Todas las fuerzas de oposición de Chile exigen hoy la renuncia del director de Carabineros de Chile, general Mario Rozas, luego que un joven fuera empujado desde un puente al rio Mapocho por un uniformado. El hecho, en el cual resultó gravemente herido el adolescente de 16 años en medio de una manifestación en esta capital, renovó las críticas a la violencia con que actúa la institución policial contra los participantes en las protestas, más acentuadas a causa de las contradictorias declaraciones de carabineros y por videos circulados en redes sociales. Si bien en un principio oficiales superiores de esa institución rechazaron las acusaciones, más tarde señalaron que fue un «lamentable accidente» en medio de un procedimiento policial, y hoy el general Enrique Monras, jefe de zona Metropolitana Oeste de Carabineros, señaló que el joven «perdió el equilibrio» cuando un uniformado intentó detenerlo. Además señaló que el carabinero implicado se mantendrá en funciones administrativas en su unidad mientras dure la investigación. Desde la oposición las exigencias son radicales y el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que el alto mando de Carabineros no tiene capacidad, ni autoridad para iniciar un proceso de reestructuración en esa institución. La senadora socialista Isabel Allende exigió una «inmediata investigación y justicia sin montaje. De ser así, inmediata renuncia del director general como lo demandamos antes por graves violaciones a los derechos humanos». El senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier sostuvo que «las horrorosas imágenes de un carabinero empujando al río Mapocho a un joven manifestante reflejan la profunda descomposición de Carabineros» y pidió a Sebastián Piñera destituir a Rozas y nombrar «urgentemente un interventor civil de la institución». Desde el Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue señaló que este suceso debiese ser suficiente para que el ministro del Interior y el director de Carabineros pongan sus cargos a disposición». El diputado Gabriel Bóric, de Convergencia Social, afirmó que «esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales, y quienes lo defienden, cómplices». El Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y el diputado comunista Hugo Gutiérrez, anunciaron que interpondrán querellas por homicidio frustrado. En tanto desde el gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se limitó a expresar que se trató de «un procedimiento policial en un momento de violencia, es lamentable que haya ocurrido. Estamos trabajando para que estos hechos no ocurran». En una declaración oficial dijo condenar estos hechos de violencia pero consideró que Carabineros «ha hecho grandes esfuerzos» para actuar correctamente en el respeto de los derechos humanos y alegó que si hubo delito se aplicarán las medidas que determinen las investigaciones paralelas que realizan la institución policial y la Fiscalía. Santiago de Chile, 3 de octubre 2020 Crónica Digital/PL
DD.HH.
Por: Mirna Concha, periodista y analista comunicacional De cara al histórico proceso constituyente que debe vivir Chile a partir del Plebiscito del 25 de Octubre, Sebastián Piñera desaprovechó la tribuna perfecta para hacer un gesto de unidad, y en humildad, admitir lo que el país y el mundo saben: en Chile se violan los derechos humanos. Esto fue denunciado por organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros que visitaron el país a propósito de los acontecimientos del 18 de Octubre, y consignado en informe anual de Amnistía Internacional, y por la propia Comisionada ONU, ex Presidenta Michelle Bachelet. Pero todo esto se vuelve letra muerta ante afirmaciones que sin mayor fundamento, Piñera hizo ante la 37 Asamblea de Naciones Unidas. Su discurso estuvo centrado en añejos argumentos que, al ser tan repetitivos, pierden validez y credibilidad; simple retórica. Algunos medios han ido más allá, indicando que a lo menos tres frases fueron “copy paste” del pronunciado en 2018. Emulando el discurso electoral de Trump, Piñera centró el tema de derechos humanos en Venezuela, a miles de kilómetros de La Moneda. Antigua estrategia política; desviar la atención frente a situaciones de conflicto que afectan libertades fundamentales, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ratificadas constitucionalmente por cada uno de los 193 países integrantes de la ONU. Chile figura entre los 51 estados fundadores. “El Gobierno escuchó con atención, con sensibilidad y con sentido de urgencia y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social”, dijo en relación al movimiento social del 18 de Octubre, cuando en realidad su gobierno se ha opuesto y obstaculizado iniciativas tendientes a dar respuestas a esas demandas. Ejemplos hay muchos tras el “parto con fórceps”, que en la madrugada del 15 de Noviembre “dio a luz” al denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que Piñera calificó en la ONU, como una “salida institucional” al conflicto. La negativa al retiro 10% AFP y la decisión de no suscribir el Acuerdo de Escazú, “primer pacto regional para garantizar acceso a la información, y participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales”, son algunos, entre muchos otros. Causas por «torturas y lesiones graves gravísimas» Sus declaraciones en materia de derechos humanos no son más que puestas en escena; decir lo políticamente correcto; pero en la práctica, sigue gobernando a través de principios economicistas de corte neoliberal, con enemigos internos que justifican su aplicación de políticas represivas, que según cifras del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el 18 de octubre y 17 de noviembre de 2019 concluyeron con más de 25.000 detenciones en contexto de protestas y manifestaciones. “Según la información reciente del Instituto de Derechos Humanos (INDH), hubo 3.800 heridos, de los cuales 460 son por trauma ocular; 8 homicidios consumados y 36 frustrados; y 257 denuncias por abusos sexuales, en tanto 1.083 lo son por tortura y tratos crueles, todo ello imputado a agentes del Estado”, señala en un artículo recientemente […]
La parlamentaria mapuche recordó además que «Chile ha sido sancionado constantemente a nivel internacional, por la violación de los derechos de nuestro pueblo». La Presidenta de la Comisión de Derechos de la Cámara, Emilia Nuyado, afirmó condenar «todo tipo de abusos pero exigimos que la Derecha y el gobierno de Chile condene también las violaciones a los derechos humanos que se han producido en Chile desde el 18 Octubre hasta ahora». Ello luego de el Informe de la ONU sobre esta materia respecto a Venezuela. Al respecto la diputada, dijo que «En Chile hace un año hemos visto cómo se han intensificado los graves abusos por parte de Carabineros y las fuerzas armadas, con la complacencia del gobierno de Piñera». «Exigimos que la misma energía que ocupa este gobierno por el tema de Venezuela, la destine a condenar y establecer responsables de los asesinatos, mutilaciones y torturas que se produjeron desde el 18 de octubre. Aquí hay un gobierno y una derecha con doble standard que buscan generar divisiones en la oposición», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó además que «los últimos meses hemos sido testigo que con la complacencia de las autoridades de gobierno se ha reprimido y violentado los derechos de niños, niñas y adolescentes mapuche . Chile ha sido sancionado constantemente a nivel internacional, por la violación de los derechos de nuestro pueblo y no veo a la derecha preocupada por esa situación». «Piñera, su gobierno y los partidos que los apoyan prefieren mirar la paja en el ojo ajeno, que la viga en el propio. Hay varios casos de asesinatos producidos durante el estallido social que aún no tienen responsables y hoy vemos como el General Rozas sigue en su cargo pese a que hay pruebas que indican que avaló la conducta represivas de Carabineros. Si vamos a hablar sobre violaciones a los Derechos Humanos hay que partir por casa», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 21 de septiembre 2020 Crónica Digital
Las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo rechazaron los dichos de la Subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren , calificando sus palabras como “una defensa a una verdadera tortura que sólo daña a la diversidad sexual”. Para la diputada Karol Cariola, las palabras de la autoridad avalando las terapias de conversión, en el marco de la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio, generan un daño irreparable a la diversidad sexual, lo que provocó que la organización Movilh solicitara la renuncia de Recabarren. “Apoyo completamente la moción del Movilh por las declaraciones de la Subsecretaria de DD.HH, pues están completamente en contra de lo que la OMS ha recomendado al respecto, estas terapias de conversión que fueron muy utilizadas en un momento, cuando se catalogaba a la homosexualidad como una enfermedad, etapa que afortunadamente ya está absolutamente superada en nuestro país, pero que bajo la mirada retrógrada de algunas autoridades se intenta revivir”, afirmó Cariola. La parlamentaria cuestionó el rol de la autoridad, indicando que con sus dichos, no garantiza el respeto y defensa de todos y todas en materia de derechos humanos. “Me parece que ella no está garantizando desde su rol como Subsecretaria de los Derechos Humanos los derechos de las personas que son sometidas a estas terapias que son verdaderas torturas psicológicas y que lo único que hacen es dañar a las personas y particularmente a los niños y niñas que a veces son sometidos a la fuerza a este tipo de situaciones”, lamentó la diputada. “Nosotros presentamos junto a la diputada Natalia Castillo un proyecto de ley para prohibir completamente estas terapias en nuestro país, creemos que acá no hay nada que convertir, las personas que tienen una determinada orientación sexual tienen todo el derecho a ser respetadas, resguardadas y a ser tratadas como cualquier otro ser humano y no ser tratados como personas enfermas por tener una determinada orientación sexual”, sostuvo la representante de la tienda comunista. Por su parte, la diputada Camila Vallejo calificó como “ignorancia o maldad” las palabras de Lorena Recabarren, las que avalarían esta forma de violencia contra la diversidad sexual. “No sé si es ignorancia, o lisa y llanamente es maldad, pero la Subsecretaria de Derechos Humanos lo que hace con sus dichos es avalar una forma de violencia contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual. La OMS ha sido sumamente clara en prohibir este tipo de tratamientos, no solamente porque no sirve pretender convertir a una persona gay, a una persona homosexual o lesbiana , sino porque tiene efectos sumamente nocivos para las personas en términos físicos, psíquicos y el efecto en posibles depresiones es tremendo”, puntualizó. Para Vallejo, que la representante del gobierno no esté al tanto que este tipo de tratamiento es considerado una tortura, permitiría legitimar la violencia contra la diversidad sexual. “Realmente esto ya está superado en el mundo, está considerado casi como una forma de tortura y que la Subsecretaria desconozca eso y que quiera incluso a pesar de eso […]
En aquellos casos que, a su juicio, las personas deseen someterse a estos tratamientos, “que para la OMS y el Ministerio de Salud solo provocan daño, pues no hay nada que curar. Esto es como legalizar el suicidio”, señaló el Movilh junto con exigir la renuncia de la Subsecretaria. Como “abominable y totalmente contrario a la dignidad humana” calificó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) la propuesta a favor de las terapias reparativas de homosexualidad o transexualidad que manifestó hoy la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en el marco del tramite parlamentario para reformae a la Ley Zamudio. El vocero del Movilh, Oscar Rementería, señaló que “estas terapias están prohibidas, totalmente prohibidas, por la Organización Mundial de la Salud, por nuestro propio Ministerio de Salud y por todos los organismos internacionales de derechos humanos”. “Que Recabarren valide la existencia de estas terapias si es que una persona quiere someterse a las mismas, como lo señaló hoy en el Senado, refleja una abierta violación a los derechos, un desconocimiento total de la dignidad humana. Por esto, exigimos su renuncia. Debe renunciar, si está posibilitando o pretendiendo que una persona se someta a torturas porque esa es su voluntad. Esto es como legalizar el suicidio. Es una violación a los derechos humanos que proviene nada más, ni nada menos que de la Subsecretaria de Derechos Humanos”. En efecto, Recabarren señaló hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que el “Estado de Chile siempre ha señalado que se opone a las terapias de conversión. Pero la forma que está redactada (una indicación de la senadora Adriana Muñoz) está en términos absolutos, es decir se podría aplicar a casos donde se podrían contar con la anuencia de una persona que quisiera tratarse, y ahí estamos en un problema, porque iríamos contra la voluntad de una persona”, dijo. Añadió que “teniendo presente la prohibición de las terapias de conversión, que obliguen a las personas a intentar cambiar su identidad, expresión de género u orientación sexual, teniendo clarísimo esto, podría ocurrir que una persona que si quisiera y tuviera la voluntad de hacerlo y estaríamos diciendo que este tipo de actos es discriminatorio. Por tanto no está adecuadamente redactada”, la propuesta de la senadora Muñoz, dijo. Para Rementería, “Recabarren está diciendo, en otras palabras, que si una persona LGBTI piensa que su homosexualidad o transexualidad es una enfermedad, tiene derecho a someterse a terapias de conversión, que de acuerdo a la OMS, no tienen ningún resultado, porque no hay nada que curar. Por el contrario, solo provocan más daño en las personas”. “Esta declaración, es de como de comienzos de los 90, no está a la altura de los tiempos, ni menos de los derechos humanos. Por dignidad, Recabarren debe renunciar. Presentaremos una carta al Gobierno y al presidente Piñera exigiendo ello”, finalizó Rementería. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2020 Crónica Digital
Desde 1961, apenas posesionado, el presidente John F. Kennedy nombró un comité encargado de las elecciones que se desarrollarían en Chile tres años después. Según la investigación de la Comisión Church del Senado estadounidense [1], estuvo compuesto de altos responsable del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. Este Comité fue reproducido en la embajada estadounidense en Santiago, capital chilena. El objetivo era impedir que el candidato socialista, Salvador Allende, ganara los comicios [2]. Allende era un marxista convencido de que por la vía pacífica se podía llegar al gobierno, y, desde ahí, dar un vuelco a las estructuras del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Expresaba que para lograr tal objetivo se debía nacionalizar las grandes industrias, priorizando las que estaban en manos estadounidenses, al ser éstas las que explotaban los recursos estratégicos. Estos, y otros ideales sociales, lo convirtieron en un indeseable para Washington: podría servir de ejemplo para los pueblos de otras naciones latinoamericanas. Para hacerle oposición, varios millones de dólares fueron distribuidos entre los partidos políticos de centro y de la derecha para que realizaran su propaganda. Al momento de elegir el candidato a la presidencia, Washington decidió apoyar a Eduardo Frei, del partido Demócrata Cristiano, un personaje que impuso a sus otros financiados. En total, la operación costó unos veinte millones de dólares, una suma inmensa para la época, al punto de sólo poderse comparar con lo gastado en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es que Washington no tanto invirtió en el candidato Frey, sino que realizó toda una campaña de propaganda anticomunista a largo plazo. La Comisión del Senado dijo: “Se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales.” La Comisión reconoció que la CIA realizó, por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales, una “campaña alarmista” donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al “comunismo ateo e impío.” La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas: Frei logró el 56% de votos, mientras que Salvador Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que “la campaña de inculcar miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas”. Fue una operación psicológica, con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz, en junio de 1954 [3]. Una operación que en Chile no se desmanteló con el triunfo de Frei, porque, a pesar de todo, la cantidad de votos logrados por Allende fue alta. Y el vencido tenía todas las intenciones de presentarse a las futuras elecciones. En sus Memorias William “Bill” Colby, jefe de la CIA entre 1973 y1976, cuenta que, durante las elecciones presidenciales de […]
El 11 de septiembre de 1973 se instala la dictadura militar, dando comienzo a un proceso que afectará directamente a todos los pueblos originarios, profundizando problemas que a esas alturas eran estructurales, como la pobreza y el aislamiento. A esas problemáticas se sumarán la instalación del modelo neoliberal y la persecución estatal a lo largo de todo el país, no quedando afuera los territorios indígenas. El mundo mapuche verá un deterioro en sus condiciones de vida, produciendo diversos procesos de migración campo–ciudad, siendo el motivo de la aparición de una mayoría de población originaria de esta etnia en centros urbanos, graficado en las últimas ediciones censales. Según el censo realizado el año 2017 en la Región Metropolitana habita el 35% de la población total mapuche, doblando los números vistos en La Araucanía. La dictadura militar hizo mella en los sectores populares, mediante una persecución sistemática, la que incluyó torturas, desapariciones y muertes a todo aquel que mostrase contrario a las políticas oficialistas. Lógicamente, la Región de La Araucanía no quedaría ajena a circunstancias de este tipo. Ahora bien, se debe dejar claro que en estas zonas no existió un previo proceso de politización en la población, menos en las comunidades mapuche, por lo que la persecución a la etnia se debió a otras razones, más bien ligadas al lugar en que estas se ubicaban. El historiador mapuche Sergio Caniuqueo así lo señala, destacando que parte de la violencia en la región estaría vinculado al uso de la tierra. “Se tiene en imaginario, sobre todo por la narrativa de la izquierda, que llegaron los militares y reprimieron a todo el pueblo mapuche, lo cual no es tan así. Sí, hay un grupo importante de comunidades que fueron víctimas de la represión, el resto de las comunidades quedaron impactadas por la brutalidad de esa represión, pero tenemos que pensar en que muchas de estas personas ni siquiera eran militantes de partidos políticos, entonces fueron reprimidas porque estaban en una lucha contra la injusticia social que había provocado la entrada del Estado chileno y posteriormente la llegada de colonos, además de todo el problema que había provocado el tema de tierras, como la reducción de tierras. Entonces, luego de toda la lucha social que se dio en el siglo XX, en un punto parecía que iba a existir una solución, entonces llegan los militares y descabezan a ese sector que hacía de punta de lanza”. Sergio Caniuqueo Huircapán Profesor, Historiador y Doctorando en Ciencias Sociales Universidad de La Frontera Las motivaciones por parte del Estado para ocupar el territorio de la población mapuche tuvieron un origen económico. Era necesaria la intervención de estas tierras, además del sometimiento de la población dentro del mismo proceso, puesto que debía ser integrada dentro del proyecto de modernización nacional que pretendía llevar a cabo la dictadura, donde se incluía potenciar actividades económicas como la explotación agrícola y forestal en mano de agentes privados, siendo mayoritariamente empresas extranjeras. Esta cuestión colisionará con la cultura y cosmovisión mapuche, el […]
Varias estaciones del metro de Santiago amanecen con sus nombres reemplazados por los de ejecutados/as políticos/as y detenidos/as desaparecidos/as en la dictadura cívico militar. La acción fue protagonizada por militantes de las Juventudes Comunistas de Chile en una nueva conmemoración del golpe militar de 1973. Durante esta mañana, las estaciones de metro de Santiago de Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, Dorsal, Cerro Blanco, entre otras vieron sus nombres reemplazados por los de ejecutados/as políticos/as y detenidos/as desaparecidos/as de la dictadura cívico militar de 1973 a 1990. Entre los nombres que hacen memoria de la violación a los derechos humanos, destacan el de Celedonio Sepúlveda y Abelardo Quinteros militantes comunistas, cuyas osamentas fueron identificadas hace poco más de un año. Además, la acción hace homenaje a las y los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinados/as por la dictadura en el marco de la llamada operación Albania. La acción fue coordinada y realizada por militantes de las Juventudes Comunistas de la región metropolitana. Al respecto, Camilo Sánchez, presidente de la juventud, señaló que «visibilizar los nombres de nuestros y nuestras caídas en dictadura es una forma de hacer notar la gran deuda de este Estado con los DD.HH., lo cual esperamos remediar en la nueva Constitución» Así mismo, el dirigente de la juventud comunista puntualizó que en nuestro país «se ha construido una sociedad en donde la violación a derechos humanos es nuevamente posible gracias a la impunidad y la tolerancia al pinochetismo negacionista» A propósito del plebiscito del 25 de octubre por la nueva Constitución, la encargada de la comisión de derechos humanos de la JJCC, Vania Donato, señaló que “el apruebo de la nueva Constitución será la primera de tantas conquistas que nos devolverán el derecho a una vida digna, pero también es la oportunidad de consagrar efectivamente el resguardo de los derechos humanos por parte del Estado de Chile”. Al cierre, las y los dirigentes de la juventud hicieron un llamado a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde la dictadura hasta la actualidad. Y junto con ello, homenajear a las héroes y heroínas que sacrificaron sus vidas por la recuperación de la democracia y el cambio de la actual constitución. Santiago de Chile, 11 de septiembre 2020 Crónica Digital
En medio de la orgía de crímenes y violencia que se desencadenó luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba encontraron la muerte en tierra chilena. Eran evangélicos bautistas. Sin militancia política. El primero estudiaba Ingeniería y el segundo Kinesiología. Ambos en la Universidad de Concepción. Tenían 19 y 23 años, respectivamente. Chilevisión y CNN Chile entregaron nuevas informaciones sobre sus asesinatos, luego que revelaran confesiones de José Florentino Fuentes Castro, sargento de Carabineros en retiro, condenado por el Caso Degollados, en una conversación con otro ex oficial. Fuentes Castro participó en la detención de los dos estudiantes. Señaló: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura”. En el diálogo se precisa que hablan de Alejandro Cárcamo: “En la Escuela le decíamos al Cárcamo el camión carnicero”. Los jóvenes fueron llevados en una caravana a la desembocadura, donde se les dio muerte. “Si nosotros estábamos en el Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros), si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras”. En la investigación judicial hasta ahora el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba se identifican a otros involucrados y se confirma la orden de ejecutar a los detenidos. En el audio se escuchan risas en medio del relato sobre cómo se encontraron los cuerpos de los estudiantes acribillados. Fuentes comentó: “Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. Y agregó: “Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”. En 1997, conocí el caso de los dos estudiantes mientras colaboraba con una iniciativa de los organismos de derechos humanos en Chile y Ecuador para interponer en la Corte Suprema de ese país una demanda penal en contra de Augusto Pinochet, que viajaba a este país para participar en una reunión de jefes de los Ejércitos de América. El ex dictador aún ejercía como Comandante en Jefe. La acción fue presentada por un grupo de 21 personalidades de Ecuador, tales como el ex Vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, y el pintor Oswaldo Guayasamín. La demanda, basada en cuatro casos, incluía las ejecuciones de Torres y Campos. El propósito era lograr el arresto de Pinochet. En esa oportunidad logró escapar. En Quito, el general dijo a la prensa que los jóvenes “posiblemente estaban en algo, no sé (…) Lamentablemente, en estos casos caen justos por pecadores”… Concluyó: “¿Qué explicación quiere que le dé? ¿Qué le pida perdón, como dicen algunos?”. EL ENCUBRIMIENTO DEL DOBLE CRIMEN El […]
Un informe oficial de las Naciones Unidas critica severamente la conducta del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate contra la pandemia de COVID–19 en Brasil, donde hoy se registran más de 128 mil muertes por el patógeno. Según el columnista Jamil Chade, del portal de noticias UOL, el documento se presentará en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional en la segunda mitad de septiembre. Revela que el gigante suramericano aparece entre los países que presuntamente cometieron trasgresiones de sus deberes legales en materia de derechos humanos por el comportamiento adoptado ante la crisis sanitaria. De acuerdo con Chade, el Gobierno de Bolsonaro resultó blanco en las últimas semanas de denuncias en el Tribunal Penal Internacional, con sede en Países Bajos, por la forma en que respondió ante la pandemia. Grupos de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otras entidades presentaron sus peticiones a la Corte, y uno de los puntos destacados en el informe de la ONU respecto a Brasil fue la falta de previsiones por la administración ultraderechista y la negación de la gravedad de la enfermedad. “En el caso de la COVID–19, en general, hubo una notable falta de precaución por parte de estados y empresas, desde el uso económico de máscaras faciales hasta la información sobre el riesgo de propagación aérea, pasando por la naturaleza mortal del propio virus”, señala el contenido. Otro aspecto hace alusión a la situación de los pueblos originarios. “La COVID–19 devasta las comunidades indígenas como la trágica historia de la viruela, que diezmó a muchos pueblos de América y de otros lugares”, apunta el pliego. Advierte que en Brasil las comunidades yanomami enfrentan una crisis de salud y existencial por el contacto con garimpeiros (buscadores de minerales) ilegales. El informe increpa asimismo a ciertos líderes gubernamentales, que en vez seguir el asesoramiento científico para adoptar medidas más rigurosas de prueba y freno al virus, presentaron argumentos deshonestos en apoyo de sus planteamientos. En particular, detalla, “la justificación económica para no imponer la contención, sacrificando efectivamente las vidas de sus ciudadanos, en particular de las comunidades de bajos ingresos, las minorías, los trabajadores y personas de avanzada edad”. Una pandemia de esta magnitud era prevenible. “El fracaso se debe a que jefes de Gobierno anteponen intereses económicos o políticos a las preocupaciones nacionales en materia de salud”, denuncia el documento de la ONU. Brasilia, 10 de septiembre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
