La Corporación Memoria e Integración de Valparaíso denunció que el Ministerio de Bienes Nacionales pretende desalojar la ex Tercera Comisaría de Carabineros en el cerro Barón de Valparaíso, sitio que es parte del patrimonio histórico de la zona y que además constituye un sitio de memoria, pues fue uno de los lugares prisión política y tortura luego del golpe de Estado.
El ex recinto policial está ubicado en la calle de la icónica Iglesia San Francisco, declarada Monumento Nacional. Es un edificio que data de 1870. Tras el terremoto de terremoto del 2010, los carabineros fueron trasladados a otro edificio del cerro, y luego de pasar años de abandono, “llegó la comunidad Baronina para activar el espacio de manera organizada y comunitaria, creándose así, luego de tres años de trabajo, la Corporación Memoria e Integración”, explica la entidad ciudadana.
Explica que “esta corporación sin fines de lucro, tiene tres ejes de desarrollo fundamentales: memoria, la cual está relacionada a la violación de derechos humanos, ya que el edificio fue utilizado como centro de tortura durante la dictadura; salud integral, trabajando junto con el CESFAM Barón, el cual está al lado, con una mirada Holística de la Salud y el Bienestar comunitario, y sustentabilidad, eje que busca desarrollar proyectos locales, promoviendo la economía social y solidaria”.
Denuncia: “Hoy Bienes Nacionales quiere desalojar a la organización del inmueble. Más lucharemos para que nos den el comodato del lugar y así darle cuerda a muchos proyectos que ya están yendo beneficio de la comunidad”.
De acuerdo al sitio Memoria Viva, la Comisaría de Carabineros N° 3 Valparaíso Norte de Cerro Barón, “fue utilizada como centro de detención y tortura entre el año 1973 y 1984. Allí, “mujeres y hombres eran ingresados a una sala llena de prisioneros que se encontraban en malas condiciones físicas”. Los testimonios de los presos coinciden “que permanecían en el recinto incomunicados, hacinados, obligados a permanecer en posiciones forzadas, en pésimas condiciones higiénicas, sin alimento ni agua durante largos períodos”. Señalan que los interrogatorios se llevaban a cabo en una pieza oscura e “iban acompañados de tortura: desnudos, encapuchados y tirados sobre un catre o puestos en una silla a la que eran amarrados; golpeados, se les aplicaba electricidad, y se les vejaba sexualmente”.
Según se puede apreciar en el sitio en Internet del Ministerio de Bienes Nacionales, el lugar está destinado a ser licitado a privados, a través de la modalidad de la concesión onerosa. Es decir, en lugar de entregarlo a la comunidad para reivindicación de la memoria histórica en derechos humanos, se intenta ponerlo en las manos del capital privado para proyectos con fines de lucro.
Esta decisión fue informada oficialmente el 25 de julio de 2018 y el 2 de abril de 2019. El entonces Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, anunció que pretendería licitar nada menos que 42 inmuebles fiscales patrimoniales. El 2019, Ward –militante de la UDI y ahora a cargo de la cartera de Vivienda– visitó la ex Comisaría, sin decir ni una palabra sobre su pasado como lugar de prisión política y tortura.
Se trata de una de las más recientes polémicas del Ministerio de Bienes Nacionales, ahora a cargo de Julio Isamit, después de que se conociera que la Secretaría de Estado intentó concesionar más de 10.000 hectáreas a una fundación vinculada al Grupo Luksic.
Frente a este hecho, el ex Ministro de Bienes Nacionales entre 2014 y 2016, Víctor Osorio, señaló a INTERFERENCIA que “todos los datos muestran que, en el Gobierno de Sebastián Piñera, Bienes Nacionales ha dado prioridad a transferir propiedades del Fisco al capital privado, a través de licitaciones, concesiones onerosas y enajenaciones (…) Me parece que un desafío para el futuro de Chile es revalorar el carácter social y público del patrimonio fiscal, y descartar que la privatización es el camino más apropiado para la gestión de los bienes del Fisco”.
Esas palabras también califican para el caso del sitio de memoria de Cerro Barón.
Por Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista.
Imagen secundaria: Ministerio de Bienes Nacionales.
1 de noviembre 2020.
Crónica Digital.
