Siete presos de la cárcel de Angol, en la región de la Araucanía, se sumaron a una prolongada huelga de hambre encabezada por el líder mapuche Celestino Córdova, quien se encuentra en delicado estado de salud.
La protesta encabezada por el machi (consejero espiritual) Córdova, recluido en el penal de Temuco, cumple hoy 77 días y a ella se unieron inicialmente ocho reclusos de la prisión de Angol y hace dos semanas otros 11 de la de Lebu.
En un comunicado los siete presos políticos explicaron que tomaron esa decisión debido al nulo avance del Estado y el gobierno en las demandas de sus compañeros para llegar a una solución política adecuada, considerando el grave riesgo que la prolongada huelga de hambre acarrea a su salud.
En los últimos días se informó que Celestino Córdova, quien cumple una pena de 18 años tras aparecer como único condenado por la muerte de un matrimonio en extrañas circunstancias en 2014, se encuentra en grave estado de salud incluso con riesgo para su vida según declararon sus más allegados.
El comunicado de los siete reclusos mapuches añade que decidieron «a lo mapuche: mediante reflexión, conversación, reunión, sumarnos a la huelga de hambre, en apoyo a la movilización de los camaradas, por su libertad inmediata y la de todos los presos políticos mapuche y no mapuche».
Los huelguistas Daniel Canio Tralcal, Facundo Jones Huala, José Cáceres Salamanca, Juan Cheuqueta Cheuquepil, Fermín Marquez Inal, Cristhofer Pino Curin y Victor Marileo Ancapi señalaron que «no podemos permanecer indiferentes ante el actual escenario».
Explicaron que sus condenas y la opresión de su pueblo tienen carácter político y que también política debe ser la solución de esos problemas.
En tanto, durante el fin de semana, organizaciones defensoras de los derechos humanos de La Araucanía, en conjunto con el Observatorio Ciudadano, pidieron la intervención del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, ante la situación de los mapuches encarcelados.
En declaraciones a Radio BioBío, Hernando Silva, codirector del Observatorio Ciudadano, explicó que esta medida se tomó para atender las peticiones de los internos, con el objetivo de abrir un diálogo directo con las autoridades de gobierno.
Ello permitiría buscar acuerdos que permitan salvaguardar sus vidas, e instó al Estado a respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
Las organizaciones mapuches y Observatorio ciudadano insistieron en su petición para que se ejecute un cambio en las medidas y la forma del cumplimiento de condenas y que estas puedan ser cumplidas en sus comunidades, de acuerdo a sus condiciones culturales.
Eso está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero hasta ahora no ha sido cumplido por las autoridades chilenas.
Santiago de Chile, 20 de julio 2020
Crónica Digital/PL
