Un informe oficial de las Naciones Unidas critica severamente la conducta del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate contra la pandemia de COVID–19 en Brasil, donde hoy se registran más de 128 mil muertes por el patógeno. Según el columnista Jamil Chade, del portal de noticias UOL, el documento se presentará en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional en la segunda mitad de septiembre. Revela que el gigante suramericano aparece entre los países que presuntamente cometieron trasgresiones de sus deberes legales en materia de derechos humanos por el comportamiento adoptado ante la crisis sanitaria. De acuerdo con Chade, el Gobierno de Bolsonaro resultó blanco en las últimas semanas de denuncias en el Tribunal Penal Internacional, con sede en Países Bajos, por la forma en que respondió ante la pandemia. Grupos de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otras entidades presentaron sus peticiones a la Corte, y uno de los puntos destacados en el informe de la ONU respecto a Brasil fue la falta de previsiones por la administración ultraderechista y la negación de la gravedad de la enfermedad. “En el caso de la COVID–19, en general, hubo una notable falta de precaución por parte de estados y empresas, desde el uso económico de máscaras faciales hasta la información sobre el riesgo de propagación aérea, pasando por la naturaleza mortal del propio virus”, señala el contenido. Otro aspecto hace alusión a la situación de los pueblos originarios. “La COVID–19 devasta las comunidades indígenas como la trágica historia de la viruela, que diezmó a muchos pueblos de América y de otros lugares”, apunta el pliego. Advierte que en Brasil las comunidades yanomami enfrentan una crisis de salud y existencial por el contacto con garimpeiros (buscadores de minerales) ilegales. El informe increpa asimismo a ciertos líderes gubernamentales, que en vez seguir el asesoramiento científico para adoptar medidas más rigurosas de prueba y freno al virus, presentaron argumentos deshonestos en apoyo de sus planteamientos. En particular, detalla, “la justificación económica para no imponer la contención, sacrificando efectivamente las vidas de sus ciudadanos, en particular de las comunidades de bajos ingresos, las minorías, los trabajadores y personas de avanzada edad”. Una pandemia de esta magnitud era prevenible. “El fracaso se debe a que jefes de Gobierno anteponen intereses económicos o políticos a las preocupaciones nacionales en materia de salud”, denuncia el documento de la ONU. Brasilia, 10 de septiembre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.

A diez meses de la muerte del estudiante Romario Veloz (26) en el marco de las protestas de octubre de 2019, el Ejército de Chile aún no ha iniciado un sumario interno para investigar su muerte, tras ser impactado por una bala disparada por efectivos militares en una marcha realizada el 20 de octubre en La Serena. Según la información obtenida vía transparencia por el equipo defensor de la familia de Romario Veloz, hasta el 24 de agosto el Ejército de Chile no instruyó ninguna Investigación Sumaria Administrativa sobre el hecho. El documento también señala que se hizo la denuncia al Ministerio Público, quien actualmente lleva la investigación bajo la dirección de Adrián Vega, el fiscal regional. Cabe recordar que el 20 de octubre, el joven ecuatoriano, residente en Chile desde su infancia, estudiante de Construcción Civil y padre de una niña de tres años, asistió a una manifestación convocada antes del toque de queda, que se desarrolló pacíficamente hasta que pasó por las afueras del Mall de La Serena, que era resguardada por efectivos del Regimiento 21 de Coquimbo. Allí los efectivos militares comenzaron a disparar al aire y hacia los asistentes a la marcha. Romario recibió una de esas balas. Para conocer mayores antecedentes respecto al caso, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados ha invitado en dos ocasiones al Ministro de Defensa, Mario Desbordes y al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, el 31 de agosto y el 7 de septiembre, en ambas ocasiones las autoridades no asistieron y se excusaron. El ministro Desbordes señaló tener problemas de agenda, mientras el general Martínez indicó que la investigación que lleva la fiscalía es secreta. La abogada querellante en representación de la familia de Veloz, *Adriana Rojas*, señala que el ministro Desbordes y el general Martínez “expresaron que esto podría generar un problema, una dificultad en la investigación. Quizás no entendiendo el motivo de la citación que es hacer recepción de las inquietudes de las familias y de haber podido resolver los motivos que han tenido la autoridad para no realizar los sumarios administrativos al interior del regimiento 21 Coquimbo, a propósito del asesinato de Romario y de la víctimas sobrevivientes, Cesa Véliz y Rolando Robledo”. Adriana Rojas agregó que quedaron “conformes con que se oficiara a Contraloría General de la República para que pueda referirse a esta falta, a nuestro parecer, del incumplimiento de la norma administrativa de investigación cuando se trata de funcionarios públicos, en este caso, los militares que participaron del operativo fuera del mall La Serena y que estaban en su calidad de funcionarios, no de manera particular”. Desaire a la Comisión La Comisión de DDHH citó nuevamente para el lunes 21 de septiembre a las 17.00 hrs. al Comandante en Jefe del Ejército y al ministro de Defensa, Mario Desbordes. A la sesión también asistirán miembros del Instituto Nacional de DDHH, que también son parte querellante en el caso. Al respecto, el diputado Miguel Crispi (RD) […]

La diputada Mapuche Emilia Nuyado, dijo que es «inaceptable que las reivindicaciones sociales o marchas a favor del Apruebo sean reprimidas de manera brutal. En cambio la marcha del rechazo fue escoltada por la policía».     La Presidenta de la Comisión de Derechos  Humanos, Emilia Nuyado, acusó un «doble estándar del gobierno y carabineros, frente a las movilizaciones que hemos visto las últimas semanas».     A juicio de la parlamentaria, «esto demuestra que el gobierno y la policía tienen una postura clara respecto a defender a camioneros, empresarios y la opción del Rechazo en el próximo plebiscito».     «Podemos concluir entonces que Carabineros se ha transformado en el guardián del Rechazo y en el matón que usa el gobierno para acallar a sus detractores. El mismo fin de semana, mientras FF.EE. gaseaba y reprimía a personal de salud que se manifestaba de manera pacífica, vimos como Carabineros escoltaba una marcha del Rechazo.  Esto es inaceptable para una democracia y por eso exijo que el Presidente, el Ministro del Interior y el General de Carabineros, se pronuncien sobre este actuar disímil de la policía» dijo Emilia Nuyado.     Sobre este mismo punto, la diputada Mapuche agregó que » hay una responsabilidad directa de este gobierno que permite todos los abusos de la policía».     «Carabineros y el gobierno están sembrando resentimiento y polarizando aún más el país. No quiero pensar que esta sea una maniobra del gobierno para boicotear el Plebiscito del próximo 25 de Octubre. Es por esto que vamos a pedir que la Comisión de Derechos Humanos invite al ministro Víctor Pérez, al General Mario Rozas y al Intendente Guevara. , » concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 8 de septiembre 2020 Crónica Digital

El parlamentario se refirió a las denuncias sobre el uso de químicos, la compra de nuevo armamento, y el uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros en contra de quienes se han manifestado en favor en favor del Apruebo. “Represión a las funcionarias TENS o a quienes portan una bandera Mapuche; y alfombra roja al grupo que marchó por el rechazo o a los camioneros, ha sido el actuar de Carabineros de Chile durante las últimas semanas”, manifestó el senador Alejandro Navarro Brain. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “se está volviendo a gestar rabia e impotencia en la ciudadanía, al ver como ante quienes provocaron desabastecimiento y se divertían haciendo asados o fiestas en las carreteras, en pleno toque de queda, Carabineros hacían la vista gorda, sin llevarse a nadie detenido por infringir la ley”. “Algo similar ocurrió cuando un grupo de extrema derecha marchó en favor del rechazo”, recordó, “pues funcionarios de la institución policial los resguardaron durante todo el trayecto, pese a que eran más de 50 personas, lo que está prohibido en pandemia”. Para Navarro, “Carabineros ha demostrado con su actuar que hay 2 Chiles, pues a las Técnicos en Enfermería de Nivel Superior que se manifestaron en Plaza Italia pidiendo mejoras en sus condiciones laborales, las dispersaron con el guanaco, por medio de FFEE y arrestando a casi una decena de personas”. “Además”, agregó, “hay diversas denuncias sobre el líquido del guanaco, pues parece tener elementos corrosivos, y muchos videos de detenciones de personas que simplemente están sosteniendo una bandera Mapuche o del apruebo”. El fundador del Foro Latinoamericano de DDHH afirmó que, “aquí hay un actuar dispar, que incluye a Carabineros encapuchados, fuerza desmedida en contra de unos y protección y no aplicación de la ley en contra de otros, lo que se suma a las nuevas compras de vehículos y armamento, solo a unas semanas de un nuevo 18 de octubre”. “A todo lo anterior”, continuó, “hay que sumarle que la misma institución elaboró un peritaje el año 2012 titulado Disparos con Escopeta Antidisturbios, con Empleo de Cartuchería con Perdigón de Goma y Sus Efectos en la Superficie del Cuerpo Humano, el que advierte que los disparos de escopetas a menos de 30 metros de una persona pueden ser letales o provocar estallido ocular, fractura craneal o laceraciones hemorrágicas”. “Por ello le he solicitado al presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Juan Ignacio Latorre, que realicemos una sesión especial de la misma durante esta semana, para citar a las instituciones involucradas y que den cuenta de las diversas situaciones que la ciudadanía ha denunciado, y que solo provocan temor y renuevan el descontento social hacia las autoridades, por la diferencia de tratos y la represión en contra de quienes simplemente se manifiestan en favor de un mejor país para todos”, finalizó Navarro. Concepción, 8 de septiembre de 2020. Crónica Digital

El Colegio de Periodistas invita a los colegas y amigos a la conmemoración de los 34 años del asesinato del periodista y dirigente nacional de la Orden, José Carrasco Tapia. En esta ocasión, debido a la pandemia y el confinamiento, se realizará vía online el martes 8 de septiembre, a las 20.15, en una transmisión por Facebook Live: https://www.facebook.com/ChilePeriodista   Contará con la participación de los periodistas Nathalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas, Alejandra Matus, y Tomás García, ambos periodistas que reconocen en Pepe Carrasco un símbolo de la prensa al servicio de la democracia. Moderará este conversatorio, Oriana Zorrilla, presidenta del Consejo Metropolitano de la Orden. En un contexto de emergencia sanitaria y ad portas de un plebiscito tan trascendental como el del 25 de octubre, el homenaje que se le rendirá a José Carrasco cobra mayor vigencia, y nos permite reflexionar acerca del actual sistema informativo carente de pluralismo, donde el derecho a la comunicación está cada vez más conculcado. DAR LA VIDA POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD  Justo un día antes de su asesinato, José Carrasco Tapia dio una entrevista a la agencia informativa Prensa Latina donde declaró: “amamos la paz y amamos la vida, pero más que nada amamos la justicia y amamos la libertad. Y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario”.  Pepone, como le decían sus amigos, fue importante dirigente sindical y en su calidad de consejero del Colegio de Periodistas fue un vehemente defensor de la libertad de expresión. El 06 de diciembre de 1974 fue detenido y pasó por diversos campos de concentración como Cuatro Álamos y Puchuncaví hasta que en 1976 se exilió en México y Venezuela con su familia, regresando al país en 1984.  Realizó sus estudios en la Universidad de Chile y también fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En lo profesional se desempeñó como editor internacional de la Revista Análisis, que se transformó en una de las principales publicaciones de oposición.  La madrugada del 08 de septiembre de 1986, un día después de que un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) atentara contra la vida de Augusto Pinochet, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinaron al periodista como parte de la represalia por los cinco escoltas fallecidos. Santiago de Chile, 7 de septiembre 2020 Crónica Digital

El médico Patricio Guijón Klein, testigo presencial del  suicidio en La Moneda, del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, falleció este viernes 4 de septiembre, en la comuna de Constitución, Región del Maule. Guijón, médico personal de Allende, fue parte de quienes acompañaron al Mandatario, durante el brutal bombardeo aéreo y asalto al Palacio Presidencial chileno, perpetrado por los golpistas militares y derechistas, para poner fin al gobierno de la Unidad Popular y la experiencia histórica encabezada por el Presidente Salvador Allende. El fallecimiento de Guijón, a los 88 años, en la localidad de Putú, donde vivió los últimos años de su vida, resulta simbólico al producirse, tras una larga enfermedad, justamente el día del 50 aniversario del triunfo  electoral de la Unidad Popular, el 4 de septiembre de  1970. Ante su deceso, el municipio de Constitución declaró tres días de duelo comunal, en homenaje al galeno y reconocimiento a su trayectoria política y personal. “Se va una figura de la historia de Chile, que sin duda deja un legado”, señaló el alcalde de la ciudad, Carlos Valenzuela. “En la historia va a quedar por lo que ocurrió el 11 de septiembre del ´73, pero en la historia de Constitución también quedará por su legado n como médico en el hospital durante muchos años, su gran sentido social, de ayudar a la gente sin pedir nada a cambio; y, en lo personal, por enseñarme muchas cosas para enfrentarme a la vida desde el momento que lo conocí”, relató el edil. El periodista Juan Cristóbal Peña, en CIPER (2011), recordó el episodio crucial de la biografía de Guijón, cuando fue testigo del suicidio de Salvador Allende, un capitulo que marcó su vida, el 11 de septiembre de 1973:”Esa jornada de martes 11 de septiembre de 1973 (….) tras el bombardeo aéreo y con La Moneda en llamas, una vez que Allende ordenó a sus colaboradores que se entregaran a las fuerzas golpistas, el doctor Guijón recordará que cuando comenzaba a salir hizo algo “realmente absurdo”: volvió sobre sus pasos en búsqueda de una máscara de gas como recuerdo a su hijo  mayor. Según su relato, estaba en eso cuando abrió las puertas del Salón Independencia, donde se había encerrado Allende, y lo vio en los instantes precisos: “sentado en un sillón, de espaldas a la pared, el Presidente sostenía un fusil, cuyo caño presionaba su barbilla, un disparo seco, parte el cráneo y los sesos volaron por los aires”, señaló la nota. En Radio Cooperativa, el 28 de enero de 2011, Guijón relató: “vi cuando voló la cabeza, los huesos y masa encefálica. El (Allende)  estaba asentado en un sillón que estaba apoyado en la pared que mira hacia la calle, había un ventanal grande y estaba con la metralleta entre las manos y vio la explosión del cráneo”. Guijón relató a sus cercanos que tras la tragedia, el se acercó al cuerpo del Presidente y en un gesto instintivo toma su brazo para registrar su pulso. Luego […]

La Corte de Apelaciones de San Miguel, revoca la prisión preventiva contra el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, acusado de causar graves lesiones oculares de Fabiola Campillai, en el contexto de la rebelión social de octubre del 2019. Ahora estará con arresto domiciliario total mientras dure la investigación. El Tribunal,  revierte la decisión adoptada el 28 de agosto por el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde se estableció que Maturana era un peligro para la sociedad. Según la investigación en curso, el imputado se encontraba junto a otros uniformados de la 14º Comisaría de Carabineros en las cercanías de la estación de Metrotren Nos el 26 de noviembre, cuando Campillai fue golpeada en la cara por una bomba lacrimógena. El ex capitán habría sido el autor del disparo que generó en la mujer un fuerte trauma ocular, donde finalmente perdió la visión de ambos ojos. La determinación de la Corte de San Miguel, se adopta luego de escuchar los alegatos de la defensa de Maturana, respecto a las medidas cautelares fijadas anteriormente. En total, por dos votos contra uno se acogió la apelación. Al respecto, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se calificó la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel como “lamentable”. Crónica Digital Santiago de Chile, 5 de septiembre 2020

Como un triunfo popular calificó la bancada del Partido Comunista el contudente 7 a 1 en el Tribunal Constitucional, votación que echó por tierra las aspiraciones de la derecha por sacar al diputado Hugo Gutiérrez del parlamento. Este es un triunfo que sin duda se lo debo a todos aquellos chilenos, chilenas, jóvenes, hombres y mujeres que supieron entender que lo mío es un gesto de apoyo al estallido social, a todos aquellos que se habían sublevado en contra este Estado de derecho injusto, desigual, en contra de una constitución dictatorial y creo que toda esa ciudadanía supo manifestar su reacción ante esta pretensión de la derecha de quitarme el encargo que me había dado el pueblo”, sostuvo el diputado Hugo Gutiérrez. “Estoy muy contento que las expresiones populares permitieran que el TC echara para atrás y no me destituyera”, concluyó. El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier calificó este intento de la derecha por sacar de sus funciones a Hugo Gutiérrez como una “vendetta política”. “Se ha ratificado el triunfo contundente de la posición democrática y la derrota de las posiciones de una derecha reaccionaria precisamente son antidemocráticas. Nosotros teníamos la presunción de que el TC no podía desaforar a Hugo Gutiérrez porque la acusación se basaba en lo  mismo en que se basaba una acusación contra toda la bancada comunista y que el tribunal ya había desechado. Pretendían llevar un camino de vendetta política, porque eso era esa acusación por su defensa al pueblo, a los derechos humanos”, puntualizó el timonel del PC. Por su parte, la jefa de bancada, diputada Camila Vallejo insistió en que todas las gestiones de la derecha frente al TC se trataron de una muestra más de una persecución política hacia los y las comunistas. “Esto demuestra una vez más que la soberanía popular, la decisión del pueblo al momento de elegir a sus representantes, tiene un estándar mucho mayor que un acto administrativo de un grupo de ultraderecha que buscaba destituir al compañero Hugo Gutiérrez. Que el Tribunal Constitucional no haya hecho eco de esta persecución política nos da la razón en nuestros planteamientos”, indicó Vallejo.  Misma opinión tuvo el diputado Boris Barrera conocido el fallo del TC , al indicar que “la soberanía del pueblo está por sobre cualquier institución. Es la gente la que eligió a Hugo, la gente la que lo respalda y todos y todas nos debemos a las decisiones del pueblo”. En tanto, el también diputado Daniel Núñez apuntó a que la derecha siempre ha buscado limitar los derechos políticos de los y las comunistas.  “La ultraderecha en Chile quiere limitar la democracia, no acepta que los comunistas hoy ejerzamos nuestros derechos políticos, que estemos hoy luchando junto al pueblo, que estemos protagonizando además incluso algo tan importante como una candidatura presidencial con el alcalde Daniel Jadue y es por eso que intentan impedir que los comunistas seamos parte de la vida normal y democrática de Chile”, concluyó. Santiago de Chile, 4 de septiembre 2020 Crónica […]

Al menos tres mil 148 personas fueron asesinadas por la policía en Brasil, en el primer semestre del año, cifra un siete por ciento mayor que la registrada en el mismo período de 2019. La encuesta realizada por el portal de noticias G1 y basada en datos oficiales de 25 estados y el Distrito Federal revela además que, los casos de oficiales del orden que perdieron la vida dentro y fuera de servicio, también resultaron superiores en los primeros seis meses del actual calendario. Se contabilizaron 103 policías muertos en comparación con los 83 del pasado ejercicio, lo que representa una subida del 24 por ciento. El sitio advirtió que el aumento de víctimas fatales este año ocurrió, incluso, durante la nueva pandemia de COVID–19 que hizo que los Estados adoptaran diversas medidas de aislamiento social. En otras palabras, hubo un alto nivel de violencia con menos personas en las calles. Río de Janeiro aparece como el estado con más personas muertas en el primer semestre: 775. Sao Paulo con más policías eliminados (28) y Amapá figura con la mayor tasa de mortalidad de agentes: 8,1 por cada 100 mil habitantes. La muestra forma parte del Monitor de la Violencia, una asociación del G1 con el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo y el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). Según Dennis Pacheco y Samira Bueno, de la FBSP, los guarismos del estudio son preocupantes. “Contrariamente a las expectativas creadas por la reducción de la violencia letal observada en años anteriores, Brasil no ha sido capaz de convertirla en una tendencia de un ciclo virtuoso”, comentaron. Incluso, precisaron, “ante la pandemia de Covid-19, que dio lugar a medidas de aislamiento social en casi todo el país y a la caída de los delitos contra la propiedad, la violencia letal ha vuelto a aumentar, lo cual demuestra la incapacidad de nuestras autoridades para aplicar una política nacional de seguridad pública capaz de preservar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos”. Brasilia, 4 de septiembre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.

A propósito del paro de camioneros, se ha traído a colación el papel que el gremio tuvo en el golpe de Estado y el presunto financiamiento que habrían recibido desde la CIA. “Existen muchos mitos en las cosas que se hablan, yo conozco la industria del transporte de carga por las carreteras de Chile desde 1968. Son mitos y dejémoslo ahí, en esa línea”, señaló el dirigente Sergio Pérez frente al emplazamiento que le formuló hace unos días la periodista Alejandra Matus en el programa “Mentiras Verdaderas”. En el momento del golpe de Estado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones se encontraba sosteniendo un paro nacional que había iniciado el 26 de julio de 1973, en una reproducción de la paralización que habían emprendido en octubre del año anterior, pero con una diferencia: en esta oportunidad era una pieza clave de una ofensiva final en contra del Gobierno de Salvador Allende, el objetivo era un golpe de Estado. Coincidencia: en la madrugada del 27 de julio, fue asesinado el Edecán Naval del Presidente, comandante Arturo Araya Peeters, a raíz de un disparo en su casa de Fidel Oteíza 1953, en la comuna de Providencia. El oficial de la Armada se había asomado a su balcón a encarar un “comando conjunto” de militantes armados del Frente Nacionalista Patria y Libertad, y de los estamentos juveniles de los Partidos Nacional y Democracia Radical, que salieron a las calles a provocar el caos, para contribuir al paro camionero. El entonces secretario general del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Roberto Thieme, me contó el “origen secreto” de esa ofensiva final contra la Unidad Popular: “El 22 de julio de 1973, fui invitado a una reunión con un alto oficial de la Armada. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, hubo un encuentro en un departamento de Vitacura. Me comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al que se sumarían luego otros gremios, para paralizar por completo el país y crear las condiciones para una acción militar”. La Armada les pidió que las Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales (BOFE) de Patria y Libertad se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas las vías de ferrocarriles, carreteras y oleoductos, para así garantizar la paralización y sus objetivos fundamentales: interrumpir la cadena de abastecimiento y generar un estado general de desgobierno. Thieme detalló: “La Armada nos indicaría los puntos y proporcionaría el material logístico necesario. También indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica, con el objeto de interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje de la Unidad Popular pudiera llegar a la población”. Patria y Libertad desencadenó, en efecto, una ola de atentados a lo largo del país. El actual Canciller, Andrés Allamand, rememoró la situación en su libro de 1974 “No Virar Izquierda”, que cuenta –en forma novelada– sus experiencias como principal líder de los estudiantes secundarios de la Juventud del […]

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