasiones anteriores denunciaron informes que por ejemplo aumentaban exponencialmente el número de víctimas con la inclusión de falsos positivos, y supuestos enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas del orden cuando el país se encontraba en absoluta calma. Managua, 15 de agosto 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La Bancada de la Revolución Ciudadana denunció que con el juicio político contra cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el Gobierno de Lenin Moreno instala un estado dictatorial en Ecuador. Dicho proceso contra José Carlos Tuárez, presidente del Cpccs y los consejeros Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá, democráticamente electos, carece de todo sustento constitucional y legal, afirmó a través de un comunicado. “Todas y cada una de las causales que se han pretendido configurar son inexistentes y únicamente se sostienen en una consigna política”, enfatizó. La Bancada calificó este juicio de persecución con el cual pretenden cambiar una mayoría incómoda para el Gobierno de Lenin Moreno. “Lo ocurrido en la Asamblea Nacional es una muestra más que en Ecuador se vive al margen del estado de derecho, que se atropella un principio básico como la independencia de funciones y se ignora la voluntad de millones de personas que votaron por la actual conformación del Cpccs”, subrayó en el texto. Asimismo denunció que, tras estos vergonzosos actos de destitución ilegal e ilegítima, se instala un estado dictatorial en el país y se viola la Constitución de la República y otras normas vigentes. Ayer, el pleno 617 de la Asamblea Nacional destituyó con 84 votos a favor a los cuatro miembros citados del Cpccs que fueron acusados de un supuesto incumplimiento de funciones. El ex Presidente Rafael Correa recalcó a través de su cuenta en Twitter que la destitución de los cuatro consejeros del Cpccs no alineados con el Gobierno, es un nuevo golpe blando. “Es un imposible en democracia. Prácticamente todos ellos sacaron más votos que los asambleístas que los censuraron. La Asamblea nuevamente descabeza otra función del Estado”, recalcó. El Cpccs es una entidad autónoma que forma parte y lidera la Función de Transparencia y Control Social de Ecuador y tiene responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias. También tiene influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. El pleno 617 de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) destituyó a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), incluido su presidente, José Tuárez, tras un juicio político considerado sin sustento legal. La moción de censura y destitución de esos integrantes del Cpccs obtuvo 84 votos a favor. Tuárez, junto con los consejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, fueron acusados de un supuesto incumplimiento de funciones, en un acto que más parece una muestra de “persecución política de grupos de poder”. Quito, 15 de agosto 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Casi cuatro de cada cinco adultos en Estados Unidos sienten estrés por la posibilidad de un tiroteo masivo, de acuerdo con una encuesta divulgada hoy. Realizado por la firma The Harris Poll, el sondeo determinó que el 33 por ciento de dichas personas no asiste a eventos públicos y determinados lugares, como centros comerciales, escuelas y universidades, y cines, por miedo. También precisó que el 62 por ciento de los padres asegura vivir con temores a que sus hijos puedan ser víctimas de tales hechos en cualquier momento. Las noticias sobre tiroteos masivos son frecuentes en este país, donde se estima que la población de 327 millones de habitantes posee el 46 por ciento de los cerca de 857 millones de armas de fuego existentes en el orbe en manos de civiles. A juicio de Arthur C. Evans Jr., director ejecutivo de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, que encargó la pesquisa, las matanzas con armas de fuego provocan daños a la salud mental y afectando la vida cotidiana de muchos norteamericanos. Mientras más hechos de este tipo ocurran en sitios a los cuales acudimos frecuentemente, mayor será el impacto, señaló Evans, citado por reportes periodísticos. Puntualizó que no es necesario experimentar directamente esos acontecimientos para sentirse afectado, pues “solo enterarse de que ocurrieron puede implicar un impacto emocional con repercusiones negativas”, agregó. En opinión de Evans, “resulta importante que la gente y los legisladores se den cuenta de que este no es un problema sin solución, sino algo cuya posibilidad de cambio está en nuestras manos”. Dicha encuesta fue realizada por Internet del 8 al 12 de agosto y tuvo una muestra de dos mil 17 personas mayores de 18 años de edad residentes en diversos lugares del país. El 3 y el 4 de agosto, con 13 horas de diferencia, dos tiroteos en las ciudades de El Paso, Texas; y Dayton, Ohio, dejaron 31 muertos y 51 heridos. Según el Archivo de la Violencia Armada, un grupo sin fines de lucro que posee una base de datos sobre los hechos relacionados con armas de fuego, desde el inicio de este año hubo 259 tiroteos masivos en el territorio norteamericano. Washington, 15 de agosto 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dedica sentidas palabras a uno de sus rostros más longevos, Rosa Roisinblit, vicepresidenta de esa organización argentina de derechos humanos, quien llega a sus 100 años de vida. Acompañada por sus compañeras, guerreras de lucha por la justicia social, y de esos nietos y nietas que lograron recuperar su identidad en estos más de 40 años de una dictadura sangrienta que aún mantiene las heridas abiertas, Roisinblit es uno de los grandes referentes de los derechos humanos en este país. Pese a su avanzada edad, aún está en pie de lucha, creyendo y aspirando a una mejor Argentina, hoy al lado de su nieto recuperado, Guillermo Pérez Roisinblit, quien nació en cautiverio en la otrora Escuela Mecánica de la Armada, fue apropiado y a los 19 años logró reencontrarse con su abuela. “Queremos desear muy feliz cumpleaños a nuestra vicepresidenta y compañera de lucha Rosa Roisinblit. Rosa encontró a su nieto hace 19 años y a sus 100 años continúa asistiendo a las reuniones de comisión y participando de actividades, para seguir transmitiendo su experiencia y enseñanzas”, señaló en un comunicado la Asociación que dirige Estela de Carlotto. Pasado ya varias décadas de aquella triste fecha donde perdió a su hija, hoy la longeva luchadora sigue aun tratando de conocer el paradero de su querida Patricia y su yerno, José Perez Rojo, detenidos–desaparecidos durante la última dictadura militar. Varios de esos nietos recuperados le desean felices 100 primaveras, entre ellos el diputado Horacio Pietragalla quien escribió: hoy la vice de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit cumple 100 años. Jamás bajó los brazos, encontró su nieto hace 19 años y hasta el día de hoy continua en la búsqueda de los nietos que faltan, fuerte, con carácter y mucho amor. A las congratulaciones también se sumó su nieto Guillermo quien la calificó como “una mujer enorme, con un coraje inigualable y un temple único. Transgresora, valiente y abnegada, quien lleva 42 años luchando por los derechos humanos de todas y todos. Feliz cumpleaños, Baba”, apuntó. Buenos Aires, 15 de agosto 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Un enorme revuelo provocaron las declaraciones del senador Alejandro Navarro Brain en el Encuentro del Foro de Sao Paulo desarrollado en Caracas. “Tenemos una Constitución maloliente, caduca, que tenemos que cambiar. Labrada a sangre y fuego en dictadura, y que aún los chilenos no hemos podido acabarla y cambiarla”, declaró. Estos comentarios desencadenaron cuestionamientos de los partidos de la derecha y la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. Pidieron la revocación del congresista como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Hace casi 40 años hubo un notable chileno que pagó con su vida consideraciones similares sobre la Constitución. Se llamaba Eduardo Frei Montalva y había sido Presidente de Chile. El 10 de agosto de 1980, en discurso transmitido por cadena nacional, Augusto Pinochet anunció la realización de un plebiscito para imponer una nueva Constitución Política: sería el siguiente 11 de septiembre, cuando ya se cumplían siete años del golpe de Estado. Eduardo Frei se indignó. Su inmediata convicción fue que el texto constitucional y el mecanismo determinado para imponerlo carecían de toda legitimidad democrática. El 27 de agosto Frei encabezó un acto multitudinario en el Teatro Caupolicán de Santiago para expresar su rechazo a la Constitución de la tiranía, en lo que fue el único acto público opositor tolerado durante el mes previo al plebiscito. “Después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí reunidos. Esta es una ocasión solemne. Representamos hoy día la continuidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa mayoría”, comenzó. Explicó: “Esta Constitución, gestada primero por un grupo designado por el gobernante (Pinochet), fue después modificada por el Consejo de Estado que él también eligió. Estos dos organismos representaban un sector muy limitado de la ciudadanía. La Junta Militar, por último, revisó esos textos para terminar elaborando uno que empeora aún más las proposiciones que le fueron presentadas”. Señaló que, durante el período previo a la entrada en plena vigencia de la Constitución (es decir, en 1990), la dictadura podría “dictar las leyes interpretativas y orgánicas que completen la Constitución propuesta, las que se refieren, entre otras materias decisivas, al Tribunal Constitucional, al sistema electoral y al Tribunal Calificador; a la organización de los partidos políticos; al funcionamiento del Congreso; al Poder Judicial; a la Contraloría General de la República; al Banco Central; y a las entidades regionales y municipales. Es decir, quedará en sus manos conformar las instituciones más importantes de la vida de la nación”. “Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla”, denunció. Al mismo tiempo, Frei aseveró que “este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad”. Dijo que no era válido, “porque no se puede llamar a un plebiscito […]
El abogado Marcelo Santa Cruz, hermano del preso político desaparecido Fernando Santa Cruz, afirmó que el presidente Jair Bolsonaro miente, además de actuar con crueldad e irresponsabilidad en sus declaraciones. La indignación afloró en la sociedad brasileña después que Bolsonaro confesara el lunes que sabía acerca de la historia de muerte de Fernando, desaparecido el 22 de febrero de 1974 y, según informes militares, asesinado por las Fuerzas Armadas. Pese a estas legales evidencias, el político de extrema derecha comentó que el funcionario público y miembro de la organización Acción Popular (AP) fue ejecutado por un grupo armado de izquierda y no por militares. A este respecto, Marcelo recordó que la versión oficial de la desaparición de Fernando atestigua que fue asesinado bajo la acción violenta de agentes estatales. Un nuevo certificado de defunción ratifica esta versión e incluso será tema durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa del estado de Pernambuco (nordese). “Nuestra familia siempre ha estado marcada por la persecución política”, dijo el jurista. Reveló que fue expulsado de la Facultad de Derecho y su hermana Rosalina permaneció en prisión durante un año, y resultó “brutalmente torturada”. Fernando, quinto de 10 hermanos, fue arrestado por el Destacamento de Operaciones de Información–Centro de Operaciones de Defesa Interna (DOI–CODI), órgano subordinado al Ejército durante la dictadura militar, en Río de Janeiro, y nunca más fue encontrado. “Lo que él (Bolsonaro) dijo es una crueldad desmedida. La agresión no tiene límite, es irresponsable en cada prueba”, remarcó el letrado. Marcelo, Fernando y Rosalina son hijos de Elzita Santa Cruz, quien murió el 25 de junio a los 105 años. Desde 1974 ella trató de averiguar el paradero de su hijo. “Es como si Fernando hubiera sido asesinado nuevamente”, señaló el abogado sobre las inoportunas declaraciones del Mandatario de ultraderecha. Brasilia, 1 de agosto 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
Desde Iquique llega la noticia: sectores de la derecha insistirán en intentar modificar el nombre de la Avenida Salvador Allende, remplazándolo por el nombre que se impuso en tiempos de la dictadura: Pedro Prado Ortiz, un soldado que –aseguran– habría sido acribillado por los “extremistas marxistas” que en 1973 intentaban oponer resistencia al “pronunciamiento militar”. De acuerdo a la información publicada por el diario “La Estrella de Iquique”, ya hubo un intento de cambiar el nombre a esta avenida: el 2 de agosto de 2018 se rechazó en el Concejo Municipal, por seis votos en contra, cuatro a favor, y una abstención, la moción. Agrega que ahora Mario Díaz, dirigente de la Agrupación de Vecinos Plaza Pedro Prado Ortiz, pretende reflotar. Según el matutino, “asegura haber sido compañero en el Ejército del difunto soldado, quien murió el 1 de octubre de 1973 producto de un disparo proveniente desde el Cementerio 3 (…) Es de la idea que se respete la memoria del ex militar y juntará firmas de habitantes de esta vía para que la avenida vuelva a tener su antiguo nombre”. Díaz se preguntó: “¿Con qué fin cambian (el nombre de) las calles? Pura politiquería”. El planteamiento es compartido por el concejal independiente pro UDI, Felipe Arenas, que anunció que ingresará la idea al Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Iquique, para que luego se vote en el Concejo Municipal. “Fue una estupidez cambiarle el nombre a la calle”, aseveró. El episodio parece ilustrativo de la ceguera que un sector de la derecha mantiene en relación a la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos durante los tiempos de la dictadura cívico–militar. Existen antecedentes de que el conscripto Pedro Prado Ortiz fue una víctima más de la tiranía. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) dice: “El 1º de octubre de 1973 falleció Pedro Rolando PRADO ORTIZ, de 19 años de edad, Soldado Conscripto integrante del Regimiento Nº 6, Tarapacá. Ese día, mientras se encontraba cumpliendo labores de vigilancia en la puerta del Cementerio de Iquique, recibió un impacto de bala en la región subclavicular izquierda, de parte de un francotirador desconocido, que le provocó la muerte de manera sorpresiva y actuando sobre seguro”. Y concluye: “Considerando especialmente que el afectado desarrollaba funciones de vigilancia de un bien público; y que en esas circunstancias su muerte fue producto de un ataque sorpresivo y sin dar lugar a defensa, esta Comisión se formó la convicción que el soldado Pedro Prado murió por el atentado que perpetraron en su contra particulares que actuaban bajo motivaciones políticas, violando sus derechos humanos”. La alusión a “particulares que actuaban bajo motivaciones políticas” se sustenta en la versión que proporcionó entonces la dictadura: que habría sido acribillado mientras que escapaban los prisioneros políticos Jorge Rogelio Marín Rossel y William Robert Millar Sanhueza. Ambos hoy son detenidos desaparecidos. De acuerdo a la información disponible en el sitio Memoria Viva, Marín Rossel tenía 19 años a la fecha de su detención; era casado […]
