La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, advirtió que al menos la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de salud esenciales. En tanto, los gastos de salud empujan a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema cada año, dijo Espinosa en su discurso de apertura de la audiencia interactiva de múltiples partes sobre la cobertura universal en ese sector. Debido a esta causa, muchos se ven obligados a tomar decisiones que nadie debería tener que hacer, determinar si van a comprar medicamentos o alimentos, lamentó la alta representante. Destacó que la cobertura universal de salud es un derecho humano, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales También la Declaración Universal en 1948 recoge el derecho a la salud, y “siete décadas después de publicado ese documento, aún continúa como un sueño lejano para la mitad de la población mundial”, subrayó. Por su parte, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, se dirigió al evento por medio de videoconferencia desde República Democrática del Congo. De acuerdo con cálculos del Banco Mundial, para alcanzar las metas de acceso al agua y al saneamiento recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacen falta 114 mil millones de dólares anuales. Los participantes de la audiencia interactiva en la ONU discuten sobre la cobertura universal de salud como un motor para el desarrollo inclusivo y la prosperidad. Este evento es parte del proceso preparatorio para la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre cobertura universal de salud, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en la sede de la ONU, en Nueva York. Además de la presencia de representantes de los Estados miembros del organismo multilateral, la cita reúne a aproximadamente 600 representantes de la sociedad civil, Gobiernos locales, entidades de las Naciones Unidas, la academia, el sector privado y asociaciones médicas. Nueva York, 29 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
DD.HH.
Encabezado por Estados Unidos, con un 36 por ciento total, el gasto militar mundial superó los 1,82 billones de dólares en 2018, la mayor cifra desde la Guerra Fría, reveló un estudio. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) precisa en su informe anual que ese número equivale al 2,1 por ciento del Producto Interior Bruto global y es el más elevado desde 1988, cuando comenzó a recopilar esos datos. Según el texto, el pasado año el Gobierno de Donald Trump destinó a ese sector 649 mil millones de dólares, un incremento de 4,6 por ciento con respecto al lapso anterior. El aumento estuvo impulsado por la implementación desde 2017 de nuevos programas de compra de armas bajo la Administración Trump, subraya el documento. Estados Unidos gastó casi tanto como los ocho países que le siguen en la lista del Sipri. La segunda posición la ocupa China con 250 mil millones de dólares, un aumento de cinco por ciento, seguida por Arabia Saudita, India y Francia. Los cinco primeros en la lista en conjunto suponen el 60 por ciento del total mundial. El informe resalta que los 29 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte gastaron en esos 12 meses 963 mil millones de dólares, lo cual representa el 53 por ciento. En medio de una ofensiva diplomática y económica de varias naciones occidentales contra Rusia, los recursos destinados al sector en el centro y este de Europa se dispararon. Al respecto, el Instituto indica que Polonia aumentó su presupuesto bélico un 8,9 por ciento hasta los 11 mil 600 millones de dólares y Ucrania un 21 por ciento hasta los cuatro mil 800 millones de dólares. Mientras, los fondos de Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía crecieron de un 18 a un 24 por ciento, apunta. En Latinoamérica sobresale Brasil, cuyo Gobierno aumentó en cinco por ciento su gasto militar en 2018. Estocolmo, 29 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Con un paro general a las puertas y otra manifestación por el día internacional del trabajo, los argentinos se alistan para días de gran efervescencia social en medio de la crisis que se siente en el país. Sin transporte público, ni clases, hospitales con médicos en huelgas, los bancos y el sector judicial, desde este lunes comenzará a sentirse el eco de la protesta prevista para mañana martes, que se avizora dura, encabezada por las centrales obreras CTA Y CTA Autónoma, los trabajadores estatales y varios sindicatos de diversas ramas. Aerolíneas Argentinas canceló todos sus vuelos, en tanto que el servicio del Metro estará totalmente paralizado, no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas y tampoco funcionará el servicio en los bancos estatales. En medio del impacto que causó otra subida del dólar la semana anterior, que cerró a 47 pesos hundiendo aún más el ya devaluado peso, hay enorme preocupación en el país y mientras algunos hablan ya de las venideras elecciones, la agenda económico–social y los vaivenes del mercado financiero son temas recurrentes, en particular los ya casi impagables precios de algunos servicios y sobre todo de los alimentos, pues el alza constante del dólar hace encarecer aún más los productos. Pese a que el Gobierno lanzó un paquete de medidas para tratar de amortiguar la inflación, por ejemplo retomando planes sociales, el ajuste económico es rechazado por los sindicatos y organizaciones sociales que mostrarán su malestar en las calles. Desde Buenos Aires hasta la Patagonia, el paro del 30 de abril será la antesala de otra manifestación el 1 de mayo, en la que los trabajadores pedirán frenar los despidos y las suspensiones, mejores salarios y condiciones laborales, entre otras demandas. “Pobreza. Desempleo. Tarifazos. Represión. Cierre de fábricas. Inflación. Devaluación. Deuda. No se aguanta más. El 30 de abril, paro y movilización”, apuntó en la red social Twitter el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Buenos Aires, 29 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unida emitió las observaciones finales respecto del examen que rindiera el Estado de Chile en abril pasado, sobre la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual entró en vigencia en el país el 23 de diciembre de 2010. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, fue parte de la delegación del Estado, planteando al CED las principales preocupaciones del INDH en la materia. Una de las principales observaciones realizadas por el Comité fue el llamado a que el Estado intensifique sus esfuerzos de búsqueda de los/as detenidos/as desaparecidos/as de la dictadura y en democracia, cuya suerte aún no haya sido esclarecida y, en caso de que se esclarezca su fallecimiento, garantizar su identificación y la restitución de sus restos en condiciones dignas. En consecuencia el CED emplazó al Estado a que a través de sus organismos establezca una coordinación que permita mejorar la información de las investigaciones para encontrar a las personas detenidas desaparecidas, asegurando que se cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos para ello. En reparación además de instar a que se protejan todos los sitios donde se sospecha que pueda haber restos humanos de personas desaparecidas, el Comité llamó a asegurar la reparación integral de las víctimas. Respecto de este último punto emplazó a que el Estado cree una comisión de calificación permanente, que permita determinar si hubo víctimas de desaparición forzada no reconocidas por las comisiones de verdad. Legislación En materia legislativa, CED ONU emitió su preocupación respecto de que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como un delito autónomo. Es por esto que recomendó que el Estado adopte las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que esto se concrete y que la definición que se haga de este delito en la ley, se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención. En relación con lo anterior, el CED hizo énfasis en que la nueva legislación contenga penas coherentes con la gravedad del delito de desaparición forzada de personas y que quienes incurran en estas grave violación de derechos humanos sean siempre sancionados. Además señala que esta legislación debería permitir obtener una declaración de ausencia por desaparición forzada, independientemente de la fecha en que hubiese iniciado la desaparición, con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida, y la de sus allegados. También en este marco hace un llamado a que se aceleren las investigaciones relativas a casos de sustracción de menores y/o adopción irregular y desaparición de mujeres embarazadas; y que garantice que las víctimas puedan ejercer su derecho a recuperar su identidad si se determinase que la misma fue sustituida. Acceso a la justicia y otros El acceso a la justicia de las víctimas, es decir, de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, es otra […]
Este martes 23 de abril, el ministerio de Relaciones Exteriores junto al ministerio de Justicia y Derechos Humanos dieron a conocer una carta firmada por el Gobierno de Chile – junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia- donde exponen que el sistema de protección a los Derechos Humanos no puede “sobrepasar” la autonomía de los Estados. Para la diputada Carmen Hertz, esta posición del Gobierno es escandalosa. “Es lamentable que el Gobierno de Chile, junto con gobiernos de la extrema derecha de la región, se dirijan a un organismo fiscalizador del sistema de Derechos Humanos a nivel regional, para que no limiten el ejercicio de autonomía de los estados. Realmente la política exterior de Chile está sufriendo un vuelco, porque nosotros desde que comenzó la democracia hemos siempre reforzado los espacios multilaterales y los organismos fiscalizadores, tanto del sistema universal como del sistema interamericano de DDHH”, sostuvo la diputada Carmen Hertz, integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos de la Cámara. La diputada agregó: “que este Gobierno se una a los gobierno de extrema derecha para limitar el ejercicio de los organismo fiscalizadores en materia de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos es escandaloso”. Santiago de Chile, 24 de abril 2019 Crónica Digital
Al menos 254 personas murieron y mil 230 resultaron heridas en los enfrentamientos armados en Trípoli, capital de Libia, desde el 4 de abril, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo precisó que el conflicto, desatado por el ataque de las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar a zonas de esa ciudad provocó el desplazamiento de alrededor de 20 mil individuos. La OMS confirmó que continúa la ayuda en hospitales en las líneas de frente y reiteró su preocupación por el traslado de suministros sanitarios debido a las hostilidades. El conflicto se agudizó cuando el autodenominado Ejército Nacional de Libia, comandado por Haftar, ordenó a sus efectivos marchar sobre Trípoli y desde entonces se producen fuertes enfrentamientos con las fuerzas del Consejo Presidencial, Gobierno reconocido por las Naciones Unidas. Los mayores combates se registran en las áreas de Wadi Rabea, Sooq Al-Ahad, Airport Road, Ain Zara, Al-Aziziya y Heera, entre otras. La ONU pidió a las partes en conflicto una tregua humanitaria para realizar la evacuación de los civiles atrapados en el fuego cruzado y permitir la prestación de servicios de emergencia. Dividida de facto en tres administraciones y con presencia de varias milicias armadas, esta nación norafricana se encuentra inmersa en el caos y la guerra civil desde el derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi y su asesinato en 2011, en los que participaron Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Además del Consejo Presidencial, el país cuenta con otro poder desde el Parlamento en Tobruk, dominado por Haftar, y un tercero a raíz de la alianza que suponen las ciudades-estado de Misrata y Zintan, en el noroeste. Ginebra, 22 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a indemnizar a Iván Adolfo Parvex Alfaro y Victoria Jeannette Villagrán Aravena, quienes fueron detenidos en diciembre de 1975 y sometidos a torturas en el centro de detención de Villa Grimaldi, ex cuartel Terranova de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En el fallo la magistrada María Merino Verdugo ordenó el pago de la suma total de ciento sesenta millones de pesos, tras establecer la responsabilidad del Estado por el daño moral provocado a los demandantes, quienes fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil. La sentencia indica que la determinación se toma “considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la vida e integridad física a que fueron sometidos los demandantes con motivo de su detención y tortura por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, que incluye el tiempo que permanecieron prisioneros -casi un año-, el dolor y aflicción física provocados por la aplicación de torturas, el dolor y aflicción emocional por presenciar las torturas de su marido o mujer respectivamente, la angustia de temer por sus vidas, el hecho de hallarse en un estado de vulnerabilidad, el largo tiempo que vivieron en el exilio, lo que implicó no sólo abandonar intempestiva e involuntariamente sus relaciones laborales, sociales y afectivas, sino que además, implicó insertarse en una nueva idiosincrasia con todo lo que conlleva, es que corresponde acceder a la pretensión de los demandantes, ante el evidente daño moral”. Concluye que “por todo lo expresado se encuentra fehacientemente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes, debido a las detenciones y torturas cometidos por agentes del Estado, y por el posterior exilio del matrimonio, daños que no es sino una consecuencia inmediata y directa de dichas detenciones”. Santiago de Chile, 22 de abril 2019 Crónica Digital /villagrimaldi.cl
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto la condena en contra de siete comuneros mapuches y una activista chilena, sentencias otorgadas bajo la “ley antiterrorista”. A través de su vocero, Lamberto Cisternas, la Corte Suprema convocó para este lunes 22 de abril a una audiencia pública en la que resolverá la forma de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en el caso «Norín Catrimán y otros», que condenó a Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia Troncoso Robles. La sesión que revisará la sentencia, considerada inédita pues es la primera vez que el organismo internacional ordena dejar sin efecto el proceso de un tribunal interno, contará con la presencia de las defensas de los dirigentes mapuches, representantes del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y de la Cancillería chilena. Según la Corte IDH, los tribunales nacionales calificaron los hechos que rodean el caso como terroristas, vulnerándose el principio de la presunción de inocencia al no haberse definido estas conductas con claridad. Además, dichas sentencias discriminan al pueblo mapuche, vulnerando el principio de igualdad y no discriminación. Hasta la fecha, el Estado de Chile no ha dado cumplimiento a la sentencia debido a que en el país no existen regulaciones legales que lo permitan, y asimismo, no se encuentra vigente algún mecanismo que permita a la Corte Suprema dejar sin efecto las decisiones que la misma Corte ha dictado. En este sentido, la Corte Suprema deberá resolver la forma en cómo dar cumplimiento a una obligación internacional, generando un importante precedente para futuros fallos en materia de derechos humanos. Londres 38 convoca a organizaciones sociales y derechos humanos, a la sociedad civil en su conjunto a acompañar a las defensas de los comuneros mapuches implicados en el caso este lunes 22 de abril, a las 13:30 horas, frente a los Tribunales de Justicia (Compañía 1140, Santiago).
familiares y fuerzas políticas y sociales denunciaron hoy la profanación a un placa que recuerda el lugar donde fueron atacados brutalmente dos víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Desconocidos derramaron pintura roja sobre la placa conmemorativa, lo cual ocurre por cuarta vez, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado cartas en el asunto a pesar de las denuncias realizadas. En ese marco, el Partido Comunista, a través de su cuenta de Twitter, se unió a la denuncia y advirtió que la memoria de las víctimas de la dictadura pinochetista no puede seguir siendo socavada. Este martes familiares y amigos difundieron las fotos en redes sociales y emplazaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia para que se pronuncie respecto a la reiterada ofensa. La placa está colocada en el lugar donde el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y la joven psicóloga Carmen Gloria Quintana fueron atacados brutalmente el 2 de julio de 1986 por los militares Julio Ernesto Castañer González, Iván Humberto Figueroa Canobra y Nelson Fidel Medina Gálvez. Los tres uniformados miembros de una patrulla militar detuvieron a Rojas y a Quintana por haber participado en una manifestación, les rociaron gasolina y prendieron fuego y luego los envolvieron con frazadas y los abandonaron en un descampado en la periferia de esta capital. A consecuencia de las graves quemaduras Rojas falleció a los pocos días, pero Quintana sobrevivió, aunque con serias secuelas en parte de su cuerpo quemado y su rostro desfigurado. La noticia del horrendo suceso le dio la vuelta al mundo y desembocó en el caso Quemados, un larguísimo proceso judicial que solo finalizó en marzo último, cuando los tres militares, ya retirados, fueron condenados a diez años de cárcel por el crimen. Asimismo fueron condenados a tres años otros ocho exmilitares en calidad de cómplices, y absueltos el excomandante René Aníbal Muñoz Bruce y Pedro Fernández Dittus, este último por haber sido ya en 1993 condenado por ese caso. Las sanciones fueron recibidas por las familias de las víctimas con una mezcla de satisfacción e inconformidad, porque si bien finalmente se hizo justicia con los criminales, consideraron que las penas aplicadas resultaron leves en comparación con la magnitud del daño causado. Santiago de Chile, 17 de abril 2019 Crónica Digital /PL
Crónica Digital tiene el agrado de invitar a la presentación del libro de la periodista y colaboradora de nuestro medio, Myriam Pinto, “Y lo hicimos caer”, evento que se llevará a efecto el próximo 23 de abril en la sala master de la Universidad de Chile. Para el Consejo Metropolitano de Colegio de periodistas de Chile, la obra de la profesional de la prensa busca «recuperar nuestra memoria colectiva, se ha propuesto reconocer el quehacer de los trabajadores del mundo de la gráfica y agitadores sociales de los duros años de la dictadura militar». Al igual que su libro «Amor Subversivo», que aborda cartas carcelarias y clandestinas, Myriam señaló que esta nueva obra publicada por Ediciones Radio Universidad de Chile, «se inscribe en su línea de trabajo que tiene como foco principal el rescate de voces anónimas y registros de alto valor histórico y simbólico». Crónica Digital se suma a la alegría de esta nueva publicación de nuestra colega e invita a los lectores a asistir a la presentación del libro «Y lo hicimos caer”. Santiago de Chile, 16 de abril 2019 Crónica Digital
