DD.HH.

Dirigentes de diversas organizaciones sociales, entre los que se cuenta a Raúl de la Puente, presidente de ANEF, Esteban Maturana, presidente de CONFUSAM, Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Tusy Urra  del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa y José Osorio, de Vecinos por la Defensa el Barrio Yungay, solicitaron el día de hoy a la Presidenta Bachelet que su Gobierno se desista de la querella interpuesta el 2011 por el ministro del interior de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, en contra de quienes efectuaron la Toma del Edificio del Congreso el 20 de octubre del año 2011. La acción protagonizada por unas 50 personas representativas de distintos movimientos sociales, se realizó para exigir que se establezca el Plebiscito como medio de convocar a una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Constitución. La solicitud a la Presidenta se efectuó mediante una carta entregada esta mañana en el Palacio de La Moneda. Entre los querellados se encuentra el dirigente ecologista, Luis Mariano Rendón y el sicólogo Osvaldo Tello, para quienes la Fiscalía está solicitando una pena de 200 días de presidio, además de 7 estudiantes para los que se solicitan penas menores. El juicio oral en esta causa se inicia el próximo lunes 31 de marzo. El texto de la carta es el siguiente: Santiago, 27 de marzo de 2014 Señora Presidenta de la República Doña Michelle Bachelet Jeria P r e s e n t e.  Señora Presidenta: Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para solicitarle que en virtud de las facultades legales del Ministerio del Interior, proceda a instruir al señor Ministro para que se desista de la querella interpuesta por su antecesor en el cargo, Rodrigo Hinzpeter en relación a la protesta que miembros de distintas organizaciones sociales realizaron el 20 de octubre del año 2011 al interior del Congreso Nacional. La ocupación pacífica de las dependencias del Congreso en Santiago el año 2011 tuvo como objeto hacer oir la voz de la ciudadanía movilizada que exigía y sigue exigiendo la superación de la Constitución impuesta fraudulentamente por la dictadura, mediante la convocatoria a un plebiscito en el cual el pueblo de Chile pueda pronunciarse soberanamente y resolver este conflicto que arrastramos por ya demasiado años. Esta ocupación culminó después de un diálogo con parlamentarios de la hoy Nueva Mayoría, en el que estos se comprometieron a presentar un proyecto de reforma constitucional consensuado con las organizaciones sociales, que permitiera convocar a plebiscito para una Nueva Constitución. Estos parlamentarios cumplieron su palabra y efectivamente presentaron este proyecto de reforma el año 2012 en la Cámara de Diputados, donde desgraciadamente no ha avanzado en su discusión. Conforme a nuestro ordenamiento procesal penal, el desistimiento de la querella es factible en cualquier estado del juicio. Por supuesto, el momento más adecuado para hacerlo será al comienzo de la audiencia de juicio que tendrá lugar el próximo lunes 31 de marzo. En ese momento, su Gobierno puede hacer un gesto que marque una profunda diferencia […]

Con un homenaje a las 26 personas que desde el 2002 a la fecha ha  sido asesinadas en razón su orientación sexual o identidad de género se conmemoró hoy en el Memorial por la Diversidad el segundo aniversario de la muerte de Daniel Zamudio. La ceremonia en el Cementerio General reunió a los padres, hermanos, abuelos, tíos y amigos de Daniel Zamudio, así como a activistas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quienes instalaron 26 flores blancas en el memorial y encendieron igual de número de velas en homenaje a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que ha muerto producto de crímenes de odio. Los nombres de cada una de las víctimas fueron ubicados en los pilares del Memorial que reflejan la diversidad y se ubican al lado de la tumba donde descasan los restos de Daniel Zamudio. Así fueron recordados/as Pilar Ibáñez Carrasco,  Mauricio Ortega Julio, Amanda Jofré Cerda, Fernanda Covarrubias y Edgardo Vera, quienes fueron asesinado n el 2002. Lo mismo ocurrió con Bárbara Rivero Salazar Andrea Sánchez Sánchez, muertas el 2004, con   Ronald Zambra Donoso, Andrés Navarrete Collao  y Viviana Cuevas Henríquez, fallecidos el 2006, y con Moria Donaire González, Graciela Carrasco Berríos y Alejandra Albornoz Jiménez, víctimas de crímenes de odio ocurridos el 2007. Igual homenaje recibieron Manuel Menéndez González y Ramón Saa Valdivia (2010),  Cinthia González Rodríguez y Camila Guzmán Trujillo  (2011), Daniel Zamudio Vera, Juan Manuel Vidal y Fernando Valdivia Chávez (2012), Lorenzo Vigueras Torres, José González Quiroga, Diego Aliaga Rosales y Arturo Lomboi  Muñoz (2013) y Alejandro Bustamante Godoy y Esteban Parada  Armijo, asesinados en enero pasado. “Muchos de estos crímenes quedaron impunes. Muchas de estas personas fallecieron incluso en medio del rechazo de sus propias familias y de la indiferencia social. Hoy, a dos años de la muerte de Daniel Zamudio, recordamos a todas estas personas que ya no están con nosotros producto de la homofobia y la transfobia”, sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería. En tanto, Jacqueline Vera e Iván Zamudio (padres de Daniel) agradecieron la posibilidad de “conmemorar la muerte de nuestro hijo en solidaridad con otras  personas que pasaron por lo mismo. Nos da mucho paz hacerlo aquí, en el Memorial por la Diversidad, pues este es un lugar que nos da tranquilidad, a diferencia del Parque San Borja,”, donde Daniel fue atacado el 3 de marzo del 2012. También en recuerdo de Daniel, el Movilh dedicó hoy su sitio web al joven (www.movilh.cl), y lanzó el texto “Daniel Zamudio, hiciste historia”, un texto de 43 carillas con la historia del joven. El documento se divide en dos partes. La primera relata y analiza los múltiples hechos que desencadenaron el ataque y la muerte del joven e invita a variadas reflexiones. La segunda  se refiere principalmente al proceso judicial que terminó en justicia para el joven y detalla la verdad de los hechos. Ambos capítulos conforman la historia de Daniel Zamudio. foto: movhil.cl Santiago de Chile, 27 de marzo 2014 Crónica Digital

Más de 90 minutos duró la reconstitución de escena, realizada en la víspera, del homicidio del estudiante de ingeniería de la Universidad de Concepción, Marcos Hernán Montecinos San Martín (25), ilícito perpetrado el 3 de septiembre de 1975, en el Barrio Universitario de la ciudad. La diligencia -dirigida por el ministro en visita extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes- se efectuó en las afueras de la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios y tenía por objetivo contrastar la versión del cabo en retiro de Carabineros, Guillermo Muñoz Espinoza, procesado por homicidio en la causa, con la los coimputados: los ex militares Freddy Tornero, Sergio Arévalo y Claudio Vargas; y el ex policía Roberto Ricotti. De acuerdo a Muñoz Espinoza, en el lugar se habría producido un intercambio de disparos, después de que se solicitara a Montecinos San Martín detenerse para un control de identidad. Enfrentamiento que terminó con la muerte del joven.Tras la diligencia, el ministro Aldana se mostró satisfecho con los resultados e informó que en los próximos días decidirá si dicta más procesamientos en el caso que instruye.“Se desarrolló todo de acuerdo a lo que estaba planificado. Fue una diligencia muy útil, por lo que nos retiramos satisfechos, ya que estuvieron presentes quienes participaron materialmente en el enfrentamiento o muerte de la víctima y los testigos de referencia”, indicó el magistrado, quien agregó que estudiaría los antecedentes para determinar si hubo participación de otras personas en los hechos. Cabe recordar que el 3 de septiembre de 1975 murió en Concepción, Montecinos, estudiante universitario, militante del MIR. La Comisión no pudo adquirir convicción de si el enfrentamiento en que se señala que falleció, realmente existió o no. Ese día Marcos Montecinos fue interceptado por un patrulla policial en el barrio universitario. Según una versión de prensa, habría extraído un revólver y apuntado a los funcionarios, quienes le habrían ordenado que lo soltara, no obstante lo cual, disparó y se refugió en unas matas. Los policías dispararon al aire, pero al hacer la víctima un nuevo disparo, le replicaron de la misma forma directamente al cuerpo causándole la muerte. La familia duda de la versión anterior, en atención a que la víctima había sido seleccionada de tiro de la FACH, por lo que no se explican que no haya resultado ninguno de los agentes heridos. Igualmente indican que él cayó herido en la calle (de la cual tuvo que ser lavada la sangre posteriormente por bomberos) y no en unas matas como se señaló. La Comisión Rettig sostuvo que Marcos Montecinos, tiene la calidad de víctima, pero no puede precisar si fue ejecutado por los agentes estatales o cayó producto de una acción armada. Santiago de Chile, 27 de marzo 2014 Crónica Digital / Agencias

El ex juez de la Corte de Apelaciones, Alejandro Solís, ha alertado sobre la “impunidad biológica” que se ha ido instalando en las causas por violaciones a los derechos humanos. A los limitados avances en materia de justicia se ha sumado el paso del tiempo y el consiguiente fallecimiento de testigos, familiares de las víctimas y represores. Es exactamente lo que ha sucedido en la mayoría de las causas y lo que se está produciendo día a día: cuando los crímenes se cometieron, las autoridades cómplices encubrieron y el Poder Judicial no investigó los hechos delictuales ni protegió a las víctimas del terrorismo de Estado. Posteriormente, tampoco se dispusieron todas las medidas necesarias para ello, y el tiempo transcurrido fue un nuevo argumento para justificar los lentos y en muchos casos nulos avances. Los dichos del ministro Alejandro Solís confirman esta apreciación que hemos denunciado persistentemente las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas. Por eso las autoridades del nuevo gobierno y el Poder Judicial deben disponer, sin más dilaciones, las medidas que, desde hace años, hemos venido reclamando, entre ellas: • La necesaria designación de más jueces con dedicación exclusiva. Los recientes fallos judiciales se han demostrado completamente insuficientes: en general los procesos que han concluido han condenado a un reducido grupo de victimarios y responsables, con bajas condenas y sin haber avanzado en el establecimiento de la verdad sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. • Término de beneficios a ex represores que conduzcan a la excarcelación de los mismos, sin el cumplimiento cabal de las condenas impuestas. • Fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, especialmente la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), y recomposición de los equipos desarticulados durante el gobierno pasado. Ello permitirá, además, dar cumplimiento oportuno a diligencias solicitadas por las familias querellantes. • Hay que dar un paso más en la reparación social a las víctimas y castigo a los represores: la degradación de los militares condenados que no hayan colaborado con las investigaciones judiciales. Hasta ahora caben en esta categoría todos los militares condenados y procesados. • Disposición, de parte de las autoridades civiles, de las medidas necesarias para ubicar todas las evidencias, documentación y archivos aún existentes en los organismos policiales, de inteligencia y militares que, según indican múltiples antecedentes, todavía existen. Londres 38, espacio de memorias Santiago de Chile, 27 de marzo 2014 Crónica Digital

31 ex prisioneros políticos torturados y sometidos a trabajos forzados en campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes en 1973-1974 solicitan al gobierno de Michelle Bachelet que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) deje de oponerse a una sentencia judicial que reconoce la violación de sus derechos. “Llamamos al gobierno a acatar esta sentencia de primera instancia, que es un veredicto ejemplar del estado de derecho en democracia, estableciendo así que en Chile se rechazan los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Isla Dawson”, dijeron los portavoces del grupo. Los 31 ex presos aguardan que la Corte de Apelaciones se pronuncie en este mes de marzo sobre una apelación del CDE, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, a un fallo favorable de primera instancia, notificado el 15 de enero de 2013 por la Jueza Claudia Donoso Niemayer, titular del 18º Juzgado Civil de Santiago. Los voceros de los demandantes Eliécer Valencia, Miguel Loguercio, Héctor Avilés y Baldovino Gómez (demanda@dawson.com) anunciaron que, a nombre de sus compañeros, están solicitando que el gobierno ordene retirar la apelación a la sentencia que les otorgó reparación por el tiempo de privación de libertad y los sufrimientos padecidos en Dawson y otras prisiones de la Patagonia. Para las víctimas resulta urgente esta reparación porque los sobrevivientes se están muriendo debido a su edad avanzada. Cuatro de los demandantes ya fallecieron esperando el fallo de primera instancia de la jueza Donoso Niemayer, que tardó 5 años y fue apelado de inmediato por el CDE. La jueza Donoso Niemayer les otorgó una “acción indemnizatoria” concebida como reparación al daño moral, el sufrimiento y las graves violaciones a sus derechos humanos padecidos cuando fueron victimados por la dictadura cívico-militar 1973-2000 que estableció los campos de concentración y trabajos forzados en Isla Dawson y en el sur de la Patagonia chilena. La sentencia dictaminó que los DDHH “son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste” y ratifica la “imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, visión de la magistrada que los demandantes estiman «concordante con el Programa de DDHH del Gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet». El CDE apeló a esta sentencia durante la administración del ex Presidente Piñera y, por consiguiente, la causa podría tratarse durante este mes de marzo de 2014 en la Corte de Apelaciones de Santiago.  Los demandantes tratan de sensibilizar al actual gobierno de la Nueva Mayoría, a las organizaciones de DDHH, el cuerpo legislativo, los partidos políticos y las organizaciones eclesiásticas para que exijan respeto y acatamiento de este fallo judicial que acoge la reparación a las víctimas de los delitos de lesa humanidad en esta causa de ex prisioneros de Isla Dawson. Para mayor información en Santiago: Libio Pérez  9249957; en Punta Arenas: Baldovino Gomez 54105394. Abogado demanda Dawson: Víctor Rosas  78058069 Por Ernesto Carmona de mapochopress Santiago de Chile, 25 de marzo 2014 Crónica Digital

El departamento de Derechos Humanos de Carabineros informó al Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) que sancionó a un oficial responsable de un procedimiento homofóbico ocurrido el 2013 “En lo que respecta a los hechos que involucran a la 18 Comisaría de Ñuñoa, se dispuso una investigación administrativa, la cual concluyó con responsabilidades en contra de un señor oficial”, indicó el jefe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, Rodney Weber, en una carta dirigida al Movilh. En las próximos días se determinará la sanción específica y se notificará al funcionario de esta determinación, tras lo cual se entregarán más detalles, como el nombre del oficial.  Los hechos habían ocurrido el 28 de febrero del 2013, cuando A.S.C (34) y a R.H.B.CH (23) fueron agredidos y burlados producto de su orientación sexual por un funcionario de la 18 Comisaría de Ñuñoa. En una sala, el oficial los trató de “maricones” y los abofeteó, ridiculizándolos en forma permanente por su orientación sexual. Las víctimas habían sido trasladadas a la Comisaría, luego de que en un bus fueran abordadas  por un carabinero, quien exigió a A.S.C botar una lata de cerveza que portaba en la  mano. El hombre botó el envase, pero al avanzar algunas cuadras fueron interceptados por un  grupo de policías que subió al bus y procedió a insultar y a empujar a los jóvenes para luego detenerlos y trasladarlos a la 18 Comisaría Con el respaldo del Movilh, los  afectados denunciaron el hecho ante el prefecto de  la Zona Oriente de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien comprometió una investigación del caso. El 22 de marzo del 2013 el Movilh reportó también el hecho ante el  entonces ministro del Interior, Andrés  Chadwick, y el 7 de agosto ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.             La sanción contra el oficial fue conocida este mes, luego de que Weber tomara conocimiento del hecho tras leer el Informe Anual Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, lanzado por el Movilh en febrero anterior, y solicitara a sus superiores antecedentes del hecho.             “Valoramos mucho esta primera sanción contra un oficial de Carabineros por homofobia, y en especial la labor pro-derechos humanos que está efectuando el coronel Weber. Esperamos que esta señal se tome como un precedente que ayude a enfrentar y mermar los altos y graves índices de homofobia y transfobia en Carabineros”, sostuvo el Movilh.             En el XII Informe Anual de Derechos Humanos se reportó que desde el 2002 a la fecha se ha conocido 40 brutales atropellos de Carabineros contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Por esa razón, Carabineros ha figurado en ocho ocasiones en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia. El 2013, Carabineros fue identificada como la tercera institución más homofóbica del país. Santiago de Chile, 25 de marzo 2014 Crónica Digital