Fabiola Campillai, una de las víctimas de la represión policial durante las manifestaciones populares tras el 18 de octubre de 2019, denunció hoy en Chile la nula atención del gobierno ante su difícil situación. Campillai se convirtió en uno de los símbolos de la violencia policial contra la ciudadanía tras perder la visión de ambos ojos al ser impactada en la cabeza por una bomba lacrimógena el 27 de noviembre último cuando esperaba un ómnibus para dirigirse a su trabajo. A casi nueve meses de ese atropello que trastocó totalmente su vida, declaró a un medio radial digital que desde el gobierno «nunca nos han llamado, nunca han venido, nunca han tratado de saber cómo estamos o cómo estoy yo, nada. Ni siquiera en el hospital.» Explicó que las pesquisas de las autoridades sobre el hecho que la privó de la vista siguen prolongándose y dijo «sólo pedir que esta investigación termine, que haya un poquito de rapidez, porque todavía no termina la investigación y no puede haber un juicio. Asimismo señaló que del carabinero que le disparó «no hemos sabido mucho, solo que él sigue en sus labores como si nada, mientras yo, día a día, trato de salir adelante y volver a aprender todo lo que ya sabía». Campillai pidió justicia «para que al menos la persona que me quitó mis ojos pague por lo que hizo y pague con cárcel, no que lo den de baja y siga como si nada». Cooperativa.cl recordó sobre este caso que en julio se conocieron detalles de un video, filmado con las cámaras de la policía, complica al capitán Patricio Maturana Ojeda, como presunto autor del disparo de la bomba lacrimógena que cegó a la joven. Tras divulgarse ese video, desde el Gobierno expresaron, como en otras ocasiones, su interés en que se establezcan responsabilidades, mientras que el cuerpo de Carabinero ha informado que la investigación sigue su curso. Durante las protestas posteriores al estallido social de octubre del pasado año, una de las prácticas policiales más denunciadas fue la de disparar perdigones y bombas lacrimógenas directamente al rostro de manifestantes, lo que provocó a cientos de personas la pérdida la visión de uno de sus ojos u otros traumas graves. Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, estudiante universitario que también perdió la vista completamente por disparos de balines durante una protesta en la Plaza Baquedano, se convirtieron en símbolos frente a ese actuar policial. Santiago de Chile, 10 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
DD.HH.
Uno los principales dolores de la etapa final de la vida del Obispo Pedro Casaldáliga Pla fue que Brasil, su patria adoptiva, hubiera sido tomado por asalto por un neofascismo que hoy reivindica el terrorismo de Estado que lo persiguió, manipula con vileza el cristianismo al que consagró su vida y amenaza el Amazonas y sus comunidades indígenas, cuya defensa fue la encarnación concreta de su fe y vocación religiosa. Casaldáliga falleció en São Paulo el pasado sábado 8 de agosto. Había nacido hace 92 años en Balsareny, Barcelona, pero permaneció una parte significativa de su vida en Brasil. Fue allí donde se transformó en figura emblemática de la Teología de la Liberación y se consagró como el Obispo que defendía los débiles, los invisibles y los perseguidos. Los mismos que, ahora, han sido las principales víctimas de la pandemia de la COVID–19, que en Brasil ha llegado a ser una catástrofe humanitaria. Nació en el municipio catalán de Balsareny en 1928. Pronto sintió la vocación sacerdotal y, a los nueve años, ingresó al Seminario Claretiano de Vic. Finalmente, en mayo de 1952 fue ordenado sacerdote en Montjuïc, Barcelona, y se integró a la orden de los claretianos. Sus primeras tareas como sacerdote se desarrollaron en Barcelona y Madrid, período en que fue desarrollando la concepción eclesiástica de hechura diferente, lo que se entroncó con los nuevos vientos que soplaban en la Iglesia Católica a partir del Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Por vocación misionera, en 1968 viajó a Brasil para fundar una misión claretiana en la Región del Araguaia, en el Estado de Mato Grosso, en plena Amazonía. Nunca más volvió a su tierra de origen. Eran los tiempos de la tiranía y Araguaia era un territorio brasileño sin presencia del Estado, sin médicos o profesores, y la norma sagrada era la “ley del 38” que imponían por la fuerza los terratenientes contra los indígenas y los campesinos pobres y sin tierra. En poco tiempo, Casaldáliga enterró cerca de mil peones, no pocas veces sin ataúd y muchas sin nombre. Más tarde, rememoró: “Era una tierra sin ley, sin infraestructura organizativa, sin ninguna organización laboral, ninguna fiscalización, el Derecho era el del más fuerte o del más bruto… Nacer. Morir, matar, eran los derechos básicos, los verbos conjugados con una asombrosa naturalidad”. Un par de años después fue nombrado administrador apostólico de la Prelatura que formó, y el 23 de octubre de 1971 fue nombrado Obispo de São Félix do Araguaia. Y continúo en la misma senda. Junto a sus otros compañeros misioneros, lucharon contra la malaria, la deshidratación y la desnutrición de una población en la que enterrar niños era pan de cada día. Se abrieron escuelas y centros de salud rurales, al tiempo que el sacerdote denunciaba desde el pulpito y en todas partes la explotación y abusos de los terratenientes. El mismo día de su ordenación episcopal, Casaldáliga hizo público un extenso documento sobre la explotación, el abuso y el maltrato de los […]
Mientras sigue la tensión en La Araucanía, la Defensoría Penal Pública de esa región busca que la Corte Suprema acepte un recurso de amparo a favor del machi Celestino Córdova, en huelga de hambre desde hace tres meses. La petición pretende que el máximo tribunal de justicia del país autorice al líder espiritual mapuche salir de la cárcel donde se encuentra, al menos por seis meses o hasta que dure la pandemia de COVID–19. Uno de los motivos de las protestas de las últimas semanas en La Araucanía es precisamente la reticencia del gobierno a atender la demanda del dirigente mapuche y otros 26 presos políticos que piden cumplir parte de sus condenas en sus propias comunidades. En tanto, este fin de semana se efectuó en la comuna de Caracautín una reunión de líderes mapuches de distintos puntos de La Araucanía con el objetivo de analizar los hechos de violencia que desembocaron la semana antes pasada en el desalojo de alcaldías ocupadas por comuneros de esa etnia. En Caracautín ocurrieron los sucesos más graves, cuando entre muestras de racismo, civiles armados decidieron desalojar, por su cuenta y con la aquiescencia de carabineros, a quienes ocupaban la alcaldía, golpeando a comuneros mapuches y destruyendo al menos dos vehículos de su propiedad. Aucan Huilcaman, dirigente de la agrupación del Consejo de Todas Las Tierras, dijo que en el encuentro se tomarían “grandes decisiones sobre el destino y futuro de los mapuches”. Cientos de personas se concentraron en el centro de Curacautín, para expresar su rechazo al racismo en contra de los indígenas y reclamar la libertad de los presos políticos en huelga de hambre en varias cárceles. La protesta terminó en enfrentamientos entre carabineros y comuneros mapuches que en medio de los disturbios derribaron varias estatuas de la Plaza de Armas de la localidad y, según fuentes policiales, un uniformado resultó herido, aunque no se dieron detalles sobre heridos o detenidos entre los civiles. Este domingo, Sebastián Piñera se refirió al conflicto y dijo que “estamos abiertos al diálogo con todos los que quieran dialogar respetando el estado de derecho, renunciando a la violencia y colaborando para avanzar en las soluciones”. Asimismo, ratificó el compromiso del gobierno con el denominado Plan Araucanía, lanzado al principio de su mandato, que según dijo contempla más de 160 proyectos para generar empleos en la zona y que tendrá una inversión de ocho mil millones de dólares. Al ser presentado hace un año, el plan fue criticado en amplios sectores que le achacaron priorizar el apoyo a las grandes empresas, mantener e incluso reforzar la militarización de la Araucanía y no atender debidamente los reclamos del pueblo mapuche respecto de sus territorios ancestrales. Santiago, 10 de agosto 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
Cerca de dos horas duró la visita que realizó este fin de semana la diputada comunista Karol Cariola al Machi Celestino Córdova en el Hospital Intercultural Nueva Imperial, autoridad ancestral que hoy cumple 98 días en huelga de hambre como medida de presión al Gobierno para que se aplique el Convenio 169 y pueda cumplir su condena en arresto domiciliario. A la salida del hospital, Cariola dijo que el Gobierno “no puede seguir encendiendo con bencina una situación que claramente está en estos momentos literalmente en llamas. Existe una situación muy compleja de confrontación política porque no hemos sabido -como Estado de Chile-, darle una solución viable al pueblo Mapuche que tiene demandas históricas y bastante concretas”. La parlamentaria, quien en todo momento estuvo acompañada de las voceras de Córdova y de su esposa, conversó con la médico tratante y con el Machi que se encuentra en un estado de salud complejo y deteriorado después de seis huelgas de hambre. Cariola agregó que “en esta oportunidad no podemos volver a permitirnos la posibilidad siquiera de que este conflicto cobre vidas de comuneros Mapuche. La militarización, la situación de represión extrema que existe en la Araucanía es algo que no puede sernos indiferente y los parlamentarios y parlamentarias tenemos el deber de fiscalizar el rol que está cumpliendo el Gobierno de Chile en la aplicación del convenio 169 de la OIT, que pone en el centro los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y que necesita por tanto de una adaptación del sistema penitenciario para poder circunscribirse a este convenio que Chile ha ratificado”. Cabe recordar que el machi Celestino Córdova apeló al derecho internacional para que éste se pronuncie respecto de la legitimidad de su demanda, a la que el Gobierno de Chile no ha querido acceder debido a que es el único imputado por el caso Luchsinger-Mackay, y por el cual fue condenado a 18 años de cárcel por incendio con resultado de muerte. El comienzos de mayo pasado nueve presos mapuche iniciaron huelga de hambre en los penales de Temuco y Angol. La mayoría de ellos se encuentran en prisión preventiva en el penal de Angol, mientras que en Temuco el único preso condenado a 18 años es el machi Celestino Córdova. Otros once presos mapuche se sumaron a la huelga iniciando el mes de julio, elevándose a 20 el total de personas en huelga en plena pandemia. Debido al deterioro de su salud, en la quincena de julio Celestino Córdova fue trasladado de urgencia al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde se encuentra internado por el momento. Según comentó la diputada luego de la visita al machi, el próximo martes Celestino Córdova comenzaría una huelga de hambre seca en caso que la Corte de Apelaciones no ceda frente a la solicitud que ha realizado, que dice relación con cumplir su condena en su rehue acompañado de su familia y de sus tradiciones, según dicta el Convenio 169 de la OIT. “Creo que eso es todo lo que […]
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a un general en retiro y otros tres exmilitares por el asesinato de 12 personas en lo que se denominó la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973, luego de 46 años de impunidad. El fallo, emitido el sábado, establece para el general Santiago Sinclair cinco años y un día de presidio, como autor de homicidios calificados; y tres años para Robert de la Mahotiere, como encubridor de la ejecución, y con ello revocó la sentencia de primera instancia que absolvía a ambos militares en retiro. Asimismo, confirmó las condenas a Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, como autor de los referidos delitos a la pena de cinco años y un día de presidio, y a Pedro Espinoza Bravo, a diez años. Entre las 12 víctimas figuraba el dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y líder campesino Gregorio José Liendo Vera, y todos eran trabajadores madereros de Panguipilli, ejecutados en el Regimiento de la sureña ciudad de Valdivia. El abogado querellante Francisco Ugás declaró a los medios que después de más de 46 años en absoluta impunidad, esta sentencia condena por primera vez a quien llegó a ser Teniente General del Ejército, vicecomandante en jefe de esa institución y representante de esta ante la Junta Militar, así como senador designado. Añadió que aunque Santiago Sinclair fue investigado en otros casos, entre estos el de cinco desaparecidos de 1987, y el de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri, quienes fueron quemados vivos, nunca fue condenado con antelación por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. No obstante las condenas, el jurista consideró un error aplicar la media prescripción del delito para establecer la cuantía de penas, ya que ello no se puede aplicar a crímenes de lesa humanidad, y señaló que establecerá un recurso para que se eleven las penas a los condenados, que sean «justas, proporcionales y adecuadas» Santiago de Chile, 9 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
La violencia generada por siglos de negación a los derechos del pueblo Mapuche, y también la ejercida en su expresión extrema contra la mujer, acapararon la atención en Chile en la semana que hoy finaliza. El histórico conflicto mapuche escaló el nivel de violencia el fin de semana pasado cuando serios disturbios ocurrieron en los municipios de Ercilla, Curacautín, Traiguén y Victoria, en la región de La Araucanía, donde fueron incendiadas dos alcaldías y civiles armados, en pleno toque de queda y sin intervención policial arremetieron contra comuneros mapuches. Desde la oposición se ha insistido en que declaraciones previas del ministro del Interior, Víctor Pérez, incitaron a esos sucesos, al llamar a los alcaldes a desalojar de cualquier forma edificios que durante esa semana habían sido ocupados en apoyo a una huelga de hambre que realizan 27 presos mapuches desde hace tres meses. Asimismo la falta de disposición real del gobierno para solucionar el largo conflicto es señalada por muchos como causa fundamental de la recurrente violencia en La Araucanía. En la oposición, desde el centrista Partido Por la Democracia, hasta el conglomerado del Frente Amplio y el Partido Comunista, emitieron declaraciones en las cuales todos coinciden en llamar al Gobierno a buscar una solución dialogada que atienda los reclamos del pueblo mapuche y conjure la violencia. Lo mismo hicieron agrupaciones religiosas, organizaciones de juristas y académicos, entre otros, mientras se producían nuevas tomas de alcaldías durante la semana, que fueron desalojadas por carabineros, y acciones de resistencia con la quema de maquinaria, vehículos y cortes de carreteras. Finalmente, este viernes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo una reunión tcon voceros del machi Celestino Córdova, la que calificó de «muy buena», aunque no se llegó a acuerdo para que el líder espiritual mapuche deponga su huelga de hambre. Durante la semana, el país estuvo igualmente atento a los hechos vinculados al asesinato de Ambar Cornejo, de solo 16 años, a manos del compañero de su madre. El crimen generó una explosión de indignación por este nuevo feminicidio, en un país donde la violencia de género, a pesar de lo avanzado gracias al empuje del movimiento feminista, se expresa en todas las esferas de la vida social, laboral y familiar. Pero también generó duros señalamientos a la gestión de justicia, pues Hugo Bustamante, el asesino, había sido ya condenado en 2005 a 27 años de cárcel por el homicidio de su expareja, en otro suceso que conmocionó al país en su momento, pero solo cumplió 11, pues en 2016 salió en libertad condicional, según decidió un tribunal, a pesar de que un informe de Gendarmería recomendaba que no debía recibir ese beneficio. Santiago de Chile, 9 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
Los parlamentarios PS, Manuel Monsalve y Emilia Nuyado, rechazaron el desalojo de la Municipalidad de Tirúa, el cual fue realizado «sin la autorización del Alcalde» de dicha comuna, y la inusitada violencia, en medios de las conversaciones que tenía el jefe comunal con las personas que ocupaban dicho edificio . A juicio del diputado Manuel Monsalve, «esto parece parte de una estrategia del gobierno del presidente Sebastián Piñera, no para conseguir paz, ni diálogo sino para recuperar su electorado y resolver los problemas de su coalición, parece que no es la paz el principal objetivo este gobierno». «El ministro y el subsecretario del interior han afirmado que el gobierno está abierto al diálogo, la pregunta es ¿qué tipo de diálogo?, cuando ni siquiera escucha la opinión del Alcalde de Tirúa, de origen mapuche, que no estaba de acuerdo con el desalojo, ni con el uso de la fuerza desmedida. Nos parece inaceptable este desalojo cuando la movilización era de carácter pacífica al interior de la municipalidad de Tirúa», afirmó Monsalve. En este marco, la diputada Mapuche Emilia Nuyado, agregó «se está haciendo costumbre por parte de las autoridades de gobierno responder con la fuerza cuando lo que se está pidiendo es diálogo. El gobierno debe sentarse a conversar con los voceros directos de los presos mapuche en huelga de hambre. Basta de testarudez de parte del Ministerio de Interior». «No queremos que esta situación empeore y que muera algún huelguista. Pero, si el gobierno de Piñera insiste en privilegiar cálculos políticos internos por sobre la salud de los presos políticos mapuche o si hay alguna víctima en los desalojos violentos de Carabineros será de exclusiva responsabilidad de las autoridades «, dijo Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital
La Compañía de Jesús en Chile rechaza la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía, hoy en particular la Municipalidad de Tirúa (región del Biobío), que se encontraba ocupada pacíficamente. Los jesuitas llevamos más de 20 años en la zona de Tirúa, estando con el Pueblo Mapuche, dejándonos enseñar por su cultura y compartiendo con ellos la fe liberadora del Cristo crucificado. El día de hoy en Tirúa, el P. Carlos Bresciani SJ y dos comuneros fueron detenidos por un grupo de Carabineros, sin provocación previa. Nuestro compañero se trasladó esta mañana hasta la municipalidad porque los comuneros le pidieron su presencia ante el inminente desalojo de fuerzas policiales y el uso desproporcionado de la fuerza. El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuche a lo largo de la historia. La violencia del Estado es el signo más claro de la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de este Pueblo, como son sus derechos a la autodeterminación, el reconocimiento de su cultura y tradiciones, a su lengua, territorios, y otros. El P. Carlos es uno más, y la Compañía de Jesús solidariza con él, con los demás jesuitas de Tirúa, pero por sobre todo con el Pueblo Mapuche y sus legítimas demandas. Hacemos un llamado a detener inmediatamente la vulneración de derechos por parte del Estado de Chile hacia el Pueblo Mapuche. También, a que las más altas autoridades entablen de manera urgente un diálogo político que permita una comprensión profunda de la problemática que se vive en la Araucanía, y que busque salidas auténticas y genuinas para quienes han sufrido marginación, usurpación de sus tierras y falta de reconocimiento legal. La violencia sólo conduce a más violencia; el dialogo, a la justicia y la paz. Crónica Digital Santiago de Chile, 6 de agosto 2020
Para el historiador mapuche, Fernando Pairican, lo ocurrido manifiesta que aún existen grupos racistas minoritarios que se oponen a los derechos colectivos de las naciones originarias. A juicio de la académica del Departamento de Educación, Elisa Loncon, “el Gobierno no es inocente ni ignorante” frente a la situación en la zona, mientras que el también historiador, Pedro Canales, acusó violencia estructural e histórica contra el Pueblo Mapuche. “Es muy grave el que grupos de civiles decidan ejecutar acciones de desalojo de dichas tomas, que sólo competen a las autoridades competentes, y que estas no actúen oportunamente. Por lo mismo, hacemos un llamado a que se investiguen estas situaciones y se identifique a las personas responsables”. Esta fue parte de la declaración que emitió, a través de un comunicado, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) respecto a lo ocurrido en La Araucanía en los últimos días, tras el desalojo ejecutado por civiles a algunas municipalidades de la región tomadas por grupos de personas de origen mapuche. Ausencia de políticas A juicio de la académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, Elisa Loncon Antileo, estos episodios de violencia, “han ocurrido antes y son evidencia de la ausencia de políticas de diálogo, pero, más allá, revelan la ausencia de políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que no tendrían que tomarse la municipalidad si es que esa municipalidad reconociera los derechos que son nuestros”. Uno de los orígenes del conflicto actual, en opinión de Loncon, se encuentra en el carácter colonialista de las instituciones nacionales. “Los pueblos indígenas son, prácticamente, pequeñas colonias, del Estado. El comportamiento sigue siendo de negación de quienes son los pueblos indígenas. Las instituciones como la municipalidad, la intendencia o la policía, gobiernan para el pueblo no indígena; a través de una lengua, legislación y programas que no son indígenas. Entonces ¿qué hace la gente de aquí de Malleco? ¿Qué han hecho toda la vida? Han reclamado sus derechos”, planteó la profesora. De acuerdo con Elisa Loncon, el Gobierno tiene una responsabilidad importante en el brote de violencia, ocurrido en la zona tras la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez. “El Gobierno no es inocente ni ignorante. El Gobierno está haciendo prevalecer su interés de modelo económico de explotación de la naturaleza y, en función de eso, está actuando, pero no para resolver los problemas profundos que tienen los pueblos indígenas en cuanto al reconocimiento de sus derechos colectivos; el derecho a territorio o a tener agua”, señaló la también investigadora y Doctora en Lingüística por la Universidad de Leiden, Holanda. Derechos colectivos Para el historiador mapuche y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, Fernando Pairican, “lo sucedido durante los últimos días en Wallmapu manifiesta que hay actores que se resisten al ejercicio de nuestros derechos colectivos y cruzan el cerco al hacer uso de la violencia racial”. Sin embargo, el investigador en pueblos y movimientos indígenas señaló que el proceso constituyente permite la posibilidad de canalizar los […]
El encargado regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, pidió hoy al gobierno de Chile impulsar el diálogo con el pueblo mapuche e investigar los hechos violentos de días recientes. Critican al gobierno de Chile por violencia en La Araucanía Instamos a una investigación ‘pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche’, dijo Jarab, quien llamó al gobierno a fortalecer el diálogo con ese pueblo originario. El funcionario hizo estos señalamientos en referencia a los violentos hechos ocurridos el fin de semana en la región de La Araucanía, donde civiles armados se enfrentaron con miembros del pueblo originario que mantenían tomadas las dependencias de algunas municipalidades. Jarab insistió en que la solución al prolongado conflicto mapuche no puede centrarse solo en la vía policial, pues a su juicio agudizaría lo que calificó de ‘un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos’. Igualmente mostró preocupación por el estado de salud de los presos mapuches que se mantienen en huelga de hambre desde hace más de dos meses y que reclaman cumplir sus condenas en sus comunidades. El funcionario dijo confiar en que se pueda llegar a acuerdos mediante el cumplimiento de la legislación internacional, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo referido al tratamiento especial a los pueblos originarios, y del cual es signatario el Estado de Chile. Mientras, continúa la tensión en La Araucanía, donde hoy fuerzas especiales de carabineros arremetieron con gases y chorros de agua contra una marcha de personas mapuches en el centro de Temuco, capital de esa región. Reportes desde esa ciudad indican que alrededor de 500 personas se congregaran en la Plaza Dagoberto Godoy, pero fueron requeridas por las fuerzas policiales para impedirles desplazarse por las calles aledañas, y finalmente resultaron detenidos varios manifestantes. También se conoció que las mujeres y hombres mapuches víctimas de golpizas e incendios de sus vehículos a manos de civiles armados el sábado último, presentarán en los próximos días una acusación criminal por estos graves delitos. El abogado Jaime Madariaga, representante de los afectados, señaló que se requerirá una seria investigación de la Fiscalía, porque la imagen de los carabineros dejando actuar a los delincuentes en contra de ciudadanos mapuches hace sentir que el Estado no está para protegerlos sino para perseguirlos. Santiago de Chile, 4 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
