El director ejecutivo del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), Jonatan Díaz, catalogó como un “cuasi delito de homicidio” el procedimiento que dejó un saldo de dos niños heridos por un funcionario de Carabineros al interior de una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano. Indicó que no descarta acciones judiciales en contra de la institución policial. De este modo, Díaz se refirió a las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre el procedimiento efectuado por Carabineros al interior de una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) del cual resultaron dos jóvenes heridos a bala. “Resulta incomprensible y fuera de toda lógica, que por un procedimiento policial existan niños con heridas de bala. Esto revela el descriterio de Carabineros, que vulneró todos sus protocolos y puso en riesgo la vida de jóvenes menores de edad, que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Los responsables directos y quienes estuvieron a cargo del procedimiento deben pagar con cárcel”, manifestó. Para Díaz, “el resultado de este procedimiento policial es el caso de dos niños que sufrieron un cuasi delito de homicidio. Esto pudo haber tenido resultados fatales. Queremos pedir al gobierno, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las autoridades regionales, a la Defensora de la Niñez, y a toda la sociedad civil, que condenemos lo ocurrido en Talcahuano. No puede existir una doble lectura de los hechos. Debemos parar con el terrorismo de Estado contra la población”. Jonatan Díaz, quien además es candidato a gobernador regional en la primaria del próximo 29 de noviembre, afirmó que “esperamos que Carabineros contribuya a la investigación y sea la PDI la que asuma las responsabilidades investigativas. Carabineros superó todo límite y la autoridad civil debe ejercer su control sobre ellos. Los responsables de los disparos deben ser dados de baja y ponerse a disposición de la justicia a la brevedad. De no ser así, no descartamos acciones judiciales para que este hecho no quede impune”. Concepción, 18 de noviembre 2020. Crónica Digital.
DD.HH.
Cientos de personas se congregaron en la céntrica Plaza Baquedano, de esta capital, para exigir la liberación de decenas de jóvenes que permanecen presos tras el estallido social de octubre de 2019. Durante la demostración, fuerzas de Carabineros, con carros lanza agua y gases lacrimógenos intentaron desalojar a las personas que convocadas por las redes sociales, durante la tarde comenzaron a llegar a la explanada, bautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad. Como ha ocurrido en semanas anteriores, los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes se prolongaron por largo rato, hasta que finalmente los uniformados y sus vehículos se retiraron de la plaza, que fue ocupada por cientos de personas en un ambiente que se tornó pacífico e incluso festivo. Al pie del monumento al general Manuel Baquedano fue desplegada una gran tela blanca con la consigna «Solo luchando avanzamos», mientras que numerosos participantes portaban banderas de Chile y mapuches y carteles exigiendo la libertad para los presos del estallido social. En las últimas semanas han cobrado fuerza las demandas desde partidos de oposición y organizaciones sociales y de derechos humanos, para que sean liberadas un número indeterminado de personas, la mayoría jóvenes, que han sido mantenidas en prisión preventiva durante meses. Quienes demandan su liberación, aseguran que las autoridades los mantienen ilegalmente en esa condición sin proceso judicial alguno por la inexistencia de pruebas demostrativas de que cometieron delitos, cuando la mayoría de ellas solo fueron detenidas por participar en manifestaciones populares. Desde el gobierno, en cambio, alegan que no existen detenidos en esa situación y quienes están presos es por haber perpetrado acciones contra el orden público y por dañar la propiedad pública y privada. Santiago de Chile, 16 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
La corte de Apelaciones de San Miguel, en esta capital, condenó a penas entre cinco y 15 años a 13 exmilitares por el homicidio de 38 campesinos en 1973. Los asesinatos ocurrieron en días posteriores al golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende, y según consta los campesinos fueron detenidos por los uniformados y posteriormente ultimados entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada los Quillayes, en el sur del país. Tras conocerse el fallo, luego de una de las investigaciones más dilatadas en materia de derechos humanos en Chile, el abogado Luciano Fouilloux declaró a la prensa que después de un largo proceso finalmente se hizo «un ajuste con la historia y con tanta víctima inocente e indefensa». Calificó este caso de histórico, pues la localidad de Paine, en el sur del país, de donde procedían las víctimas, es considerada el lugar de Chile donde, teniendo en cuenta su escasa población, mayor represión hubo en Chile tras el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó que «siempre vamos a luchar para que los tribunales de justicia cumplan con su deber, pero esta justicia es tardía, muchos de los familiares han fallecido, y siempre se excluye a los civiles políticos responsables del genocidio». Asimismo, subrayó que a pesar de la gravedad de los delitos cometidos «nunca vemos que se resuelva condenar a condenas perpetuas. Es decir, tardan y encima son migajas». Santiago de Chile, 12 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
Mediante una declaración que hace un llamado a la comunidad internacional “a monitorear la situación de derechos humanos en Chile, en especial la de los jóvenes que se encuentran presos por motivaciones políticas de parte del Estado chileno”, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH) emitió un respaldo público a la ley de amnistía que se debate en nuestro país para liberar a los presos del estallido social. El escrito manifiesta que “a finales de 2019, diversos países de América Latina iniciaron procesos populares movilizadores, con características que posibilitaron que dicho tiempo estuviese marcado por multitudinarias protestas, una agudización de los conflictos sociales, y una fuerte y dura respuesta de los aparatos estatales y los agentes del Estado para reprimir dichas expresiones”. “A partir de ese tiempo, los Estados adoptaron una política de persecución contra liderazgos y participantes de las protestas, con el único objetivo de desmovilizar y atemorizar a quienes decidían ejercer su derecho a rebelarse, lo que se tradujo en la aplicación de encarcelamientos injustificados, condenas excesivas y una criminalización del movimiento social”, señala. En el contexto de las movilizaciones en nuestro país, Jonatan Díaz, Director Ejecutivo del FOLADH, expresó que “hemos visto cómo en Chile esta persecución se ha centrado principalmente en jóvenes, en muchos casos, de sectores vulnerables, a quienes se les ha aplicado un criterio fuera de lo común, vulnerando las garantías procesales y la presunción de inocencia mediante juicios motivados por pruebas falsas y montajes, que tiene hasta ahora, a cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, privados de libertad en las cárceles chilenas”. Por ello, Díaz valoró el “Grupo de Iniciativa creado entre agrupaciones de familiares, expertos en derechos humanos, y parlamentarios, que trabajarán en el ingreso de una Ley de Amnistía para permitir la liberación de estos jóvenes. Instamos al gobierno de Sebastián Piñera a llevar adelante la amnistía que posibilite el reencuentro en miras a la nueva Constitución que comenzará a redactarse”. Cabe recordar que la ley de amnistía fue anunciada por el senador Alejandro Navarro (PRO) y su borrador ya fue entregado a las familias de los detenidos para presentar en los próximos días el proyecto que será ingresado al Senado. Santiago de Chile, 9 de noviembre 2020 Crónica Digital
Conmoción causó la noticia de la muerte de Ernesto Carmona. Las redes sociales se han copado de reconocimientos a su larga y fructífera vida dedicada al periodismo de verdad. Ese periodismo comprometido y militante, apasionado y riguroso que se forjó -más allá de las aulas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile- porque su principal escenario fue la calle, la militancia, el reporteo y la investigación. De memoria privilegiada, de una solidaridad sin límites y de una capacidad para escribir pese a las malas jugadas que le paso su salud, Ernesto Carmona es autor inagotable de ensayos y libros testimoniales. Poco antes de morir, con gran esfuerzo y disciplina presentó su libro “Islas Cárceles, castigo a la transgresión”. Fue editor, en 1966, de “Morir es la noticia” un trabajo magistral para la historia del periodismo y una obra educativa para las nuevas generaciones. En este libro lideró un trabajo de investigación colectiva para dejar un registro de lo que fue el periodismo de los años 60 – 70 mediante una semblanza de periodistas, estudiantes de periodismo y trabajadores de la comunicación asesinados en dictadura, mostrándoles en sus formas de pensar y en su participación política. La labor investigativa de Ernesto Carmona fue silenciosa, no mediática, ni siquiera remunerada, de largo plazo y dio origen a libros trascendentales cuya información estaba fuera de los medios de comunicación chilenos. Por ejemplo, “Chile desclasificado” (1999) cuyos datos permitieron desarrollar otras investigaciones en Derechos Humanos o como la de los jóvenes estadounidenses detenidos desaparecidos en Chile durante el Golpe Militar. De otra de sus búsquedas surge el documental “Imagen Final” del cineasta argentino Andrés Habegger, que identifica a los autores del asesinato del periodista sueco argentino Leonardo Henrichsen, quien antes de morir grabó en su cámara a quienes le dieron muerte en Santiago, el 29 de junio de 1973, en el ensayo de golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, más conocido como El Tanquetazo. La trayectoria periodística de Ernesto Carmona se inicia en la revista Vistazo, fue corresponsal del diario El Sur de Concepción, reportero en radio Magallanes, redactor en el diario El Siglo, Prensa Latina y Punto Final. Trabajó en “Sábados Gigantes” de Canal 13 y en el Canal 9 de la Universidad de Chile. En 1973 era director de radio Nacional. Posteriormente trabajó en El Cronista de Buenos Aires y fue catedrático en la Universidad Central de Caracas. Alejandra Matus define a Ernesto Carmona como “un colega con quien podrías estar conversando y aprendiendo la vida entera; leal, noble, inteligente y generoso”. Para el ex presidente del Colegio de Periodistas, Guillermo Torres Gaona es “uno de los grandes periodistas revolucionarios de nuestra época. Con una obra enorme. Destacado dirigente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), del Colegio de Periodistas de Chile y del Círculo de Periodistas Juan Emilio Pacull”. El afecto y reconocimiento de los periodistas y de quienes lo conocen, también envuelve a Doris Jiménez, compañera de toda una vida no solo en el amor, en los hijos y en los […]
Tras largos años de investigación, se ha dictado sentencia condenatoria en la causa Venda Sexy en contra de cuatro agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en dicho recinto en contra de Beatriz Bataszew Contreras, Cristina Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Sara de Witt Jorquera, Carmen Holzapfel Picarte, Clivia Sotomayor Torres, Agustín Holgado Bloch, Luis Ahumada Carvajal, Eugenio Alarcón García y Luis Bernal Venegas. Una de las querellantes en la causa, la psicóloga Beatriz Bataszew, junto con valorar la condena a algunos ex agentes del Estado de Chile, relevó la importancia de la lucha que por años han llevado adelante las sobrevivientes de la violencia política sexual. “Si hoy contamos con una sentencia judicial, más allá del tiempo transcurrido, que reconoce el carácter sistemático de la violencia sexual cometida en “Venda Sexy”, se debe en gran medida a que muchas de nosotras, sobrevivientes de aquello, nos hemos mantenido organizadas y hemos sido firmes en denunciar la magnitud y gravedad de la violencia política sexual cometida en el país en contra de muchas víctimas”. En la sentencia dictada por el Ministro Mario Carroza Espinosa se destaca la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en el recinto denominado “Venda Sexy”, señalando que en el lugar, además de infringir graves sufrimientos físicos y psíquicos a personas previamente secuestradas, se cometió violencia sexual de manera sistemática, constitutiva de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la abogada Camila Maturana Kesten de Corporación Humanas señaló que “resulta de la mayor preeminencia que el Poder Judicial reconozca que la violencia política sexual hizo parte de la política de represión aplicada por los agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, de manera masiva y sistemática, particularmente en contra de las mujeres”. La violencia política sexual cometida en Chile durante la dictadura cívico militar en el marco del terrorismo de Estado ha sido consignada por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura (Comisión Valech) y materia de preocupación para diversos organismos internacionales. Frente a ello, Beatriz Bataszew refiere que “por demasiados años, la violencia política sexual ha permanecido impune en nuestro país, y de ello ha derivado que en gran medida en las manifestaciones estudiantiles de 2011 y de años siguientes y en las manifestaciones sociales de 2019 en el marco de la revuelta política social se siguiera cometiendo esta expresión de violencia por parte de agentes del Estado, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de las Fuerza de Orden y Seguridad Pública”. La abogada de Corporación Humanas Camila Maturana Kesten, concluye que más allá de valorar la sentencia del Ministro Carroza en el caso de “Venda Sexy”, resulta importante revisar si el Estado de Chile ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de garantías de no repetición. Frente a ello señala que “se trata de crímenes de violencia política sexual cometidos desde septiembre de 1973 en adelante por parte de todas las ramas de las fuerzas armadas y de orden y seguridad, […]
A través de sendas querellas criminales en contra de quienes resulten responsables del delito de amenazas a la “integridad física y psíquica”, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), el Colegio de Periodistas de Chile y el Colegio Médico de Chile, pidieron al 3° y 4° Juzgado de Garantía de Santiago, investigar la participación de un grupo terrorista que -a través de volantes con formato tipo- utiliza “araña”, símbolo que representa a Patria y Libertad, grupo de ultraderecha que en antaño y de manera coordinada, “realizó acciones armadas, atentados contra personas y bienes y que, en la actualidad, también se le vincula con ataques a personas por sus opiniones políticas”. Las acciones legales, declaradas admisibles, están dirigidas contra quienes resulten responsables de las amenazas recibidas, por la periodista y académica Carolina Trejo Vidal, la doctora Carla Pellegrin Friedman, y el doctor Roberto Bermúdez Pellegrin, el 16 de octubre 2020, con volantes de mismas características; es decir, mismo formato, datos personales y fotografías de los afectados, se imputan delitos, y se les critica abiertamente por posturas y actividades políticas realizadas. En los tres casos, los volantes “destacan símbolo del grupo terrorista de extrema derecha “Patria y Libertad”, por lo que las frases “Se busca” y “patriotas, ya saber cómo cumplir con su deber”, solo puede ser entendido como una amenaza a nuestra integridad física y psíquica, tanto de quienes dejaron los panfletos, como el llamado que hacen para que terceros “cumplan con su deber”. En el caso de los médicos, Bermúdez Pellegrin y Pellegrin Friedman, la acción legal indica que ambos “participan activamente en iniciativas para la promoción de los Derechos Humanos”, haciendo presente que esta función se intensificó a partir del 18 de octubre 2020, “participando en grupos de salud dedicados a atender víctimas de la violencia policial y militar durante el estallido social”. El texto constata que el 16 de octubre 2020, sujetos desconocidos, abordo de un vehículo, lanzaron panfletos en sus respectivos lugares de trabajo “dando a entender que “se buscan” para ser víctimas de delitos por razones políticas, utilizando el símbolo de grupo de ultraderecha Patria y Libertad”. En el caso del Dr. Bermúdez, fueron lanzados en el Centro de Alta Resolutividad “Dr. Juan Carlos Concha”, ubicado en Av. Zapadores N°1099, en la comuna de Recoleta, lugar donde de desempeña laboralmente desde abril del año en curso. En el caso de la Dra. Pellegrin, en tanto, los mismos panfletos fueron lanzados en la entrada del Hospital San José, en calle San José N°1199, comuna de Independencia, establecimiento asistencial donde trabaja hace 26 años. Para ambos profesionales de la Salud, se solicitan, además, urgentes medidas de protección, por cuanto el “hecho de que este grupo haya encontrado información no disponible al público y el haberse coordinado para amenazar a varias personas, dan cuenta de cierta capacidad para llevar adelante sus planes”, lo que sin duda ha producido temor en los profesionales afectados, sus familias y personal sanitario que trabaja en los mismos centros de Salud. Panfletos con similares […]
Los familiares de presas y presos políticos de la revuelta social junto a parlamentarios, organizaciones sociales, abogados y personalidades pertenecientes a distintos ámbitos del quehacer nacional, hemos conformado el Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos. Este Grupo de Iniciativas, se ha planteado como tarea principal la redacción de un Proyecto de Ley de Amnistía que permita la libertad de TODOS los presos y presas de la revuelta del 18 de Octubre 2019, así mismo exigir poner fin a la política de privación de libertad con que el Gobierno pretende aplicar una suerte de castigo ejemplificador contra quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a la movilización social en busca de una sociedad basada en la dignidad y justicia. Como familiares y amigos exigimos el fin de la violencia y el abuso de los agentes del Estado (policías, fiscales, gobierno, jueces), cuya actuación ha generado el sufrimiento de nuestros hijos e hijas así como de nuestras familias. Hacemos un llamado al conjunto de la sociedad a solidarizar con nuestro dolor. Pedimos y exigimos a los medios de prensa dar a conocer esta realidad. El Estado de Chile ha instalado una estrategia basada en burdos montajes policiales, a través de los que mantiene secuestrados a centenares de jóvenes en las cárceles, sin siquiera la posibilidad de visitas. El martes pasado, Daniel Morales y su sobrino menor de edad, presos durante un año, acusados injustamente de quemar la Estación del Metro Pedreros, quedaron en libertad luego de que el Séptimo Tribunal Oral Penal de Santiago dictara una resolución de absolución y libertad inmediata, ya que – según el abogado defensor- todo se basó en un montaje editado por parte de la PDI avalado por la Fiscalía Oriente. Diversos informes de organizaciones calificadas, acreditan la violación a los de un Proyecto de Ley de Amnistía que permita la libertad de TODOS los presos y presas de la revuelta del 18 de Octubre 2019, así mismo exigir poner fin a la política de privación de libertad con que el Gobierno pretende aplicar una suerte de castigo ejemplificador contra quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a la movilización social en busca de una sociedad basada en la dignidad y justicia. Como familiares y amigos exigimos el fin de la violencia y el abuso de los agentes del Estado (policías, fiscales, gobierno, jueces), cuya actuación ha generado el sufrimiento de nuestros hijos e hijas así como de nuestras familias. Hacemos un llamado al conjunto de la sociedad a solidarizar con nuestro dolor. Pedimos y exigimos a los medios de prensa dar a conocer esta realidad. El Estado de Chile ha instalado una estrategia basada en burdos montajes policiales, a través de los que mantiene secuestrados a centenares de jóvenes en las cárceles, sin siquiera la posibilidad de visitas. El martes pasado, Daniel Morales y su sobrino menor de edad, presos durante un año, acusados injustamente de quemar la Estación del Metro Pedreros, quedaron en libertad luego de que el Séptimo […]
La Corporación Memoria e Integración de Valparaíso denunció que el Ministerio de Bienes Nacionales pretende desalojar la ex Tercera Comisaría de Carabineros en el cerro Barón de Valparaíso, sitio que es parte del patrimonio histórico de la zona y que además constituye un sitio de memoria, pues fue uno de los lugares prisión política y tortura luego del golpe de Estado. El ex recinto policial está ubicado en la calle de la icónica Iglesia San Francisco, declarada Monumento Nacional. Es un edificio que data de 1870. Tras el terremoto de terremoto del 2010, los carabineros fueron trasladados a otro edificio del cerro, y luego de pasar años de abandono, “llegó la comunidad Baronina para activar el espacio de manera organizada y comunitaria, creándose así, luego de tres años de trabajo, la Corporación Memoria e Integración”, explica la entidad ciudadana. Explica que “esta corporación sin fines de lucro, tiene tres ejes de desarrollo fundamentales: memoria, la cual está relacionada a la violación de derechos humanos, ya que el edificio fue utilizado como centro de tortura durante la dictadura; salud integral, trabajando junto con el CESFAM Barón, el cual está al lado, con una mirada Holística de la Salud y el Bienestar comunitario, y sustentabilidad, eje que busca desarrollar proyectos locales, promoviendo la economía social y solidaria”. Denuncia: “Hoy Bienes Nacionales quiere desalojar a la organización del inmueble. Más lucharemos para que nos den el comodato del lugar y así darle cuerda a muchos proyectos que ya están yendo beneficio de la comunidad”. De acuerdo al sitio Memoria Viva, la Comisaría de Carabineros N° 3 Valparaíso Norte de Cerro Barón, “fue utilizada como centro de detención y tortura entre el año 1973 y 1984. Allí, “mujeres y hombres eran ingresados a una sala llena de prisioneros que se encontraban en malas condiciones físicas”. Los testimonios de los presos coinciden “que permanecían en el recinto incomunicados, hacinados, obligados a permanecer en posiciones forzadas, en pésimas condiciones higiénicas, sin alimento ni agua durante largos períodos”. Señalan que los interrogatorios se llevaban a cabo en una pieza oscura e “iban acompañados de tortura: desnudos, encapuchados y tirados sobre un catre o puestos en una silla a la que eran amarrados; golpeados, se les aplicaba electricidad, y se les vejaba sexualmente”. Según se puede apreciar en el sitio en Internet del Ministerio de Bienes Nacionales, el lugar está destinado a ser licitado a privados, a través de la modalidad de la concesión onerosa. Es decir, en lugar de entregarlo a la comunidad para reivindicación de la memoria histórica en derechos humanos, se intenta ponerlo en las manos del capital privado para proyectos con fines de lucro. Esta decisión fue informada oficialmente el 25 de julio de 2018 y el 2 de abril de 2019. El entonces Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, anunció que pretendería licitar nada menos que 42 inmuebles fiscales patrimoniales. El 2019, Ward –militante de la UDI y ahora a cargo de la cartera de Vivienda– visitó la ex Comisaría, sin decir ni […]
Las demandas y gestiones para que sean liberados cientos de jóvenes presos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, cobran cada vez más fuerza en Chile entre organizaciones políticas y sociales. Cientos de personas, la mayoría jóvenes, permanecen en prisión preventiva sin proceso judicial alguno a la vista, tras ser detenidas por las fuerzas policiales, muchas de ellas solo por manifestarse en las calles sin haber cometido algún delito. Para los promotores de su liberación, resulta incongruente que estén tras las rejas, más aún tras la victoria del plebiscito del 25 de octubre por una nueva Constitución, acontecimiento que fue resultado, precisamente, de las grandes movilizaciones populares generadas por el estallido social. Entre las numerosas iniciativas, legisladores de varios partidos de oposición presentaron esta semana un proyecto de reparación e indemnización para víctimas de violencia estatal que sufrieron la violación de sus derechos humanos. La diputada comunista Camila Vallejo señaló que el país está en deuda con miles de personas que murieron, resultaron heridas, perdieron sus ojos y sufrieron daños psicológicos que los marcarán para siempre. Explicó que el proyecto pretende que se aceleren los procesos de demandas contra el Estado y que las víctimas logren una más rápida y justa reparación. El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, informó que llevará a la Cámara Alta un proyecto también para amnistiar a esas personas que, dijo, son presos políticos, acusados de delitos que no cometieron, y que han sufrido prisiones preventivas abusivas. Igualmente, el 16 de octubre la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció la creación de una Mesa de trabajo de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante las movilizaciones sociales. Desde el Gobierno, en cambio, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, alegó que la legislación penal establece sanciones para esas personas, y que indultarlas, sería dar la señal de que son perdonables o deberían no ser sancionadas, y validar la violencia. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a un año del estallido social existen más de dos mil 520 querellas por violaciones de los derechos humanos presentadas por esa entidad, incluyendo tres mil 203 víctimas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo del 2020. Santiago, 30 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
