Una completa y exhaustiva investigación por parte del Gobierno y del Ministerio Público, de los graves hechos de violencia ocurridos al término de la pacífica manifestación que se desarrolló en Plaza Dignidad, a un año de la Revuelta Social, actividad que convocó a cerca de 100 mil personas, demanda, a través de un comunicado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). A juicio de la institución, «el hecho más grave, dice relación con la muerte de Aníbal Villarroel Rojas, de 24 años, quien, según versiones de testigos, habría sido «asesinado anoche (domingo 18 de octubre) en la población La Victoria, por impactos de balas o perdigones en su pecho», disparados por funcionarios de Carabineros que cumplían funciones represivas en el sector». «A este hecho, se suma el incidente en que resultó herido a bala, en las cercanías de Plaza Dignidad, Ricardo Araya Romero, 37 años, padre del menor A.A., lanzado al Río Mapocho el pasado 2 de octubre, por lo cual se encuentra formalizado y en prisión preventiva, el excarabinero Sebastián Zamora. El padre del menor fue internado en el Hospital Sótero del Río, e intervenido quirúrgicamente», agrega en un comunicado. La CChDH exige, además, una investigación exhaustiva de «la participación del funcionario de la Armada en el incendio que destruyó completamente la Parroquia de la Asunción, en Santiago, en confusos incidentes que se desarrollaron durante la tarde de ayer. La participación de un funcionario de una institución del Estado, hecho reconocido por un comunicado oficial de la Armada, se suma a la situación del carabinero que, bajo el seudónimo Giovany Arévalo Álvarez, quien se infiltró en una olla común en la población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, sector Oriente de Santiago, para instigar a la población a atacar la Comisaría del sector», recordando que a estos casos se suma «la participación de dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, detenidos en la ciudad de Temuco el pasado 6 de Agosto, por lanzar piedras a Carabineros, en el marco de una protesta que se desarrolló en esa capital regional». Asimismo, la CChDH destaca que a través de redes sociales también circulan diversas fotografías y videos, denunciando la presunta participación de otros funcionarios de instituciones uniformadas, en acciones de protesta. «La CChDH, junto con condenar y denunciar estos graves hechos, conmina al Gobierno a prestar toda la colaboración a las Fiscalías que asuman la tarea de investigar estos casos, a la vez que expresa su preocupación por la participación de agentes del Estado infiltrados, que con su accionar, buscan distorsionar el verdadero sentido de las masivas y pacíficas manifestaciones con que los chilenos y chilenas ejercen el legítimo derecho a la protesta social», puntualiza. El comunicado concluye expresando la preocupación de la CChDH por cuanto «todos estos graves hechos se producen en la víspera del histórico Plebiscito convocado para este 25 de Octubre, que dará inicio al proceso constituyente que pretende cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura cívico militar, principal obstáculo para establecer una verdadera democracia, fundada en el […]
DD.HH.
La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) en Chile rechazó las amenazas a profesionales del sector por grupos de extrema derecha, que intentan coartar el ejercicio de su labor. En una declaración, la ACPI se refiere en particular a Carolina Trejo Vidal, corresponsal de la Agencia Sputnik de Rusia, a quien le enviaron a su casa panfletos con su fotografía y acusándola de “incitar y justificar la violencia callejera, saqueos e imponer sus ideas”. Los volantes no están firmados pero ostentan el símbolo de una araña, con el cual se identificaba el grupo ultranacionalista Patria y Libertad de reconocido accionar terrorista en el Gobierno de la Unidad Popular, y llaman a los “patriotas” a “cumplir con su deber” que “ya saben”. El pronunciamiento puntualiza que “este tipo de hechos resultan inadmisibles en una democracia y atentan contra el libre ejercicio de la prensa a informar y estar informado”. El texto recuerda que por estos días numerosos profesionales de la prensa están pidiendo ingresar al país para cubrir el histórico plebiscito del 25 de octubre. Para la ACPI –agrega la declaración– resulta un deber “no sólo pedir respeto a la libertad de expresión, de información y opinión sino también por la integridad física y sicológica de nuestros profesionales” y exige al gobierno garantizar el ejercicio libre del Periodismo y una cobertura completa y amplia de los históricos días que está viviendo Chile. Otras recientes amenazas fueron dirigidas al corresponsal holandés Boris van der Spek, que recibió por correo electrónico amenazas explícitas de muerte por parte de una persona no identificada, señaló la ACPI en una declaración. En igual sentido tanto el Colegio de Periodistas como el Centro de Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, repudiaron las amenazas recibidas por la académica y periodista Trejo Vidal. Santiago, 18 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos denuncia ante la comunidad nacional e internacional, las graves amenazas que están siendo objeto muchos chilenos y chilenas, que inevitablemente nos recuerdan patrones represivos utilizados durante la Dictadura cívico militar que asoló a nuestro país durante diecisiete años. Con profunda preocupación, tomamos conocimiento de amenazas y amedrentamientos de los que ha sido objeto la expresidenta del Tribunal Regional de Ética de esa entidad, Carolina Trejo Vida, quien es además académica y corresponsal de varios medios de comunicación nacional y comunitarios. Esta misma situación ha afectado a varios comunicadores sociales, como Claudio Salinas, Marcelo Osses y Juan Guillermo, todos miembros de Radio Plaza Dignidad, así como a Mónica Pizarro, colaboradora de Radio 1 de Mayo de La Victoria. Símbolos con la araña del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad, conocido por acciones violentas durante los años 70, se repiten en todas estas situaciones, incluyendo la amenaza a la doctora Carla Paz Pellegrin Friedmann, en un volante con su foto e información personal. Esta última amenaza resulta aún más grave, al ser la doctora Pellegrin hermana de Raúl Pellegrin Friedmann, «Comandante José Miguel», uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinado en Los Queñes junto a Cecilia Magni «Comandante Tamara», en Octubre de 1988. Cabe recordar que hace sólo una semana, expresamos nuestra preocupación por la represión desmedida que ha ejercido personal de Carabineros sobre manifestantes que hacen uso de su legítimo derecho a manifestarse, según consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, y diversos pactos y convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Sabíamos que la situación se agravaría a días de del 18 de Octubre y por eso, en conjunto con el exjuez Baltasar Garzón, y con la adhesión de diversas asociacionCC de juristas internacionales, solicitamos a través de una carta enviada el pasado 8 de octubre, que la Alta Comisionada de ONU hiciera gestiones para enviar observadores de derechos humanos a Chile entre el 16 y 26 de Octubre. Esta misiva ha sido ampliamente difundida, recibiendo adhesión de cientos de organizaciones nacionales e internacionales. A lo anterior, se suma una carta similar de adhesión a nuestra iniciativa, enviada a la Alta Comisionada, por el Movimiento Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones sociales. La Comisión Chilena de Derechos Humanos demanda del Gobierno adopte las medidas para poner fin inmediato de todas estas graves amenazas que pretenden generar un clima de terror en la población, cuyo fin último es inhibir las legítimas manifestaciones ciudadanas en contra de este modelo de sociedad injusto, desigual y negador de derechos humanos básicos. COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS Santiago, 16 de octubre 2020
“¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a protestar”, señala Gustavo Gatica en una columna publicada en la famosa e influyente revista “Time” de Estados Unidos, en la que relata el contexto en que se inscribieron las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre pasado y las dramáticas circunstancias en que la policía le disparó perdigones que le arrebataron la vista. La columna es titulada “Me dispararon y perdí la vista por protestar contra la desigualdad en Chile. Necesitamos seguir exigiendo justicia”. “Mi vida cambió por completo el 8 de noviembre del año pasado. Ese día, agentes de Carabineros, miembros de la Policía Nacional de Chile, me dispararon en ambos ojos, dejándome completamente ciego. ¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a protestar”, comienza el texto. Cuenta que las protestas “comenzaron debido a un aumento en el precio del transporte público, pero ese fue solo el detonante después de décadas de injusticia. Salimos a las calles para cambiar eso, para exigir un acceso más equitativo a la salud y la educación, y mejores pensiones”. Frente a las violaciones a los derechos humanos, indica: “No hay garantía de que regrese a casa a salvo. Cuando sales a protestar, vas preparado con un casco y una mascarilla para protegerte de los gases lacrimógenos. Pero no hay forma de protegerse de los cañones disparados por los carabineros”. En ese sentido, consigna que, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Amnistía Internacional, durante las primeras seis semanas desde el “estallido” 12.500 personas resultaron heridas y al menos 460 sufrieron lesiones graves en sus ojos. “La intención de las autoridades era clara: hacernos daño como castigo por atrevernos a protestar”, señala. Cuenta las complejidades de comenzar a vivir sin la visión, ejemplificándolo con problemas cotidianos, como “sostener un tenedor para comer”. Cuenta: “Tuve que aprender todos estos procesos de nuevo, pero con el tiempo estoy desarrollando las habilidades que necesito para continuar con mi vida. Ahora puedo hacer cosas como cocinar (…) e incluso estoy aprendiendo a tocar la batería y el piano”. “Lo más difícil ha sido salir y usar un bastón. Es estresante por el ruido y el entorno. Pero en marzo salí a protestar nuevamente en la misma plaza donde me dispararon. Eso fue muy importante para mí y fue conmovedor sentir el cariño de la gente. Mucha gente me dio las gracias. Se sentía extraño pero agradable. Mucha gente me ha ofrecido ayuda y hemos construido una red gigante de personas. Este apoyo y solidaridad me da la fuerza para seguir adelante”, escribe. Respecto de las investigaciones para sancionar a los responsables de las lesiones de las que fue víctima, en que está con prisión preventiva el ex teniente coronel Claudio Crespo, dice: “Me alegro de que se haya avanzado y ahora estoy esperando que la justicia haga su trabajo y también cobre a los que permitieron que los Carabineros salieran a dispararnos día tras día”. “Esta tragedia que hemos experimentado nunca debería haber sucedido. Lo […]
La Fiscalía Nacional debe investigar a mandos estratégicos de Carabineros de Chile, como el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad, así como a ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana, por su posible responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el llamado “estallido social”, señaló Amnistía Internacional en un nuevo informe que publica en víspera del primer aniversario de las protestas ciudadanas. En “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, Amnistía analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron “graves violaciones de derechos humanos”, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que “los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas”. Precisa que se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza hasta mediados de marzo de 2020, cuando las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia de la COVID–19. Añade que recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado. “Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa. A través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, propiciaron casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai, entre muchos otros”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Añadió que “la cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”. Indicó que el uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la institución policial por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros “pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas”. Amnistía Internacional señaló haber investigado a profundidad las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de 12 personas, a través de carpetas de investigación, expedientes judiciales, entrevistas a víctimas, personas defensoras de derechos humanos, y autoridades, entre ellas fiscales a cargo de las investigaciones. Además, la organización analizó más de 200 piezas videográficas y realizó 14 solicitudes formales de información a distintos ministerios, incluido el Ministerio del Interior. El informe asegura que existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de […]
Esta mañana Amnistía Internacional presentó el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, documento que expone antecedentes respecto a la responsabilidad de las altas autoridades de Carabineros de Chile durante el estallido social el pasado 18 de octubre de 2019, y de paso, pide a la Fiscalía investigar dicho actuar de la institución que encabeza el director general Mario Rozas. Para la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, este informe se suma a varios documentos internacionales presentados anteriormente que dan cuenta que – en sus palabras- la institución ha violado sistemática y permanentemente los DD.HH en Chile. “Que el Gobierno siga haciendo vista gorda de la necesidad de remover al General Director de Carabineros de su cargo, de la necesidad de tomar medidas para reformular esta institución, a mi me parece que es seguir mirando para el lado frente a la violaciones de DD.HH que están absolutamente acreditadas, donde la responsabilidad política es del Gobierno, y la responsabilidad administrativa sin lugar a dudas es de la institución Carabineros de Chile”, dijo la parlamentaria. Cariola, diputada representante de la zona norponiente de la capital, agregó que “no me compro la idea de que acá hay que sancionar de manera individual a los efectivos policiales, porque si lo llevamos solo a una categoría individual, desconocemos una acción generalizada y sistemática que Carabineros de Chile ha llevado adelante en las últimas manifestaciones, en los distintas acciones contra la ciudadanía, y en una acción que ya no solo lo decimos quienes hemos hecho esta denuncia públicamente, si no que lo dice Amnistía internacional, la ONU, organismos internacionales que vinieron a Chile, observaron el rol de Carabineros y que han cuestionado duramente su actuar”. El reporte emitido por la ONG apunta directamente a la responsabilidad que cabe en las principales autoridades de la institución: el director general de Carabineros, Mario Rozas, el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, planteando que las omisiones fueron deliberadas por parte de los altos mandos y que estas acciones deben ser dilucidados por la justicia chilena. El informe también señala la responsabilidad del Gobierno de Sebastián Piñera al apoyar constantemente el actuar de la institución y no tomar control en su debido momento “favoreciendo la continuidad de la estrategia”. Santiago de Chile, 14 de octubre 2020 Crónica Digital
Misiva fue enviada por Baltasar Garzón, ex juez y presidente de FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), junto a asociaciones de juristas internacionales. El ex juez y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIBGAR, y Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con la adhesión de la Asociación de Juristas Demócratas Italianos, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el Grupo de Intervención Jurídica Internacional (GIGI), enviaron una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet Jeria, solicitando haga gestiones para «el urgente envío de una misión de observadores a Chile, de manera preventiva, entre los días 16 y 26 de octubre. En la misiva mencionan la represión que afecta al país desde el denominado «estallido social», y denuncian que los responsables de conducir a la policía uniformada del país, en particular el Director General de Carabineros, Mario Rozas, «continúa al mando de la institución, con una política de respaldo irrestricto a sus subalternos, generando una sensación de protección y favorecimiento de violaciones a los derechos humanos». “Tanto es así que, siguen las denuncias de disparos de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas en contra de la población civil por parte de la policía, como además, un homicidio frustrado provocado por un funcionario policial que arrojó a un menor de edad al lecho del Río Mapocho, el pasado viernes 2 de octubre”, señala la misiva. “Se acercan fechas importantes, como el primer aniversario del estallido social que tendrá lugar el 18 de octubre, pero también la celebración del plebiscito sobre una nueva constitución que se celebrará el próximo 25 de octubre”, señalan los firmantes. Los firmantes de la misiva solicitan a la Alta Comisionada ONU, que la misión de observadores de derechos humanos pueda, de manera preventiva, desplazarse por el país, «informando, observando y supervisando la actuación de la policía por 10 días, desde el 16 al 26 de octubre de 2020». «La prevención parece ser fundamental en el presente caso, pues tenemos razones fundadas para temer un nuevo derramamiento de sangre en un país que ya fue brutalmente castigado en dictadura, como también recientemente en la represión de manifestantes que piden una Nueva Constitución, un pacto social, verdad, justicia y sobre todo dignidad», concluye la carta enviada a la Alta Comisionado de ONU, Michelle Bachelet. Santiago de Chile, 12 de octubre 2020 Crónica Digital
La preocupación principal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, CCHDH, es instar por el término de la represión “como condición esencial y necesaria para abrir un camino a la paz social”, manifestó el presidente de la institución, Carlos Margotta, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, invitado el 8 de octubre, con el objeto de exponer las deudas pendientes, a un año del “estallido social” en materia de verdad, justicia, y garantías de no repetición. “Creemos que la política de violación masiva, grave y sistemática a los derechos humanos implementada por el Gobierno para enfrentar y neutralizar el legítimo ejercicio a la protesta social a partir de octubre pasado, no ha terminado y aún no comenzamos ese tránsito hacia la paz social”, puntualizó, al citar la grave situación vivida en el Puente Pío Nono. En la oportunidad, el abogado Carlos Margotta detalló el rol de la CCHDH, organismo de la sociedad civil, poniendo particular énfasis “en su defensa a las víctimas de la represión desatada a partir del 18 de octubre”. Al respecto, puntualizó que en estos doce meses la CCHDH interpuso 42 querellas, asumió la defensa de 10 presos políticos, y prestó asistencia psicológica a las víctimas y sus familiares, a través de un equipo voluntario de psicólogos creado para tales efectos. De igual forma, informó que se hicieron 4 presentaciones a la Corte Suprema, 20 denuncias a la Contraloría General de la República, 65 solicitudes de acceso a la información al Consejo para la Transparencia, y 3 amparos ante el mismo organismo. “Además, para obtener el debido amparo a las víctimas, se recurrió a distintos órganos de sistema de protección internacional de los derechos humanos”, puntualizó Carlos Margotta, al mencionar una solicitud de medidas cautelares presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de 284 defensores y defensoras de derechos humanos de distintas organizaciones de la sociedad civil “por amenazas a su libertad personal e integridad física”. El presidente de la CCHDH fue enfático en informar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que “esta conducta hostil, se sigue repitiendo en las unidades policiales y centros de salud, cuando nuestros defensores de derechos humanos ejercen su función de asistencia a las víctimas y sus familiares”. También se refirió a la denuncia presentada ante la Relatoría Especial de ONU sobre la independencia de Magistrados y abogados en el caso del Juez Daniel Urrutia, cuando se inició un sumario administrativo por haber decretado el cambio de medida cautelar a 13 presos políticos, de prisión preventiva a arresto domiciliario total. De igual forma, mencionó la denuncia presentada “por iniciativas gubernamentales de indulto a criminales de lesa humanidad, ante la Relatoría de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y una carta denuncia ante ACNUDH por el intento del Gobierno de hacer retornar al trabajo presencial a los funcionarios públicos en el mes de abril”. “Seguiremos recurriendo al sistema de protección internacional de derechos humanos hasta obtener justicia para las víctimas y sanción a los responsables”, […]
“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de la fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico ‘derrame’ o ‘goteo’ (…) como el único camino para resolver los problemas sociales. No advierte que aquel supuesto ‘derrame’ no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social”. La cita no es una reflexión procedente desde la izquierda, el progresismo o los movimientos ciudadanos, los mismos que la derecha suele calificar de “populistas”. Es una de las ideas clave de la nueva Carta Encíclica del Papa Francisco, la tercera de ese tipo en sus casi ocho años de pontificado: “Fratelli tutti”, sobre “la fraternidad y la amistad social”. El diario español “El País” comentó que “defiende una suerte de mirada del mundo que bien podría redefinir los valores del socialismo actual”. El mensaje de Bergoglio es particularmente significativo en un contexto en que una de las bases de la contraofensiva de la derecha y de los neofascismos es la manipulación de la religiosidad, considerando su arraigo en la sociedad popular. En el texto, el Papa Francisco arremete contra la globalización fundada en la desigualdad, el neoliberalismo, el predominio de la propiedad privada sobre el derecho común a los bienes, la falta de empatía con los inmigrantes. Fustiga la falta de aprendizaje luego la última crisis económica, donde no se reguló “la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia”. Y subraya: “Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad”. El contexto temporal de la Encíclica, por cierto, es la pandemia de la COVID–19, situándola en el marco más amplio de la crisis social de la humanidad: “Algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos”. Agrega: “El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia”. Y sostiene: “Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos […]
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, expondrá ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, acerca de la grave situación que vive el país en materia de violaciones a los derechos humanos, con ocasión de cumplirse un año del inicio del denominado «estallido social» y dará cuenta del incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en esta materia. Cabe tener presente que la Institución ha presentado 40 querellas durante el período, 21 de las cuales han sido interpuestas en contra del Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Director General de Carabineros, por su participación en crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley 20.357, vigente desde el año 2009. La presentación tendrá lugar este jueves 8 de octubre, entre las 15:30 y 17:30 horas, en el marco de la sesión convocada por los representantes de la Cámara Alta, para analizar las «Deudas pendientes en DD.HH. a un año del estallido social, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Esta sesión especial fue convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador Juan Ignacio Latorre, y están invitados, además, el Director del INDH, Carabineros de Chile, y Lucía Dammert, académica titular de la Universidad de Santiago de Chile. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, expondrá ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, acerca de la grave situación que vive el país en materia de violaciones a los derechos humanos, con ocasión de cumplirse un año del inicio del denominado «estallido social» y dará cuenta del incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en esta materia. Cabe tener presente que la Institución ha presentado 40 querellas durante el período, 21 de las cuales han sido interpuestas en contra del Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Director General de Carabineros, por su participación en crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley 20.357, vigente desde el año 2009. La presentación tendrá lugar este jueves 8 de octubre, entre las 15:30 y 17:30 horas, en el marco de la sesión convocada por los representantes de la Cámara Alta, para analizar las «Deudas pendientes en DD.HH. a un año del estallido social, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Esta sesión especial fue convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador Juan Ignacio Latorre, y están invitados, además, el Director del INDH, Carabineros de Chile, y Lucía Dammert, académica titular de la Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile, 7 de octubre 2020 Crónica Digital
