El gobierno francés ha respondido al crimen terrorista del viernes 13 en Paris, con operaciones de castigo sobre instalaciones del Ejército Islámico (EI), ubicada en territorio de Siria ocupado por rebeldes antigubernamentales apoyados por Occidente. Francia parece determinada a instalar el escenario de una guerra de exterminio mientras Estado Islámico, proclama una “Guerra santa” contra los “cruzados”- los cristianos- occidentales, y reivindican el ataque contra Paris, a la que caracterizan, según un delirante comunicado, como “capital de las abominaciones y la perversión que porta el estandarte de la Cruz en Europa”. Los ataques franceses quieren ser presentados como una respuesta condigna a la ofensa del viernes 13, tanto como a la incapacidad de los servicios secretos franceses de prever el ataque como la presencia en el territorio nacional, de yijaidistas conocidos y hasta prontuariados y de la carencia de inteligencia estratégica y prospectiva que anticipara un escenario de escalada en respuesta a su política de intervención militar en Siria y sus bombardeos previos a posiciones e instalaciones del EI. El propio presidente francés, Francois Hollande ha sido enfático en establecer que al embate terrorista  se responderá con “una guerra implacable”, “sin tregua”, y en el estado de conmoción que se ha instalado en el mundo tras los ataques en Paris, pareciera ser, según lo consignan las agencias informativas occidentales, algo esperable y adecuado al desafío. En realidad Francia participa desde septiembre de 2014 en ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos y donde participa también Inglaterra, y la OTAN en general, contra posiciones del EI en Irak, y desde hace un par de meses en territorio de Siria. Tras el atentado, y también es una consecuencia objetiva de la acción terrorista, los líderes occidentales ya no necesitan andarse con rodeos, subterfugios o disimulos para proclamar su supuesto “derecho” a bombardear, atacar territorios ajenos, arrasar con poblados o instalaciones, invadir, ocupar países y eliminar e instalar gobernantes, y de haber declarado, hace tiempo, la guerra a movimientos, agrupaciones, bandas, combatientes, cuyas motivaciones  se engloban y las mas de las veces se caricaturizan o se desnaturalizan bajo o el odioso concepto de “terrorismo”. Tampoco hablan los medios oficiales de la Alianza Atlántica de las razones o motivos reales –políticas, económicas, geopolíticas y militares, que los llevan, a sus Estados Mayores y servicios de inteligencia, a entrenar, financiar, asesorar a los rebeldes que se han levantado contra el gobierno legitimo del presidente Bashar al Assad, que desde hace años desestabilizan el país y provocan la estampida de refugiados hacia Europa. Declaraciones al diario español, “Tribuna”, del coronel español, Pedro Baños, analista en Geopolítica, Estrategia, Defensa, Seguridad, Terrorismo, Inteligencia y Relaciones internacionales aportan importantes elementos para el análisis. Fueron los servicios secretos turcos – el Milli Istihbarat Teskilati,  (MIT)- los que, en un primer momento, financiaron, armaron, entrenaron, asesoraron alEI, apuntó el militar. Baños, asesor militar del Parlamento Europeo, en Bruselas, afirmó en declaraciones a un medio español, que fueron los servicios secretos turcos los que “en un primer momento suministraron armas, […]

El mundo ha sido notificado este viernes 13 de de noviembre de 2015, de una manera brutal, pero no sorpresiva,  que está viviendo una nueva forma de guerra. Se trata de una tercera guerra mundial,  sin fronteras, sin  Estados en confrontación, sin una declaración formal de hostilidades, sin  identificación de combatientes. Es una guerra total. El ataque en la “Ciudad Luz”, centro cultural e histórico de Occidente, según parece, confirma que   estaremos condenados a convivir con el terror, el miedo, la incertidumbre y la inseguridad. Francia, Europa en general, Occidente, tienen una bomba bajo sus pies. Lo de este viernes, es solo una macabra advertencia, pero también una escaramuza, de una confrontación que se inició con el colonialismo, pero que revive cada cierto tiempo, como con las agresiones y  ocupaciones recientes de Irak, Libia, y la guerra civil desatada contra el gobierno de Siria por Estados Unidos, la OTAN, apoyando y financiando con su máquina de guerra, recursos y asesores militares, a los insurrectos. Pero el resto del mundo no está ajeno ni a salvo de la barbarie, de una lógica  de guerra impuesta en ese escenario – el mundo islámico- por ambas partes. Solo que ahora, de manera dramática se ha notificado al mundo que el escenario de la confrontación se amplía al Viejo Continente. Ya antes, el 11 de septiembre de 2001, quedó claro que Estados Unidos tampoco estaba a salvo. Es lo menos que uno puede  pensar tras el atentado terrorista en Paris, que nos ha impactado de manera brutal,  informados  y sensibilizados a través de los medios de comunicación internacionales. Más de 150 muertos y un centenar de secuestrados, según balances preliminares, un país aterrado, enrejado  en una  cápsula de seguridad nacional, en Estado de Emergencia, con sus fronteras cerradas,  estricta y sumamente vigilados, con las tropas militares en la calle,  rostros consternados, muerte, dolor,  grafican una situación, que sin embargo, no se agota en la crueldad  de los hechos que hoy conmueven. Mucho menos en el asombro o en la sorpresa. Lo cierto es que, aunque relegadas a una breve  columna, las agencias internacionales de noticia dan cuenta de los centenares de muertos de cada día, en combates, atentados, de una guerra desatada por Occidente, como  parte de una política de agresión, intervención, ocupación y genocidio que busca imponer una dominación política , económica y militar, que los medios buscan encubrir. Es obvio. Estamos viviendo en una emergencia que amenaza no solo una forma de vida, un estilo de vida, sino una manera de entender la convivencia humana. Se trata de un atentado a la democracia, Hay una tercera  guerra mundial en marcha. Hay gente que no ha encontrado otro camino que el de la violencia, como respuesta a agresiones brutales a sus culturas, sus religiones, sus maneras de vivir,  su soberanía e independencia y en reacción a su miseria, su marginalidad y su falta de horizontes. Al intento de una hegemonía colonial del siglo 21, de la proclamación de un supuesto derecho mesiánico a […]

La secuencia de acciones por lo menos preocupantes, y en algun sentido hostiles, en nuestras fronteras nortinas debe ser materia de un análisis urgente, pero sereno por nuestras autoridades y la opinión pública nacional, en particular desde el área política gubernamental y estatal, diplomática y de la seguridad. Tras las sentencias de la Corte Internacional de La Haya sobre el limite marítimo con Perú, que nos fue claramente desfavorable, y el rechazo a la posición chilena que pedía que el tribunal se declarara incompetente para conocer el contencioso de la demanda de Bolivia de una salida soberana al Océano Pacífico, se han sucedido hechos que exigen respuestas nacionales creadoras frente a un escenario, que además, en el ámbito internacional y sobre todo de la región, se muestra poco propicio a los mensajes y argumentos entregados por nuestra cancillería. La creación mediante una ley aprobada por el Congreso del Perú del distrito Yarada-Los Palos, al sur de Tacna, fijando el llamado punto Concordia como inicio del límite terrestre entre ambos países, incluyendo el “triángulo terrestre”, dio un paso más a un nuevo contencioso y punto de fricción entre ambos países. Las sucesivas declaraciones y actos unilaterales de las autoridades limeñas, constituyen actos claramente hostiles, que vistas desde una perspectiva de escalada pueden conducir a  límites peligrosos y sin retorno. Por otro lado la incursión el miércoles 4 de noviembre, de efectivos militares peruanos armados en las inmediaciones del Hito 1 de la zona fronteriza, negado por Lima pero confirmado por fotografías, adquiere carácter de provocación, bélicamente una incursión de observación “en combate”, y no puede ser interpretada sino como acciones de un libreto belicista. El ataque y robo el miércoles 20 de octubre, a trabajadores chilenos en el sector de Portezuelo, Región de Tarapacá a solo 400 metros de la frontera con Bolivia, (zona del Hito 60), resulta  también, preocupante, ya que se trata de acciones de común ocurrencia en esta frontera, y que también reúnen característica de acción armada, provocadora, que superan el carácter de meramente delictivo. Ello ocurre cuando el Gobierno de La Paz desarrolla una exitosa estrategia política internacional en procura de apoyos, o por lo menos de una “neutralidad favorable” a sus demandas de salida soberana al Océano Pacífico, por territorios de jurisdicción chilena. Entonces, tenemos problemas en el Norte. En el ámbito interno se trata de un escenario que genera inseguridad e incertidumbres en el país, y que demanda de una actividad diplomática, política  y de seguridad acorde con los desafíos del momento y que prevenga y prevea los escenarios posibles a futuro. Y donde se pondrá a prueba  la responsabilidad, y las capacidades de los políticos que conducen el Estado y las instituciones, y el liderazgo de los conductores o líderes de opinión. Nada más funesto en estas circunstancias que la tentación patrioterista o populista de la cuña periodística retumbante, el titular agresivo, que busca sacar provecho de la circunstancia sin tomar en cuenta los efectos. El diputado Renzo Trisotti, de la derechista Unión Demócrata […]

La oligarquía económica chilena ha sido desnudada una vez más – al más alto nivel- por el carácter criminal de sus prácticas, y la perversidad de un modelo económico hecho para robar a los consumidores, desconocer y violar las leyes y aplicar métodos gansteriles contra eventuales competidores. El maloliente escándalo de los acuerdos secretos e ilegales para mantener precios, cuotas de producción  en la industria del papel y dejar fuera del mercado a otros actores- la llamada “colusión del confort”-  ha develado la actuación delictual de uno de los más poderosos, “prestigiados” clanes históricos de la oligarquía chilena, no solo la tercera o cuarta fortuna del país, sino fuente del poder económico y político del país, con presidentes, senadores, “capitanes” de empresa, y medios de comunicación, incluidos. Durante 10 años, los máximos ejecutivos de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), que preside Eliodoro Matte Larraín, se reunieron con  sus pares de la sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, perteneciente en Chile en el 2000 cuando se inicia la colusión, al ex ministro de Deportes de Sebastián Piñera y su socio en el Colo Colo, como presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, para  constituir un cartel y repartirse cuotas de mercado y fijar precios. Matte Larraín es una figura del ámbito empresarial, social y político del país, cabeza del histórico grupo económico chileno conocido como el Clan Matte, propietario de la llamada Papelera, protector y defensor del cura Fernando Karadima, condenado por el Vaticano por abusos sexuales y que encubrió y dio refugio a Juan Luis Bulnes Cerda, uno de los participantes en el intento de secuestro del Comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, el 22 de octubre de 1970, y que culminó con el asesinato del alto oficial. El sociólogo Pablo Huneuus caracteriza a los Matte como “los dueños de Chile” y que “se sienten Señores de Chile”. El Mercurio define a Matte Larraín como ”oráculo destacado y escuchado por los empresarios chilenos, que batalla por las ideas y buenas prácticas desde el CEP” y señala que la Papelera, mundialmente conocida como  CMPC”,  es “la compañía emblema de la historia económica chilena reciente y pasada”. Eliodoro Matte Larraín, de quién se dice es miembro de los Legionarios de Cristo, creada por otro abusador de menores, el cura mexicano Marcial   Maciel, fue funcionario de la dictadura militar derechista de Augusto Pinochet (1973-1990), como jefe de finanzas del Ministerio de Salud, gerente general de Laboratorios Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. De acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), “mediante la implementación del acuerdo en el canal masivo, las empresas CMPC y SCA lograron mantener sus participaciones de mercado estables en el tiempo, y afectar los precios de venta al público de sus productos durante un periodo de al menos 10 años”. Los artículos afectados por esta práctica dolosa son los llamados  “tissue” (papel higiénico, toallas de papel y pañuelos desechables y faciales), calificados como ”artículos de primera necesidad” y de alto consumo, siendo el […]

La realización en las costas y mares chilenos de una de las operaciones navales multinacionales de mayor envergadura en el escenario del Pacífico Sur,(14 naves de 12 países), la versión 2015 de Unitas, constata el interés estratégico de la región para los objetivos geopolíticos de la potencia dominante, Estados Unidos. Y al mismo tiempo pone en evidencia, mediante la imposición del TPP ( Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), los objetivos de la metrópoli y su poder económico, militar y político de imponer la subordinación o dependencia de los países del espacio del Asia Pacìfico en lo económico y comercial, tanto como en la seguridad y la defensa. La disyuntiva es entonces, hoy como ayer, entre la dignidad patriótica y la obsecuencia, en definitiva ser naciones independientes y soberanas, o subordinadas tanto de un modelo económico, de un coro político cuya batuta está en Washington, como de una doctrina estratégica bélica que nos pone en roles dependientes, de fuerzas de ocupación, tropas de asalto o masa uniformada para tareas sucias de orden interno o estrategias que nos son ajenas. Como se ha señalado oficialmente, Unitas 2015, es una oportunidad para que las fuerzas navales de los países participantes (Chile, país “anftrión”, Estados Unidos país “mandante”, Brasil, Colombia República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda y Panamá), “entrenen en una variedad de escenarios marítimos y mejoren su capacidad para operar como una sola fuerza multinacional”. Hasta el 24 de octubre, en el Teatro de Operaciones del Pacífico Sur,7.500 efectivos navales y aéreos, de desembarco, inteligencia, operaciones cívicas, guerra sicológica, además de las consabidas visitas “sociales” y “protocolares” a escuelas, bares y otros lugares de esparcimiento, tendrán mucho trabajo en entrenarse en tareas, misiones y operaciones de mantención del orden imperial global en el escenario, hacer amistad y confraternizar con sus colegas gringos, algunos de los cuáles, claro hablan “spanglish”. De manera explícita, aunque cuidadosa, el Contraalmirante George Ballance, comandante de las fuerzas navales del Comando Sur de los Estados Unidos, señaló que el objetivo de UNITAS es “desarrollar y mantener lazos que mejoren la capacidad de las fuerzas navales de Estados Unidos y países socios”. Si uno lee con atención las notas entusiastas de algunos medios y los documentos oficiales entregados, se puede entender claramente que el “intenso entrenamiento se centra en el fortalecimiento de coaliciones y de cooperación multilateral en seguridad marítima, así como en profundizar lazos de amistad y profesionales y el mutuo entendimiento”. Obviamente no se trata solo de un objetivo de entrenamiento operativo. El ejercicio, como se conoce bien en América Latina, representa una oportunidad para el adoctrinamiento ideológico y político de las tropas “nativas” y la creación de vínculos estrechos de camaradería castrense y compromisos suboficiales, oficiales y altos mandos locales. En concreto se trata de un supuesto bélico contra los “nuevos enemigos” de Washington: el “terrorismo islámico”, los “estados canallas”, el desafío de algún líder popular indeseable (por lo tanto, populista) que aparezca en la región, y quizás lo más importante la seguridad de […]

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La presidenta del Partido Socialista de Chile, senadora Isabel Allende, ha denunciado con claridad meridiana la ofensiva de la opositora derecha política con el objetivo de desestabilizar la figura de la presidenta Michelle Bachelet. La legisladora apuntó que existen componentes de “sedición” al plantear- como lo hizo el diputado ultraderechista José Antonio Kast, la renuncia anticipada a su cargo de la Mandataria, en medio de una campaña orquestada de rumores y “trascendidos” ( fase inicial de una indesmentible  e insensata guerra sucia) sobre una eventual enfermedad que le impidiera ejercer el mando institucional. Otros insisten por estos días, siempre mediante el mecanismo de la fuente anónima, en la cantinela de una “depresión” de la Mandataria, o una frustración por no poder realizar su programa de reformas, o por la falta de compromiso y lealtad de los líderes de la Nueva Mayoría, o por los resultados negativos de las encuestas de opinión pública que la desfavorecen. Isabel Allende apuntó que “hay bastantes componentes de sedición contra la presidente”, pero advirtió que ello no llegará muy lejos y que “la gente ya se está molestando con algunos adjetivos y descalificaciones”. Al mismo tiempo reconoció las fallas de la política del gobierno, que no ha sido capaz de enfrentar la ofensiva comunicacional de la Derecha política y económica. Este es un terreno justamente criticado, desde la prensa independiente- ante la evidente carencia de una política del gobierno en este terreno y la entrega del espacio comunicacional a los intereses empresariales y derechistas, a los que además se aporta con financiamiento. Pero además criticó el “fuego amigo”, que es el proveniente de quienes – en el campo de la propia Nueva Mayoría, disparan contra la figura de la presidenta o de las reformas, dándole material, argumentos  a la derecha y su ofensiva propagandística antigubernamental. Pero sin duda lo que debe motivar la mayor preocupación, y la consiguiente reacción  en el seno, de la Nueva Mayoría y del Gobierno es lo que, hace semanas hemos caracterizado en Crónica Digital como “la escalada insurgente de la Derecha”. Al llamado del Consejo Directivo Ampliado de la UDI, del 7 y 8 de agosto recién pasado de ser “conductores del malestar social”, “fortalecer el mayorazgo opositor del partido”, y “trabajar con más fuerza” en una oposición sin dar cuartel al gobierno se han sucedido otras declaraciones, y un llamado de las organizaciones empresariales del país a oponerse a las reformas impulsadas desde el Gobierno. Sus dirigentes, como los camioneros que marcharon a Santiago con sus camiones, no eluden  los términos agresivos, amenazantes  contra el gobierno rechazando de plano las reformas tributaria, laboral y constitucional. El presidente de la patronal Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock dice no haber sido escuchado, y  el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, subraya que “los empresarios no nos vamos a sumar a esto”, introduciendo el tema del irrespeto a la ley y la institucionalidad y la conjura del boicot económico (no habrá trabajo ni inversiones, amenazan) y la desobediencia civil. […]

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El monopolio mediático empresarial El Mercurio ha embestido, una vez más, contra la prensa libre, contra la libertad de expresión y de información, la libertad de opinión, contra el pluralismo en los medios de comunicación, en definitiva, contra la democracia. Mediante una acción judicial pretende despojar a nuestro colectivo de periodistas de la marca de nuestro medio -Crónica Digital-, con el argumento falaz de que ambos términos por separado sería de “su propiedad”, y que el uso de ellos por nosotros- que por lo demás lleva diez años en la red- podría inducir a confusiones en lo que definen como “público consumidor”. El señor Agustín Edwards- cuyo nombre es de sobra conocido en el ámbito de los medios de comunicación empresariales y en la reciente historia antidemocrática y golpista del país- ha instruido a sus abogados, presentar un recurso de oposición a la inscripción ante las autoridades pertinentes, hecha por nuestro representante legal, Iván Antonio Gutiérrez Lozano, y publicada en el diario Oficial el 10 de julio de 2015. Se trata de un deliberado ataque a derechos consustanciales a la democracia, que tanto sacrificio costó recuperar en Chile, tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que justamente contribuyó a instalar y mantener la empresa de El Mercurio, además de constituir un ataque deliberado y alevoso contra el derecho de los chilenos a una información veraz, plural, alternativa al mensaje monocorde del duopolio mediático imperante. El objetivo de Edwards y Compañía es impedir cualquier voz que se diferencie de su monopolio, pero sobre todo de la orientación de sus mensajes, y de los objetivos políticos de su orientación ideológica e instalar un totalitarismo abrumador en la oferta informativa a los ciudadanos. No es solo contra cronicadigital.cl -nuestro modesto pero inclaudicable medio de comunicación, sino contra cualquier medio que se distinga de los contenidos que busca instalar El Mercurio como únicos en la agenda política del país. Se trata de una estrategia que apunta a copar todo el espacio informativo sin dejar espacio a voces que disientan, pero sobre todo denuncien o develen a los representados por la cadena de El Mercurio, cuya magnitud presumen con descaro en el mismo documento con el que pretenden robarnos nuestra identidad. Ello resulta además sintomático cuando la derecha chilena, azuzada desde las páginas de El Mercurio, pasa a la ofensiva para detener el proceso de reformas políticas y sociales y frustrar las demandas ciudadanas. La situación también constata la debilidad del ordenamiento jurídico actual para la defensa de los derechos de información, de expresión, que en definitiva son derechos ciudadanos, derechos humanos, por lo que el llamado a su defensa lo hacemos a las autoridades de Gobierno, al Congreso Nacional, al Colegio de Periodistas, a los trabajadores de la cultura y las comunicaciones, a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, a los intelectuales, a los artistas de las diversas ramas de la creación, a los medios digitales directamente amenazados. No podemos dejar que El Mercurio- cuyo propietario fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile […]

Esta vez ha sido considerada por el ministro Leopoldo Llanos, señaló, al término de dos días de alegatos en la Corte de apelaciones por el caso de 19 detenidos desaparecidos y un ejecutado en el ex centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi, donde también intervinieron las abogadas Magdalena Garcés y Paulina Zamorano. En la oportunidad, los profesionales expusieron pormenorizadamente los fundamentos del porqué debe confirmarse la sentencia de primera instancia del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones Leopoldo Llanos. El juez condenó a presidio perpetuo al director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras como autor del delito de homicidio calificado de Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno, cometido del 1 de diciembre de 1975 y por la desaparición de otras 19 personas. A los agentes  Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth; Fernando Lauriani, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence y Rolf Wenderoth los sentenció a a 20 años. A Basclay Zapata, Manuel Carevic Cubillos y Raúl Iturriaga Neuman a 15 años de cárcel, mientras que Orlando Manzo Durán, quien estuvo a cargo del centro de 4 Alamos a 10 años de cárcel. En su intervención ante los magistrados Caucoto fundamentó que se está frente a delitos de lesa humanidad y que las únicas atenuantes que podrían justificarse en este tipo de delitos es la obediencia, cuando  peligra la vida el subalterno sino obedece o cuando no sepa que se está cometiendo un delito, lo que no acontece en esta serie de casos. “La sentencia de primera instancia está ajustada a derecho y acoge en toda su magnitud el concepto de justicia, porque esclarece los hechos, aplica la sanción penal y también otorga reparación, que ha sido el pariente pobre de la lucha por los derechos humanos, está siendo considerado por el ministro Llanos. Eso nos llena de satisfacción y esperamos que la Corte lo confirme”. Condenados los principales oficiales Por su parte, la abogada Magdalena Garcés expresó que “se trata de una sentencia que nos parece importante en que aplica penas a los principales oficiales a cargo de la labor represiva de la DINA, tanto en el recinto de Villa Grimaldi fundamentalmente, pero también de otros recintos de detención”. “Esta es una causa interesante porque abarca muchísimo del actuar represivo de la DINA entre 1974-75 y están condenados la mayoría de los oficiales. Siempre van a faltar agentes, pero aquí están los principales y los mandos involucrados”, agregó Garcés. Paulina Zamorano señaló que “es una sentencia que se ajusta a la participación que tuvieron cada uno de los agentes respecto de las víctimas. En estrado la defensa aludió a que muchos de ellos no estaban en dicho recinto en determinadas fechas o que habían sido destinados a otra parte y nosotros estimamos como Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que es una argumentación falsa, toda vez que ellos seguían manteniendo el dominio del hecho en la comisión de los crímenes tanto en Villa Grimaldi,  así como también Londres 38, José Domingo Cañas o 4 […]

Estamos llamados a una nueva elección en el Colegio.

No se trata de una simple votación por unos y otros.

Se trata de definir como queremos seguir, cuales son los motivos que nos mueven, ante las necesidades que enfrentamos como gremio, como profesionales de la información, y como protagonistas de un proceso político y social.

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