La abogada defensora de cuatro comuneros mapuches criticó la decisión de un tribunal chileno de mantenerlos en prisión preventiva, pese a que la Corte de Apelaciones de Concepción anuló las condenas en su contra. El 9 de febrero fueron revocadas las penas de entre 10 y 15 años de cárcel que pesaban contra Ernesto Llaitul, Ricardo Reinao, Nicolás Alcaman y Esteban Henríquez, por supuesta vinculación con un homicidio frustrado y un ataque incendiario. La Corte solicitó repetir el juicio, en tanto la defensa pidió un cambio cautelar para los imputados, de manera que pudieran esperar en libertad el nuevo proceso, lo cual fue denegado por el Tribunal Oral de Los Ángeles bajo el argumento de ser un peligro para la sociedad. La abogada defensora Josefa Ainardi lamentó que se escogieran principalmente las argumentaciones de la Fiscalía y de la parte querellante. “Se vislumbra el sesgo racial que siempre hemos alegado y que es parte de todo este engranaje de las instituciones del Estado, no solamente de los tribunales o las fiscalías”, aseguró Ainardi en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. Según Ainardi, se trata de una idea preconcebida que tienen todos estos órganos y que se materializa a través de este tipo de decisiones. La letrada también lamentó la negativa a aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el cual fue ratificado por Chile en 2009. Santiago de Chile, 15 de febrero 2024 Crónica Digital/PL
DD.HH.
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, se refirió a la polémica que se ha mantenido en torno a la figura del ex presidente Sebastián Piñera a raíz del “mea culpa” hecho por el Presidente Gabriel Boric durante su funeral. Al respecto, la histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos salió al paso del “blanqueo” político y mediático hecho al ex mandatario afirmando que “El Gobierno de Sebastián Piñera fue el responsable de volver a vivir, de manera brutal, lo que fue la agresión del Estado, en la cual la población civil se vio sometida, nuevamente, al terrorismo de Estado. Esto no lo podemos aceptar y, por lo tanto, siempre lo vamos a denunciar”. “Relativizar o negar lo que fueron las violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular es gravísimo y, como Estado, incumplimos nuestras obligaciones internacionales”, denunció la parlamentaria. Para Pizarro, “el tema tiene que ver con qué construcción democrática es la queremos para Chile: esa que sigue ligada a la dictadura o esa que tiene su columna vertebral e el respeto a los derechos de las personas”. En ese sentido, la diputada sostuvo que las cientos de mutilaciones, los asesinatos, los cientos de heridos no pueden ser normalizados en un país que se jacta de democrático. “La democracia se construye cuando en su raíz el respeto a los derechos de las personas son la clave para avanzar como sociedad”, manifestó la legisladora. Recordemos que, en el contexto de la revuelta social y según la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, son 450 los casos de trauma ocular, en su gran mayoría jóvenes. Algunos de ellos se han suicidado producto del abandono del Estado. Santiago de Chile, 15 de febrero 2024 Crónica Digital
Los chilenos han celebrado este martes una marcha en apoyo a Palestina, donde pidieron al Gobierno de Gabriel Boric romper las relaciones con Israel. Las calles centrales de Santiago, la capital de Chile, han sido escenario de una concentración en apoyo al pueblo palestino de la Franja de Gaza, víctima de la guerra genocida del régimen de Israel en los últimos 130 días. Bajo el lema #ChileNoApoyaGenocidios, los manifestantes que fueron convocados a la marcha por los grupos propalestinos en las redes sociales, han instado al Gobierno chileno a dejar los lazos de amistad con el régimen sionista. A su vez, el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, al sumarse a la campaña publicó una pancarta en su cuenta en X (antes Twitter) para invitar a la gente al evento. “Chile debe romper relaciones con Israel para no convertirse en cómplice de este genocidio”, escribió el también presentador del programa Ventana a Palestina por el canal HispanTV. Ventana a Palestina | HISPANTV Ventana a Palestina, con Daniel Jadue, es un espacio para entender en profundidad la causa presente del pueblo palestino, recorriendo su historia y sus perspectivas de futuro. En diferentes ocasiones, el presidente Gabriel Boric se ha levantado al lado del pueblo palestino, criticando las atrocidades de la ocupación israelí que dejan la vida negra a este pueblo en los últimos 75 años. Presidente de Chile condena brutalidad de Israel en Gaza Desde el pasado 7 de octubre, en el marco de una guerra genocida, Israel ha asesinado a más de 28 473 palestinos, la mayoría mujeres y niños, en la asediada Franja de Gaza. Desoyendo los gritos que llegan hasta el séptimo cielo para evitar una invasión a Rafah, el último refugio de los gazatíes, Israel inició el pasado fin de semana su ofensiva mortal a la ciudad palestina, en el sur de Gaza, pedazo de tierra más superpoblada del mundo. Santiago de Chile, 14 de Febrero 2024 Crónica Digital/Hipantv.com
La Comisión de DD.HH. del Partido Comunista solidarizó hoy con los huelguistas de hambre Mapuche y manifiesta su preocupación por el devenir político del conflicto en La Araucanía. Por años se ha favorecido el uso indiscriminado de las tierras ancestrales, desde los españoles que las arrebataron, hasta las usurpaciones institucionalizadas de los diversos gobiernos, incluida la Dictadura civil – militar. El Presidente Allende, en el marco de la aplicación de la Reforma Agraria, presentó un Proyecto de Ley que reconocía la Pluralidad Cultural de Chile, la Ley 17.729 fue promulgada en 1972. Ésta garantizaba la inserción de los PP.OO. en la sociedad. El Instituto de Desarrollo Indigena, IDI, fue el encargado de implementar una política integral de desarrollo, convirtiendo al Estado, a los pueblos originarios y a las universidades en aliados para este propósito. Objetivamente, el gobierno del presidente Allende entregó 190.000 hectáreas de tierras a los Mapuche de la mano con transferencia tecnológica, semillas, ganado y apoyos de CORA, CORFO, IDI y otros. Hoy, el Estado de Chile puede apoyarse en los tratados internacionales vigentes, para garantizar la protección y defensa de los PP.OO. El proceso de “Diálogo por la Paz” que ha iniciado el gobierno del presidente Boric, como una forma de resolver el histórico conflicto, tiene la oportunidad única de resignificar la relación de los Mapuche con el Estado, en especial en momentos de casi 3 meses de huelga de hambre. Las demandas son todas posibles de contestar positivamente, si se aplica el Convenio 169 de la OIT, que garantiza los Derechos Culturales y Espirituales de los PP.OO. Además que reconoce el derecho a tener derechos de los presos, aunque estén detenidos. La voluntad política del Estado de llevar a cabo un diálogo con propósito, es el único camino que permitirá como primera prioridad, salvar las vidas de los huelguistas y comenzar de forma urgente a dar respuestas políticas a una situación histórica. Santiago de Chile, 12 de febrero 2024 Crónica Digital
}La Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Concepción anuló hoy la sentencia contra Ernesto Llaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y otros comuneros mapuche que se encontraban en huelga de hambre. Ernesto Llaitul, junto a Ricardo Reinao, Nicolás Alcaman y Esteban Henríquez, habían sido sancionados en noviembre pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles a penas de entre 10 y 15 años de prisión por supuesta vinculación con un homicidio frustrado y ataque incendiario. Tras considerar injusta la medida, los comuneros iniciaron una huelga de hambre, extendida por más de 80 días. Para Rodrigo Román, abogado de la defensa, se trata de una condena sin fundamento, e insistió en que no hay pruebas, solo especulación, para llevar el juicio. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, aseguró el jurista que el proceso forma parte de una embestida del Estado contra los mapuche, las comunidades en resistencia y la CAM. Recordó que los miembros de ese pueblo nación fueron encarcelados menos de 10 días después del arresto del líder de la CAM, Héctor Llaitul. El juicio será repetido y el Ministerio Público deberá volver a presentar las pruebas. En tanto, la defensa solicitó un cambio de medida cautelar para los imputados, de manera que puedan esperar en libertad el nuevo proceso. Santiago, 9 de febrero 2024. Crónica Digital / Prensa Latina.
la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el martes pasado, por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por las 89 cajas con osamentas de eventuales detenidos desaparecidos abandonadas en dependencias de la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal. Dicho informe señala que “no hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los derechos humanos en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación”. Además se sugiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice una permanente fiscalización para que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, efectivamente, impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales víctimas de desaparición forzada. A su vez se recomienda que se disponga de todos los recursos para identificar fragmentos y restos óseos que se encuentren en cualquier dependencia pública o privada. En el informe también se lee que se hace necesario que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe cuatrimestralmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados el avance respecto al trabajo desarrollado por el Servicio Médico Legal para la identificación de víctimas de desaparición forzada. Si bien las recomendaciones fueron aprobadas por la Cámara, la derecha votó en contra de estas, situación que, en todo caso, no extrañó a quien fuera la impulsora y presidenta de la Comisión, diputada Lorena Pizarro. “Me parece que la creación y funcionamiento de esta CEI vuelve a develar el pensamiento y el actuar que tiene la derecha frente a las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura civil-militar, incluso en lo que significa la identificación de las víctimas. Es realmente impresentable que, pese a la voluntad de la mayoría de los integrantes de la Comisión de establecer y recomendar al Estado sus obligaciones en la materia, la derecha busque, una vez más, avanzar hacia la profundización mayor de la impunidad, señalando que presentarían un proyecto que pretende avanzar en la dirección de transformar a nuestros familiares en solo un objeto para identificar y no avanzar en lo que significa la verdad y la justicia”. Por su parte, la diputada Claudia Mix también cuestionó a los parlamentarios de derecha, en especial a republicanos, que dejaron de manifiesto su intención de cerrar los procesos judiciales a los eventuales culpables de desapariciones forzadas. “Tanto repentino interés de la derecha por cerrar la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada no es otra cosa que otro intento de aprobar un proyecto de impunidad para eludir la condena de los responsables. Los delitos de lesa humanidad son especialmente detestables e imprescriptibles. Seguiremos buscando a nuestros desaparecidos siempre, pero también perseguiremos conocer la verdad de lo ocurrido con ellos, para que se haga justicia”. “En esas cajas no hay huesos de animales, como sugirió […]
El ministro de Justicia, Luis Cordero, presidió la creación del comité de seguimiento al plan de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La instancia estará integrada por nueve personalidades, entre activistas de derechos humanos, académicos, responsables de sitios de memoria y familiares de los detenidos-desaparecidos. Según informes oficiales, de las mil 469 personas con paradero desconocido, solo se han encontrado 307. El titular de Justicia destacó la relevancia de que familiares de víctimas hayan aceptado integrar el comité, el cual sesionará cada tres meses y estará mandatado para asesorar y hacer recomendaciones al plan nacional de búsqueda. No obstante, advirtió Cordero que el Estado es el máximo responsable de esta tarea. Dentro de los integrantes del comité figuran activistas de agrupaciones de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos como Gaby Rivera, Ida Sepúlveda y Mónica Díaz. También está la actual directora del espacio de memoria Londres 38, Erika Henings. Según informes de distintas Comisiones de la Verdad, la cifra total de víctimas de la dictadura calificadas oficialmente es de más de 40 mil, incluyendo asesinados, desaparecidos, prisioneros y torturados, sin contar los 200 mil exiliados. Santiago de Chile, 1 de febrero 2024 Crónica Digital/PL
Cinco miembros del Cuerpo de Carabineros fueron detenidos hoy en la norteña comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, por los delitos de tortura, falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia. Tres de los capturados tenían rango de oficiales en la institución, entre ellos un comandante, un capitán y una subteniente. Un comunicado de la entidad señala que ante la gravedad de los hechos que motivaron la detención y que se apartan absolutamente de la doctrina institucional, se procedió a la desvinculación de los encartados de la policía por medio de un sumario administrativo. Ni el juzgado de Garantía que autorizó el arresto de los uniformados, ni el Cuerpo de Carabineros, entregaron más detalles de los delitos mencionados o del momento en el cual se perpetraron. Santiago de Chile, 30 de enero 2024 Crónica Digital/PL
A partir de la detección de antecedentes penales de algunos beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019, se han generado diversos debates y confusiones. Ello, acompañado de discursos estridentes, acusaciones múltiples y una buena dosis de aprovechamiento político. Para organizaciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos resulta necesario relevar algunos aspectos clave. En primer lugar, es indudable que en Chile se cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, tal como consta en diversos informes de organismos nacionales e internacionales, contabilizándose más de 8.000 víctimas y 400 casos de trauma ocular. La gran mayoría de los casos permanece impune, sus víctimas no han sido reconocidas ni tampoco reparadas. En segundo lugar, es un principio fundamental del derecho internacional que los Estados se encuentran obligados a reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas de no repetición, especialmente cuando se trata de crímenes ejecutados por agentes del Estado. Más allá de lo insuficiente que resulta la reparación de una parte de las víctimas (419) al otorgar “pensiones de gracia”, en lugar de reparaciones integrales definidas con base en una Comisión Calificadora de casos que no se ha conformado, preocupa que en la actualidad se plantee una regresión en dicha medida. La opción que en su momento se adoptó, nunca se presentó vinculada a un requisito como la inexistencia de antecedentes penales, que por lo demás la ley de pensiones de gracia tampoco ha exigido en sus 40 años de vigencia. Preocupa especialmente que al conocerse los ilícitos cometidos por algunos beneficiarios de estas pensiones, se ponga el foco de atención únicamente en lo reprochable de sus conductas, desvirtuando la gravedad y sistematicidad de los hechos ocurridos en 2019, la responsabilidad de los agentes del Estado y las deudas que el Estado mantiene con las víctimas. La propuesta de revisar y revocar algunas pensiones, desconoce las obligaciones que corresponden al Estado en orden a reparar las violaciones a los derechos humanos, obligación que deriva del comportamiento de sus agentes y del daño causado, y no de la buena conducta que hayan mantenido quienes resultaron agredidos. En Chile se han violado gravemente los derechos humanos de miles de personas, durante la dictadura cívico militar y también en democracia. La ausencia de políticas integrales de verdad, memoria, justicia y reparación redunda en impunidad y favorece su repetición. De ahí que resulte necesario fortalecer el compromiso de todos los poderes y órganos del Estado con la dignidad humana, la vigencia plena de los derechos humanos y el sistema democrático, y la adopción de políticas integrales de reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas Santiago de Chile, 29 de enero 2024 Crónica Digital
Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por un protocolo antiprotestas y un paquete de leyes elaborados por el Gobierno argentino, informó el diario «Página 12». Según el rotativo, los expertos en Libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, y en Situación de los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, solicitaron al Presidente Javier Milei revisar las medidas por sus implicaciones para los derechos ciudadanos. En un documento publicado recientemente, los representantes de la ONU consideran que el protocolo y la llamada Ley Ómmibus son incompatibles con las normas internacionales e imponen restricciones indebidas. «Solicitamos al Gobierno que garantice una revisión en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debe tener en cuenta toda la gama de obligaciones que el Estado asumió al ratificar los distintos tratados internacionales», indica el texto. También «nos gustaría confirmar nuestra disponibilidad para proporcionar cualquier tipo de asistencia técnica», añade. Los relatores advierten que en Argentina se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”. Además, cuestionan la intervención injustificada de la policía para restringir las libertades de reunión, expresión y circulación. “El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mismo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, aseveraron. Por otra parte, considera discriminatoria la decisión de reportar ante Migraciones a los extranjeros que participen en las protestas. “Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, señala el texto. Buenos Aires, 27 de enero 2024. Crónica Digital / Prensa Latina.
