Poco se habla de la cultura del privilegio, un reproductor permanente de las desigualdades cuyo nacimiento data de la conquista y colonización en América Latina y el Caribe cuando los pueblos originarios fueron sometidos, despojados y esclavizados.
Prohibidas sus creencias y valores, los indígenas padecieron un maltrato sistémico que llegó a negarle todo estatuto de ciudadanía. Un nuevo tipo dominación que se extendió a negros, mestizos, mujeres, campesinos y migrantes.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la cultura del privilegio posee tres rasgos básicos: en primer lugar, la naturalización de las desigualdades como forma hegemónica de dominación. Se trata de una construcción histórica asumida como una realidad casi natural, unido al establecimiento de jerarquías raciales por pueblos o poblaciones.
Segundo, la posición social establecida según el origen del individuo, la cual se puede alcanzar por clase o sangre, raza, género, cultura, adscripción a las élites de poder o sus diversas combinaciones.
El tercer rasgo es la necesidad de perpetuarse, y para ello utiliza el respaldo de las instituciones, las reglas y prácticas de la sociedad. De esta forma se logra naturalizar las desigualdades y a la vez reproducirlas.
En la perspectiva del desarrollo social, la cultura del privilegio es clave, pues establece la relación entre el lugar ocupado en la escala social, el acceso a educación, salud, trabajo, seguridad y habitabilidad.
DESIGUALDADES PERPETUADAS
Existen factores que contribuyen a perpetuar y profundizar las desigualdades, instrumentos de dominación que abarcan todos los sectores de la sociedad, sus relaciones económicas y financieras.
De acuerdo con la Cepal, algunos ejemplos son la fiscalidad, la apropiación de rentas de los recursos naturales, el bloqueo de poderes fácticos a regulaciones políticas, la segregación territorial y dotación de infraestructura, y la segmentación de la calidad de la vida urbana.
A ellos se unen los costos pagados por las poblaciones ante la degradación ambiental y el cambio climático, las rigideces de la movilidad social intergeneracional o el acceso al bienestar.
Otro de los procesos que son utilizados para mantener las brechas de la desigualdad es la financierización, definida como la creciente importancia de los mercados financieros sobre los productivos, un cambio promovido por la ideología neoliberal.
Según una reciente investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolíticas (Celag) el sector bancario latinoamericano ocupa el segundo lugar mundial en el rendimiento porcentual de los activos con un 2,1, dato superior a los indicadores de Asia (1,4), Europa (0,9), Canadá y Estados Unidos (0,7).
Los investigadores atribuyen este incremento de rentabilidad bancaria a la desregularización financiera y a la proliferación de los paraísos fiscales en América Latina, mediante los cuales crece la distancia que separa a los ricos de los pobres, se ralentiza la inversión en el sector productivo real y aumenta el endeudamiento de los más desfavorecidos.
En materia tributaria, Latinoamérica posee el 27 por ciento de la riqueza privada registrada en guaridas fiscales. En 2018, la recaudación supuso solo el 23 por ciento del Producto Interno Bruto, a diferencia de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se ubicó en el 34,3 o en Estados Unidos con el 40 por ciento.
Resalta la Celag que los privilegios tributarios se concretan en las exenciones de pago, la evasión fiscal y los bajos impuestos a la renta. Es decir, la carga tributaria indirecta recae sobre el consumo, mientras que el impuesto sobre la renta es inferior al existente en los países de la OCDE.
La investigación de la Celag también muestra la profunda desigualdad entre los ingresos monetarios y la concentración de la riqueza. Por ejemplo, en Brasil, Chile, Colombia y México el uno por ciento más rico se apropia del 20 por ciento del ingreso total.
En resumen, en la cultura del privilegio se compenetran intereses de élites económicas y políticas que dificultan el avance de reformas favorables a la igualdad, donde los que más tienen aportan menos y carecen de compromiso para contribuir al bien común.
Pero no es todo, la educación es otro de los factores reproductivos de la desigualdad, pues conduce a las características de la futura ocupación laboral y al acceso de protección social. En ella opera la segregación educativa como mecanismo de aislamiento social y diferenciación en las redes de relaciones.
PANDEMIA EN DESIGUALDAD
América Latina es el foco global de la pandemia causada por la COVID–19, una situación sanitaria que visibilizó las profundas desigualdades regionales. La región afronta retos inesperados de impredecible alcance y sin perspectivas favorables a mediano plazo.
La Cepal indicó que la enfermedad evidenció los problemas estructurales del modelo de desarrollo en la región: frágiles sistemas de protección social, gran divergencia que afecta a las mujeres y los pueblos indígenas, mercantilización y fragmentación de los sistemas de salud, y la alta informalidad laboral.
En ese contexto, el organismo de Naciones Unidas pronosticó para este año una contracción del 9,1 por ciento del PIB, el aumento del desempleo y por consiguiente el efecto negativo sobre los ingresos en los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.
Igualmente alertó sobre el impacto externo negativo de la enfermedad en el canal comercial, en términos de intercambio, de turismo y de remesas.
Frente a ese panorama, el organismo regional pronosticó un incremento en 45,4 millones de personas en situación de pobreza hasta 230,9 millones, de los 185,5 millones en 2019. La situación de pobreza crecerá a un equivalente del 15,5 por ciento del total de la población.
En materia de comercio, el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe se puede contraer 23 por ciento, el peor desempeño en 80 años, mientras que las importaciones se reducirían 25 por ciento, el mayor descenso en casi 40 años.
Este escenario requiere con urgencia implementar un cambio estructural según la CEPAL: la crucial intervención del Estado para la protección social y la inclusión, porque el mercado no ayudará a igualar la sociedad.
Por Teyuné Díaz Díaz, Periodista de la Redacción de Economía de la Agencia Prensa Latina.
La Habana, 20 de octubre 2020
Crónica Digital / Prensa Latina.
