Organizaciones indígenas sesionaron hoy en la Cumbre Mapuche, con unos 600 representantes de las comunidades del Biobío, Los Ríos y La Araucanía, quienes llevaron propuestas y reivindicaciones de las localidades.
Además del incremento de fuerzas policiales en esos territorios, especialmente en La Araucanía, fueron abordados los reclamos históricos de tierra y de autodeterminación de ese pueblo.
«En 1825, el gobierno de Chile ratificó tratados que le reconocen a los mapuches su gobierno. Que se cumplan los tratados», expresó el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, uno de los convocantes del encuentro, que tiene por escenario al emblemático Cerro Ñielol, en la comuna de Temuco.
De acuerdo con Huilcamán, la autodeterminación debe consistir en un régimen autonómico y que los tratados se deben respetar y cumplir de buena fe, a tono con dos pactos de 1823 y 1825 que reconocen a ese pueblo originario como una comunidad, con frontera definida.
Representantes de pueblos originarios que llegaron desde Chiloé reivindicaron las tierras del Parque Tantauco, zona privada propiedad del presidente Sebastián Piñera, según lo expresado.
El líder indígena Cristián Chiguay señaló que las tierras de Chiloé pertenecen ancestralmente a comunidades Huilliche, por lo que exigen al mandatario su devolución.
«La verdad es que nosotros no sabemos cuánta es la totalidad de la tierra (que corresponde a Piñera), porque hay partes que tiene el Parque Tantauco y partes que tienen otras forestales, como la Pansur», dijo Chiguay, citado por Radio Cooperativa.
«No se sabe con exactitud en este momento la cantidad de hectáreas que tiene el Parque, pero como dice la historia, sería la totalidad del Parque Tantauco. Por eso venimos a la cumbre, porque creíamos que era el momento preciso para iniciar un trabajo de reivindicación», enfatizó el vocero.
En la tarde-noche están previstas reuniones con los representantes del Ejecutivo,los gobernadores de Malleco, Erich Baumann; y de Cautín, Miguel Mellado, quienes asisten en calidad de observadores.
Según los organizadores, la cumbre fue convocada además con la intención de disminuir las tensiones en la región de La Araucanía, acentuadas luego de una cadena de incendios provocados, en uno de los cuales murió un matrimonio de latifundistas.
Luego de los fuegos, el gobierno de Piñera incrementó la presencia policial en la zona, que de por sí ya era elevada, e invocó la Ley Antiterrorista para sancionar a los responsables de los siniestros.
Dirigentes políticos y líderes de comunidades indígenas, así como representantes de organizaciones de derechos humanos, se mostraron contrarios al empleo de esa legislación en tales casos, por considerar que el Gobierno dispone de otras herramientas jurídicas para sancionar, sin violar el debido proceso.
Santiago De Chile 16 de enero 2013
Crónica Digital
