La corte de Apelaciones de San Miguel, en esta capital, condenó a penas entre cinco y 15 años a 13 exmilitares por el homicidio de 38 campesinos en 1973.
Los asesinatos ocurrieron en días posteriores al golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende, y según consta los campesinos fueron detenidos por los uniformados y posteriormente ultimados entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada los Quillayes, en el sur del país.
Tras conocerse el fallo, luego de una de las investigaciones más dilatadas en materia de derechos humanos en Chile, el abogado Luciano Fouilloux declaró a la prensa que después de un largo proceso finalmente se hizo «un ajuste con la historia y con tanta víctima inocente e indefensa».
Calificó este caso de histórico, pues la localidad de Paine, en el sur del país, de donde procedían las víctimas, es considerada el lugar de Chile donde, teniendo en cuenta su escasa población, mayor represión hubo en Chile tras el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó que «siempre vamos a luchar para que los tribunales de justicia cumplan con su deber, pero esta justicia es tardía, muchos de los familiares han fallecido, y siempre se excluye a los civiles políticos responsables del genocidio».
Asimismo, subrayó que a pesar de la gravedad de los delitos cometidos «nunca vemos que se resuelva condenar a condenas perpetuas. Es decir, tardan y encima son migajas».
Santiago de Chile, 12 de noviembre 2020
Crónica Digital/PL
