a resolución se tomó en conjunto con el rechazo del recurso de reposición interpuesto por la defensa de las autoridades a la acción judicial iniciada por el edil de Recoleta, Daniel Jadue, por lo que ambas seguirán el proceso de investigación. El tercer juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino interpuesta por la Concejala de Conchalí, Grace Arcos, en contra del Presidente, Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, los subsecretarios de Salud, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, además quienes resulten responsables por las muertes ocurridas en dicha comuna por causa del coronavirus. Grace Arcos, concejala de Conchalí que lidera esta acción judicial, valoró la determinación apuntando a “la importancia de esta decisión, pues no solo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”. Además, afirma que “hemos recurrido a la justicia para que se establezcan las responsabilidades que puedan recaer sobre quienes han estado a cargo del manejo de la pandemia, que a nuestro entender han cometido graves errores que han sido parte del debate público y refutado por expertos, como la tardanza en el establecimiento de cuarentenas. Para nosotros es muy importante que se investigue y eso tendrá que determinarlo la justicia”. “La querella contiene datos de 20 personas de Conchalí que fallecieron a causa del Covid-19. Para eso, nos pusimos en contacto con sus familias, les explicamos respecto a la acción judicial y las hicimos parte de esta acción. En general hay muy buena aceptación, porque junto al dolor de perder a un familiar, hay un sentimiento de injusticia muy grande, de saber que no se hicieron todas las acciones posibles para poder salvarle la vida a su familiar” precisa la edil. En el documento de 40 páginas patrocinado por el abogado Ramón Sepúlveda, se destaca que “en Chile era clara y urgente necesidad de toma de medidas concretas y radicales encaminadas a evitar un nivel de contagios tan elevados como los detectados en aquellos países. La propagación de este virus pudo advertirse de manera pública y notoria, ya que daba cuenta de que el contagio era a través del contacto entre personas, lo que se agrava por la falta de acciones y medidas específicas para combatir la velocidad y alcance de la propagación del virus”. “Se puede observar por parte de los querellados, todos autoridades de Gobierno, una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables(…), que a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública y que configuran en el caso en comento figuras penales tipificadas por nuestro legislador”, se agrega en el escrito. La decisión se tomó junto al rechazo del recurso de reposición en contra de la admisibilidad de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, interpuesto por los abogados Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik […]

La pandemia y las familias migrantes: aspectos humanitarios en una crisis sanitaria y social, fue un conversatorio transmitido en vivo en la que entidades de inmigrantes en Chile y expositores nacionales, evidenciaron las medidas insuficientes y el desamparo que viven las familias extranjeras en territorio nacional.  Durante el lunes 27 de julio a eso de las 18:30 horas, comenzó el conversatorio en vivo llamado “La pandemia y las familias migrantes: aspectos humanitarios en una crisis sanitaria y social”. El cual fue transmitido a través de las plataformas Youtube, Facebook y Twitter. La instancia fue organizada por la Fundación Equidad Chile, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación Venezolana en Chile, por Mesas Temáticas del Senado y el Instituto Igualdad. Los moderadores fueron Ronald Wilson y Lucía Rabelo, pertenecientes a las dos últimas organizaciones, respectivamente.  La cédula y las fronteras idiomáticas: En ese contexto, la expositora, abogada y magíster en derecho constitucional, explicó que “todos quienes vivimos en territorio nacional, somos iguales ante la ley”. Sin embargo, cuando se trata de inmigrantes, a pesar de lo establecido por el marco legal chileno, las condiciones no son igualitarias y, sobre todo, cuando los individuos se ven limitados por un documento de identificación, según explicó la legista. No obstante, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Héctor Pujols, expuso acerca del Plan de retorno humanitario desarrollado por el Gobierno y lo calificó como una “medida inhumana”, “bastante miserable” y explicó que “ni académicos ni entendidos apoyan este proyecto” que, además, tiene un carácter centralizado.  En ese sentido, esclareció que la Coordinadora envió una carta a La Moneda y no hubo resultados: “Cuando veíamos que la cosa iba en serio y que ya la cosa iba a tener unos efectos muy complejos, le planteamos una carta para prevenir, con propuestas, (…) propuestas que nunca fueron escuchadas. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, es iniciar un proceso de regulación. Es decir, que las personas que estaban ya residiendo en el país, primero por un tema de derechos necesitaban tener una cédula y, segundo, para la seguridad del Estado porque necesitamos saber cuántas personas extranjeras residen en el país, porque estas personas no son turistas, estas personas residen en el país habitualmente”. “Hablamos también de traducir a los diferentes idiomas (…) la información en términos de salud, que eso se pudiera realizar. Cosa que tampoco hicieron y que tuvieron que hacer las organizaciones y las universidades”. Pujols destacó la vulneración a los infantes y la inexistente cobertura con aquellos, cuyos padres, se encuentran en una situación irregular de identificación pero los niños son chilenos y tras lo señalado, no pueden acceder a los aportes de Junaeb. El trato inhumano del gobierno Luis Zurita es expresidente de la Asociación de Venezolanos y actualmente pertenece al Foro Académico de Migrantes en Chile. Él, destacó un fenómeno ya comentado por expertos y dijo que “la pandemia agudizó los problemas”, algo que ha afectado a los chilenos pero que ocurre más fuertemente cuando se trata de extranjeros […]

La diputada Mapuche-Williche, Emilia Nuyado emplazó al Gobierno y al Ministerio de Justicia, a dialogar con los voceros directos de los Presos Políticos Mapuches que se encuentran en huelga de hambre, en la Cárcel de Angol. A juicio de la legisladora «las autoridades deben entender que nuestro pueblo tiene sus propios interlocutores y eso el Estado de Chile debe respetarlo. Por eso, el llamado es a dialogar con los voceros de los detenidos». «Una señal mínima del Gobierno sería sentarse con los representantes mapuche de los huelguistas esta semana. La situación de salud de los detenidos es muy crítica, hay varios que no pueden subirse solos a sus literas por el debilitamiento físico», dijo la parlamentaria. Sobre este punto, la diputada Mapuche recordó que «estuvimos este fin de semana con ellos en la Cárcel de Angol y fuimos testigos, con los diputados Boris Barrera (PC) y Claudia Mix, del pésimo estado en que se encuentran». «La situación de hacinamiento tiene incluso a algunos huelguistas durmiendo en el piso de su celda, lo que aumenta el riesgo para su salud. Si el Gobierno no quiere lamentar la muerte de algún preso político mapuche, debe sentarse a dialogar con los voceros directos de la huelga», finalizó Emilia Nuyado.   Santiago de Chile, 29 de Julio 2020 Crónica Digital

Diputados de diferentes partidos pidieron hoy al gobierno atender las demandas de un grupo de presos políticos mapuches en huelga de hambre y alertaron del crítico estado de salud del líder espiritual Celestino Córdova. Córdova y una veintena de presos en huelga exigen que el Estado cumpla el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionado con el respeto a los pueblos originarios y el reconocimiento a las aspiraciones de esas comunidades al control de sus propias instituciones y formas de vida, y el desarrollo de su cultura, lenguas y religiones. Los reos fueron visitados este sábado por los diputados Claudia Mix, del partido Comunes), Emilia Nuyado, del Socialista, el comunista Boris Barrera y Ricardo Celis, del Partido por la Democracia. Tras la visita al machi Celestino Córdova en el hospital Intercultural de Nueva Imperial, en La Araucanía, los parlamentarios emitieron una declaración en la que advirtieron sobre la gravedad del dirigente espiritual mapuche, que lleva ya 80 días en huelga de hambre. Señalaron que se debe buscar una solución política a esa protesta en la que participan presos de las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, y llamaron a pronunciarse en esa dirección a todos los estamentos del Estado y en especial el Poder Judicial. Al respecto la diputada Mix expresó que el ministro de Justicia Hernán Larraín tiene que hacerse cargo directamente de esta situación sin intermediarios y atender la legítima demanda del pueblo mapuche. Por su parte, Boris Barrera aseguró que a pesar de su débil salud, Celestino Córdova afirmó que seguirá en su huelga «hasta la última consecuencia». Barrera dijo esperar que el gobierno «responda a la brevedad, porque son demandas mínimas, administrativas de Gendarmería» que pueden ser cumplidas sin dificultades. Según reportó la web El Desconcierto, los diputados se reunieron también este sábado con el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Federico Aguirre, y con la presidenta del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Temuco, Sonia Méndez, quienes también expresaron su preocupación por la salud de Córdova. Santiago de Chile, 26 de julio 2020 Crónica Digital/PL

El 20 de julio pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció este reconocimiento a la incansable búsqueda de la verdad y la justicia durante su trayectoria. El profesional, egresado de la Universidad de Chile, fue jefe del Área Jurídica de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura, fue funcionario de Naciones Unidas y Representante para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de las ONU para los DD.HH., y vicepresidente de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. El año 2019 además recibió la Medalla Rectoral de la U. de Chile. «La incansable lucha de Roberto Garretón por los Derechos Humanos, por la verdad, por la vida de miles de personas me conmueven profundamente. Su trayectoria es un gran ejemplo y un legado para las nuevas generaciones, y lo hacen merecedor del Premio Nacional de Derechos Humanos y todos los reconocimientos posibles«. Con estas palabras el Rector Ennio Vivaldi destacó el importante reconocimiento que el profesional recibiera el día de ayer por parte del INDH. Roberto Garretón, quien egresara de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1967, fue galardonado por decisión del Consejo del INDH en reconocimiento a su «incansable búsqueda de verdad y la justicia en nuestro país», tal como expresara el organismo en su página web. La máxima autoridad de nuestra institución aseguró además que «su valentía en momentos tan duros nos llenó y nos llena de esperanza, y es sin duda una lección para nuestro de que es posible construir una sociedad en la cual la tortura, la muerte, la desaparición de personas nunca más tengan un lugar». El abogado es recordado por su labor en la defensa de perseguidos políticos durante la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet desde los departamentos jurídicos tanto del Comité de Cooperación para la Paz en Chile como de la Vicaría de la Solidaridad, el último de los cuales llegaría a encabezar. De manera posterior dirigió el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, llegando a ocupar responsabilidades a nivel internacional en Naciones Unidas, siempre comprometido con la defensa de los DD.HH. En agradecimiento al premio, Roberto Garretón publicó una carta en su página web en la que expresó su gratitud hacia quienes trabajaron junto a él durante la dictadura, afirmando que el galardón no es hacia una sola persona, sino que «es el premio a un conjunto de personas y de instituciones que estuvieron involucradas en la lucha por los DDHH en la peor época de nuestro país». En la misiva afirmó ser parte de una generación «y de varias generaciones a esta edad, que se comprometió a darle a este país una mínima esperanza de justicia, de mejor vida, de defensa de la vida y si hoy día se reconoce en mi ese trabajo, es porque hubo tanta gente que trabajo, que lucho, por estos mismos ideales». El Premio Nacional de los Derechos Humanos es entregado cada dos años por el Consejo del INDH como parte de su misión de promover la plena vigencia […]

Amnistía Internacional envió hoy una carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresando su preocupación por la situación de las 27 personas mapuche privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre en las ciudades de Temuco, Angol y Lebu. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Es sumamente preocupante la situación de las 27 personas mapuche privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre, entre ellas el machi Celestino Córdova, quien inició su huelga de hambre el 4 de mayo, y ayer anunció que empezaría una huelga de hambre seca, dejando además de consumir líquidos. En vez de invisibilizar la situación y negar su responsabilidad, las autoridades chilenas deben buscar soluciones mediante el diálogo con quienes están en huelga de hambre para resguardar sus derechos a la salud y la vida. Además, urge que evalúen las condiciones carcelarias para no poner a las personas privadas de libertad en riesgo ante la pandemia de COVID-19.” “Las personas privadas de libertad siguen teniendo derechos humanos, incluyendo los derechos a recibir atención médica adecuada, de ser informada de las consecuencias probables de una huelga de hambre sobre su salud, y de rechazar la alimentación. Recordamos además a las autoridades chilenas que 19 de las personas en huelga de hambre son imputados en prisión preventiva, respecto de quienes aplica la presunción de inocencia, y en algunos de estos casos el mismo gobierno es querellante a través de la Intendencia Regional, por los que debiera considerarse con urgencia la sustitución de la medida cautelar por otras que no se cumplan en un centro penitenciario.” Más información: Carta abierta al Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique (Carta, 21 de julio de 2020) https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/2764/2020/es/ Chile: Vida de líder Indígena encarcelado está en peligro inminente (Noticias, 25 de julio de 2018) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/07/chile-vida-de-lider-indigena-encarcelado-esta-en-peligro-inminente/ Santiago de Chile,21 de julio 2020 Crónica Digital

Siete presos de la cárcel de Angol, en la región de la Araucanía, se sumaron a una prolongada huelga de hambre encabezada por el líder mapuche Celestino Córdova, quien se encuentra en delicado estado de salud. La protesta encabezada por el machi (consejero espiritual) Córdova, recluido en el penal de Temuco, cumple hoy 77 días y a ella se unieron inicialmente ocho reclusos de la prisión de Angol y hace dos semanas otros 11 de la de Lebu. En un comunicado los siete presos políticos explicaron que tomaron esa decisión debido al nulo avance del Estado y el gobierno en las demandas de sus compañeros para llegar a una solución política adecuada, considerando el grave riesgo que la prolongada huelga de hambre acarrea a su salud. En los últimos días se informó que Celestino Córdova, quien cumple una pena de 18 años tras aparecer como único condenado por la muerte de un matrimonio en extrañas circunstancias en 2014, se encuentra en grave estado de salud incluso con riesgo para su vida según declararon sus más allegados. El comunicado de los siete reclusos mapuches añade que decidieron «a lo mapuche: mediante reflexión, conversación, reunión, sumarnos a la huelga de hambre, en apoyo a la movilización de los camaradas, por su libertad inmediata y la de todos los presos políticos mapuche y no mapuche». Los huelguistas Daniel Canio Tralcal, Facundo Jones Huala, José Cáceres Salamanca, Juan Cheuqueta Cheuquepil, Fermín Marquez Inal, Cristhofer Pino Curin y Victor Marileo Ancapi señalaron que «no podemos permanecer indiferentes ante el actual escenario». Explicaron que sus condenas y la opresión de su pueblo tienen carácter político y que también política debe ser la solución de esos problemas. En tanto, durante el fin de semana, organizaciones defensoras de los derechos humanos de La Araucanía, en conjunto con el Observatorio Ciudadano, pidieron la intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, ante la situación de los mapuches encarcelados. En declaraciones a Radio BioBío, Hernando Silva, codirector del Observatorio Ciudadano, explicó que esta medida se tomó para atender las peticiones de los internos, con el objetivo de abrir un diálogo directo con las autoridades de gobierno. Ello permitiría buscar acuerdos que permitan salvaguardar sus vidas, e instó al Estado a respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Las organizaciones mapuches y Observatorio ciudadano insistieron en su petición para que se ejecute un cambio en las medidas y la forma del cumplimiento de condenas y que estas puedan ser cumplidas en sus comunidades, de acuerdo a sus condiciones culturales. Eso está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero hasta ahora no ha sido cumplido por las autoridades chilenas. Santiago de Chile, 20 de julio 2020 Crónica Digital/PL

Un total de 8.510 casos de vulneración a los derechos fundamentales, incluyendo a 1.315 menores de edad y 1.559 mujeres; 6.057 denuncias de apremios ilegítimos; 363 situaciones de violencia sexual, incluyendo violaciones y abusos sexuales; 3.219 lesionados por armas de fuego, 615 casos de lesiones de gravedad y 411 personas con lesiones oculares. Hasta ahora, ningún agente del Estado condenado por los hechos, acontecidos durante el llamado “estallido social”. Las cifras son recogidas por un nuevo Informe sobre “Cifras de la Violencia Institucional”, elaborado por la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, fechado el 15 de julio pasado, y que contempla denuncias en el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el pasado 31 de marzo. La fuente corresponde a los casos ingresados al Sistema de Apoyo a Fiscales del Ministerio Público. El cuadro que devela la envergadura de las cifras y la contundencia de los antecedentes es necesario que sea aprehendido a partir de la persistencia del Gobierno de Sebastián Piñera de desestimar la existencia de violaciones generalizadas a los derechos humanos durante la revuelta social, contradiciendo los informes de organismos como Amnistía Internacional, generando polémica sobre el carácter sistemático o no de los casos de vulneraciones a los derechos humanos, a poner todo el foco en el caos y la violencia del “enemigo poderoso e implacable”, y llegando el Mandatario a sostener que había videos falsos y fabricados en el exterior para intentar presentar una situación de abusos en Chile. Todo ello, mientras la derecha y la ultraderecha se dedicaban, en las alcantarillas del odio, a criticar la supuesta debilidad de las autoridades y denunciar una presunta asimetría entre la flexibilidad que existiría para los autores de desmanes versus la diligente condena, dicen, que se generaría frente a los efectivos de las fuerzas de orden y seguridad. El Informe de la Fiscalía Nacional establece que fueron 8.510 los casos ingresados al sistema durante el período, de las cuales 1.315 eran denuncias por menores de edad y 7.178 por adultos, aparte de 17 casos sin antecedentes. Respecto al género: 1.559 fueron mujeres, 6.942 hombres y nueve sin información. Según lo documentado, la vía pública, con 6.161 casos, fue el lugar con mayor cantidad de denuncias. Las comisarías, brigadas o recintos militares quedaron en segundo lugar con 772; los carros policiales en tercera posición, con 396; seguidos por locales del comercio (130), domicilios de las víctimas (85) y otros casos (79). No existe información respecto de esta materia específica en 1.357 circunstancias. El reporte incluyó casos con múltiples lugares de comisión de los hechos ilícitos. De las detenciones, 6.057 reportaron apremios ilegítimos, 1.849 abusos contra particulares; 684 otros delitos comunes y 191 torturas. A ellos se suman los siguientes casos de violencia sexual: 258 desnudamientos; 67 hechos constitutivos de abuso sexual con contacto; 27 amenazas de cometer delitos sexuales en contra de la víctima y 12 hechos constitutivos de violación o abuso sexual agravado. Respecto a las consecuencias […]

El Machi Celestino Córdova junto a otros 8 presos políticos mapuches desde el día 04 de mayo de 2020 (es decir hace 74 días) se encuentran realizando una huelga de hambre. Las demandas planteadas por los huelguistas, dicen relación con la necesidad de cambio de medidas cautelares y de la forma de cumplimiento sus condenas, de manera que puedan ser cumplidas en sus comunidades y de acuerdo a sus condiciones culturales, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas mantienen un vínculo estrecho con la tierra, territorios, recursos naturales, sus familiares y comunidades, y su forma de relacionarse con el entorno. Ello en virtud de establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y en consideración a los graves efectos sanitarios de la Pandemia de COVID 19 que actualmente se vive en el mundo. Además de la consideración de que todos se encuentran privados de libertad por delitos vinculados a actos de reivindicación territorial del pueblo mapuche, mediante procesos judiciales cuestionados desde la perspectiva del Debido Proceso, por lo cual en muchos casos estas constituyen prisión política. Dicha situación dista enormemente con el trato que han tenido los Tribunales de Justicia y el Sistema Penitenciario en los casos vinculados con funcionarios policiales que han cometido delitos en contra de personas mapuche, todos los cuales actualmente se encuentran con medidas de privación de libertad fuera de centros penitenciaros.     Hacemos un urgente llamado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Chile a atender estas demandas. El Machi Celestino se encuentra en riesgo vital, un desenlace fatal se puede evitar, sólo falta la voluntad política de las autoridades.     Llamamos también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones de DD HH de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para que el estado de Chile atienda de manera urgente las demandas de nuestros hermanos mapuches hoy en huelga de hambre.     Hacemos nuestra la carta que recientemente el Observatorio Ciudadano y la Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Araucanía enviaran al Relator Especial Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en la que textualmente se solicita: “…queremos pedir su intervención en la materia frente al Estado de Chile, en búsqueda de resolver las peticiones planteadas por las personas privadas de libertad en huelga de hambre a través de un diálogo directo entre las autoridades de Gobierno, los huelguistas y sus vocerías, buscando acuerdos que permitan salvaguardar sus vidas e instando al Estado de Chile a respetar los Instrumentos Internacionales de derechos humanos de los cuales es parte nuestro país, principalmente en lo relativo a la necesidad de modificar el citado Reglamento 518 para adecuarlo a los estándares internacionales. También solicitamos que al momento de solicitar información sobre los hechos denunciados al Estado de Chile, […]

La diputada Mapuche, Emilia Nuyado, afirmó que si «Celestino Cordova llega a morir será culpa de este gobierno y del Estado que se ha negado a cumplir con el convenio 169 de la OIT y respetar las particularidades de los pueblos Indígenas en materia de régimen carcelario».     La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, exigió a la Gendarmería de Chile y al gobierno «escuchar y atender hoy las demandas del machi Celestino Cordova», debido a su agravamiento del estado de Salud. A juicio de la parlamentaria mapuche, «ya es insostenible la situación que está viviendo el machi y el gobierno pese a anunciar su disposición a  conversar el tema, no está actuando de manera concreta». «Yo emplazó al Ministerio de Justicia y Gendarmería tomar medidas ahora. Sí Celestino Cordova llega a morir será culpa de este gobierno y del Estado que se ha negado a cumplir con el convenio 169 de la OIT en cuanto al respeto de las particularidades de los pueblos Indígenas en materia de régimen carcelario», advirtió la diputada Nuyado. Sobre este punto la parlamentaria, recordó que en «todos los tratados internacionales que han sido suscrito por Chile se establece que los detenidos de Pueblos Originarios deben cumplir condiciones carcelarias particulares y especiales sujeta a su cultura». «El gobierno se hace el ciego y sordo ante estas obligaciones internacionales y eso le puede costar la vida al Machi Celestino Cordova.Yo los hago responsable si la situación empeora, no sólo en el caso del Machi sino que también con los presos mapuches en Angol y Lebu. Aquí hay una demanda generalizada de cambio en las condiciones de régimen carcelario», concluyó la diputada Mapuche Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 17 de julio 2020 Crónica Digital 

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