Contra todos por pronósticos de una fuerte caída, la economía de Chile creció 1,1 por ciento en diciembre último en comparación con igual mes del año anterior, informó hoy el Banco Central (BC). Al publicar este lunes los datos del Índice mensual de actividad Económica (Imacec), el BC añadió que el crecimiento con respecto a los resultados de noviembre fue de 3,5 por ciento, y con ello se revirtió la tendencia de decrecimiento reportada en los dos meses precedentes. El crecimiento de diciembre fue apoyado por un repunte del sector minero, que luego de varios meses a la baja mostró una subida de 3,7 por ciento, mientras que el no minero lo hizo en 0,8. Tales resultados sorprendieron a los economistas que habían previsto una caída de uno por ciento en diciembre, según estudios previos realizados por el Banco Central. Asimismo fueron recibidos con beneplácito por el gobierno, y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, señaló que son buenas noticias para Chile y puntualizó que diciembre fue un mes con menores hechos de violencia en comparación con octubre y noviembre, lo que permitió a muchas empresas reiniciar sus actividades. Añadió que con esos datos el producto interno del país termina con un crecimiento anual de 1,2 por ciento, lo que también se ubica por sobre de las proyecciones de mercado. La economía de Chile mostró a lo largo de todo 2019 una ralentización que obligó a las autoridades a hacer varias rectificaciones a la baja de las previsiones iniciales de crecimiento del PIB, que eran superiores al 3.0 por ciento, aunque el gobierno ha insistido en culpar al estallido social del 18 de octubre de los pobres resultados. Santiago de Chile, 3 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
Nacional
El pasado 12 de enero, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios realizaron la ocupación de los jardines del DEMRE en el marco de las manifestaciones en contra de la PSU, el Gobierno en respuesta presentó la querella a 15 dirigentes estudiantiles por ley de seguridad del Estado. Esta mañana en dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigentes estudiantiles secundarios, universitarios, junto a organizaciones de la educación se reunieron para denunciar las querellas presentadas por el gobierno contra 15 estudiantes secundarios que participaron en la ocupación del DEMRE en el marco de las manifestaciones contra la PSU. A propósito, la Vocera Nacional de la CONES, Valentina Miranda, señaló que “el ministerio de educación se ha transformado en el segundo ministerio del interior, aplicando querellas contra los estudiantes que se movilizan”. Así mismo, la Vocera apuntó a la represión que ha venido aplicando el gobierno contra los estudiantes secundarios, al respecto la dirigente señaló que “lo vimos con la aplicación de aula segura que ha provocado la expulsión de estudiantes que participan en manifestaciones, y ahora lo vemos nuevamente con 15 estudiantes con querellas de ley de seguridad del Estado”. Por su parte, Ramón Sepúlveda, abogado defensor de los dirigentes estudiantiles comentó «lo primero señalar es que esto es abiertamente persecución política, estamos frente a una querella que se presenta como ley interior de seguridad del estado”, además el abogado puntualizó que la querella “se encuentra profundamente mal redactada en cuanto al fondo, es una querella que se aplica sobre hechos menores, por lo tanto, creemos que el gobierno lo que busca es amedrentar a los estudiantes y también a sus familias”. Santiago de Chile, 3 de febrero 2020 Crónica Digital
Siete carabineros fueron dados de baja hoy por propinarle una golpiza a un joven de 18 años en esta capital, en una muestra más de la brutalidad que despliegan esas fuerzas contra los manifestantes. Matías Pérez, estudiante universitario, fue abordado por nueve carabineros, algunos vestidos de civil, el 29 de enero tras participar en una manifestación por la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora, los cuales lo golpearon salvajemente causándole fracturas en las costillas y múltiples contusiones, y luego escaparon. El hecho fue grabado por una cámara de seguridad de una vivienda y rápidamente reproducido en redes sociales, lo que causó un rechazo generalizado y obligó, ante las evidencias, a que el alto mando de la institución policial tomara medidas. Según declaró el coronel Eduardo Witt, la destitución de los carabineros, entre ellos dos suboficiales, fue ordenada por el jefe de ese cuerpo, general Mario Rozas. El alto oficial dijo a la prensa que lo acontecido ‘se trata de una situación inaceptable e intolerable, fuera de todo protocolo y norma, y al margen de la ley’, por lo que se pondrán todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía. Melissa Ramos, madre del joven, dijo a Radio Bío Bío que tiene una fractura costal grave y está inmovilizado totalmente pues si se mueve los huesos astillados pueden perforarle los órganos e incluso provocarle la muerte, y aseguró que ‘si la golpiza hubiese sido un poco más larga, me lo matan’. Numerosos cibernautas denunciaron en las redes sociales que la medida aplicada por el mando obedece a que el video dejó en evidencia la brutalidad policial, pero si no hubiera sido así los victimarios continuarían cometiendo impunemente todo tipo de violaciones. Personalidades, políticos y organizaciones internacionales y locales han denunciado reiteradamente la brutalidad policial, que desde el 18 de octubre de 2019, cuando se inició un amplio movimiento de protestas populares, ha dejado más de tres mil heridos de bala, perdigones y bombas lacrimógenas. Igualmente se contabilizan miles de casos de golpizas, torturas, abusos sexuales, entre otros delitos, tanto en plena calle como al interior de las instalaciones policiales. Santiago de Chile, 3 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
Como una victoria del movimiento social de Chile fue calificada la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de concederle a la sociedad civil un tercio en la franja televisiva para promover el proceso constituyente. Con esa medida el Tricel echó por tierra hoy lo dispuesto inicialmente por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de concederle los 30 minutos de propaganda con vistas al plebiscito del 26 de abril próximo solo a los partidos políticos legalmente inscritos. El tribunal calificador ordenó al CNTV modificar lo que había reglamentado y ahora los partidos políticos y parlamentarios independientes deberán incorporar en su respectivo tiempo de propaganda en la franja electoral a las organizaciones de la sociedad civil que apoyen la misma opción en la consulta ciudadana de abril. La medida del CNTV excluyendo a la sociedad civil había sido impugnada ante el Tribunal Calificador de Elecciones por organizaciones sociales, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda por lo que consideraron como una vulneración del principio de igualdad ante la ley. La propaganda con vistas al plebiscito en el que los chilenos decidirán si desean una nueva constitución o mantienen la actual, impuesta en la época de la dictadura de augusto Pinochet (1973-1990), se realizará diariamente durante 30 minutos por los canales de televisión abierta desde el 27 de marzo hasta el 23 de abril. Santiago de Chile, 2 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
El Colegio de Profesores de Chile llamó a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a que renuncie a su cargo antes de que comience en marzo el nuevo curso escolar. Cubillos es una de las figuras del gobierno de Sebastián Piñera más cuestionadas por los serios problemas que enfrenta la enseñanza pública en el país y la falta de políticas para cambiar esa situación. La organización magisterial, que reúne a unos 80 mil educadores, se ha mostrado particularmente crítica con Cubillos a quien le achacan falta de proyectos, de diálogo con los trabajadores del sector y de capacidad de reacción ante los problemas. Al respecto, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, tras una reunión nacional de la directiva, advirtió en rueda de prensa que no hay un sólo proyecto de ley en el Congreso destinado a mejorar el trabajo en las aulas, las condiciones materiales en las escuelas o el bienestar del personal docente. Recordó que los únicos avances no han sido por iniciativa de Cubillos y su equipo, sino que fueron logrados gracias al paro nacional que el Colegio de Profesores realizó durante más de 50 días en los primeros meses de 2019. Por su parte, Magdalena Reyes, directora del Departamento de Mujer y Género del gremio, dijo que el magisterio repudia la actitud de la ministra de poyar la criminalización del movimiento estudiantil, pues se han violado los derechos de los jóvenes e incluso los han encarcelado y por eso Cubillos debe renunciar. A pesar del rechazo, el gobierno ha respaldado constantemente a Cubillos hasta el punto de que cuando el 28 de octubre pasado el Presidente Sebastián Piñera hizo cambios en su gabinete, muchos esperaban que la ministra fuera una de las figuras removidas, pero para sorpresa general, el mandatario la mantuvo en su puesto. Santiago de Chile, 2 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
La hoja de ruta 2020 trazada por el presidente chileno Sebastián Piñera es criticada hoy por la oposición que le achaca falta de autocrítica y ninguna novedad para enfrentar la crisis social y política. La víspera, tras un consejo de gabinete ampliado de dos días, el mandatario anunció una hoja de ruta para el presente año, basada en cuatro ejes que engloban las ya conocidas agenda social, económica y de seguridad así como el proceso que podría conducir a una nueva constitución para el país. Sobre lo dicho por Piñera, el presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, declaró a los medios que el presidente «sigue eludiendo las reformas estructurales y solo propone cambios parciales que resultan insuficientes» para los ciudadanos. Asimismo dijo esperar que Piñera sea sincero cuando dijo que el gobierno daría todas las garantías al proceso constituyente en marcha, pues la coalición que lo respalda se ha dedicado en cambio a cuestionar la realización del plebiscito de abril. Elizalde criticó además que Piñera sigue creyendo que la situación actual es sólo un problema de orden público y no atiende a las demandas ciudadanas, lo cual ha profundizado la crisis, al ordenar la represión de las protestas ciudadanas y no concentrarse en detener a los delincuentes. Por su parte el diputado Pablo Vidal, del opositor partido Revolución Democrática, en declaraciones al diario El Mercurio consideró importante la seguridad pública, pero dentro de ello deben tener prioridad una restructuración profunda del cuerpo de Carabineros, un mayor control civil y un profundo respeto a los derechos humanos. Incluso desde el centrista Partido por la Democracia, su presidente, Heraldo Muñoz, dijo que, «todo ha sido dicho antes. En vez de una hoja de ruta de futuro, lo que hay es simplemente la repetición de la agenda pública obvia que nuestro país enfrenta». Añadió que hubiera esperado «un compromiso mayor con un gran pacto económico y social, financiado adecuadamente por los que más tienen, y un diálogo con la oposición con empresarios y trabajadores para enfrentar los desafíos de mediano plazo del país». Santiago de Chile, 2 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
Una contundente mayoría de chilenos desconfían hoy en el Estado, del que tienen una evaluación negativa y lo consideran distante, maltratador y discriminador. Así lo revela una Encuesta Nacional patrocinada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), corporación autónoma según la cual tales consideraciones explican en parte el enorme descontento de la ciudadanía, que derivó en las fuertes protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 y que aún perduran. El estudio reportó que solo el 23 por ciento de las dos mil 850 personas consultadas dijo confiar en el Estado, mientras que el 70 por ciento lo evalúa negativamente, en especial los ciudadanos de entre 26 y 40 años y con nivel socioeconómico medio. En tanto, el 84 por ciento percibe al Estado como «distante» de sus problemas, el 76 por ciento se siente maltratado y el 71 por ciento discriminado. Al mismo tiempo hubo un aumento del 11 por ciento con respecto a los resultados de una encuesta de 2017 de las personas que señalan como uno de los grandes problemas la corrupción existente en el sector público. Al interpretar los resultados del sondeo, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, consideró que lo revelado no es nada extraño, pues desde mucho antes de octubre esa entidad venía alertando sobre la crisis de confianza en las instituciones, lo que ha derivado en una falta de legitimidad del proceso político completo y pone en peligro la democracia. Añadió que ya en mayo pasado el Consejo ofreció un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado, pero la respuesta fue poco proactiva. Asimismo, el 18 por ciento de los encuestados dijo haber sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año, tales como sobornos, entrega de regalos o favores, la mayoría de municipalidades (40 por ciento), seguidas de Carabineros (24) e instituciones de salud (15 por ciento). Las cinco instituciones consideras más corruptas por los chilenos son el Congreso, los servicios o ministerios del Gobierno, Carabineros, Municipios y el Poder Judicial. Aunque la encuesta reflejó una alta disposición de las personas a denunciar los hechos de corrupción, casi el 30 por ciento de los consultados opinaron que a veces es aceptable dar dinero o hacer un regalo a un funcionario, porque «si uno no paga, las cosas no funcionan». Santiago de Chile, 2 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó una «hoja de ruta» para 2020 basada en cuatro pilares, con los cuales el gobierno pretende enfrentar la profunda crisis social y política que padece el país. Esos puntos fueron dados a conocer por el mandatario al término de una reunión ampliada del gabinete en el palacio de La Moneda, la cual durante dos días pasó balance al «difícil año 2019», como señaló Piñera, y a las perspectivas para el presente. Piñera insistió en su recurrente frase de que el ejecutivo ha hecho un esfuerzo para escuchar con «humildad y atención» lo que quieren los chilenos. Entre los cuatro pilares, señaló en primer término avanzar en la ya conocida «agenda social», que incluye mejorar las pensiones, mejorar la salud pública, aumentar los salarios a los trabajadores de menores ingresos y elevar la calidad de la educación privilegiando -dijo- la reducción de las brechas entre distintos grupos socioeconómicos. Estos temas no son nuevos, sino que vienen avanzando lentamente desde el estallido de las protestas populares en octubre de 2019, y en general lo planteado hasta ahora ha sido considerado como muy insuficiente por el movimiento social y fuerzas de oposición. En segundo lugar puso el proceso para una nueva constitución que reclaman la mayoría de los ciudadanos, y señaló que el gobierno buscará encausarlo de forma «pacífica, democrática, dando plenas garantías en el plebiscito convocado para el 26 de abril, en el cual los chilenos deberán pronunciarse si quieren o no una nueva carta magna. Señaló como tercer aspecto trabajar en la protección de los empleos, de la pequeña y mediana empresa, de la clase media y recuperar la capacidad de crecimiento de la economía. Finalmente se refirió a la agenda de seguridad, que contempla el reforzamiento de las fuerzas de carabineros y la Policía de Investigaciones y que consideró «absolutamente fundamental para poder avanzar en los tres anteriores». El mandatario, que desde el estallido social de octubre ha dado prioridad a este tema, criticado por la oposición por su esencia represiva, llamó a todos los sectores a «condenar sin ninguna ambigüedad y con clara firmeza, todo tipo de violencia y todo tipo de violentistas que tanto daño le han causado a nuestro país». Santiago de Chile, 2 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
La muerte de Ariel Jesús Moreno, de 24 años, quien se encontraba hospitalizado desde el jueves, sumó hoy una nueva víctima de la violenta represión contra las manifestaciones populares en Chile. Moreno fue ingresado en la madruga del jueves en la Posta Central, de esta capital tras recibir el impacto de un proyectil en su cabeza, durante manifestaciones en la municipalidad de Padre Hurtado, en la periferia de la urbe. Según los reportes médicos tras su ingreso, el joven fue impactado por «un objeto a alta velocidad, con gran capacidad de penetración, tanto que rompió el cráneo, y generó daño cerebral significativo, y se mantuvo en esta do coma hasta su deceso. Con la muerte de Ariel Moreno suman cuatro los fallecidos durante la semana que finaliza, en medio de protestas en esta capital, pues anteriormente se reportaron la muerte de un hombre durante el incendio de un supermercado, y de otro joven atropellado por un ómnibus. Pero la primera víctima fatal fue Jorge Mora, de 37 años, quien la noche del martes fue atropellado por un camión pesado del cuerpo de Carabineros, a la salida de un partido entre los Equipos Colo Colo y Palestino en el estadio Monumental. Ese hecho generó grandes protestas, que aumentaron tras conocerse que el carabinero responsable del atropello quedó en libertad y solo con la obligación de firma semanal y arraigo nacional, pues la jueza que atendió el caso determino que solo se trató de «una conducta negligente justificada». Desde entonces las noches y madrugadas de esta capital han estado marcadas por violentas protestas, encabezadas por las barras de los principales clubes de fútbol, con ataques a comisarías, incendios de ómnibus del servicio urbano y saqueos de numerosos establecimientos comerciales, entre otros hechos violentos. Asimismo, la desmedida actuación de carabineros que desembocaron en la muerte de esas personas han disparado las exigencias de organizaciones sociales y partidos de oposición de que el general Mario Rozas, director de ese cuerpo policial, renuncie a su cargo. No obstante, el ministro del Interior, Gonzalo Blúmel, y otros funcionarios del gobierno reiteraron su apoyo a Rozas, a pesar del fuerte cuestionamiento de entidades nacionales y extranjeras a las violaciones de derechos humanos en el país, cometidas en su mayoría por fuerzas de carabineros, desde que comenzaron las protestas el 18 de octubre de 2019. Santiago de Chile, 1 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
Desde el inicio de las protestas populares en Chile en octubre último, cinco mil 558 personas han presentado denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, informó hoy la Fiscalía Nacional. Un informe de esa entidad contabiliza en 31 los fallecidos durante las manifestaciones, de los cuales cuatro corresponden a responsabilidad directa de los uniformados, mientras que dos ocurrieron mientras las víctimas se encontraban bajo custodia en comisarías. Del total de denuncias mil 938 señalan lesiones con armas de fuego, de las cuales 285 denunciaron daños oculares, una práctica que se ha extendido por el lanzamiento de perdigones e incluso bombas lacrimógenas directamente al rostro de las personas. Los datos, aportados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, indican que cuatro mil 170 víctimas culparon directamente a Carabineros, 244 a miembros del Ejército, mientras que la Policía de Investigaciones suma 96, y otras 27 denuncias apuntan a miembros de la Armada. El informe añade que los abusos y agresiones policiales se cometieron contra tres mil 798 personas en plena vía pública, 582 en comisarías, brigadas policiales o recintos militares, mientras que 72 personas denunciaron que los hechos ocurrieron en sus propias viviendas y 202 en el interior de vehículos policiales. Según la Fiscalía hasta el momento 38 agentes del Estado fueron procesados por uno o más delitos, aunque otras entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se han quejado de la lentitud en el avance de las causas. Además, entre el total de víctimas, 21 denunciaron discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, mientras que en los casos relacionados con delitos de connotación sexual, 192 personas sufrieron desnudamientos y 67 señalaron hechos constitutivos de violación o abuso sexual. El informe detalla que del total de casos, cuatro mil 525 son hombres y mil 031, mujeres, pero entre ellos 834 son niños, niñas o adolescentes. Los datos aportados por la Fiscalía coinciden con la presentación este viernes de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que «la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de la represión y un uso desproporcionado de la fuerza». Asimismo señala que las conductas repetitivas de violencia contra manifestantes resultaron en «un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos». Santiago de Chile, 1 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
