Su “más enérgico repudio a la profanación cometida contra el funeral y la sepultación de Héctor Cuevas”, manifestó el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) en un comunicado público recogido por la revista “Análisis”, en una crónica titulada “un funeral increíble”. Era octubre de 1985 y la tiranía había, en efecto, profanado la ceremonia de despedida en el Cementerio General del reconocido presidente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción: intentando apropiarse del ataúd, profiriendo brutales golpizas a los que osaron asistir y llenando el lugar de gases lacrimógenos. Resulta interesante recordar este episodio a propósito de la polémica sobre el respeto que se debe tener en los cementerios, la que se ha generado por el incidente que la Ministra de Educación enfrentó con una profesora durante el pasado fin de semana en el Cementerio General. El timonel de los trabajadores de la construcción, Héctor Cuevas Salvador, era militante del Partido Comunista y respetado líder sindical. Por su coraje, lo conocían como “El Loco Cuevas”. Había asumido responsabilidades en el gremio a inicios de septiembre de 1973. Una de sus primeras decisiones fue que el local de la entidad continuaría funcionando con sus puertas abiertas. El periodista Luis Alberto Mansilla recordó en la revista “Araucaria de Chile” N° 32 (1985) que “fue el primero que organizó una asamblea pública sindical en el Teatro Caupolicán en 1975”, en la que Cuevas “denunció los campos de concentración, las torturas y cómo centenas fueron detenidos en el carbón, en Tocopilla, en Antofagasta, en los cordones industriales de Santiago”. Lo arrestaron también y estuvo preso hasta finales de 1975 en “Tres Álamos” y “Puchuncaví”. Agrega que “el primer paro de larga duración (contra la dictadura) lo realizaron en 1982 los obreros de la construcción de Colbún Machicura. Cuevas estuvo a la cabeza de ese movimiento que se prolongó durante meses”. Inmediatamente después de ese conflicto, y luego de una masiva convocatoria a un acto en la Plaza de Artesanos por parte de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), la dictadura resolvió la expulsión del país de Hector Cuevas y Manuel Bustos, quienes encabezaban esta entidad que se proponía reconstruir la unidad de los trabajadores organizados. Fue en el acto donde hicieron su siniestro estreno los denominados “gurkas”, civiles que se encargaron de golpear brutalmente a los manifestantes y que, más tarde, se acreditaría que eran agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). La expulsión fue dispuesta por la dictadura el viernes 3 de diciembre de 1982. Recuerda Mansilla: “La operación requirió de la violencia y la fuerza de varios ‘roperos’ de la CNI. Cuevas empleó los puños, los pies, las piernas, los dientes para defender su derecho a vivir en el país en que nació. Le llevaron arrastrándolo hasta un avión con destino a Río de Janeiro y lo arrojaron en su interior como un bulto golpeado. Y aún así quiso bajarse, con grilletes en las manos y los pies”. “En la República Democrática Alemana (RDA) los médicos descubrieron que sus frecuentes dolores internos […]
DD.HH.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil criticó la cancelación de la asistencia el miércoles del ex juez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, a la Cámara de Diputados para que explique el escándalo que enfrenta por mensajes. “¡¿Se escapó?! ¿A que le teme Moro? La convocatoria fue transformada en invitación y él había marcado su ida. Ahora volverá a ser convocatoria. Moro tiene que dar muchas explicaciones a Brasil”, escribió la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, en la red social Twitter. El Ministerio de Justicia no explicó el motivo de la ausencia de Moro ni propuso nueva fecha. Según el diario “OGlobo”, el ministro no comparecerá el 26 de junio ante la Cámara de Diputados de Brasil, tal y como estaba previsto. Viajará a Estados Unidos dentro del marco de una visita en materia de Inteligencia y Seguridad. Desde el 9 de junio, el sitio digital The Intercept publica una serie de conversaciones de Moro con fiscales e investigadores de la operación anticorrupción Lavo Jato a través de diferentes plataformas de mensajería. Tales contactos demuestran una violación del Código de la Magistratura, por lo que la pasada semana Moro compareció y trató de justificar cínicamente sobre el contenido de los mensajes en la Comisión de Justicia del Senado. La inédita y comprometedora comunicación con agentes públicos hace emerger la duda sobre su imparcialidad, así como la falta de ética cuando era un juez federal y encarceló al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos hechos de corrupción. Lava Jato protegió a exjuez Moro, según nuevos mensajes Fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato buscaron proteger a Moro de posibles cuestionamientos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y otras instancias. Casi todos los medios periodísticos ampliaron la revelación que emergió por una asociación del sitio The Intercept Brasil y el diario Folha de S.Paulo que tuvieron acceso a las inéditas conversaciones entre fiscales y jueces. De acuerdo con las fuentes, los mensajes sacan a la luz que Moro y agentes públicos de la Lava Jato temían que el entonces magistrado del STF, Teori Zavascki, quien falleció en un accidente aéreo en 2017, compartiera en un momento crítico las investigaciones bajo el control del ex magistrado en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Por descuido, según las conversaciones filtradas, el 22 de marzo de 2016 la Policía Federal anexó los documentos del caso Odebrecht a los de un proceso de la Lava Jato sin preservar su sigilo, lo cual permitió la divulgación del material por un blog. Entonces Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, envió un mensaje al coordinador de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, quejándose de la Policía, la cual no podía “cometer esa clase de error”. Dallagnol animó al exjuez y le prometió apoyo incondicional. “Haremos todo lo que sea necesario para defenderlo de injustas acusaciones”, escribió. The Intercept publica desde el 9 de junio una serie de mensajes, chats, audios y pláticas que ponen en entredicho la integridad y ética […]
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) avanza a la construcción de tres millones de hogares para el cierre del año, de los cuales dos millones 688 mil 821 ya fueron entregados. Al respecto, el titular de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, indicó que esta semana fueron otorgadas 30 viviendas en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Cayaurima de Ciudad Bolívar, parte de las 532 entregadas en los 11 municipios del estado de Bolívar. Pese a la guerra económica declarada por la derecha y el cerco económico impuesto por Estados Unidos, la GMVV continúa avanzando a través de la unión entre el Gobierno y el pueblo organizado, destacó. Hasta la fecha, el programa entregó además un millón 65 mil 738 títulos de propiedad urbana. Villarroel recordó que cualquier familia venezolana puede acceder a la solicitud para integrar este programa social sin importar su posición política. Los beneficiarios son familias trabajadoras del sector público, pero también del sector privado, de la juventud y del colectivo de personas con discapacidad, añadió. “Venezuela se presenta como líder mundial del derecho a la vivienda, nosotros la consideramos un derecho social antes que una mercancía y por eso seguiremos construyendo hogares con nuestro pueblo”, agregó. Caracas, 24 de junio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Entre 1990 y 2016 más de 26 000 personas afectadas, en especial niños, arribaron a la Isla. Cuba fue la única nación que organizó un programa integral de salud, masivo y gratuito para ellos. Es lo que calla la serie transmitida recientemente por HBO. Por ello, estimamos pertinente reproducir el siguiente trabajo publicado por “Granma”: El 26 de abril de 1986 el mundo quedó en shock. Un desastre de magnitudes catastróficas había tenido lugar en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada a poco más de 18 kilometros al noroeste de la ciudad de Chernobil, en Ucrania. Fue un sábado terrible y lo que sucedió ha pasado a la historia global, junto a lo ocurrido con Fukushima en Japón, como uno de los eventos más graves en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares. Los libros de historia hablan de un experimento de incorrecta supervisión, de una reacción incontrolable, de una insoportable expulsión de vapor y de cómo una radiación brutal se extendió por parte de Europa. Reportes periodísticos de la época indican que la cantidad de materiales radiactivos liberados a la atmósfera fue unas 500 veces mayor que el generado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima, y que 31 personas fallecieron como consecuencia del contacto tóxico. Fuera de la central, más de 100.000 ciudadanos ucranianos debieron ser evacuados. Alrededor de 600.000 personas participaron en el proceso de descontaminación. Muchos terminaron enfermos. Ante la solicitud de ayuda internacional del Gobierno de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba reaccionó. El paso al frente de la Isla, como ha ocurrido en todas las grandes obras de la Revolución, fue épico. A principios de 1990 los especialistas cubanos viajaron a Ucrania para evaluar la envergadura del problema y el tipo de ayuda que se podría brindar, consta en el sitio web «Fidel Castro, Soldado de las Ideas». El 29 de marzo llegaban a Cuba los pacientes. Fidel en persona recibió a los primeros 139 niños de zonas aledañas al accidente, quienes serían atendidos, como parte del Programa de atención integral a niños afectados por desastres, en el Instituto de Hematología de La Habana y en el Servicio de oncología del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez. Y allí mismo, junto a la escalerilla del avión IL–62, se anunció la disposición del Gobierno Revolucionario de recibir a no menos de 10.000 infantes para brindarles un tratamiento altamente especializado. El 28 de noviembre de 1997, en un discurso pronunciado por el Comandante en Jefe durante la clausura del VI Seminario Internacional de Atención Primaria, dijo: “Cuba sola ha atendido más niños de Chernobil que todo el resto de los países del mundo. Los medios de divulgación masiva del Norte no hablan de eso. ¡Casi quince mil niños! También hemos adquirido alguna experiencia en eso”. De esos niños, la mayoría recibieron tratamientos por periodos de 45 días en Cuba, aunque no pocos llegaban a estar un año o más en el balneario de Tarará, espacio que fuera adaptado como un hospital para las víctimas […]
¿Ha escuchado decir una sola palabra sobre Murtaja Qureiris al Gobierno de Chile o a sus partidarios de la derecha? Se trata de un joven de Arabia Saudita, prisionero desde los 13 años por “delitos” cometidos cuando tenía diez, que arriesgaba que se le aplicara la pena de muerte por crucifixión, con desmembramiento después de la ejecución, o por decapitación. Al parecer, según informó CNN en las últimas horas, habría obtenido una “benévola” sentencia de doce años de prisión. Se trata de un caso brutal de violación a los derechos humanos, por lo que resulta muy extraño el silencio de un Gobierno que asegura estar tan profunda y dramáticamente preocupado de la situación de derechos humanos en otras latitudes del mundo. Los cargos en su contra se relacionan con su participación en protestas en contra del régimen saudí e incluyen ser miembro de una organización terrorista. La oficina pública del fiscal saudita acusó a Murtaja en agosto de 2018 y recomendó que fuera ejecutado. Había sido detenido en septiembre de 2014. CNN publicó videos de Murtaja liderando un grupo de unos 30 niños en una protesta en bicicleta en 2011. En ese momento tenía 10 años. Las imágenes muestran al niño con un megáfono con el que gritaba: “El pueblo exige derechos humanos”. El contexto eran los levantamientos de la “primavera árabe” en Medio Oriente y el norte de África, y las protestas llegaron hasta las provincias orientales de Arabia Saudita. Su hermano mayor, Ali Qureiris, fue asesinado mientras participaba en una protesta el 2012. Durante el funeral, según las autoridades, los asistentes recitaron “consignas antigubernamentales”. La presencia del menor es uno de los cuatro cargos a los que se debió enfrentar el joven. Tres años después, en 2014, fue arrestado cuando viajaba con su familia al país vecino de Baréin. Estuvo encarcelado por tres años, sin cargos, primero en una celda bajo total aislamiento, antes de ser forzado a confesar. En 2017 fue conducido hasta un centro penitenciario de adultos. Las autoridades no le permitieron contactar con un abogado hasta la primera vista de su juicio, celebrada en agosto del año pasado ante una corte especializada en delitos de “terrorismo”. En noviembre de 2016, el Grupo de Trabajo de la ONU declaró creer que el menor había sido torturado y que sus confesiones «habían sido extraídas». Además, este grupo mantuvo que el arresto de Murtaja fue «arbitrario» y viola las normas internacionales. Al menos otros tres jóvenes, Ali al–Nimr, Dawood al–Marhoon y Abdulla al–Zaher, que también eran menores al momento de los delitos que se les imputa, fueron sentenciados a muerte y esperan su ejecución, de acuerdo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La agencia de noticias estatal saudita informó en abril pasado la ejecución masiva de 37 hombres, por “adoptar el extremismo, ideologías terroristas y formar células terroristas para corromper y subvertir la seguridad, difundir el caos y provocar discordia sectaria”. Entre los seres humanos a los que se arrancó la vida, […]
El Gobierno de Venezuela confirmó hoy visita oficial al país sudamericano de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del 19 al 21 de junio. La Cancillería de Caracas recordó en un comunicado que la llegada de la funcionaria responde a la invitación realizada por el Presidente Nicolás Maduro desde el pasado 26 de noviembre de 2018. De acuerdo con el texto, Bachelet podrá constatar “los amplios e históricos esfuerzos del Gobierno para promover y garantizar los derechos del pueblo venezolano”. Asimismo, la Alta Comisionada “conocerá las repercusiones negativas generadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, en clara violación del derecho internacional y de los instrumentos de derechos humanos”. “La presencia de Michelle Bachelet permitirá seguir profundizando los mecanismos de cooperación, asistencia y diálogo constructivo entre el Gobierno bolivariano y la Oficina a su cargo para consolidar los logros alcanzados por el modelo revolucionario y superar los desafíos que aún persisten en esta materia”, indica el documento. El Ejecutivo reiteró además su compromiso con los derechos humanos, así como su disposición para seguir cooperando con la Oficina de los Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas. La Oficina de la Alta Comisionada informó su visita a Venezuela anunciada desde el mes de marzo, cuando un equipo de expertos viajó al país como antesala. De acuerdo con un comunicado oficial divulgado por el organismo, la agenda de la también ex Presidenta chilena prevé encuentros con figuras del Gobierno y la oposición para tratar la actual crisis política que enfrenta el país. Bachelet tendrá reuniones con autoridades del poder jurídico, la Asamblea Nacional (Parlamento en desacato desde 2016) y la Asamblea Nacional Constituyente. El itinerario incluirá contactos “con víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos y con sus familiares”, precisó la Oficina. Caracas, 16 de junio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El senador Bernie Sanders, aspirante a la Casa Blanca estadounidense por el Partido Demócrata, llamó a la justicia brasileña a liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y anular su condena. “Durante su presidencia, Lula da Silva supervisó enormes reducciones en la pobreza y sigue siendo el político más popular de Brasil”, escribió el legislador por Vermont en la red social Twitter. “Estoy con los líderes políticos y sociales de todo el mundo que piden al Poder Judicial de Brasil que libere a Lula y anule su condena”, añadió el conocido político norteamericano en el servicio de microblogging. Sanders también se refirió al tema del ex Mandatario en un comunicado enviado al medio de investigación The Intercept, el cual reveló el domingo inéditas e ilegales conversaciones del cuestionado ex juez brasileño Sergio Moro con fiscales para incriminar a Lula, quien cumple 431 días encarcelado por supuestos actos de corrupción. Las conversaciones, obtenidas a través de una fuente anónima y publicadas en una serie de reportajes, muestran que la operación anticorrupción Lava Jato no resultó una acción jurídica, sino una cruzada política fuera de la ley. “Hoy, está más claro que nunca que Lula da Silva fue encarcelado en un proceso político que le negó un juicio justo y el debido proceso”, manifestó Sanders a The Intercept tras esas revelaciones. Por su parte, el representante demócrata Ro Khanna pidió a la Administración de Donald Trump, investigar el caso que llevó a prisión a Lula, luego de lo publicado sobre la conspiración de Moro para condenarlo y evitar el regreso al poder del Partido de los Trabajadores. “Este informe confirma lo que sabíamos todo el tiempo: que Moro era un mal actor y parte de una conspiración más grande para enviar a Lula a la cárcel”, dijo Khanna en una declaración. Consideró que si bien no corresponde a Estados Unidos emitir un juicio de hecho sobre la inocencia de Lula, el informe muestra que el ex magistrado no fue imparcial y coordinó con los fiscales. “Esto viola todas las normas judiciales y éticas. Espero que la Administración Trump apoye una investigación completa sobre este asunto dado que Lula todavía está en la cárcel y Moro es el ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonario”, apuntó el congresista por California. Trump expresó su apoyo al actual Mandatario brasileño desde que el controvertido político se impuso en las elecciones de su país en octubre de 2018, a pesar del llamado de los demócratas a condenar a Bolsonaro por considerarlo una amenaza para la democracia, los derechos humanos y la legalidad. Lula, por su parte, fue encarcelado el 7 de abril de 2018 y no pudo participar en los comicios en los que resultó vencedor el gobernante ultraderechista, para los cuales las encuestas daban como favorito al expresidente. Washington, 12 de junio 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
– Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente. 100 años de la OIT es el nombre de la muestra inaugurada este martes en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). – La muestra, de carácter interactivo y desarrollada junto al Museo de la Memoria y los DD.HH., busca visibilizar los principales desafíos que hoy enfrenta el mundo del trabajo. Podrá ser visitada hasta el 01 de septiembre en el Museo. Discriminación laboral, migración, trabajo infantil, esclavitud moderna y la mujer en el mundo del trabajo. Esos son los grandes tópicos sobre los que se basa esta nueva exposición de la OIT y el Museo de la Memoria y los DD.HH. A través de ellos se busca visibilizar las problemáticas que enfrenta el mundo del trabajo, promoviendo un diálogo que permita renovar el compromiso de impulsar la justicia social y el trabajo decente para todas y todos. En la inauguración, realizada este martes en el Museo de la Memoria, el director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América, Fabio Bertranou, señaló que “este espacio de la cultura y la memoria facilita el hecho de poner en perspectiva las contribuciones y avances que permitió un organismo multilateral de naturaleza tripartita como la OIT, donde gobiernos, trabajadores y empleadores han consensuado estándares mínimos que deben regular las relaciones de trabajo y otras dimensiones del mundo laboral con el objetivo de promover la justicia social. Estamos agradecidos al Museo de la Memoria y los DD.HH. por brindarnos este espacio para visibilizar el mandato y las acciones que realiza la OIT tanto en Chile como a nivel mundial.” La OIT es la agencia más antigua de Naciones Unidas, y se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro más singulares del sistema internacional, ya que su modelo de gobernanza tripartita representa una fuente de fortaleza y legitimidad. Trabajadores, empleadores y gobiernos se unen a través del diálogo para encontrar soluciones compartidas. EL Director Ejecutivo del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, destacó que “la muestra también permite denunciar la situación de desmedro laboral de las y los migrantes, tema al que el Museo le ha dado especial énfasis este 2019, decidiendo dedicar el año a relevar el derecho humano a la migración”. Durante la inauguración, Ruth Olate, presidencia del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, compartió su historia como trabajadora y el cómo logró instalar la discriminación a este tipo de empleo en los medios de comunicación y la opinión pública. Gracias a ello, en Chile se ratificó el Convenio 189 de la OIT y se promulgó la ley que hoy regula el trabajo doméstico. “Necesitamos ser respetadas como cualquier otro trabajador o trabajadora que hace aseo o cuida a los niños según contrato”, enfatizó. La muestra destaca en particular la labor que ha desarrollado la OIT durante 100 años por alcanzar la justicia social a través del trabajo decente, basando su acción en cuatro ámbitos (empleo, protección social, normas internacionales del trabajo y diálogo social), desde […]
Un total de 117 personas que fueron víctimas de los desmanes del exnazi Paul SchÃñfer en la ex Colonia Dignidad presentarán una multimillonaria demanda al Estado de Chile. La inédita acción judicial será interpuesta contra el Fisco en julio próximo por el abogado Winfried Hempel, por secuestro, esclavitud y trabajos forzados que debieron realizar por un promedio de 45 años los excolonos y prisioneros en ese enclave alemán ubicado en una apartada zona del sur de Chile. Según informó el jurista a la prensa, la demanda alcanza el millón de dólares para cada uno de los 117 reclamantes como reparación por los daños y sufrimientos irreparables durante esa larga etapa de sus vidas. En la Asociación por la Dignidad y Derechos Humanos Colonia Dignidad consideraron adecuado que se demande al estado chileno, que solo mostró omisión e ignorancia de los abusos de los excolonos y secuestrados de Colonia Dignidad’, informó Gabriel Rodríguez, miembro de esa organización. Al respecto dijo que el Estado ‘miró para el techo’ cuando se cometieron los abusos de esclavitud y secuestro por más de 45 años. Según reportaron los medios esta es la demanda de mayor envergadura interpuesta contra el Estado por los hechos de Colonia Dignidad, tanto por cantidad de víctimas representadas, como por el monto solicitado, pues anteriormente hubo otra acción similar presentada por 20 personas que fueron torturadas en ese predio. Paul Schaefer, excabo de las fuerzas armadas de la Alemania nazi huyó a Chile, donde convertido en predicador creó la comunidad Colonia Dignidad en la que adoctrinaba a sus miembros y los sometía a condiciones de esclavitud. Colonia Dignidad también sirvió como centro de torturas tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en septiembre de 1973 Las atrocidades cometidas en esa aislada comunidad de unas 13 mil hectáreas ubicada en una zona montañosa a 350 kilómetros al sur de esta capital, sólo se hicieron públicas al finalizar la dictadura de Augusto Pinochet. Schaefer debió enfrentar en 1997 varias querellas judiciales por lo que huyó del país, y tras ser detenido en Argentina en 2005 fue condenado en Chile al año siguiente a 20 años de cárcel por abuso sexual de niños, posesión de armas y violaciones a los derechos humanos, y murió en 2010, a los 88 años. Santiago de Chile, 11 de junio 2019 Crónica Digital /PL
Pueblos originarios de Chile llevan adelante recogida de firmas en respaldo a un documento que sería enviado a la ONU para que se pronuncie sobre una controvertida consulta indígena que impulsa el Gobierno. Según reportó Radio Universidad de Chile la iniciativa surgió en la comunidad aymara de la localidad de Socoroma, en el norte del país, y fue rápidamente acogida por otros pueblos originarios de esa zona. El comunero de esa etnia Richard Fernández informó que mediante ese documento buscan que se pronuncie Victoria Tauli-Corpuz, relatora de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, y también se brinde asistencia técnica a las comunidades para poder analizar a fondo las medidas que propone el Gobierno. Añadió que estas son consideradas regresivas en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Asimismo dijo que están invitando a otros pueblos originarios a sumarse a la iniciativa y, en especial, al Consejo de Todas las Tierras del pueblo mapuche, presidido por el werkén (alta autoridad) Aucán Huilcamán. Huilcamán, por su parte, declaró a medios de prensa que el próximo mes se reunirá con la relatora de Asuntos Indígenas de la ONU en Ginebra, en donde la Consulta Indígena será un tema fundamental. La consulta ha sido ampliamente rechazada por las poblaciones indígenas en todas partes del país sobre todo por las preocupaciones que ha generado el punto relacionado con la posibilidad de arrendar o vender las tierras que fueron restituidas por el Estado a las comunidades. Desde que se inició el proceso hace dos semanas se han registrado incidentes y protestas en comunidades desde Arica Parinacota y Atacama, en el norte; hasta O´Higgins, Biobio, Maule y La Araucanía, en el sur, con el rechazo por igual de los pueblos aymara, quechua, mapuche, licanantay y diaguita. Incluso numerosas reuniones han tenido que suspenderse por la bajísima asistencia de los interesados. El proceso promovido por el Gobierno de Sebastián Piñera debe culminar en diciembre tras recoger opiniones en unas 130 reuniones en las comunidades para reformar la vigente legislación, pero precisamente muchos de esos pueblos plantean no tener ningún interés en hacer tales cambios. Santiago de Chile, 7 de junio 2019 Crónica Digital /PL
