Familiares compañeros/as y amigos/as de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo -montaje perpetrado en dictadura- convocan a una manifestación en repudio al fallo dictado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, la cual absolvió a 31 agentes de la DINA condenados como autores y a 30 condenados como cómplices de secuestro calificado, además de otorgar beneficios a otros 42 condenados penándolos sólo 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas. El fundamento de la rebaja de las penas que dejó a todos los condenados sin tener que cumplir tiempo en la cárcel, fue la aplicación de la atenuante de “irreprochable conducta anterior” y de la media prescripción. “Es un fallo antijurídico”, señalan los familiares y sus asesores legislativos, pues viola el Principio del Derecho Penal Internacional de “Sanción adecuada a la gravedad de la infracción de los crímenes de guerra y lesa humanidad” . “Este fallo es un doloroso retroceso a los peores tiempos de la Impunidad y que, de ser la señal de una nueva tendencia, implica que el nuevo espíritu de nuestro sistema de justicia, respetuoso y garante de los derechos humanos y de la Verdad y la Justicia eran una frágil Esperanza”, señalan los y las convocantes. A más de un año de la revuelta social iniciada en octubre del 2019, se reiteran procedimientos y fallos negacionistas por parte del poder judicial, que por un lado propicia la impunidad de los violadores de derechos humanos, tanto los de la dictadura, como los responsables de muertes y mutilaciones durante el estallido, y por otro lado criminaliza la protesta social, administrando penas desproporcionadas y con claro sesgo político. Los familiares y amigo/as de víctimas de la represión más brutal perpetrada por el Estado chileno en dictadura, hacen un llamado a todos y todas las luchadoras sociales y sus familias que hoy se ven perjudicadas por la judicialización de la protesta social, a enfrentar en conjunto un amplio rechazo y movilización contra la impunidad. La manifestación se realizará este 4 de diciembre a las 12 horas en las afueras de los tribunales de justicia. Santiago de Chile, 3 de diciembre 2020 Crónica Digital
DD.HH.
La diputada Mapuche, Emila Nuyado, calificó de «gravísima» la declaración del ex Gope, Carlos Alarcón, principal imputado por el asesinato del Weichafe, Camilo Catrillanca, quien afirmó durante el juicio que se le ordenó dar una versión falsa de los hechos. A juicio de la parlamentaria «esto demuestra que el montaje para encubrir el homicidio de Camilo Catrillanca llegó al más alto nivel de las autoridades, pero además queda de manifiesto que hubo una mentira elaborada». «Nosotros hemos señalado desde el principio que los culpables intelectuales de este asesinato deben responder y eso incluye a generales, a civiles que avalaron versiones falsas, como que hubo un enfretamiento, fuego cruzado y la existencia de armas en el tractor que conducía el Wiechafe catrillanca», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la diputada mapuche agregó que «esperamos que la justicia haga su trabajo como corresponde y que pueda ir más allá de los responsables materiales del asesinato de nuestro weichafe», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 3 de diciembre 2020 Crónica Digital
Una delegación de diputadas y diputados de oposición visitó este lunes a los presos políticos recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad, para constatar las condiciones en la que se encuentran, pedir el fin de las medidas de aislamiento y anunciar la presentación de un proyecto de indulto general para los prisioneros de la revuelta social. Las y los legisladores, Camila Vallejo, Gael Yeomans, Maite Orsini, Claudia Mix, Boris Barrera, Amaro Labra, Tomás Hirsch y Gonzalo Winter se reunieron con Jeremy Ramírez y Omar Jerez, quienes se encuentran en condición extrema de castigo, sin tener contacto con otros prisioneros, lo que constituye una violación a los derechos humanos. Desde el mes de marzo, los prisioneros tienen prohibidas las visitas por lo que, desde el viernes 27 de noviembre, en distintas ciudades del país los familiares comenzaron un ayuno exigiendo que se termine con esta medida. La acción de los familiares se extenderá hasta el 10 de diciembre con una gran jornada nacional de protesta. El diputado Boris Barrera señaló que “su libertad es justa y necesaria… sus visitas fueron suspendidas desde marzo con el argumento de la pandemia. Sin embargo, vemos los metros, las micros, los malls colapsados de gente sin ninguna medida de seguridad y acá como una medida política de este gobierno, de castigo, los tienen sin visita”. Agregó que espera que “el gobierno se haga cargo de esta demanda. Que se reanuden las visitas y se conceda la libertad de todos los presos y presas políticas de la revuelta que son los que han permitido por medio de la justa protesta del pueblo, que estemos pensando en cambiar este modelo económico neoliberal a través de la una nueva constitución”. Por su parte, la vocera de los Presos Políticos de La Granja, María Marchant señaló que “el Estado chileno tiene secuestrado a nuestros jóvenes por tener un pensamiento distinto, por no conformarnos en hacer vida social en un consultorio. Nosotros le exigimos al país y a los diputados que nos apoyen en el proyecto de ley que se está redactando junto a los familiares para la libertad absoluta de nuestros presos”. En tanto, la diputada Claudia Mix indicó que «hemos tenido varias reuniones con Gendarmería, donde hemos planteado la necesidad de revisar las medidas cautelares, cuestión que en nuestro país se ha transformado en un hábito desde la dictadura. Vamos a impulsar con fuerza esta iniciativa que permita terminar con este arresto, con esta condición injusta que viven hoy día más de 500 luchadores sociales en las distintas cárceles del país”. A su vez,el diputado Gonzalo Winter precisó que “el gobierno de Sebastián Piñera está utilizando la prisión preventiva y la Ley de seguridad interior del Estado como herramienta de control y castigo político a sus adversarios y a quienes piensan distinto. Esto es completamente inaceptable en un Estado de derecho. Por eso hoy nos hacemos parte y apoyamos una ley de indulto”. Finalmente, la diputada Maite Orsini dijo que “desde hace unas semanas estamos trabajando con familiares […]
Un ayuno que se prolongará hasta el 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, realizarán familiares de presos políticos del estallido social en reclamo de la liberación de sus allegados. La protesta fue convocada en esta capital por varias organizaciones, como la Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja, la Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas y la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (Ofapp), informó Radio Universidad de Chile. Los participantes reclaman una acción del Congreso Nacional para tramitar y aprobar un proyecto de ley que permita la libertad de todas las personas que fueron encarceladas por su participación en las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019. Se trataría de la liberación de más de dos mil 500 prisioneros, lo que a su juicio debe sentar un precedente que permita también más adelante negociar la libertad de otros prisioneros políticos, incluidas personas del pueblo mapuche. Asimismo llamaron a otras agrupaciones as apoyar esta movilización y convocaron a toda la ciudadanía a una jornada de protesta, un Paro Nacional y de Movilización Internacional para el 10 de diciembre. Según explicó Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, familiares de los presos realizarán un ayuno rotativo cada 24 horas, durante todos los días que restan hasta esa fecha. Su objetivo es para impulsar una movilización nacional por esa causa y en especial para conseguir la libertad de los menores de edad que se encuentran en prisión preventiva, para que al menos reciban una sanción menos restrictiva. Añadió que ya existe una iniciativa parlamentaria que propone un indulto general a escala nacional dado que se ha evidenciado «un ensañamiento jurídico en contra de estas personas». Representantes de las organizaciones convocantes estuvieron acompañados también por dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. A pesar de las constantes denuncias sobre el mantenimiento de una gran cantidad de personas tras las rejas durante muchos meses sin que incluso existan cargos en su contra, el gobierno ha negado reiteradamente esa situación. Desde La Moneda se alega que quienes están presos es por haber cometido delitos y daños a las propiedad pública y privada. Santiago de Chile, 29 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
La irrupción de la COVID–19 alcanzando a todo el planeta y causando la muerte a más de un millón de vidas sin poder ser veladas ni recibir el cariño último de sus familiares, además de infectar a otros muchos millones de personas, plantea la inquietante pregunta: ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Qué nos quiere decir la naturaleza con este virus invisible que ha puesto de rodillas a todas las potencias militares, haciendo ineficaces sus armas de destrucción masiva? La COVID–19 cayó como un meteoro sobre el sistema del capital y el neoliberalismo. Sus mantras fueron destrozados. ¿Sirvió para algo el lema de Wall Street “la codicia es buena”? Nadie come computadoras, ni se alimenta de los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿Cuáles eran los dogmas de la fe capitalista y neoliberal?: Lo esencial es el mayor lucro en el menor tiempo posible, la competencia feroz, la acumulación individual o corporativa, el saqueo cruel de los recursos de la naturaleza, dejando las externalidades por cuenta del Estado, la indiferencia ante la tasa de iniquidad social y ambiental, la postulación de un Estado mínimo para escapar de sus leyes limitantes y poder acumular más libremente. Si hubiésemos seguido estos mantras, el exterminio de vidas humanas habría sido incalculable. Sin políticas públicas, las personas serían tragadas por un destino atroz. ¿Qué nos ha salvado? Aquellos valores y actitudes ausentes en el sistema del capital y el neoliberalismo: darnos cuenta de que no somos “dioses” sino totalmente vulnerables y mortales, expuestos a lo imprevisible. Lo que cuenta no es el lucro sino la vida; no es la competencia sino la solidaridad; no es el individualismo sino la cooperación entre todos; no el asalto a los bienes y servicios de la naturaleza sino su cuidado y protección; no un estado mínimo, sino el estado suficientemente pertrechado para atender las demandas urgentes de la población. Dicho directamente: ¿qué vale más la vida o el lucro? ¿La naturaleza o su expoliación desenfrenada? Responder a estas preguntas inaplazables es interrogarse sobre el sentido o el absurdo de nuestra vida, personal y colectiva. El aislamiento social es una especie de retiro existencial que la situación nos ha impuesto. Se crea la oportunidad de hacer estas preguntas ineludibles. Nada es fortuito en este mundo. Todo guarda una lección o un sentido secreto que debe ser revelado, por más desconcertante que sea la realidad. Lo que no podemos permitir es que este sufrimiento colectivo sea en vano. Funciona como un crisol que purifica el oro, que acrisola nuestra mente, y pone en jaque ciertos hábitos para ser revisados y otros nuevos para ser incorporados, especialmente en lo que se refiere a nuestra relación con la naturaleza y el tipo de sociedad que queremos, menos perversa y más solidaria. Todo el mundo habla de la medicina, de la técnica, de los insumos y especialmente de la búsqueda ansiosa de una vacuna contra la COVID–19. Pocos hablan de la naturaleza. Pero es necesario considerar el contexto […]
Las diputadas Claudia Mix, Emilia Nuyado y Karol Cariola, expresaron su preocupación por la compleja situación que está enfrentando el Machi Celestino Córdova en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Vilcún. Según ha denunciado Cristina Romo, vocera de la autoridad espiritual, está siendo sometido a vejaciones y maltratos al interior del recinto. Además, las parlamentarias, que fueron garantes del acuerdo que el 18 de agosto el Ministerio de Justicia y Gendarmería establecieron con el Machi para que depusiera la huelga de hambre, plantearon que el Gobierno no lo está respetando, por lo que llamaron a cumplir con lo acordado. Dicho acuerdo contempla, entre otros aspectos, la creación de un módulo piloto con pertinencia cultural de pueblos originarios en la cárcel de Temuco y luego, la instalación de módulos a nivel nacional; la modificación de los reglamentos penitenciarios, para que que se ajusten a los estándares internacionales de acuerdo al Convenio 169; y el cumplimiento de la Resolución Exenta N3925, emitida por Gendarmería el 29 de julio, en la que se aprobaron disposiciones sobre la reglamentación penitenciaria acerca de la pertinencia cultural y religiosa. Sin embargo, ha habido un nulo avance en estas materias. Las diputadas, además, expresaron su preocupación por las denuncias de irregularidades que se estarían cometiendo en el Centro de Estudio y Trabajo desde el 2016, por lo que hicieron un llamado a que se realice una investigación al respecto a cargo de organismos externos. En ese sentido, respaldaron las acciones legales realizadas por Machi Celestino Córdova. Cabe destacar que ya se interpuso una querella criminal en contra de la Alcaide del CET de Vilcún, la Mayor Jessica Rivas Hérnandez; del funcionario Cristián Montecinos Morales; y de todos quienes resulten responsables en calidad de cómplices o encubridores de los delitos de torturas. Además, se interpuso un recurso de amparo a favor de la autoridad espiritual, y en contra de Gendarmería de Chile, representada por el jefe regional Coronel Leonardo Barrientos, debido a la persecución política y religiosa que se viene realizando en contra de la autoridad espiritual. “Llamamos al Gobierno a que cumpla con las distintas promesas que le hicieron al Machi Celestino Córdova para que depusiera su huelga de hambre. Las condiciones que está enfrentando son inhumanas. Está siendo sometido a tratos degradantes y vejatorios. Exigimos que se termine con la persecución política y religiosa que está sufriendo y que se garantice un trato digno tanto para él como para todos los presos políticos mapuche”, afirmó la diputada Claudia Mix. La parlamentaria agregó que “esperamos que pronto se puedan conocer los resultados de la investigación que, por solicitud nuestra, se inició respecto a las irregularidades que están ocurriendo al interior del Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún y que han sido denunciadas por el Machi. Asimismo, pedimos que todos los implicados sean sancionados». La diputada Nuyado, en tanto, indicó que «esperamos que se haga justicia con nuestra autoridad ancestral espiritual. Desde que fue cambiado al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún el Machi Celestino Córdova […]
Al menos 13 personas fueron detenidas hoy tras protagonizar una protesta frente a la sede del antiguo Congreso Nacional, en reclamó de la liberación de quienes permanecen presos tras el estallido social de octubre de 2019. Decenas de personas, la mayoría jóvenes, se congregaron esta mañana ante el edificio ubicado en el centro de esta capital, con carteles y volantes exigiendo ‘Amnistía ahora’, y un grupo de ellos se encadenó a las rejas exteriores. Una representante del grupo, perteneciente a una denominada Asamblea 18 de octubre, leyó un comunicado en el que reclaman la liberación de personas que han permanecido en prisión preventiva o cumpliendo otras medidas cautelares por haber participado en las manifestaciones populares tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. El texto señala que al igual que hace 40 años cuando la dictadura negaba la existencia de detenidos desaparecidos, el actual gobierno rechaza que haya presos políticos, intentado brindar una imagen de falsa normalidad. Finalmente, la protesta fue disuelta por fuerzas de carabineros, que utilizando herramientas de corte rompieron las cadenas y se llevaron detenidos av más de una decena de participantes. En las últimas semanas han cobrado fuerza las demandas desde partidos de oposición y organizaciones sociales y de derechos humanos, para que sean liberados un número indeterminado de personas, la mayoría jóvenes. Quienes demandan su liberación, aseguran que las autoridades los mantienen ilegalmente en esa condición sin proceso judicial alguno por la inexistencia de pruebas demostrativas de que cometieron delitos, cuando la mayoría de ellas solo fueron detenidas por participar en manifestaciones populares. Desde el gobierno, en cambio, alegan que no existen detenidos en esa situación y quienes están presos es por haber perpetrado acciones contra el orden público y por dañar la propiedad pública y privada. Las demandas de renuncia del presidente Sebastián Piñera y de liberación de quienes son considerados presos políticos de la revuela social, han encabezado las manifestaciones que cada vez se han hecho más frecuentes en el centro de esta capital, con serios enfrentamientos entre carabineros y participantes en esas demostraciones. Santiago de Chile, 26 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
La diputada Emilia Nuyado recordó «que hace más de un año venimos advirtiendo un actuar descontrolado de Carabineros sin que sus jefaturas los sancionen». La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, valoró la determinación de la fiscalía de citar a declarar como «imputado» al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, el próximo 30 de noviembre , en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por crímenes de lesa humanidad registrados desde el estallido social. Según dijo la parlamentaria «nos parece una buena señal y justificado que la fiscalía determine citar a declarar al ex General, sobre porque hace más de un año que venimos advirtiendo un actuar descontrolado de Carabineros sin que sus jefaturas los sancionen». » A nuestro juicio Mario Rozas es el responsable jerárquico de los abusos policiales cometidos desde el estallido social. No olvidamos los audios donde el ex General le dice a Carabineros que no dará a nadie de baja por los hechos ocurridos durante el estallido social. Sobre sus hombros, pesa también la responsabilidad de la ceguera de Fabiola Campillai y Gustavo Gática», recordó. En esta misma línea la diputada Nuyado agregó que «con ese tipo de declaraciones sin duda Mario Rozas le dio carta blanca a carabineros para violar los Derechos Humanos, no sólo durante el estallido». «Tampoco olvidamos que el general Rozas permitió la interrupción de las carreteras y también permitió que civiles armados desalojaran tomas pacíficas de los Mapuche en el Sur de Chile. Sin duda Rozas es responsable de una serie de abusos policiales este último año», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 25 de noviembre 2020 Crónica Digital
La Coordinadora de Derechos Humanos Providencia junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, interpelaron a la Alcaldesa Evelyn Matthei, a pronunciarse respecto de la circulación del denominado “Bus de la Libertad”, y demandaron que la máxima autoridad comunal adopte todas las medidas tendientes a evitar su circulación, anunciada para este lunes 23 de noviembre. A juicio de las organizaciones de derechos humanos, esta iniciativa constituye “una grave vulneración a la legislación vigente y un ultraje a las disidencias sexuales. Las calles de nuestra comuna no están disponibles para la difusión de mensajes discriminatorios que atenten contra la identidad de las personas y su dignidad”, manifestaron a través de un comunicado, condenando de manera categórica, la iniciativa patrocinada por la ONG Citizen Go, y ejecutada por el Observatorio Legislativo Cristiano, dirigido por Marcela Aranda, quien advirtió la salida a las calles de este bus que se hiciera famoso en 2017, por difundir públicamente un indesmentible mensaje LGTBIQ fóbico. “El Estado de Chile ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos de la comunidad LGTBIQ+ con leyes como la Ley 21.120 sobre identidad de género, la ley 20.609 antidiscriminación, reflejo de los avances culturales que la sociedad chilena ha experimentado en los últimos años. Ese es el camino que debemos seguir, hacia el desarrollo pleno de DDHH de todas las personas y no retroceder ante intereses de grupos políticos ultraconservadores que buscan restringirlos generando un gran daño no sólo a personas individuales, sino que a la sociedad en su conjunto”, indica el texto, al precisar que la iniciativa no se enmarca dentro de la normativa internacional de derechos humanos en materia de libertad de expresión, toda vez que estas “dicen relación precisamente, con el debido resguardo y respeto del honor y la dignidad de las personas”. La declaración pública también hace referencia a los “actos de odio” que se han registrado “contra personas de las disidencias sexuales”, razón por la cual, en opinión de estas organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, “resulta una provocación, el que sólo se sugiera la realización de una acción de esta naturaleza”. “Estamos llamados a pronunciarnos sobre hechos que puedan atentar contra la dignidad de las personas, y a exigir que autoridades, como representantes del Estado de Chile, ejerzan las acciones que eviten la grave vulneración de derechos humanos”, concluye el comunicado emitido por la Coordinadora de Derechos Humanos Providencia y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago de Chile, 23 de noviembre 2020ç Crónica Digital
Expresamos nuestra profunda indignación ante los antecedentes que dan cuenta que efectivos de Carabineros hirieron a bala a dos adolescentes residentes en un centro colaborador del SENAME en Talcahuano. Según versiones preliminares de prensa e información de la Defensoría de la Niñez, Carabineros habría concurrido como apoyo a personal del SAPU a atender a menores descompensados, y habrían disparado en respuesta a insultos y algunas agresiones de parte de los menores con un palo y presuntamente piedras. La reacción de Carabineros sería completamente desproporcionada e indebida. Responder a insultos, palos y piedras con balas es intolerable, más aún cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados. Este episodio se suma a la larga lista de abusos policiales, lo que hoy desencadenó en la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas; quien dejó la institución con agradecimientos por la labor cumplida por parte del presidente Piñera. Las palabras del presidente evidencian una vez más el apoyo irrestricto a Carabineros, y una ausencia absoluta de reconocimiento de la gravedad de los hechos en que se han visto involucrados. El nuevo alto mando de Carabineros es Ricardo Yáñez, quien se desempeñaba como subdirector y antes como director nacional de orden y seguridad; esto precisamente durante un periodo en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas por la Fiscalía. Para Amnistía Internacional no es suficiente el cambio de este cargo, pues es necesario persistir en la necesidad de que investiguen a todos los mandos y ex mandos, y se lleve a cabo una reforma estructural a la institución que permita desmoronar la tradición de impunidad en la que opera la policía chilena, dicha reestructuración debe garantizar que hechos tan dramáticos y generalizados no vuelvan a ocurrir más. Es imprescindible que se investigue a cabalidad lo sucedido ayer en Talcahuano como también todas las otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, con mayor intensidad, tras el 18 de octubre del año pasado. Es trascendental que se investiguen los protocolos utilizados y las órdenes recibidas, de forma expresa y tácita, desde los mandos superiores, tanto a nivel administrativo interno, como también por parte de los tribunales de justicia, y que se sancione a quienes resulten responsables de acuerdo a la gravedad de los hechos. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2020 Crónica Digital
