Ante los hechos ocurridos esta tarde en Villa Alemana, donde fue encontrada sin vida Ámbar, joven que se encontraba desaparecida, declaramos: Hoy la justicia chilena nuevamente nos ha fallado. Otra vez nos golpea un nuevo femicidio, causado por un asesino que debía estar cumpliendo condena tras las rejas. Seguimos viviendo al alero de la justicia patriarcal chilena, en la que por protestar se nos detiene pero por asesinar a una mujer y su hijo, se da libertad condicional, lo que puso en libertad a un femicida que volvió a cometer este repudiable acto, ahora, con una menor de edad. El caso de Ámbar refleja la total desprotección del Estado y las instituciones, del Sename, lugar en el cual estuvo Ámbar dos años desprotegida. Esto también demuestra las carencias de un sistema judicial que una vez más le falló a las mujeres, también dejándonos desprotegidas ante femicidas, violadores y abusadores. Somos enfáticas en señalar que urge un cambio radical y de raíz en los servicios de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en casos en donde mujeres viven con su agresor. Chile tiene una deuda histórica, que en una nueva Constitución debe remediar el enorme daño que le ha generado a miles de niñas, niños y jóvenes. Del mismo modo, necesitamos capacitar a los funcionarios públicos en perspectiva de género, para que los femicidios sean tratados como tal y no como otro homicidio, reformular el sistema de denuncia por presunta desgracia para facilitar los canales de denuncias y el proceso de investigación, además de endurecer las leyes chilenas con penas efectivas hacia los agresores, ya que tampoco es posible que el mismo día que se descubre el femicidio a Ámbar, el poder judicial anuncie que dejarán libre a otro hombre con un gran número de denuncias de abuso y violación. No podemos seguir teniendo más titulares como los de Ámbar, Sophia, Antonia, Gabriela, Silvana, Fernanda y tantas más que han sido asesinadas por el patriarcado. Hoy necesitamos una amplia unidad social, política y cultural, desde el feminismo,para, nuevamente, alzar la voz en pos de todes quienes han sido víctimas injustamente de este sistema violenta y patriarcal. Juventudes Progresistas de Chile – Vicepresidencia de Mujer y Género Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital
Nacional
Los diputados Carolina Marzán Pinto (PPD) y Andrés Celis Montt (RN) impulsan una Comisión Especial Investigadora que permita indagar todas las responsabilidades institucionales que le fallaron a la adolescente Ámbar Cornejo de 16 años, quien murió asesinada en Villa Alemana, presuntamente a manos del ya doble homicida, Hugo Bustamante, quien gozaba de libertad condicional. La iniciativa propuesta está dirigida, entre otros, a evaluar si Bustamante, único imputado por este caso, cumplió con todos los requisitos para la concesión de los beneficios carcelarios que estaba gozando. Así como, analizar la calidad de los informes que envía Gendarmería, ya que aquellos no son vinculantes y deben ser sustancialmente mejorados para que sí lo sean y, de igual importancia, conocer cuáles fueron las falencias en el actuar del SENAME, qué medidas de protección se habrían dictado en torno a la joven, adoptadas por el Tribunal de Familia respectivo y, cuál fue la intervención de la Defensoría de la Niñez, si es que ello ocurrió. La diputada del PPD y representante del distrito 6, señaló “el caso de Ámbar nos duele profundamente y nos demuestra nuevamente como hemos fallado como sociedad. Desde el Poder Judicial que permitió que un femicida y asesino de un niño quedara en libertad, desde el Estado que permitió que una niña estuviese en absoluta desprotección e indefensión, ya es tiempo que el Estado chileno cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No puede ser que no se le de la urgencia necesaria a los proyectos de ley sobre la materia, no puede ser que desde el Congreso intentemos mejorar el Sistema de Protección de nuestros niños y el ejecutivo presente un veto, un veto que lo único que hizo es rechazar la niñez digna que como parlamentarios en ambas cámaras, habíamos acordado”. “Es necesario que investiguemos y analicemos todas las fallas del sistema, porque se lo debemos a Ámbar y a muchas otras mujeres y niñas que han sido víctimas de un sistema que constantemente las deja en absoluta desprotección. La sociedad y las mujeres están cansadas de ver que los sistemas no están funcionando. Con esta comisión podremos investigar desde dónde vienen los errores y claramente corregirlos. Es nuestro deber y el deber del Estado trabajar para que nunca más suceda”, comentó la parlamentaria. Por su parte, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, manifestó que “junto a Carolina hemos acordado iniciar la recopilación de firmas para levantar una Comisión Investigadora por el asesinato de Ámbar porque se trata de una menor que fue vulnerada sistemáticamente por las instituciones que debían protegerla. Corresponde que como diputados fiscalicemos todas las fallas que pudieron ocurrir en el sistema judicial, penal y carcelario, como también en el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y sus políticas de protección” “Para iniciar de inmediato la investigación, oficié al Director Regional de Gendarmería, solicitando que nos remita los antecedentes con que cuentan respecto del condenado Hugo Bustamante, en especial […]
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros importantes sindicatos del país expresaron su respaldo a la aprobación de un impuesto a las mayores fortunas del país para ayudar a enfrentar la pandemia de laCovid-19. Las agrupaciones obreras lanzaron una campaña denominada Impuesto por la Dignidad, en la cual pidieron al Congreso Nacional legislar para aprobar ese gravamen con el objetivo de propiciar «soluciones dignas a las familias en situación de vulnerabilidad», cuando el costo de la crisis sanitaria hasta ahora ha sido pagado por los trabajadores. Además de la CUT, participan en la campaña la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Internacional de Servicios Públicos (PSI), entre otras organizaciones. Los gremios firmaron una declaración en la cual piden «avanzar hacia una justicia tributaria y social, a través de un impuesto que permitiría darle la dignidad que las familias chilenas merecen, sin necesidad que sigan endeudándose u ocupando sus ahorros para salir de esta crisis». Asimismo señalan que «el Estado debe asumir ese rol y, en este caso, se propone que sea por medio de tratamientos tributarios con carácter solidario, donde los que hoy tienen más puedan apoyar a los que tienen menos (en su mayoría trabajadoras y trabajadores)». El proyecto de impuesto a los más ricos fue ingresado a principios de julio al Congreso, por legisladores del Partido Comunista y otras fuerzas de oposición, y deberá comenzar su trámite la semana próxima, cuando sea analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Según sus promotores, aplicar por una sola vez un impuesto del 2,5 por ciento a las fortunas mayores de 20 millones de dólares, permitiría recaudar unos seis mil 500 millones de dólares, suficientes para brindarle al 80 por ciento de las familias del país una ayuda por un monto superior al nivel de pobreza durante varios meses. Ello sería el doble de la cantidad de hogares que en el presente están incluidos en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia que otorga el gobierno para que los más vulnerables puedan enfrentar la aguda crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
Los parlamentarios PS, Manuel Monsalve y Emilia Nuyado, rechazaron el desalojo de la Municipalidad de Tirúa, el cual fue realizado «sin la autorización del Alcalde» de dicha comuna, y la inusitada violencia, en medios de las conversaciones que tenía el jefe comunal con las personas que ocupaban dicho edificio . A juicio del diputado Manuel Monsalve, «esto parece parte de una estrategia del gobierno del presidente Sebastián Piñera, no para conseguir paz, ni diálogo sino para recuperar su electorado y resolver los problemas de su coalición, parece que no es la paz el principal objetivo este gobierno». «El ministro y el subsecretario del interior han afirmado que el gobierno está abierto al diálogo, la pregunta es ¿qué tipo de diálogo?, cuando ni siquiera escucha la opinión del Alcalde de Tirúa, de origen mapuche, que no estaba de acuerdo con el desalojo, ni con el uso de la fuerza desmedida. Nos parece inaceptable este desalojo cuando la movilización era de carácter pacífica al interior de la municipalidad de Tirúa», afirmó Monsalve. En este marco, la diputada Mapuche Emilia Nuyado, agregó «se está haciendo costumbre por parte de las autoridades de gobierno responder con la fuerza cuando lo que se está pidiendo es diálogo. El gobierno debe sentarse a conversar con los voceros directos de los presos mapuche en huelga de hambre. Basta de testarudez de parte del Ministerio de Interior». «No queremos que esta situación empeore y que muera algún huelguista. Pero, si el gobierno de Piñera insiste en privilegiar cálculos políticos internos por sobre la salud de los presos políticos mapuche o si hay alguna víctima en los desalojos violentos de Carabineros será de exclusiva responsabilidad de las autoridades «, dijo Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la iniciativa impulsada por la Bancada del PPD que permite la suspensión de hasta 6 cuotas de créditos y compromisos financieros de las personas y pymes, con el objetivo de entregar alivio económico a las familias en el marco de la crisis sanitaria y económica por el Covid-19. Sin embargo, la iniciativa deberá volver a las Comisiones de Economía y Hacienda para su tramitación en particular, tras una indicación sustitutiva ingresada por el Gobierno, que buscaría evitar «problemas de constitucionalidad». El autor principal de la iniciativa, Rodrigo González, señaló que «el Ejecutivo podrá presentar una indicación sustitutiva que no contará con nuestro apoyo, porque estamos por asegurar a todas y todos los deudores la posibilidad que sus deudas sean suspendidas durante un tiempo de 6 meses, para que no se continúe asediando por otras preocupaciones a quienes sufren las dificultades de la pandemia». «Es inaceptable que hoy el gobierno presente una indicación sustitutiva, intentando dilatar su trámite legislativo, como ha ocurrido con otros proyectos muy anhelados y necesarios por la gente. Parece ser una práctica reiterativa el poner trabas a las ayudas que impulsamos desde el Parlamento», agregó el vicepresidente de la Cámara. Por su parte, el jefe de bancada del PPD y miembro de la Comisión de Economía, Raúl Soto, acusó al Gobierno de “obstruccionismo”, ya que “la iniciativa fue largamente discutida en la Comisión de Economía hace casi un mes, y el mismo día que votamos para que esta pueda avanzar a su segundo trámite, el Gobierno ingresa una indicación sustitutiva que busca solo entrampar y cambiar las condiciones del proyecto, creando prácticamente un nuevo crédito de postergación”. “En nuestro país hay más de 5 millones de personas morosas financieras, personas con deudas de consumo, créditos automotrices, créditos hipotecarios, leasing, avances en efectivo en tarjetas de crédito, y un sinfín de instrumentos financieros, cuya situación está tremendamente agravada con la pandemia” añadió Soto. Finalmente, el parlamentario hizo un llamado al Gobierno a “dejar de dilatar los proyectos de ley que van en ayuda directa a la ciudadanía” y aclaró que “esto debe ser regulado en estos momentos, no para hacer un perdonazo, ni tampoco para afectar el derecho de propiedad. Sino que para poner las cosas sobre la mesa y decir que hoy la gente requiere un tratamiento especial, debido al contexto de pandemia y los efectos económicos y sociales que esto genera en las familias chilenas de clase media”. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital
El Proyecto presentado por el Ministro de Hacienda al Parlamento cuyo Objetivo dice “Promover la reactivación económica, inyectando liquidez a las Pequeñas y Medianas empresas” después de recorrer la Cámara y el Senado fue rechazado por este, con el propósito de «corregirlo para que de verdad de cuenta de su objetivo», informó hoy Gianina Figueroa, Secretaria General Unapyme . El Senado de manera excepcional invito a los Gremios de MIPYMES a exponer sus opiniones relativas al proyecto en curso y constato primero, que «estas organizaciones no habían sido informadas, ni consultadas por el Gobierno y segundo comprobó que la opinión unánime de estas, era que el proyecto en casi todas sus partes favorecía fundamentalmente a la Gran Empresa», reveló Figueroa. La Resolución del Senado de llevar este debate a Comisión Mixta e invitar al Gobierno a que mejore la propuesta con la opinión también de las Mipymes, constituye la forma correcta de hacer Política Pública. «Estamos en tiempo difíciles y dolorosos, en que cientos de miles de empresas pequeñas y cientos de miles de familias, requieren ser escuchadas y apoyadas, su desmantelamiento traería un desempleo insoportable para Chile, la Gran Empresa trae el crecimiento del PIB, pero las MIPYMES traen el empleo y la paz social», sosutvo la secretaria General de la Unapyme. Por último, Figueroa agregó que «nuestras Organizaciones sienten satisfacción por la decisión del Senado, esperan del Gobierno la buena voluntad para mejorar el Proyecto y preparar posteriormente el apoyo a la reconversión y reactivación de las MIPYMES. Pueden contar con nuestra firme decisión de colaborar y ayudar a salir de la Pandemia con un país en el que el dialogo manda». Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital F
La Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile (Convergencia Pymes), valoró el rechazo del Senado, por 24 votos en contra, 16 a favor y una abstención, a las medidas de reactivación económica impulsadas por el Gobierno, pues esta acción permitirá un auténtico diálogo en la Comisión Mixta. La agrupación de gremios Mipymes más grande del país denunció, previo a la votación, la falta de diálogo por parte del Gobierno con entidades independientes, que pudieran graficar la realidad del sector e impulsar medidas de apoyo real. Lo anterior se debe a que, en forma anticipada a la votación, la Multigremal Nacional, la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y Conapyme llamaron a votar a favor de las Mipymes, apoyando la iniciativa del Gobierno, sin embargo, Convergencia Pymes se desmarcó y denunció que estas medidas oficialistas no cumplían con los requisitos mínimos para los verdaderos afectados, destacando que favorecen solo a grandes empresas. En ese sentido, Roberto Rojas, presidente de la CONUPIA sostuvo que la entidad gremial propuso «la instalación de medidas de apoyo concretas y de real impacto, como la implementación de un subsidio directo para el sector, que les permita seguir operando, mantener los sueldos de sus trabajadores y el empleo». A eso se suma la “Cuarentena tributaria”: “Es igual que la sanitaria, pues se trata de congelar la situación. Evitar juicios en que llegan incluso a liquidar la casa, los bienes, embargos y cobros. Estamos pidiendo que haya un periodo determinado en que no exista nada de eso”, dijo Roberto Fantuzzi, presidente de Asexma y miembro de Convergencia Pymes. El diagnóstico de las medidas tomadas por el Gobierno para ir en apoyo del sector fue lapidario: “Los esfuerzos de Corfo y Sercotec han sido tímidos y de bajo impacto, prueba de ello es que en el último subsidio de Sercotec se presentaron 50.000 y fueron beneficiadas alrededor de 2.000”, dijo Roberto Rojas, Coordinador de Convergencia Pymes. Por lo mismo, la propuesta de Convergencia Pymes apunta hacia la formulación de un plan que, al menos, “incorpore un subsidio directo a las pymes para la puesta en marcha de un programa de apoyo de Corfo y Sercotec, que apoyen la reconversión y la activación de al menos 150.000 empresas”, aseguró Rojas. Convergencia Pymes agrupa a Asexma, Apis A.G, UNAF Chile, Adico, Conupia, Confecoop, Conttramen, Unfach y Párvulo Red. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital
El parlamentario, sub jefe de bancada del PS, llamó a que las diferentes colectividades se unan en los desafíos que vienen: mismo comando para el plebiscito, candidatos únicos para elecciones municipales y de gobernadores y la unidad para recuperar la presidencia de la mesa, entre otras materias. El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, hizo un emplazamiento a su sector para que trabajen en una misma hoja de ruta con la intención de proponerle al país una real alternativa en la agenda nacional que se avecina en temas electorales, tanto el plebiscito como las municipales, o de lo que ocurrirá con la mesa de la Cámara. Al respecto, el parlamentario señaló que “la unidad no es una declaración, se hace con hechos. La Democracia Cristiana debe ser seria, sus indefiniciones sobre lo que ocurre en la testera de la Cámara de Diputadas y Diputados no pueden significar un obstáculo para la oposición”. Sobre el mismo tema, el parlamentario agregó que “las esperas no pueden ser eternas. Se avecinan eventos tremendamente importantes, que definirán el horizonte del país. Y si no hay voluntad de avanzar, tendremos que hacerlo con los que están”. Por otra parte, Santana se dirigió al Frente Amplio. “Si bien valoramos su llamado a la unidad, éste debe ir acompañado de hechos concretos. Y para ello es necesario avanzar en la construcción de un comando único para el apruebo y candidatos únicos en las elecciones de gobernadores y alcaldes”. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital
La Sala de la Cámara de diputadas y diputados aprobó en general el proyecto que suspende el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, la iniciativa volverá a las comisiones luego que el gobierno ingresó una indicación sustitutiva con el argumento que es para evitar problemas de constitucionalidad y demandas contra el Estado. Esto generó el malestar del diputado Boris Barrera, quien señaló que “estamos frente a un gobierno obstruccionista que llega después de 4 meses con una indicación sustitutiva solo para trabar el proyecto” En su intervención en la sala, Barrera indicó que me indigna la posición del gobierno. “A estas alturas se puede esperar cualquier cosa. Trabas, puntapié, piedras en el camino para cualquier proyecto que queramos tramitar. No puedo entender tanta soberbia, tanta indolencia. No puedo entender cómo todavía, a casi seis meses de iniciada la pandemia, estén tan lejos de la realidad” indicó. “Cada vez que salimos con una iniciativa para ayudar a la gente, el gobierno dice que es inconstitucional que atenta contra la propiedad privada, que es expropiatoria, y nos anuncian las penas del infierno como cuando tramitamos el proyecto en la comisión de economía. Sin embargo, el proyecto avanzó” indicó el legislador. El diputado dijo que rechazará la indicación sustitutiva si solo considera a un sector de la sociedad, ya que el proyecto original incluye a muchas personas. “Hay gente que se endeudó para pagar el furgón escolar, para comprar un taxi o el crédito del pequeño empresario” Por ello, lamentó que después de 4 meses de tramitación, “viene el gobierno con una indicación sustitutiva para retrasarlo mucho más, porque estoy seguro que se lo vamos a rechazar. Porque la idea original de este proyecto es otro. Porque lo que busca este proyecto es de aliviar el bolsillo de muchas más personas”. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
Cerca de un centenar de mapuches que ocuparon la alcaldía de Tirúa en la región de Bio Bío, en el sur de Chile, aseguraron que responderán a cualquier intento por desalojarlos. En declaraciones a Radio Bío Bío, el vocero Héctor Huenchunao señaló que «mientras no nos repriman nosotros vamos a estar acá, y si nos reprimen, también vamos a responder a eso», en respuesta a la petición de desalojo del edificio por el gobernador de la provincia de Arauco, Oscar Muñoz, al alcalde Adolfo Millabur. La ocupación ocurrió este miércoles en medio de la tensión persistente en La Araucanía desde la semana pasada, y los participantes en la protesta señalaron que su acción es en apoyo a 27 presos políticos de esa etnia que se encuentran en huelga de hambre en cárceles de La Araucanía. También, en repudio a los incidentes del fin de semana en varias localidades, cuando ciudadanos mapuches que ocupaban varias alcaldías en apoyo a los reos en huelga fueron atacados por civiles sin que interviniera la policía y desalojados violentamente, con la destrucción incluso de dos de las municipalidades. En un comunicado, representantes de las comunidades mapuches de Tirúa exigieron dialogar con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en busca de solución a la huelga de hambre. Los reos que participan en esa protesta reclaman que el gobierno respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la atención especial que se debe brindar a los pueblos originarios en el respeto a sus costumbres y culturas. En sus declaraciones al medio radial, Huenchunao señalá que además de protestar por lo ocurrido el fin de semana, «el otro punto es el de los presos políticos que hoy día están en huelga de hambre», y que se respete el Convenio 169, «porque si no se respeta no puede haber diálogo». Sobre la posibilidad de que se produzca una reunión con el ministro de Justicia mañana viernes, el vocero dijo que si bien hay muchos temas que tratar, en «primera instancia eso es un paso, pero eso lo vamos a ir conversando con el transcurrir del día». En tanto, la Cámara de Diputados aprobó por 82 votos la creación de una Comisión Especial Investigadora referente a los actos del Gobierno, y los protocolos establecidos por las fuerzas de orden público, en los violentos hechos ocurridos durante el desalojo de los municipios de Ercilla, Traiguén, Victoria y Curacautín. El diputado y exintendente de la Araucanía, Ricardo Celis, calificó ese paso como una buena noticia para la región de la Araucanía tomando en cuenta la gravedad de lo ocurrido y consideró necesario investigar las responsabilidades de las autoridades regionales, provinciales y nacionales, y la acción de la policía. Según lo previsto, la comisión deberá rendir su informe a la Cámara en un plazo no superior a 90 días, y para sus trabajos podrá constituirse en cualquier lugar del país. Santiago de Chile, 7 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
