Australia autorizó la extradición a Chile de Adriana Rivas (Chani), acusada del secuestro entre los años 1973 y 1977 de siete revolucionarios, entre ellos el Subsecretario General del Partido Comunista, Víctor Díaz. De acuerdo con el diario “The West Australian”, la medida fue determinada por el magistrado Philip Stewart en base a una orden de la Corte Suprema de Chile. El medio de prensa recordó que Rivas, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue asistenta personal del jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), General Manuel Contreras, y suboficial de la brigada secreta de exterminio anticomunista con nombre clave Lautaro. La sentenciada está detenida en una prisión de Sidney desde febrero de 2019 y los procesos judiciales para lograr su libertad provisional durante la vista de extradición no tuvieron éxito. Adriana Navarro, abogada chilena que defiende a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet opinó que de esa manera Australia hace justicia ante los chilenos. Adriana Rivas defendió en 2013 ante la radio local SBS la tortura como un método para extraer información y consideró sus años al servicio de la DINA como los mejores de su juventud. En los últimos seis años del pasado siglo entraron a territorio australiano con visado permanente más de 400 exagentes de la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI). Entre los revolucionarios presuntamente secuestrados y desaparecidos por Rivas están Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención. Canberra, 30 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
DD.HH.
Una querella criminal en contra del cabo 2° de la Armada de Chile, Ernesto Alejandro Osorio Loyola, como autor material del delito de “incendio agravado”, cometido en la Iglesia San Francisco de Borja, ubicada en calle Carabineros de Chile N°160, en la ciudad de Santiago, presentó, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). En el escrito, el presidente de la institución, abogado Carlos Margotta Trincado, explicita que en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 inciso 2°, 112, 113 y 172 del Código Penal, la querella se interpone en contra del cabo Osorio Loyola, funcionario público perteneciente a la dotación de la Base Aeronaval de Concón, dependiente de la Armada de Chile, y “de todos los funcionarios públicos que resulten responsables, sea en la calidad de autores, cómplices o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión, en razón de los hechos y los argumentos de derecho” relativos a este hecho, “ocurrido el 18 de octubre 2020, durante la conmemoración del primer aniversario del estallido social”. Osorio Loyola fue detenido, junto a otras cuatro personas, como uno de los presuntos autores del incendio, que ese día, alrededor de las 16:00 horas, afectó a la iglesia institucional de Carabineros de Chile. Al momento de la detención -según informó entonces la policía uniformada- el cabo 2° de la Armada de Chile “portaba una resortera, una máscara y lentes de protección”. La Armada de Chile, a través de sendos comunicados de prensa, inicialmente rechazó “categóricamente la participación de cualquiera de sus miembros en este tipo de actos violentos que se alejan absolutamente de la reglamentación vigente”, para más tarde ampliar la nota, identificando al funcionario, reconociendo que su detención se había producido en el marco de “desórdenes públicos”, pero poniendo énfasis en que ese día, Osorio Loyola “se encontraba de franco”. “Esta inaceptable conducta debe necesariamente llevarnos a analizar y preguntarnos acerca de cuál es la determinación que impulsa a un funcionario de las fuerzas armadas y de orden, a infiltrarse en manifestaciones pacíficas” para transformarlas en actos delictivos, “y en consecuencia criminalizar el legítimo derecho a la libertad de reunión, de expresión y de manifestación, cuyo contenido está consagrado en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional”, enfatiza la querella. En este sentido, en la querella criminal, la CChDH también menciona como “hecho indiciario”, lo acontecido con Oscar Cifuentes Salgado, alias “Giovanny Arévalo Álvarez”, otro funcionario público, perteneciente a Inteligencia de Carabineros de Chile, quien se infiltró en ollas comunes en la población Lo Hermida, en el sector Oriente de la capital, “actuando como verdadero agente provocador -figura delictual y ajena a la normativa vigente que permite infiltraciones o revelaciones en contexto de organizaciones expresamente definidas en la ley- para causar diversos delitos”. Santiago de Chile, 28 de octubre 2020 Crónica Digital
El diputado Boris Barrera y la directiva del Comité Regional Capital del Partido Comunista entregaron este viernes una carta dirigida a los comandantes en jefes de las FF.AA en la que instan a las instituciones a honrar el nombre del general René Schneider, cuando se cumplirán 50 años de su asesinato este domingo 25 de octubre. El parlamentario junto a las dirigentas María Eugenia Puelma y Dafne Concha llegaron hasta el Ministerio de Defensa, donde entregaron la misiva en la que hacen “un llamado a todos y cada uno de los miembros de las FF. AA. de Chile, a que recuperen la senda y doctrina que colocó en el lugar más sagrado de la historia al General Schneider y al General Prat, para que de esta manera, nunca más vuelvan a usar las armas que su propio pueblo les ha conferido, contra mujeres, hombres, niñas y niños indefensos que se atrevieron a soñar un futuro digno para la Patria” Barrera señaló que se trata de dar un mensaje a las instituciones castrenses recordando que este domingo “se cumplen 50 años del asesinato del general René Schneider, un general demócrata que respetaba la constitución y que estaba en contra del golpismo” Agregó que “es un ejemplo a seguir para los militares y eso es lo que vinimos a señalar que este 25 de octubre se juntan dos fechas importantes. Una que el pueblo va a tomar en sus manos, su futuro recuperando su soberanía y también porque estamos recordando a este general que no aceptó el chantaje de EE. UU, ni de la oligarquía chilena que pretendía que Salvador Allende, nuestro compañero, no llegara a la Presidencia. Eso manifestamos en esta carta y esperamos que las FFAA sigan la doctrina de Schneider, como la del general Carlos Prats”. Por su parte, María Eugenia Puelma dijo que Schneider fue un “general democrático que defendió la constitución en el momento en que Salvador Allende fue elegido presidente. Y dijo que había que respetar la constitución y que el congreso pleno tenía que elegir a alguna de las dos mayorías. Por lo tanto, eso fue la señal para que lo mataran y las fuerzas fascistas, imperialistas norteamericanas decidieron su muerte. Es algo grave porque él dijo ‘nosotros estamos para defender la democracia y la vamos a defender hasta el final’, al igual que el general Prats. (…) son generales que se merecen todo nuestro respeto, son honorables”. Santiago de Chile, 23 de octubre 2020 Crónica Digital
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió hoy destitución del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por cometer un crimen contra el pueblo de Brasil al negarse a comprar la vacuna china contra la COVID–19. “Si la sociedad, los partidos y los parlamentarios necesitaban una razón para discutir el impeachment (juicio político), Bolsonaro acaba de cometer un crimen contra la nación al decir que no comprará la vacuna y faltarle el respeto al Instituto Butantan y a toda la comunidad científica”, escribió Lula en la red social Twitter. El excapitán del Ejército ordenó el miércoles cancelar el acuerdo anunciado un día antes por el Ministerio de Salud para adquirir 46 millones de dosis de la vacuna CoronaVac, que ha desarrollado la biofarmacéutica china Sinovac en asociación con Butantan de Sao Paulo. “Si Bolsonaro no cree en la eficacia de la vacuna, que no se inyecte. Pero el papel de un Presidente de la República es permitir al pueblo tener la vacuna a su disposición… (Con su negativa cometió) la mayor irresponsabilidad de un gobernante que jamás haya visto”, sostuvo el fundador del Partido de los Trabajadores. Desde el comienzo de la crisis sanitaria en marzo, originada por el coronavirus SARV–CoV–2, causante de la COVID–19, el exmilitar incurrió en un delito de responsabilidad, en un contexto en que Brasil registra cerca de 156 mil muertes por el patógeno y un poco más de cinco millones 300 mil infectados. De acuerdo con el portal de noticias Rede Brasil Atual, en julio, el profesor de Derecho Constitucional Pedro Serrano comentó que, en tiempos de extraordinaria legalidad, como los de ahora, el jefe del Ejecutivo solo debe actuar por deber. Es decir, “no tiene libertad legal ni política para actuar con la voluntad propia, sino con lo que recomienda el consenso científico. Esta ilegalidad de Bolsonaro caracteriza un crimen de responsabilidad. Está poniendo vidas en riesgo”, alertó Serrano. Para que se abra el proceso de impeachment, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, debe estar de acuerdo. Posteriormente, un comité examina si se debe dar o no continuidad. Si la acusación es por un delito común, el juicio caerá en el Supremo Tribunal Federal, pero por un crimen de responsabilidad en el Senado. Durante esta fase, el Presidente es removido del puesto por 180 días. Si es absuelto, vuelve automáticamente a su cargo; si resulta condenado, es destituido de forma inmediata. Brasilia, 23 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
El accionar de una patrulla de carabineros que terminó con el atropello de una menor de 12 años en la Población Maule 3 de Renca la medianoche del 18 de octubre, denunciaron este miércoles el diputado Boris Barrera y la madre de la niña, Ingrid Astudillo, ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH. Astudillo denunció además el hostigamiento policial permanente que se ha registrado en la población desde que ocurrieron los hechos, que dejaron a la menor con lesiones y trauma sicológico por lo que el INDH no descartó pedir una medida de protección. Lo grave de esta situación, señaló el diputado Barrera, fue que carabineros huyó del lugar. “Después de atropellar a su hija de 12 años, la patrulla se dio a la fuga como viles delincuentes, teniendo la madre de la menor que buscar a alguien que la auxiliara para llevar a su hija al hospital” precisó el diputado. El legislador indicó que “pusimos ante el INDH todos los antecedentes y nos reunimos con la directora regional, Beatriz Contreras, quien quedó de analizar para determinar las medidas que se van a seguir con estos hechos, que nosotros creemos tienen relación con violaciones a los DDHH y más grave aún, carabineros no dio el auxilio que debió prestar” Por su parte, Astudillo relató que su hija fue trasladada por los vecinos en estado de shock e inconsciente al SAPU de Renca. “Uno siempre piensa que carabineros está para ayudar y apoyar a uno, cosa que en mi caso no pasó. Le pegaron el topón a mi hija quien se azotó contra un poste y ellos se dieron a la fuga (…) gracias al de arriba, mi hija está bien. Lo único que no se acuerda de los hechos” puntualizó. La directora regional del INDH se comprometió a analizar todos los antecedentes, contactarse con la fiscalía, designar a un profesional que se haga cargo del caso y definir las acciones a seguir. Santiago de Chile, 21 de octubre 2020 Crónica Digital
Como una medida gubernamental contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, calificaron, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONES), Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) y el Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación (CONAECH), el plan de retorno gradual a clases presenciales impulsado por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación. Así lo hicieron ver estas organizaciones de la sociedad civil en una extensa carta dirigida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en la que le solicitan realice gestiones para que el gobierno suspenda o modifique esta medida administrativa. Los firmantes explican en la misiva, que, al igual como ocurrió en el mes de abril con los funcionarios públicos, esta decisión -contemplada en el denominado «Plan Paso a Paso», constituye «una grave amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica». «La medida gubernamental observada es contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, las que ponen especial énfasis en que, las medidas excepcionales que se adopten deben tener como límite el respeto irrestricto de los derechos humanos», precisa el documento. A juicio de la CChDH, Colegio de Profesores, CONES, CORPADE y CONAECH, «el retorno a clases presenciales requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local y su entorno, con sus comunicabilidad y desplazamientos, amén del plan de testeo y trazabilidad». Y, en su opinión, «es también de la mayor importancia entender, que en esta situación de incertidumbre es crucial reconocer que, para ser efectiva la decisión de volver al colegio, ésta no puede provenir exclusivamente de un mandato de la autoridad, sino que deberá contemplar la participación de las comunidades locales, las comunidades escolares y las propias familias, garantizando la operatividad de todas las medidas de prevención para estudiantes, docentes y funcionarios; cuidando que los espacios y organización de los tiempos permitan el distanciamiento necesario; asegurando la capacitación del personal para mantener este comportamiento, como -asimismo- guiar a los estudiantes, prevenir y enseñar normas de salud y cuidado, detectar nuevos casos y disponer de una red de respuesta inmediata ante ellos, como piso mínimo». «En las condiciones descritas y con las limitaciones antes expresadas, el retorno a clases presenciales anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos contraídas por el Estado de Chile, sobre la base de la buena fe y tratándose de derechos tan relevantes como la Vida, la Integridad física y psíquica y la Salud, que en este caso, pueden ser afectados o puestos innecesariamente en riesgo», expresando que la protección de estos derechos fundamentales está consagrada en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. La misiva enviada a […]
Poco se habla de la cultura del privilegio, un reproductor permanente de las desigualdades cuyo nacimiento data de la conquista y colonización en América Latina y el Caribe cuando los pueblos originarios fueron sometidos, despojados y esclavizados. Prohibidas sus creencias y valores, los indígenas padecieron un maltrato sistémico que llegó a negarle todo estatuto de ciudadanía. Un nuevo tipo dominación que se extendió a negros, mestizos, mujeres, campesinos y migrantes. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la cultura del privilegio posee tres rasgos básicos: en primer lugar, la naturalización de las desigualdades como forma hegemónica de dominación. Se trata de una construcción histórica asumida como una realidad casi natural, unido al establecimiento de jerarquías raciales por pueblos o poblaciones. Segundo, la posición social establecida según el origen del individuo, la cual se puede alcanzar por clase o sangre, raza, género, cultura, adscripción a las élites de poder o sus diversas combinaciones. El tercer rasgo es la necesidad de perpetuarse, y para ello utiliza el respaldo de las instituciones, las reglas y prácticas de la sociedad. De esta forma se logra naturalizar las desigualdades y a la vez reproducirlas. En la perspectiva del desarrollo social, la cultura del privilegio es clave, pues establece la relación entre el lugar ocupado en la escala social, el acceso a educación, salud, trabajo, seguridad y habitabilidad. DESIGUALDADES PERPETUADAS Existen factores que contribuyen a perpetuar y profundizar las desigualdades, instrumentos de dominación que abarcan todos los sectores de la sociedad, sus relaciones económicas y financieras. De acuerdo con la Cepal, algunos ejemplos son la fiscalidad, la apropiación de rentas de los recursos naturales, el bloqueo de poderes fácticos a regulaciones políticas, la segregación territorial y dotación de infraestructura, y la segmentación de la calidad de la vida urbana. A ellos se unen los costos pagados por las poblaciones ante la degradación ambiental y el cambio climático, las rigideces de la movilidad social intergeneracional o el acceso al bienestar. Otro de los procesos que son utilizados para mantener las brechas de la desigualdad es la financierización, definida como la creciente importancia de los mercados financieros sobre los productivos, un cambio promovido por la ideología neoliberal. Según una reciente investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolíticas (Celag) el sector bancario latinoamericano ocupa el segundo lugar mundial en el rendimiento porcentual de los activos con un 2,1, dato superior a los indicadores de Asia (1,4), Europa (0,9), Canadá y Estados Unidos (0,7). Los investigadores atribuyen este incremento de rentabilidad bancaria a la desregularización financiera y a la proliferación de los paraísos fiscales en América Latina, mediante los cuales crece la distancia que separa a los ricos de los pobres, se ralentiza la inversión en el sector productivo real y aumenta el endeudamiento de los más desfavorecidos. En materia tributaria, Latinoamérica posee el 27 por ciento de la riqueza privada registrada en guaridas fiscales. En 2018, la recaudación supuso solo el 23 por ciento del Producto Interno Bruto, a diferencia de los países de la […]
Una completa y exhaustiva investigación por parte del Gobierno y del Ministerio Público, de los graves hechos de violencia ocurridos al término de la pacífica manifestación que se desarrolló en Plaza Dignidad, a un año de la Revuelta Social, actividad que convocó a cerca de 100 mil personas, demanda, a través de un comunicado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). A juicio de la institución, «el hecho más grave, dice relación con la muerte de Aníbal Villarroel Rojas, de 24 años, quien, según versiones de testigos, habría sido «asesinado anoche (domingo 18 de octubre) en la población La Victoria, por impactos de balas o perdigones en su pecho», disparados por funcionarios de Carabineros que cumplían funciones represivas en el sector». «A este hecho, se suma el incidente en que resultó herido a bala, en las cercanías de Plaza Dignidad, Ricardo Araya Romero, 37 años, padre del menor A.A., lanzado al Río Mapocho el pasado 2 de octubre, por lo cual se encuentra formalizado y en prisión preventiva, el excarabinero Sebastián Zamora. El padre del menor fue internado en el Hospital Sótero del Río, e intervenido quirúrgicamente», agrega en un comunicado. La CChDH exige, además, una investigación exhaustiva de «la participación del funcionario de la Armada en el incendio que destruyó completamente la Parroquia de la Asunción, en Santiago, en confusos incidentes que se desarrollaron durante la tarde de ayer. La participación de un funcionario de una institución del Estado, hecho reconocido por un comunicado oficial de la Armada, se suma a la situación del carabinero que, bajo el seudónimo Giovany Arévalo Álvarez, quien se infiltró en una olla común en la población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, sector Oriente de Santiago, para instigar a la población a atacar la Comisaría del sector», recordando que a estos casos se suma «la participación de dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, detenidos en la ciudad de Temuco el pasado 6 de Agosto, por lanzar piedras a Carabineros, en el marco de una protesta que se desarrolló en esa capital regional». Asimismo, la CChDH destaca que a través de redes sociales también circulan diversas fotografías y videos, denunciando la presunta participación de otros funcionarios de instituciones uniformadas, en acciones de protesta. «La CChDH, junto con condenar y denunciar estos graves hechos, conmina al Gobierno a prestar toda la colaboración a las Fiscalías que asuman la tarea de investigar estos casos, a la vez que expresa su preocupación por la participación de agentes del Estado infiltrados, que con su accionar, buscan distorsionar el verdadero sentido de las masivas y pacíficas manifestaciones con que los chilenos y chilenas ejercen el legítimo derecho a la protesta social», puntualiza. El comunicado concluye expresando la preocupación de la CChDH por cuanto «todos estos graves hechos se producen en la víspera del histórico Plebiscito convocado para este 25 de Octubre, que dará inicio al proceso constituyente que pretende cambiar la Constitución Política heredada de la dictadura cívico militar, principal obstáculo para establecer una verdadera democracia, fundada en el […]
La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) en Chile rechazó las amenazas a profesionales del sector por grupos de extrema derecha, que intentan coartar el ejercicio de su labor. En una declaración, la ACPI se refiere en particular a Carolina Trejo Vidal, corresponsal de la Agencia Sputnik de Rusia, a quien le enviaron a su casa panfletos con su fotografía y acusándola de “incitar y justificar la violencia callejera, saqueos e imponer sus ideas”. Los volantes no están firmados pero ostentan el símbolo de una araña, con el cual se identificaba el grupo ultranacionalista Patria y Libertad de reconocido accionar terrorista en el Gobierno de la Unidad Popular, y llaman a los “patriotas” a “cumplir con su deber” que “ya saben”. El pronunciamiento puntualiza que “este tipo de hechos resultan inadmisibles en una democracia y atentan contra el libre ejercicio de la prensa a informar y estar informado”. El texto recuerda que por estos días numerosos profesionales de la prensa están pidiendo ingresar al país para cubrir el histórico plebiscito del 25 de octubre. Para la ACPI –agrega la declaración– resulta un deber “no sólo pedir respeto a la libertad de expresión, de información y opinión sino también por la integridad física y sicológica de nuestros profesionales” y exige al gobierno garantizar el ejercicio libre del Periodismo y una cobertura completa y amplia de los históricos días que está viviendo Chile. Otras recientes amenazas fueron dirigidas al corresponsal holandés Boris van der Spek, que recibió por correo electrónico amenazas explícitas de muerte por parte de una persona no identificada, señaló la ACPI en una declaración. En igual sentido tanto el Colegio de Periodistas como el Centro de Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, repudiaron las amenazas recibidas por la académica y periodista Trejo Vidal. Santiago, 18 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos denuncia ante la comunidad nacional e internacional, las graves amenazas que están siendo objeto muchos chilenos y chilenas, que inevitablemente nos recuerdan patrones represivos utilizados durante la Dictadura cívico militar que asoló a nuestro país durante diecisiete años. Con profunda preocupación, tomamos conocimiento de amenazas y amedrentamientos de los que ha sido objeto la expresidenta del Tribunal Regional de Ética de esa entidad, Carolina Trejo Vida, quien es además académica y corresponsal de varios medios de comunicación nacional y comunitarios. Esta misma situación ha afectado a varios comunicadores sociales, como Claudio Salinas, Marcelo Osses y Juan Guillermo, todos miembros de Radio Plaza Dignidad, así como a Mónica Pizarro, colaboradora de Radio 1 de Mayo de La Victoria. Símbolos con la araña del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad, conocido por acciones violentas durante los años 70, se repiten en todas estas situaciones, incluyendo la amenaza a la doctora Carla Paz Pellegrin Friedmann, en un volante con su foto e información personal. Esta última amenaza resulta aún más grave, al ser la doctora Pellegrin hermana de Raúl Pellegrin Friedmann, «Comandante José Miguel», uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinado en Los Queñes junto a Cecilia Magni «Comandante Tamara», en Octubre de 1988. Cabe recordar que hace sólo una semana, expresamos nuestra preocupación por la represión desmedida que ha ejercido personal de Carabineros sobre manifestantes que hacen uso de su legítimo derecho a manifestarse, según consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, y diversos pactos y convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Sabíamos que la situación se agravaría a días de del 18 de Octubre y por eso, en conjunto con el exjuez Baltasar Garzón, y con la adhesión de diversas asociacionCC de juristas internacionales, solicitamos a través de una carta enviada el pasado 8 de octubre, que la Alta Comisionada de ONU hiciera gestiones para enviar observadores de derechos humanos a Chile entre el 16 y 26 de Octubre. Esta misiva ha sido ampliamente difundida, recibiendo adhesión de cientos de organizaciones nacionales e internacionales. A lo anterior, se suma una carta similar de adhesión a nuestra iniciativa, enviada a la Alta Comisionada, por el Movimiento Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones sociales. La Comisión Chilena de Derechos Humanos demanda del Gobierno adopte las medidas para poner fin inmediato de todas estas graves amenazas que pretenden generar un clima de terror en la población, cuyo fin último es inhibir las legítimas manifestaciones ciudadanas en contra de este modelo de sociedad injusto, desigual y negador de derechos humanos básicos. COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS Santiago, 16 de octubre 2020
