El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció al reverendo evangélico bautista estadounidense Jesse Jackson por su apoyo a la paz y en defensa de la soberanía de la otrora embajada del país sudamericano en Estados Unidos. En una carta enviado al líder religioso, el mandatario reconoció su apoyo a los activistas encargados del resguardo del edificio, incluso para el traslado de comida durante el asedio a la embajada. “Creo, como usted lo ha expresado, que la gente de bien de Estados Unidos puede hacer una gran contribución a la humanidad, frenando esta irracional escalada guerrerista con que la Administración Trump amenaza no solo a Venezuela sino a todo el planeta”, reza parte del texto citado. Por su parte, el Canciller venezolano, Jorge Arreaza extendió su agradecimiento a Jackson por defender la paz y el derecho internacional frente a la antigua embajada. El reverendo había informado que se uniría a los ministros dirigidos por el reverendo Grainger Browning, activistas por la paz y al grupo Codepink para desalentar la amenaza de invasión y ocupación de Venezuela. “Deberíamos haber aprendido de la invasión y ocupación de Irak, Libia y Siria. Es demasiado y no debe ser respaldado”, afirmó en los días del asedio, cuando seguidores del autoproclamado presidente Juan Guaidó junto a autoridades estadounidense cortaron el agua y electricidad al edificio. “Su ejemplo de lucha en pos de los derechos civiles significa una alta contribución al derecho de autodeterminación de unión y armonía entre los pueblos del mundo”, resaltó al respecto Maduro. Jesse Jackson es pastor bautista en los Estados Unidos. Fue candidato a las primarias presidenciales del Partido Demócrata en 1984 y 1988 y ejerció como “shadow senator” para el Distrito de Columbia desde 1991 a 1997. Su carrera de servicio público se inició cuando se incorporó al movimiento de derechos civiles: en 1965 se fue a Alabama para marchar junto al pastor Martin Luther King y se convirtió en un trabajador de la Conferencia de Liderazgo Cristiano Sureña (SCLC). Cuando King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, el día posterior a su famoso discurso de “he estado en lo alto de la montaña”, Jackson se encontraba un piso más abajo. En 1979 visitó Sudáfrica, donde habló en contra del apartheid, y más tarde viajó a Oriente Medio y participó en una campaña para dar al pueblo palestino su propio estado. Jackson ganó elogios por negociar la liberación de soldados de Estados Unidos y civiles en todo el mundo, incluso en Siria (1984), Irak (1990) y Yugoslavia (1999). Hoy es reconocido como una figura ética en los Estados Unidos. Con información de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Caracas, 25 de mayo 2019 Crónica Digital.
DD.HH.
A dos horas de encierro y hacinamiento se sometieron profesionales de las artes escénicas de la organización internacional Sinergia Animal, como una forma de manifestarse en contra uno de los sistemas más criticados por especialistas de bienestar animal en la actualidad: las jaulas en batería para gallinas en la producción de huevos. La protesta se realizó el fin de semana pasado, en las cercanías de Avenida Providencia con Suecia, fuera de un local de Castaño, una de las más grandes redes de panadería en Chile. “Hoy le pedimos a Castaño que asuma un rol activo por los animales y adopte un compromiso para no utilizar huevos de gallinas enjauladas en su cadena de abastecimiento. Esto es lo mínimo que se puede hacer por los animales. Es inhumano restringir de tal manera su movimiento”, declaró la coordinadora de campañas de la ONG, Diamela Covarrubias. Los animalistas sostenían carteles con crudas imágenes de las aves y el mensaje “Castaño, nadie merece vivir así”. Así, la organización expresó su descontento por las cerca de 20 millones de gallinas que en Chile son utilizadas para la producción de huevo, en su gran mayoría mantenidas en un sistema de confinamiento extremo en jaulas donde no pueden estirar sus alas por completo ni caminar libremente. “Los comportamientos más básicos de las gallinas se ven totalmente frustrados en este tipo de sistemas. Los animales no pueden picotear el suelo, posarse en perchas y sufren de dolores óseos por la falta de movimiento, son condiciones de extrema crueldad”, agregó Diamela. Reconocidas empresas ya han asumido políticas de responsabilidad corporativa a nivel global para eliminar el uso de jaulas en batería en sus cadenas de abastecimiento, entre ellas McDonalds, Burger King, Starbucks, Subway, Nestlé, Unilever y Havanna. En Chile dos empresas ya se sumaron al movimiento libre de jaulas: GYN Brands (que controla Juan Maestro, Doggis, Popeyes, Mamut y Tommy Beans) y la panadería Lo Saldes. Además, Chile ya cuenta con seis productores de huevos certificados como libres de jaulas. La campaña de la ONG Sinergia Animal cuenta con una petición online con más de 30 mil firmas y ya lleva 4 acciones de sensibilización pública en las calles de Santiago. Santiago de Chile, 22 de mayo 2019 Crónica Digital
La historia de Buscarita Roa es singular por una diversidad de razones. En primer lugar, es la única chilena que es una Abuela de la Plaza de Mayo, desde que hace 40 años llegó hasta la Argentina y se quedó a raíz de la búsqueda de su hijo José. Este caso es particularmente dramático, porque el joven había perdido sus piernas en un accidente y viajado a Buenos Aires para acceder a un tratamiento ortopédico. También fueron secuestradas su nuera Marta Gertrudis Hlaczik y Claudia, la nieta de Buscarita, que entonces tenía apenas ocho meses. Se trata de una historia especial, además, pues el caso abrió paso a un nuevo escenario en la búsqueda de la justicia en Argentina. El 14 de junio del 2005, la Corte Suprema de Justicia del país vecino sentenció que las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran inconstitucionales. Para resolver ese fallo, la Corte se basó en el secuestro, la tortura y la desaparición de José Liborio Poblete Roa. Unos pocos años antes, Buscarita Imperi Navarro Roa, junto con sus compañeras de las Abuelas de Plaza de Mayo, anunciaron que Claudia Poblete había sido encontrada. Pudo restituir su identidad luego de vivir como Mercedes Beatriz Landa en un seno familiar militar. José y Gertrudis continúan desaparecidos. Buscarita, a punto de cumplir 82 años, aún los busca. Buscarita Roa estará en Santiago de Chile en el marco de una Charla Magistral sobre “Memoria Histórica y Derechos Humanos”, actividad que se realizará el miércoles 22 de mayo a las 10:30 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en la calle Dieciocho N° 161, Santiago. Con esta actividad, se inaugurara la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la Casa de Estudios. LOS PAÑUELOS DE LA PLAZA En la dictadura cívico–militar argentina, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, José Liborio Poblete, más conocido como “Pepe”, su pareja Marta Gertrudis Hlaczik, apodada como “Trudi”, y su hija Claudia Poblete fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención El Olimpo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Los horrores de ese lugar fueron representados, más tarde, en la película “Garaje Olimpo”, reconocida por el Festival Internacional de Cannes. El secuestro ocurrió el 28 de noviembre de 1978. Apenas unos pocos meses antes se había celebrado en el territorio argentino la undécima edición del Campeonato Mundial de Fútbol. A Claudia los amigos y compañeros de la pareja llamaban “Mundialito”, por haber nacido en marzo, muy cerca del torneo deportivo. Buscarita había partido desde la comuna de La Cisterna en 1976 hacia la Argentina, para estar con su hijo. No pensó que se quedaría la vida entera, y que su vida misma adquiriría un nuevo sentido. Al comienzo, salió a buscar en forma individual, preguntando por uno y otro cuartel policial por sus seres queridos. Al principio, inició la búsqueda con su consuegra. Poco después, cayó en una depresión muy fuerte y se suicidó. Un día se cruzó con […]
Durante las últimas semanas, la Corte de Apelaciones de Arica y de Antofagasta acogieron tres recursos de protección, dos en Arica y uno en Antofagasta, interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 52 personas extranjeras, entre ellos 3 niños/as, que según sus relatos ingresaron a Chile huyendo de sus países de origen y/o residencia habitual en busca de asilo. Las acciones legales presentadas ante las Cortes de Apelaciones de las capitales regionales señaladas, fueron acogidas en primera instancia, ordenando a las Gobernaciones respectivas que se formalizaran las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiadas/os. Asimismo las sentencias sostienen que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad ante la ley, pues las gobernaciones debieron acceder a tramitar las solicitudes. Las y los solicitantes provienen de Venezuela, Cuba y Colombia, y se presentaron personalmente ante los Departamentos de Extranjería y Migración de Arica y de Antofagasta, intentando en más de una oportunidad -presencialmente, y de forma verbal y escrita- formalizar sus solicitudes de asilo, lo cual no fue posible, ya que al ser entrevistados preliminarmente por funcionarios de las Gobernaciones, se les comunicó de manera verbal que sus casos no calificaban para ingresar al procedimiento de determinación de la condición de refugiada/o. Esta práctica de “preadmisibilidad” no se encuentra contemplada en la Ley 20.430 que Establece disposiciones sobre protección de refugiados, ni en su reglamento, y al ser ejercida por los funcionarios de los organismos recurridos, obstaculizó de manera ilegal y arbitraria el ejercicio del derecho a buscar asilo. Las/os solicitantes señalan que han escapado de sus países, ya sea por la existencia de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social (por ejemplo diversidades sexuales), por opiniones políticas, o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada que existe en sus países. Entre estas últimas se encuentran los conflictos políticos internos, la violación masiva de los derechos humanos, u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en sus naciones. Las/os personas afectadas se subdividen en 30 hombres, 22 mujeres y 3 niños/as. De nacionalidad cubana son 36 personas, venezolanas siete y colombianas nueve. Santiago de Chile, 17 de mayo 2019 Crónica Digital
Estela de Carlotto es una personalidad argentina de reconocimiento internacional, por su labor como presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos que tiene como propósito localizar y restituir a sus legítimas familias los niños apropiados durante la dictadura militar del país trasandino, llamada “Proceso de Reorganización Nacional”. Estará próximamente en Santiago de Chile para impartir una Charla Magistral sobre “Memoria Histórica y Derechos Humanos”, actividad que se realizará el miércoles 22 de mayo a las 10:30 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en calle Dieciocho N° 161, Santiago Centro. Estela de Carlotto tiene 88 años, es maestra primaria, procedente de una familia de La Plata. Preside las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989, aunque participa en la entidad casi desde los inicios. Una de sus hijas, Laura Estela, fue secuestrada en Buenos Aires, embarazada, a finales de 1977. Era estudiante de Historia de la Universidad Nacional de la Plata. Por testimonios de sobrevivientes, conoció que su nieto nació en el cautiverio, fue apropiado y su identidad cambiada. El robo de bebés fue una práctica habitual en ese período y se estima que unos 400 fueron apropiados. En abril de 1978, Estela Carlotto comenzó a participar en las actividades de las Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el año anterior, las madres y las abuelas de los desaparecidos habían comenzado cada jueves a marchar en silencio, cubriendo sus cabellos con un pañal de tela blanco, alrededor de la Pirámide de Mayo, en la plaza del mismo nombre, situada frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno Nacional de Argentina. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, rememora: “Es por la misma época que en el grupo de las Madres de Plaza de Mayo se organizó un subgrupo, el de las Abuelas, madres por partida doble, quienes realizan una tarea esencial respecto de los bebés. Se dedican a los niños que fueron secuestrados junto con sus padres y no han reaparecido, y a las jóvenes que, secuestradas estando embarazadas, se supone han dado a luz en la prisión. Esas abuelas, por el testimonio que llevan, representan mucho, no solamente para la Argentina, sino para el mundo entero”. El 5 de agosto de 1978, víspera del Día Del Niño, inmediatamente después del triunfo en la Copa Mundial de Fútbol jugada en Argentina, el diario “La Prensa” aceptó publicar la primera solicitada en que se reclamaba por los niños desaparecidos: “Apelamos a las conciencias y a los corazones de las personas que tengan a su cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Nosotras, Madres–Abuelas, hacemos público nuestro diario clamor, recordando que la Ley de Dios ampara lo más […]
El General Director de Carabineros, Mario Rozas, expuso en la Comisión Investigadora del caso Catrillanca, tras una invitación que le extendió el presidente de la instancia, el diputado del PPD, Ricardo Celis, para que explicara “si es que hay una decisión institucional de ocultar los hechos que terminaron con la muerte del comunero mapuche”. Lo anterior, debido a la ausencia en sesiones anteriores, del ex General Director de Carabineros, Hermes Soto; el General (r) Christian Franzani; el ex jefe de Zona de la Araucanía, General (r) Mauro Victoriano, y el ex prefecto de Fuerzas Especiales de la Araucanía, el coronel (r) Iván Contreras, entre otros, que se han excusado de asistir a la Comisión. “Quiero agradecer la presencia del General Director de Carabineros, quien nos ha dado información clave que no conocíamos, que tiene que ver con que existe un periodo de seis meses desde que se da la orden de que un funcionario de Carabineros es dado de baja o pasado a retiro, hasta que se haga efectiva esta decisión, por lo tanto, ellos debieran estar obligados a asistir a la Comisión dentro de ese plazo”, explicó el diputado Celis. El parlamentario indicó que “según el General Rozas, esto ocurre en su calidad de funcionarios públicos. Por esta razón, nos señaló que está haciendo la consulta a la Contraloría para que dictamine si esto es efectivo, lo cual sería muy positivo no sólo para esta Comisión sino que para futuras comisiones investigadoras”. “Sin embargo, más allá de este aspecto legal, encuentro que existe una gran irresponsabilidad de estos ex generales en no asistir, porque no se trata de cualquier persona, sino de autoridades que han tenido grandes responsabilidades con el país. Lo que hubiésemos esperado siempre en esta comisión investigadora es que ellos vinieran casi espontáneamente a hacer su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos”, indicó el legislador. Santiago de Chile, 8 de mayo 2019 Crónica Digital
Hartmut Hopp, médico del otrora centro de torturas Colonia Dignidad en Chile, pudiera escapar de la justicia luego de que la Fiscalía alemana suspendiera investigaciones en su contra. Según medios locales, las autoridades de la occidental ciudad de Krefeld determinaron que no existen pruebas suficientes y “fueron agotados todos los métodos de indagación prometedores”, por lo que las sospechas sobre Hopp no pueden ser corroboradas. Específicamente, se trata de las acusaciones por su supuesta implicación en el asesinato de tres estudiantes que desaparecieron en Chile en mayo de 1976. Además, se le acusa de haber sido cómplice de los crímenes sexuales cometidos por el fundador de Colonia Dignidad, Paul Schaefer, contra menores de edad. El médico germano de 74 años fue investigado durante siete años y medio, pero el fiscal general Axel Stahl considera que no existen indicios concretos de su culpabilidad. Condenado en Chile por esos delitos, huyó de Chile y se estableció en Alemania en 2011, donde la Audiencia Territorial de Dusseldorf decidió no enviarlo a prisión a pesar de a las críticas de las víctimas y de agrupaciones defensoras de los derechos humanos. Colonia Dignidad fue un enclave germano en Chile que se convirtió en estrecho aliado de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue un campo de concentración donde el régimen llevó a cabo numerosas desapariciones. Los opositores al tirano fueron asesinados allí y además los torturadores recibieron entrenamiento. Fue escenario también de crueles vejaciones contra los niños y las mujeres. Hopp formó parte de la dirección del enclave y participó en la fundación de un internado, lo que, según el derecho alemán, no es suficiente para una condena. El fallecido pederasta convicto Paul Schaefer fue cabo de las fuerzas armadas de Alemania nazi y buscó protección en territorio chileno, fundando la Colonia Dignidad, en la cual desde los inicios se dedicó a adoctrinar a sus miembros y someterlos a condiciones de esclavitud. Las atrocidades cometidas en esa aislada comunidad de unas 13 mil hectáreas, ubicada en una zona montañosa a unos 350 kilómetros al sur de Santiago de Chile, solo se hicieron públicas al finalizar la dictadura. Schaefer debió enfrentar en 1997 varias querellas judiciales por lo que huyó del país, y tras ser detenido en Argentina en 2005 fue condenado en Chile al año siguiente a 20 años de cárcel por abuso sexual de niños, posesión de armas y violaciones a los derechos humanos. Murió en una cárcel chilena en 2010, a los 88 años. Los expertos jurídicos del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín, consideran que la suspensión de la investigación por la Fiscalía de Krefeld es un duro golpe para la confianza de las víctimas en el poder judicial alemán. La decisión es parte de una “larga cadena de inacción”, criticaron en un comunicado de prensa. Se hizo caso omiso a los testigos y no se investigaron suficientemente los informes sobre el uso indebido y sistemático de drogas psicotrópicas en ese centro, concluyeron. En Chile, las organizaciones de […]
Organizaciones de la sociedad civil, reunidas en la Articulación de Derechos Humanos, manifestamos profunda preocupación respecto de la carta enviada por 5 países, incluido Chile, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la cual solo tenemos conocimiento a través de la nota de prensa que plantea mayor “autonomía” de los países y no “invasión” por parte del sistema interamericano. Las organizaciones firmantes reconocemos el valioso aporte de este sistema, el que ha permitido avanzar en derechos de los grupos más vulnerabilizados de nuestras sociedades y más expuestos a violaciones de derechos humanos, así como por su especial contribución en tiempos de dictaduras en América Latina, que posibilitó salvar vidas. Los Estados Partes de la Organización de Estados Americanos, reconocieron la necesidad de contar con un Sistema Regional de derechos humanos que, subsidiariamente, opera ante la negativa o imposibilidad de los Estados para garantizar, respetar o reparar las violaciones a los derechos humanos y/o cuando se han agotado los recursos judiciales internos y aquellos no han logrado el imperio de los compromisos nacionales en materia de derechos humanos. En este sentido los Estados le han otorgado soberanamente al sistema, el rol de subsidiariedad a partir de la firma y ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. El multilateralismo se basa precisamente en la necesidad de los países de avanzar en conjunto, en este caso en la promoción, protección y reparación de los derechos humanos cuando estos se ven amenazados por acción u omisión de los propios Estados. Chile solo debe avanzar y jamás retroceder en los importantes acuerdos multilaterales que se han alcanzado en materia de derechos humanos. A las últimas acciones gubernamentales, materializadas en no firmar el Acuerdo de Escazú ni el Pacto Mundial sobre Migración, ahora se suma esta carta a la CIDH, dando cuenta de un retroceso en la política exterior de Chile. Como organizaciones de la sociedad civil, promotoras y defensoras de los derechos humanos, no podemos aceptar que en un estado democrático, como lo es Chile, se suscriba una carta que puede tener un impacto negativo hacia los derechos humanos, sin generar un debate previo y de cara a la ciudadanía. Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y los Estados tienen el deber de respetarlos así como a las instancias que se han creado para garantizarlos. Las organizaciones de la sociedad civil llamamos al Estado de Chile a respetar los acuerdos internacionales y a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos Porque #NuncaMásSinNosotros/as Corporación Humanas Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio Centro de Estudios de la Mujer (CEM) Corporación Opción Corporación Chilena de Prevención del SIDA-ACCIONGAY Corporación Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile-CIMUNIDIS Coordinadora Autónoma contra la Violencia Machista Corporación Colectivo Sin Fronteras Fundación 1367. Casa Memoria José Domingo Cañas Fundación Instituto de la Mujer Fundación Observatorio Contra el Acoso Callejero, OCAC Chile Movimiento Acción Migrante Observatorio de Violencia Institucional de Chile Santiago de Chile, 5 de mayo 2019 Crónica Digital
La dictadura monárquica de Arabia Saudita anunció que había llevado a cabo otra ola de asesinatos, ejecutando públicamente a 37 personas en las ciudades de Riad, Medina y La Meca, así como en la provincia central de Casim y en la Provincia Oriental del reino. Uno de los cadáveres sin cabeza fue luego crucificado y dejado colgando en público como una espantosa advertencia para cualquiera que incluso considere oponerse al poder absoluto de la familia real gobernante. El régimen anunció que aquellos que fueron llevados a las plazas públicas para ser decapitados con espadas habían sido castigados “por adoptar ideas terroristas y extremistas y por formar células terroristas para corromper y desestabilizar la seguridad”. En Arabia Saudita, una ley antiterrorista adoptada en 2017 define como “terrorista” a cualquier persona que “perturbe el orden público”, “estremezca la seguridad de la comunidad y la estabilidad del Estado” o “exponga su unidad nacional al peligro”. La ley esencialmente establece la pena de muerte para cualquiera que se atreva a criticar a la monarquía saudí o su gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Bajo bin Salman, el aliado más cercano de la Administración de Trump en el mundo árabe, el número de ejecuciones se ha duplicado. El año pasado el régimen decapitó a 149 personas, pero ya le ha cortado la cabeza a 105 personas en 2019. Se sabe que al menos 33 de los 37 condenados a muerte esta semana eran saudíes chiíes. En el caso de 14 de ellos, sus presuntos “crímenes” se derivaron de las protestas masivas que en 2011 arrasaron la Provincia Oriental, la cual es predominantemente chiita. Las manifestaciones planteaban demandas populares de reformas democráticas y el fin de la discriminación y la opresión de la población chií en manos de una monarquía sunita cuyo Gobierno está ligado a la doctrina religiosa oficial y patrocinada por el Estado del wahabismo, una secta sunita ultraconservadora. Otros 11 fueron acusados de espiar a instancias de Irán. A ninguna de las personas se les permitió hablar con abogados durante las investigaciones que se llevaron a cabo mediante tortura. Se les negaron las visitas de sus familias y se les mantuvo en régimen de aislamiento durante las pruebas, y fueron condenados a muerte a través de juicios en masa fraudulentos que carecían incluso del mínimo debido proceso. Los brutales asesinatos estatales llevados a cabo por el régimen en Riad constituyeron un acto político calculado con objetivos tanto nacionales como internacionales. Su objetivo inmediato es intimidar a la minoría chií, que constituye aproximadamente el 15 por ciento de la población y se concentra en la provincia Oriental, una región clave productora de petróleo. Al menos tres de los condenados a muerte eran menores en el momento de sus presuntos delitos, lo que convierte sus ejecuciones en flagrante violación del derecho internacional que prohíbe la pena de muerte para los niños. Abdulkarim al–Hawaj, tenía 16 años cuando fue arrestado y acusado de participar en manifestaciones y usar las redes sociales para incitar […]
Tres días acamparon millares de indígenas brasileños en la principal avenida de esta capital, donde reside el poder público, y bastaron para escuchar históricos reclamos de tierras y derechos e impedir el exterminio de sus comunidades. En representación de unos 150 pueblos, instalaron del 24 al 26 de abril la 15 edición del llamado Campamento Tierra Libre (ATL) que anualmente se realiza en Brasil. Las estructuras del campamento comenzaron a ser montadas cerca del Congreso Nacional y con la llegada de la Policía del Distrito Federal, los indígenas tuvieron que reubicarse en la Plaza de la Ciudadanía, al lado del Teatro Nacional, también en la Explanada de los Ministerios. Por la expectativa de instalación de Tierra Libre en la Explanada y en la región de la Plaza de los Tres Poderes (reúne las sedes del Gobierno, Congreso y Supremo Tribunal Federal), el Ministerio de Justicia autorizó la presencia de la Fuerza Nacional en el lugar. Tal medida fue recibida por los indígenas “sin gran sorpresa” y demostró la “incapacidad de diálogo del gobierno federal”, según Lindomar Terena, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que organizó la movilización. “La gente entiende que la figura de la Fuerza Nacional demuestra que el Estado brasileño, nuestros gobernantes, no están preparados para entender cuáles son los derechos de los pueblos originarios, lo que es tierra indígena”, remarcó. El estandarte de lucha del movimiento indígena en el ATL “siempre fue la lucha por el derecho al territorio. Este año, luchamos para garantizar los derechos que están siendo atacados y desmontados”, dijo por su parte Angela Kaxuyana, de la Coordinación de las Organizaciones de los Indígenas Amazonia Brasileña (Coiab). Aseveró que el ATL, instalado bajo el lema “Sangre indígena. En las venas, la lucha por la tierra y por el territorio”, es una de las demostraciones de la “resistencia para garantizar nuestra existencia”. Pese a sus ancestrales danzas, plumaje y cuerpos pintados, los indígenas no bajaron en las tres jornadas de protesta el tono batallador de sus demandas. PROMESAS POR CUMPLIR Una posible victoria tuvo el ATL al intercambiar con líderes parlamentarios. El presidente del Senado, David Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, prometieron apoyar el regreso de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Justicia y la restitución de sus prerrogativas en demarcación. Por su parte, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, dio su palabra de que el Ministerio Público Federal (MPF) buscará promover la demarcación de tierras indígenas. La declaración emergió en solemnidad para la entrega de una investigación elaborada por procuradores y antropólogos expertos del MPF que presenta documentos sobre violaciones de los derechos de la etnia durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional, en Paraná. El estudio fue entregado por el MPF para liderazgos del pueblo indígena Avá–Guarani y el informe será encaminado a la Funai con el objetivo de desarrollar procesos de reparación y de demarcación de tierras guaraní. “Servirá también de subsidio para una indagación […]
