En su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los cambios realizados por el Senado, por lo que la iniciativa fue despachada desde el Congreso Nacional. El llamado de la bancada PC es a no demorar la promulgación de la ley por el bien de un pueblo que sufre los efectos de la pandemia. Con votos 116 votos a favor y 28 en contra favor, la Cámara aprobó los cambios realizados en el Senado al proyecto de retiro de fondos previsionales, con lo que se cumple su tercer trámite constitucional y queda en estado de ser promulgado como Ley de la República. Desde la bancada comunista hicieron un llamado al Gobierno de Sebastián Piñera para que no se demore su promulgación, pues el retiro de fondos es una ayuda concreta a un pueblo que sufre los efectos económicos de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19. La diputada Karol Cariola sostuvo en su intervención en sala que en Chile “hay hambre, desesperación, angustia y dolor en aquellas personas que han tenido que recurrir a la solidaridad para poder sustentarse. ¿Cómo es posible que este Gobierno no se dé cuenta de esto?. Hoy me he convencido de que el Gobierno no solo llegó tarde, sino que actuó con desidia”. “Podemos decir que ante esta iniciativa parlamentaria que valoro y agradezco, vamos a poder entregar no solo un respiro, sino que una esperanza a quienes han estado esperando por muchos años que el parlamento sea una opción democrática para ello”, agregó. En tanto, el diputado Guillermo Teillier sostuvo que el despacho del proyecto desde el Congreso Nacional marca un hito y evidencia el fracaso del Gobierno al no escuchar a la ciudadanía. “El Gobierno ha sufrido una derrota de proporciones en el Parlamento, desde el punto de vista ideológico y político y creo que esa derrota se la ha proporcionado él mismo por ponerse de espaldas a la gente y a la situación gravísima que están sufriendo las personas”, sostuvo el diputado. El también presidente del PC agregó que “esta derrota del Gobierno va a significar que muchos chilenos y chilenas puedan de alguna manera paliar las necesidades a raíz de esta pandemia tan terrible que azota a nuestro pueblo”. Finalmente, la diputada Camila Vallejo agregó que si bien este es un paso histórico y que irá en ayuda directa a quien hoy sufren, igualmente se deben seguir buscando más formas de ayudas y apoyos en estos tiempos de crisis «Y por cierto que no es suficiente, que no es todo lo que se necesita, que necesitamos avanzar hacia un impuesto a los Súper Ricos, a una renta básica universal, avanzar hacia mayor justicia, dignidad y por sobre todas las cosas, avanzar hacia un nuevo sistema previsional. Un verdadero sistema previsional que es lo que no tenemos hoy», concluyó la jefa de la Bancada Comunista. Santiago de Chile, 23 de julio 2020 Crónica Digital
Nacional
Crónica Digital conversó con el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. en oportunidad la autoridad explicó la realidad del municipio que dirige, además, criticó el plan de desconfinamiento del presidente Sebastián Piñera. Santiago de Chile, 23 de julio 2020 Crónica Digital
El alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien aseguró a los medios que está “absolutamente disponible para ser Presidente” de la República, conversó con Crónica Digital en torno a su actual labor y reveló sus visiones políticas al respecto, en las que además, criticó el actual rol del Estado y las desigualdades que éste produce. El político y también sociólogo y arquitecto, considera que su trabajo como edil, está dentro de un esquema de dominación en cuanto a lo que un municipio significa como instrumento del Estado. En ese sentido y desde su vereda de la militancia en el Partido Comunista, clarificó que: “En la teoría nuestra, el Estado es un instrumento dominación de clase, que asegura la desigual repartición de los bienes que produce un Estado, entre la clase dominante y la clase dominada, entre los dueños de los medios de producción y aquellos que no son dueños y que tienen que vender su fuerza de trabajo dentro de este esquema. Que no es el discurso oficial de este Estado benefactor que busca el bien común, sino que el de este Estado que tiene una tarea de clase”. Y desde ese posicionamiento político, agregó que “la Municipalidad juega un rol de ser la última frontera de contención social, para blindar al Estado como instrumento de nación. Entonces se genera una especie de espejismo en donde para la radiología oficialista, la Municipalidad parece un lugar de mayor cercanía entre la ciudadanía y el Estado, pero nosotros lo vemos al revés: es donde llega toda la gente a reclamar por todo, sin entender que en las municipalidades hay pocas atribuciones, hay pocos recursos y pocas potestades”. “Entonces vienen a reclamar aquí por mayor seguridad y nosotros no definimos dónde se ponen las comisarías, no definimos la dotación, no definimos los recursos para Carabineros, y ni siquiera nadie nos pregunta. Vienen a discutir aquí por mejor salud, pero la verdad es que el capital de salud lo define el Ministerio de Salud y, te entrega una cantidad que es irrisoria. Y que si tú la quieres mejorar, tienes que suplementar con fondos propios municipales. Lo mismo pasa con educación, con la pavimentación, con una serie de cosas” agregó indicando las limitaciones de la administración comunal. Las ideas del sociólogo se fundan en las desigualdades sociales, que surgen de la instrumentalización de los distintos poderes e instituciones con ese mismo fin: “Está mal pelado el chancho en este instrumento de dominación de clase”, explicó con sus palabras. Y definió que: “El Estado central acumula el 80% del poder y, estoy hablando en términos de recursos, ante todo lo que se invierte o se gasta en nuestro país, con los distintos niveles nacionales y subnacionales del Estado”. “El Estado central gasta el 80%, las regiones el 8% y los municipios el 12%. Y la distribución de poderes y atribuciones es la misma”, criticó ante las variables y realidades territoriales que puede tener cada zona. Ante esta problemática, Jadue señala que junto a su partido […]
Además, se pidió al Ejecutivo promulgar a la brevedad la ley de servicios básicos. En el marco de una Sesión Especial realizada esta tarde para analizar el cobro abusivo de las cuentas de la luz, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de acuerdo, presentado por la Bancada del PPD, donde se le solicita al Presidente de la República la promulgación inmediata de la ley que establece la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios, y la prohibición del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la pandemia. Asimismo, en el escrito se pide instruir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que los mayores valores que resulten de la aplicación de procesos de facturación provisoria, se dejen sin cobro para todos los clientes domiciliarios; y se deje sin efecto, de manera retroactiva, los mayores cobros que se hayan realizado como consecuencia de la aplicación de la llamada “tarifa de invierno”. A lo anterior se suma, la petición de que se adopten todas las medidas necesarias, a fin de evitar aumentos excesivos en las cuentas de los servicios domiciliarios de los consumidores, que producto de la pandemia han debido permanecer confinados en sus domicilios, y han tenido necesariamente un mayor gasto. Durante su intervención en la Sala, el Jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que “hay más de 35 mil reclamos que se siguen acumulando en la Superintendencia. ¿Dónde están las soluciones concretas?, ¿Dónde están las compensaciones?. No basta con establecer facilidades de pago, sino que se devuelva a la gente lo que les corresponde». El parlamentario agregó que “la entidad fiscalizadora se tiene que poner los pantalones para parar esta situación, porque estamos en una pandemia donde sus efectos económicos y sociales han golpeado fuertemente a las familias, a los sectores vulnerables, a la clase media y a las pymes. Sin embargo, los reclamos siguen llegando. Hay que poner el cascabel al gato de una vez por todas”, concluyó Soto. El proyecto de Acuerdo fue firmado además por los diputados y diputadas del PPD Loreto Carvajal, Andrea Parra, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Tucapel Jiménez, Ricardo Celis y Rodrigo González. Santiago de Chile, 22 de julio 2020 Crónica Digital
Chile concluyó los trabajos de desminado humanitario en todo su territorio con la eliminación de 179 mil 815 minas, informa hoy en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. El texto indica que esas labores concluyeron el 27 de febrero último y conllevaron la limpieza de esos artefactos explosivos en 200 áreas, lo que permitió liberar más de 27 millones de metros cuadrados. De esa forma el país cumplió con el compromiso adquirido en 1997, al suscribir la Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, señala el comunicado. Incluso, añade, ha desplegado esfuerzos internacionales y de cooperación con otros países en la instrucción y transferencia de conocimientos y experiencias en este tipo de operaciones. El canciller Teodoro Ribera dijo al respecto que «Chile es un país con vocación de paz y en ese contexto hace más de 20 años asumimos el compromiso de desminar nuestro territorio». La nación sudamericana suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Desde ese momento, indica el texto, se inició un trabajo conjunto entre los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, para lograr la capacidad de planificación, coordinación y operación de todos los organismos de la administración del Estado para cumplir con los compromisos. De forma paralela al desminado humanitario, durante este período, se desarrollaron programas de asistencia a víctimas y educación y prevención sobre el riesgo de minas. Santiago de Chile, 22 de julio 2020 Crónica Digital/PL
Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron hoy el relajamiento de algunas restricciones de las cuarentenas, en consonancia con el mejoramiento paulatino en la situación de la pandemia de Covid-19 en el país. Según el parte oficial, hasta el martes a las 21:00, hora local, se reportaron 45 muertes por Covid-19 por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, lo que eleva el total a ocho mil 722 desde el inicio de la pandemia. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó además que en la jornada se detectaron mil 741 nuevos contagiados por el SARS-Cov-2 y que la variación de los casos a nivel nacional ha disminuido 17 y 32 por ciento en comparación respectivamente con los últimos siete y 14 días. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que el nivel de positividad de los exámenes de PCR realizados descendió a nivel nacional a 14 por ciento, pero advirtió que se mantiene la preocupación por el aumento de casos de la enfermedad en las norteñas regiones de Arica, Tarapacá y Coquimbo. Hasta la fecha el país acumula 336 mil 402 infectados por la Covid-19, de los cuales se han recuperado 309 mil 241, mientras que de los enfermos que se mantienen activos están internados en unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria mil 688. De estos, mil 388 están conectados a equipos de respiración mecánica y 263 son reportados en estado crítico. En la información de este miércoles las autoridades anunciaron medidas de relajación del confinamiento como el levantamiento a partir del próximo viernes por la noche del cordón sanitario en las localidades Coronel y Lota, en la región del Biobío. Asimismo, desde esa fecha los adultos mayores de 75 años, que se encontraban en cuarentena en todo el país, podrán salir de sus hogares por una hora los lunes, jueves y sábado entre las 11:00 y 12:00, hora local, como parte del plan Paso a paso, puesto en marcha por el gobierno para ir volviendo a la normalidad de forma paulatina. Aquellos que viven en territorios donde la situación de la pandemia es más benévola, podrán salir a la calle una hora por la mañana y otra por la tarde, todos los días de la semana, pero siempre con medidas de resguardo como uso obligatorio de mascarilla y manteniendo el distanciamiento físico adecuado. Santiago de Chile, 22 de julio 2020 Crónica Digital/PL
La Corte de Apelaciones Santiago ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Ejército la entrega de la Carpeta Personal de Seguridad (CPS) del ex capitán de dicha rama de las Fuerzas Armadas, Rafael Harvey (C3101-19). Este último había realizado la solicitud de acceso al organismo, el que denegó la totalidad de los antecedentes requeridos aludiendo a una serie de causales de secreto y argumentando que la documentación debe mantenerse bajo reserva dado que se trata de un “instrumento de inteligencia propio de la función militar”. Tras la decisión del CPLT, y con el fin de dejarla sin efecto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del Ejército, presentó ante tribunales un reclamo de ilegalidad, el que fue rechazado ratificando la calidad de pública de la información requerida por Harvey, quien en específico pidió se le hiciera entrega de: “Copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios, órdenes, resoluciones o cualquier elemento de carácter escrito, como también lo que conste en soporte electromagnético o digital que esté dentro o contenido en la Carpeta Personal de Seguridad”. En lo relativo a datos personales, el documento requerido, acorde a lo expuesto por Harvey, se asociaría a evaluaciones, apreciaciones, información e historia profesional militar del propio solicitante y no de otros funcionarios del Ejército, por lo que no se afectaría la privacidad de terceros. Además, al momento de dar cumplimiento a la decisión del CPLT, el Ejército deberá tarjar todos aquellos elementos que pudieran entregar información de inteligencia en caso de que la documentación contenga registros de fuentes, técnicas o formas de recolección de información o métodos vinculados a este tipo de labores. El fallo de la Corte de Apelaciones aludió, entre otras regulaciones, a lo establecido en la Constitución–art. 8 incisos 1 y 2-, en lo relativo al cumplimiento del principio de probidad funcionaria y de publicidad del actuar de los órganos del Estado, que establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” y que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”. Asimismo, la sentencia judicial ratificó que la información que ordenó entregar el CPLT “no afecta la seguridad de la Nación o el interés nacional, tampoco que ella deba ser considerada secreta”, desestimando que se trate de antecedentes sustantivos relacionados con actividades de inteligencia”, ratificando así el criterio del Consejo para la Transparencia. El capitán en retiro realizó en 2015 una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna y tras ello ha realizado una serie de acusaciones vinculadas a eventual malversación de fondos en la rama castrense, además de apuntar a la existencia de una red de protección de corrupción en la entidad. CPLT hace presente falta de colaboración Tanto en la decisión del Consejo para la Transparencia como en el fallo del máximo tribunal, se constata que el CPLT hizo presente la “falta de colaboración del Ejército”, al […]
La diputada y miembro de la Comisión de Educación enfatizó que la discusión de una eventual vuelta a clases de manera presencial para el 2020 debe estar fuera de cualquier discusión. Además, abogó por un cambio en la forma de educar, dando énfasis a lo educación emocional. También se refirió a los dichos del ministro Raúl Figueroa. La diputada Cristina Girardi (PPD) se mostró a favor de la decisión tomada por los alcaldes de Santiago, Colina, otras comunas, de confirmar que no se llevarán a cabo más clases presenciales en este año producto de la pandemia. Esto pese a la postura del Ministerio de Educación, que estableció que tomar una determinación de esas características es apresurada. “Tenemos que olvidarnos del retorno a clases durante este año. Los apoderados, profesores y comunidades educativas lo han dicho, es imposible el retorno este año”, aseguró la diputada Cristina Girardi. A su vez, la parlamentaria miembro de la Comisión de Educación enfatizó que el día que definitivamente se decida volver a las clases, no puede ser de la misma manera, abogando por dar una mayor relevancia a la educación emocional. “No se puede ser volver a exactamente lo mismo, a una normalidad que no era normal, donde los niños y profesores vivían estresados con el sistema escolar”, subrayó Girardi. “El retorno debe ser hacia algo nuevo, con una educación distinta, sin discriminación, que contenga, con espacios de cariño, donde se formen en espacios de cuidado. Ese el retorno al que aspiramos. No importa la fecha, debemos volver a hacer algo distinto”. La escuela no ha resuelto el tema del abuso A su vez, la diputada Cristina Girardi se refirió a las declaraciones del ministro, Raúl Figueroa, quien sostuvo que “un niño hacinado, con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar, tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela”. “La declaración del ministro y su argumento de la vuelta a clases es evitar el abuso sexual, es pensar que en las escuelas en contexto vulnerables, por ser pobre eres abusador, que los padres pobres son abusadores y eso es grave”, expresó Girardi. “Me parece que el decir que la escuela presencial resuelve problema del abuso sexual en los niños es no saber cómo ocurre este tema. Si es por eso, mientras hemos tenido clases presencial, no debieran existir abusos en Chile y somos, lamentablemente, uno de los con mayor maltrato infantil y la escuela no se ha convertido en un mecanismo de solución del problema”, remarcó la parlamentaria. “La escuela no ha resuelto el tema del abuso y el retorno a clases a esta misma escuela, no va resolver el problema del abuso. Esto no ocurre solo en el contexto vulnerable. Claramente el argumento que esgrimió el ministro me parece fuera de lugar. Debemos abordar el maltrato infantil, tenemos una deuda pendiente, pero no lo vamos hacer desde este tipo de escuelas, con un política pública que enfatiza en el rendimiento, la competencia y n o lo que le pasa al […]
Desde los jubilados y trabajadores empobrecidos por la crisis social y económica, hasta el gobierno y los grandes empresarios, permanecen atentos hoy a una histórica votación del Senado de Chile. El pleno de la Cámara alta analizará y votará un proyecto de reforma constitucional para que los trabajadores puedan sacar de las empresas Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta el 10 por ciento de sus ahorros de jubilación, para poder sobrevivir ante la deteriorada situación económica de cientos de miles de familias. La iniciativa es rechazada por el gobierno, opuesto a que sean afectadas de alguna forma las AFP, impuestas en época de la dictadura de Augusto Pinochet y consideradas como un estandarte del modelo neoliberal chileno. Pero analistas dan por segura la aprobación del proyecto, que necesita 26 votos para salir adelante y cuenta de entrada con los 24 de los senadores de oposición y al menos cinco de legisladores de derecha, lo que se señala como una evidencia más de la aguda crisis en las filas del oficialismo. Según se conoció, la sesión del Senado, prevista inicialmente para las 16:30 hora local, se adelantó para las 13:00, y tras sus intervenciones, los senadores votarán el proyecto en general y ocho indicaciones, pero si se aprueba al menos una, el texto deberá volver a la Cámara de diputados, que la analizaría mañana jueves. En tanto, existe la posibilidad de que si se aprueba, el presidente Sebastián Piñera ejerza su derecho a veto, sobre lo cual la ministra portavoz del gobierno, Karla Rubilar, dijo la víspera que ese paso no está descartado. Rubilar expresó que «el presidente nunca puede renunciar, a priori, a ocupar una herramienta», respondiendo así a los llamados de políticos y organizaciones sociales y sindicales para que no se alargue más la materialización de una medida que es esperada y apoyada por más del 80 por ciento de los chilenos, según encuestas. En ese sentido, los presidentes de los partidos Socialista (PS), Radical (PR) y Por la Democracia (PPD) pidieron al ejecutivo en una declaración conjunta no obstaculizar el proyecto, que aseguraron es indispensable para suplir lo que el gobierno no ha sido capaz de hacer en todos estos meses de pandemia para proteger a las familias. También desde las desunidas fuerzas del oficialismo algunas voces reclaman que La Moneda impulse tanto su plan de ayuda a la clase media (criticado por insuficiente y tardío en amplios sectores), como la propuesta del retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Santiago de Chile, 22 de julio 2020 Crónica Digital/PL
Amnistía Internacional envió hoy una carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresando su preocupación por la situación de las 27 personas mapuche privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre en las ciudades de Temuco, Angol y Lebu. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Es sumamente preocupante la situación de las 27 personas mapuche privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre, entre ellas el machi Celestino Córdova, quien inició su huelga de hambre el 4 de mayo, y ayer anunció que empezaría una huelga de hambre seca, dejando además de consumir líquidos. En vez de invisibilizar la situación y negar su responsabilidad, las autoridades chilenas deben buscar soluciones mediante el diálogo con quienes están en huelga de hambre para resguardar sus derechos a la salud y la vida. Además, urge que evalúen las condiciones carcelarias para no poner a las personas privadas de libertad en riesgo ante la pandemia de COVID-19.” “Las personas privadas de libertad siguen teniendo derechos humanos, incluyendo los derechos a recibir atención médica adecuada, de ser informada de las consecuencias probables de una huelga de hambre sobre su salud, y de rechazar la alimentación. Recordamos además a las autoridades chilenas que 19 de las personas en huelga de hambre son imputados en prisión preventiva, respecto de quienes aplica la presunción de inocencia, y en algunos de estos casos el mismo gobierno es querellante a través de la Intendencia Regional, por los que debiera considerarse con urgencia la sustitución de la medida cautelar por otras que no se cumplan en un centro penitenciario.” Más información: Carta abierta al Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique (Carta, 21 de julio de 2020) https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/2764/2020/es/ Chile: Vida de líder Indígena encarcelado está en peligro inminente (Noticias, 25 de julio de 2018) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/07/chile-vida-de-lider-indigena-encarcelado-esta-en-peligro-inminente/ Santiago de Chile,21 de julio 2020 Crónica Digital
