El ex juez de la Corte de Apelaciones, Alejandro Solís, ha alertado sobre la “impunidad biológica” que se ha ido instalando en las causas por violaciones a los derechos humanos. A los limitados avances en materia de justicia se ha sumado el paso del tiempo y el consiguiente fallecimiento de testigos, familiares de las víctimas y represores.
Es exactamente lo que ha sucedido en la mayoría de las causas y lo que se está produciendo día a día: cuando los crímenes se cometieron, las autoridades cómplices encubrieron y el Poder Judicial no investigó los hechos delictuales ni protegió a las víctimas del terrorismo de Estado. Posteriormente, tampoco se dispusieron todas las medidas necesarias para ello, y el tiempo transcurrido fue un nuevo argumento para justificar los lentos y en muchos casos nulos avances.
Los dichos del ministro Alejandro Solís confirman esta apreciación que hemos denunciado persistentemente las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas.
Por eso las autoridades del nuevo gobierno y el Poder Judicial deben disponer, sin más dilaciones, las medidas que, desde hace años, hemos venido reclamando, entre ellas:
• La necesaria designación de más jueces con dedicación exclusiva. Los recientes fallos judiciales se han demostrado completamente insuficientes: en general los procesos que han concluido han condenado a un reducido grupo de victimarios y responsables, con bajas condenas y sin haber avanzado en el establecimiento de la verdad sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas.
• Término de beneficios a ex represores que conduzcan a la excarcelación de los mismos, sin el cumplimiento cabal de las condenas impuestas.
• Fortalecimiento de los órganos auxiliares de la justicia, especialmente la Brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), y recomposición de los equipos desarticulados durante el gobierno pasado. Ello permitirá, además, dar cumplimiento oportuno a diligencias solicitadas por las familias querellantes.
• Hay que dar un paso más en la reparación social a las víctimas y castigo a los represores: la degradación de los militares condenados que no hayan colaborado con las investigaciones judiciales. Hasta ahora caben en esta categoría todos los militares condenados y procesados.
• Disposición, de parte de las autoridades civiles, de las medidas necesarias para ubicar todas las evidencias, documentación y archivos aún existentes en los organismos policiales, de inteligencia y militares que, según indican múltiples antecedentes, todavía existen.
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, 27 de marzo 2014
Crónica Digital
