La Policía de Investigaciones (PDI) informó hoy la detención de un excapitán de Carabineros de Chile, responsable de los disparos que cegaron el pasado año a la joven Fabiola Campillai, en el marco de la revuelta social. Patricio Maturana, apresado la víspera, es el principal sindicato en el suceso que conmovió al país, cuando el 26 de noviembre de 2019 disparó una bomba lacrimógena directamente al rostro de Campillai, cuando esta esperaba un transporte para acudir a su trabajo. A pesar de los reclamos desde ese momento para que se hiciera justicia, el uniformado solo fue dado de baja del cuerpo policial tras un sumario administrativo aun cuando se determinó que ni siquiera le prestó ayuda a la mujer. El 9 de agosto, Fabiola Campillai denunció que desde el gobierno “nunca han tratado de saber cómo estamos o cómo estoy yo, nada. Ni siquiera en el hospital” y pidió justicia “para que al menos la persona que me quitó mis ojos pague por lo que hizo y pague con cárcel, no que los den de baja y sigan como si nada”. Sobre este caso, en julio se conoció un video, filmado con las cámaras de la policía, que complicaba a Maturana como autor del disparo de la lacrimógena que cegó a la joven. Tras divulgarse ese video, desde el Gobierno reiteraron como en otras ocasiones, su interés en que se establecieran responsabilidades, mientras que el cuerpo de Carabineros informó que la investigación del caso seguía su curso. Al conocerse la detención de Maturana, Alejandra Arriaza, abogada de Campillai, aseguró “Carabineros sabía desde el primer día quién disparó”, y denunció que en esa institución “ha existido ocultamiento de información, obstrucción a la justicia”. Arriaza no descartó querellarse directamente contra el excapitán por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas contra Fabiola Campillai. Durante las protestas populares iniciadas el 18 de octubre del pasado año, una de las prácticas policiales más denunciadas fue disparar perdigones y bombas lacrimógenas en forma directa al rostro de los manifestantes, lo que provocó a cientos de personas serios traumas oculares. Fabiola Campillai y Gustavo Gatica se han convertido en símbolos de ese actuar represivo, denunciado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Santiago, 28 de agosto 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
DD.HH.
Mientras algunos países del mundo anuncian o preparan el regreso de los niños a la escuela, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alerta sobre los escasos recursos con los que cuentan esos centros educativos frente a la pandemia de la COVID–19. El acceso a servicios de agua y saneamiento es esencial para un retorno seguro a las clases, en el contexto de la pandemia que padece todo el orbe, según destacó el secretario general de entidad multilateral, António Guterres. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el máximo representante de las Naciones Unidas recordó que lavarse las manos es una de las formas más efectivas de limitar la propagación de la COVID–19, pero muchos centros de educación carecen de esos servicios de agua y saneamiento. El año pasado, apuntó, el 43 por ciento de las escuelas del mundo no tenían instalaciones básicas para lavarse las manos. Guterres también compartió en Twitter un enlace al sitio digital del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el cual se ahonda sobre esa situación. De acuerdo con un reporte de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco escuelas en el orbe carecían de instalaciones para el lavado de las manos y jabón antes de la pandemia de COVID–19. Actualmente, alerta el informe, 818 millones de niños carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en sus centros escolares, y esto los pone en mayor riesgo de contraer la COVID–19 y otras enfermedades transmisibles. Más de un tercio de aquellos niños viven en el África subsahariana. En los países menos desarrollados, añade, la mitad de las escuelas carecen de los servicios básicos de agua y saneamiento. Contar con instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón es una condición fundamental para reabrir los colegios de forma segura en medio de la pandemia, resaltaron la Unicef y la OMS. Ambas agencias de ONU enfatizaron en que los Gobiernos deben equilibrar la necesidad de implementar medidas de salud pública con los impactos sociales y económicos asociados a las restricciones para detener la expansión del nuevo coronavirus. En este sentido, indicaron que hay pruebas claras del impacto negativo de los cierres prolongados de las escuelas para los niños. La directora ejecutiva de la Unicef, Henrietta Fore, señaló que es importante dar prioridad al aprendizaje de los niños, y garantizar que las escuelas sean seguras para la reapertura. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó cómo el acceso al agua, saneamiento y servicios de higiene resultan esenciales para la prevención y control efectivo de las infecciones en todos los contextos, incluidas las escuelas. Los menores de edad corren, además, un mayor riesgo de sufrir violencia y explotación debido a que la pandemia de COVID–19 interrumpe gravemente los servicios de prevención y respuesta a esos abusos. Así arroja una reciente encuesta realizada por Unicef, en la cual participaron 136 países. De esas naciones, 104 interrumpieron los servicios relacionados con la atención y el […]
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara, Emilia Nuyado, valoró la detención del ex Capitán de Carabineros, Patricio Maturana, por su eventual responsabilidad en el disparo de una bomba lacrimógena que impactó en el rostro de Fabiola Campillai, dejándola ciega de por vida. A juicio de la parlamentaria, «esta detención es un avance. Es importante que al igual que en el caso de Gustavo Gática aparezcan responsable, pero creo que aún es poco para hacer justicia en este caso». «Nadie le puede devolver la vista a Fabiola. A ella la condenaron de por vida a no poder ver a sus hijos y eso debe tener un castigo o condena ejemplar», dijo Emilia Nuyado. En este sentido, la parlamentaria agregó que «los tribunales deben ser consecuentes y aplicar una fuerte condena para que en Chile no haya más situaciones como las vividas por Fabiola Campillai o Gustavo Gatica». «En Chile hay cientos de personas que fueron mutiladas durante el estallido social y una parte muy pequeña ha encontrado algo de justicia. Creo que los tribunales deben avanzar más rápido. Pero sobre todo, debe existir colaboración real de Carabineros, que hasta el momento se ha dedicado a proteger a sus funcionarios. También exijo que el Ministro del Interior y el Gobierno asuman la responsabilidad que le corresponde y obliguen a las policías a colaborar», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 28 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
Los llamados a favor de la libertad de Julian Assange y las denuncias de que el fundador de Wikileaks es objeto de persecución política se redoblan al acercarse el reinicio del juicio de extradición a Estados Unidos, previsto para el 7 de septiembre. Uno de sus más fervientes defensores es el excónsul de Ecuador en Londres Fidel Narváez, quien convivió con el periodista australiano durante seis años en la embajada del país suramericano, hasta que él mismo se convirtió en una figura incómoda para el gobierno del presidente Lenín Moreno. Narváez es también uno de los testigos claves en una demanda por espionaje que presentó Assange ante un tribunal de Madrid contra la firma española contratada para velar por la seguridad del recinto diplomático del país suramericano en el Reino Unido. Hay toda una serie de elementos que demuestran la existencia de una persecución judicial (contra el fundador de Wikileaks), y que no está teniendo un juicio justo aquí, y con toda seguridad, no lo tendrá en Estados Unidos, recalcó el exdiplomático en entrevista telefónica con Prensa Latina. En su opinión, ese ensañamiento se puso en marcha desde el momento mismo en los agentes de Scotland Yard sacaron a Assange de la embajada, y lo llevaron directamente al Tribunal de Magistrados de Westminster, donde un juez solo demoró 15 minutos en condenarlo a 50 semanas de cárcel por violar una fianza concedida siete años atrás, y relacionada con un caso que luego fue desestimado por la justicia sueca. Pero una vez cumplida la sentencia, considerada arbitraria y desproporcionada por muchos abogados y expertos en derecho, Assange continúa en la cárcel londinense de máxima seguridad de Belmarsh, un lugar diseñado para encerrar criminales y terroristas, y con un régimen restringido de visitas para familiares y abogados, recordó Narváez. No le conceden la libertad condicional, pese al riesgo latente de que contraiga la Covid-19, porque la jueza a cargo del proceso de extradición decidió que debe esperar el veredicto en prisión, agregó el excónsul, quien cree que la demora en entregarle unos espejuelos para leer, una computadora incluso en mal estado, y un aparato de radio también forman parte de ese ensañamiento. Incluso lleva meses sin ver a su pareja y a los hijos que tienen en común, ni se le permite reunirse en persona con sus abogados debido a las medidas de distanciamiento social impuestas después de la pandemia, agregó. LOS CARGOS Estados Unidos quiere juzgar a Assange por haber difundido en Wikileaks cientos de miles de archivos y documentos secretos de la diplomacia y el Ejército norteamericanos, por lo que presentó una orden de extradición ante la justicia británica inmediatamente después de su arresto el 11 de abril de 2019. Según Washington, las revelaciones hechas por el periodista australiano pusieron en peligro la vida de ciudadanos estadounidenses y de muchos de sus colaboradores en Iraq y Afganistán, y le endilgó 18 cargos criminales que van desde conspiración para cometer espionaje hasta piratería informática, que en total conllevan una sentencia de […]
Numerosas personalidades de América Latina expresaron su apoyo al diputado chileno Hugo Gutiérrez, ante el intento de legisladores de derecha de destituirlo, indica hoy el periódico El Siglo. Políticos, parlamentarios, periodistas, intelectuales y otras personalidades de la región condenaron la intención de destituir al diputado del Partido Comunista de Chile bajo una infundada acusación de actos subversivos por participar en movilizaciones sociales, sobre la cual deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional el próximo 4 de septiembre. Figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras; el sociólogo Atilio Boron; la reconocida periodista argentina Stella Calloni; Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, y la ex parlamentaria colombiana Piedad Córdoba, figuran entre los firmantes de una declaración de apoyo a Gutiérrez. El texto, destaca su labor como abogado de derechos humanos, y denuncia que enfrenta un proceso de «persecución política por la derecha chilena, el gobierno de Sebastián Piñera y el Tribunal Constitucional de Chile«. Añade que se trata de un diputado elegido democráticamente por el pueblo mediante sufragio libre, directo y secreto, que ha denunciado a violadores de derechos humanos, políticos corruptos y ha estado siempre al lado de su pueblo y en la primera línea de defensa de los presidentes Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales. La declaración rechaza también «la actitud de los jueces del Tribunal Constitucional quienes han demostrado su complicidad extendiendo plazos y retrasando decisiones con el fin de dar tiempo y lugar a los persecutores de Hugo Gutiérrez para armar un caso y pruebas más consistentes que permitan justificar su destitución» Al respecto advierte que «la última decisión del tribunal de aplazar por tres semanas la fecha del fallo, demuestra la fragilidad de la autonomía del Tribunal Constitucional y confirma, a los ojos del mundo, que es un tribunal parcial y dependiente de un sector político». Asimismo plantea que «la situación del diputado Hugo Gutiérrez, es parte de la estrategia de guerra jurídica impulsada por la derecha en el continente y que ha lesionado la independencia del Poder Judicial». Santiago de Chie, 27 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
Greenpeace denunció la grave situación de falta de agua que enfrenta la zona de El Melón, comunidad de 9.000 habitantes ubicada a 128 kilómetros de Santiago, cuyos habitantes enfrentan desde hace años la presencia de la industria minera y de las paltas, actividades que se han convertido en enormes demandantes de agua, dejando en una situación crítica el consumo humano y la sobrevivencia de los ecosistemas. “En la práctica se trata no de uno, sino de enormes gigantes contra los cuales se hace muy difícil pelear. La situación es tan crítica que en esta zona ha sido necesario levantarse y exigir a través de medidas de presión ciudadana, como la toma del pozo de agua de la minera Anglo American para intentar obtener algo de la abundante agua que ellos usan, para así poder suplir nuestras necesidades básicas. La realidad es insostenible, ya que mientras en nuestras llaves de las casas no sale agua ni para lavarse las manos durante la pandemia y los pozos comunitarios y esteros están casi secos, por los ductos de Anglo American el agua corre a un flujo de 25 a 40 litros por segundo”, explica Ximena Gallardo, ingeniera ambiental y vocera de la agrupación medioambiental Poyewn, entidad conformada por vecinas y vecinos de El Melón. La acción de presión por parte de la comunidad, que se concentró en el pozo 9 de la transnacional, logró el “compromiso” de la minera para “inyectar” algo del agua que utilizan a los mermados pozos de los lugareños. Pero los temores y desconfianza de la comunidad persisten. “Mientras el agua ya ni siquiera sale de las llaves de nuestras casas y día a día se devasta nuestro territorio, la mina a tajo abierto El Soldado de Anglo American continúa sus operaciones sin que les falte agua. De hecho, los relaves fueron autorizados para expandirse todavía más. Esto pone en riesgo no sólo a las personas, sino que a todo el ecosistema ya declarado como zona de catástrofe por sequía prolongada. Lo que estamos seguros es que la mina siempre va a necesitar más agua para asegurar su funcionamiento y expansión. Así las cosas, el único destino que tenemos como comunidad es tener cada vez menos agua para el consumo humano y el medio ambiente”, advierte Ximena Gallardo. Enfrentados en una dura batalla judicial por el uso de la escasa agua disponible en la zona -juicio que está a la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema-, hasta ahora Anglo American ha basado su defensa en que el problema de la falta de agua en la zona no pasa por ellos y que la situación tiene dos explicaciones: la sequía y un exceso en la entrega de derechos de agua para fines agrícolas. “Pero Anglo American se olvida que, de acuerdo a los registros de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, ellos aparecen con 19 permisos, los que, en conjunto, les permiten el uso y aprovechamiento de 453 litros de agua por […]
“Ha llegado la hora que el director general de Carabineros, Mario Rozas, de un paso al costado. Claramente no sabremos la verdad de lo que ha ocurrido en el caso de Gustavo Gatica si él continúa al mando de Carabineros. Aquí hubo un montaje, se ocultó información al país y también a La Moneda”, señaló el senador Alejandro Navarro (PRO) en relación a la detención del oficial Claudio Crespo como autor de los disparos que le costaron la vista a Gustavo Gatica. El parlamentario miembro de la comisión de derechos humanos del Senado comparó la situación con lo ocurrido en el caso Camilo Catrillanca, donde se comprobó montaje por parte de Carabineros. “El teniente coronel Claudio Crespo fue quien disparó 170 veces su escopeta de perdigones el 8 de noviembre y alteró el contenido de su cámara Gopro. Este es el mismo patrón que en el caso de Camilo Catrillanca y que terminó con la salida del entonces director Hermes Soto”, señaló. Navarro recordó que “el general director juramentó el 13 de noviembre que no va a despedir ni dar de baja a nadie por motivo de operación policial aun cuando lo obliguen. Y los hechos configuran que el general director Mario Rozas ocultó información, a la investigación policial y también a La Moneda. Ha llegado la hora en que La Moneda tome decisiones para saber la verdad”. “La credibilidad de Carabineros una vez más está cuestionada y este segundo error en menos de 48 horas del general director Mario Rozas; primero lo de Stange y ahora lo de Claudio Crespo, con ocultamiento de información. No tiene otra salida que un paso al lado del general director ahora, y La Moneda tiene el deber moral pero también legal de pedírselo”, concluyó. Santiago de Chile, 22 de agosto 2020 Crónica Digital
El Séptimo Juzgado de Garantía accedió a la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para el teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo Guzmán, dado de baja en julio pasado y detenido por la PDI en la madrugada del viernes como presunto autor material de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante la revuelta social que se inició el 18 de octubre de 2019. El ex uniformado fue arrestado en su domicilio de la comuna de Ñuñoa por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y fue formalizado luego por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Gustavo Gatica, de 21 años y estudiante de Psicología, fue gravemente herido alrededor de las 18:00 horas del 8 de noviembre en los alrededores de la Plaza de la Dignidad, y tras 17 días hospitalizado se confirmó que los perdigones recibidos en sus ojos lo dejaron ciego. El hecho causó impacto en la opinión pública y se transformó en todo un símbolo de la represión desencadenada por el gobierno de derecha contra la protesta ciudadana. En la extensa audiencia telemática de imputación de cargos, la jueza Marcia Figueroa consideró que la libertad de Crespo constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y también existe peligro de fuga, además de la gravedad de la pena que arriesga: presidio mayor en su grado mínimo. Así, ordenó la reclusión del ex uniformado en el anexo de la Subcomisaría Pudahuel Norte, recinto penitenciario especial para ex funcionarios de Carabineros, y determinó un plazo de investigación de 90 días. Según informó la Radio Cooperativa, en la formalización la Fiscalía presentó evidencias balísticas y registros audiovisuales que acreditaban la presencia de Crespo. De esta forma, el fiscal Francisco Ledezma detalló: “En la intersección de calles Vicuña Mackenna y Carabineros de Chile, en la comuna de Santiago, se encontraban apostados un número indeterminado de manifestantes, quienes proferían consignas en contra de Carabineros, y lanzaban elementos contundentes a los vehículos tácticos y los funcionarios presentes en el lugar”. En esas circunstancias, “el imputado se parapetó y abusando de su cargo, con la intención de castigar, disparó la escopeta antidisturbios directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes”, añadiendo que “en el momento en que se despliega el disparo aludido, no existía riesgo alguno para la integridad (física) de Carabineros”. A raíz de estos disparos, “Gustavo Gatica Villarroel resultó herido, mismas lesiones que determinaron la pérdida total de la visión en ambos ojos de la víctima”. En ese sentido, la magistrada consideró que existió en Crespo “ánimo de causar una lesión grave e infligir dolor a una persona, y se tradujo en una lesión grave gravísima”, y que “no cabe duda de que es él quien dispara el arma antidisturbios que ocasiona las lesiones, con los antecedentes vertidos en la audiencia”. El ex teniente coronel, llamado “G–3”, ya había sido desvinculado de Carabineros a finales de julio, […]
Con la participación de autoridades universitarias, académicos, funcionarios y estudiantes de la UTEM, se desarrollaron los dos primeros conversatorios del ciclo “Derechos Humanos en Tiempos de Pandemia”, organizado por el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Casa de Estudios. La iniciativa, que abarca en total ocho encuentros, tiene el propósito de reflexionar, desde un enfoque de derechos, sobre la crisis pandémica en curso, y está abierto a toda la comunidad universitaria y su entorno social. El primer conversatorio, cuyo tema fue “Derechos Humanos y la Crisis Sanitaria en Chile”, tuvo como expositor al doctor Claudio Uribe Planell, médico del Servicio de Salud Estudiantil (SESAES) de la UTEM y residente pediátrico del Servicio de Urgencia Infantil del Hospital El Carmen de Maipú. Desde su experiencia en el hospital, explicó cómo se han ido afectando de uno u otro modo los derechos fundamentales, en particular con las afectaciones a los servicios de salud. “En el caso de pacientes pediátricos que requieren hospitalización, no siempre hay disponibles camas en la red hospitalaria, y mientras se gestiona, el paciente permanece en la unidad de urgencia, donde no están dadas las condiciones idóneas para manejarlo”, comentó. Explicó que en el Servicio de Urgencia Infantil fue necesario atender a personas adultas, lo cual también afectó la calidad de la atención, pues en muchos casos quienes los atendieron no eran los especialistas requeridos. “Hubo pediatras que quedaron a cargo de cuidados intensivos de adultos, o traumatólogos atendiendo infartos”, comentó. Se refirió a las difíciles condiciones en que han tenido que laborar los profesionales de la salud, no solo por el temor a contagiarse y llevar el virus a sus familias, sino también por las extensas jornadas de trabajo, la sobrecarga laboral y la carencia de medios de protección, los que en no pocos casos el personal de salud tuvo que comprar con sus propios recursos. Elemento central de su exposición fue la necesidad de que el Estado cumpla su rol como garante del derecho a la salud de las y los ciudadanos. “Esta crisis sanitaria evidenció la existencia de un sistema de salud debilitado y profundamente desigual. El 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, con menos presupuesto que el sistema privado que atiende a un 20 por ciento de la población”, subrayó. Asimismo, dijo que, más que en una pandemia, nos encontramos ante una “sindemia”, en lo que se refiere a problemas de salud sinérgicos que afectan la salud de una población en sus contextos sociales y económicos. “No solamente el derecho básico a la salud se ha visto afectado dentro de esta crisis sanitaria, va más allá, por la vulnerabilidad a la que se han visto expuestos millones de personas en el mundo”, enfatizó. El segundo conversatorio abordó la experiencia de Argentina de enfrentamiento social a la pandemia, espacio que estuvo a cargo del abogado Víctor Hugo Oyarzo, Subsecretario de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Nacional de Argentina. […]
El exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo fue detenido hoy por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile acusado de los disparos que cegaron al joven Gustavo Gatica durante la revuelta social. Claudio Crespo, excomandante de Fuerzas Especiales y conocido como G–3, estaba acusado de haber disparado 170 cartuchos de 12 perdigones cada uno, el 8 de noviembre de 2019, durante las acciones represivas contra los manifestantes en la Plaza de la Dignidad. Ese mismo día Gustavo Gatica, estudiante universitario, resultó herido por varios impactos en su rostro, lo que le provocó la pérdida total de la vista a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo sometieron a varias operaciones. El carabinero fue dado baja de la institución en junio último por manipular imágenes grabadas por su cámara de trabajo, sin notificar esa acción a las autoridades. Ese mes, organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, denunciaron a Carabineros de Chile por pretender ocultar la presencia de G–3 en el lugar donde Gatica resultó herido gravemente, ya que ni siquiera durante la investigación del caso le tomaron declaración a pesar de que era uno de los oficiales al mando de la operación represiva en contra de los manifestantes. Incluso causó gran indignación en el país que durante el sumario interno se pretendió achacar a los propios participantes en las protestas la responsabilidad de haber disparado los balines contra el joven. El caso de Gustavo Gatica se convirtió en emblemático de la fuerte represión de los cuerpos policiales de Chile durante el vasto movimiento de protestas populares iniciado el 18 de octubre de 2019 y el uso indiscriminado de las armas contra los manifestantes. Santiago, 21 de agosto 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
