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La diputada Cristina Girardi (PPD) salió al paso ante los graves acontecimientos ocurridos en el recientemente inaugurado Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia, donde trabajadores denunciaron que no está en condiciones de funcionamiento, con fallas estructurales y mantenimiento, lo que se tradujo en la caída de ocho pisos de un ascensor con una funcionaria en su interior, quien debió ser traslada a la Mutual, entre otros hechos. En ese sentido, la parlamentaria enfatizó que “lo que está ocurriendo en el Hospital Félix Bulnes es un atentado contra el derecho a la vida, integridad física y psíquica de todos los funcionarios y pacientes que se atienden allí. El riesgo sanitario es brutal, exponiendo a la población. Este es un hospital que no cumple con los requisitos mínimos de salubridad y que claramente no está en condiciones de ser ocupado para funcionar”. Asimismo, Girardi dio a conocer que ofició al Ministerio de Salud para que se refiera a las irregularidades en el recinto hospitalario, las que han sido denunciadas por el mismo personal y que, a lo menos, generan cuestionamientos sobre si realmente era posible adelantar su operación, pese a la pandemia del Covid-19 que nos afecta. “Llamo a la autoridad de salud a ser más responsable. Estamos en condiciones precarias, con una pandemia sin parangón en nuestro país”, subrayó la diputada Girardi. Incorporar hospitales de FF.AA y Carabineros al servicio de salud pública en tiempos de pandemia A su vez, la diputada Cristina Girardi anunció que ingresará un proyecto de resolución para que el Hospital Militar, Hospital Carabineros y Dipreca, ingresen al sistema de salud pública en tiempos de pandemia, con la finalidad de potenciar la red sanitaria y entregar la mejor atención posible a la población. A ellos, se suma el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, “Dr. José Joaquín Aguirre”. “El Estado financia hospitales militares con recursos del Estado y en una situación como esta deben estar al servicio de todos los chilenos, quienes deben  ser atendidos en ellos. Si tenemos los recursos, las instalaciones, es necesario ocupar esa capacidad y no aquellos que no cumplen con los requisitos, como el Félix Bulnes, integrado de manera acelerada a la red de salud”, expresó Girardi. “A los hospitales militares, de la FACH, que se financian con recursos de cada uno de los chilenos no los integran y no se entiende el motivo. La pandemia nos afectará a todos y es un deber ético integrar todos estos hospitales. Necesitamos a todos los recintos hospitalarios ahora”. El proyecto apunta a que estas  medidas sólo podrán ser utilizadas por el período de emergencia por la pandemia, significando entonces, que posteriormente a esta, el sistema público se encontrará bajo la misma precariedad que lo ha afectado durante largo tiempo. Por lo anterior se hace menester la mantención de medidas que potencien la atención pública de salud, no sólo para casos de emergencias. Santiago de Chile, 5 de mayo 2020 Crónica Digital    

El Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende expresó hoy su rechazo al nombramiento de Macarena Santelices (UDI) como nueva Ministra de la Mujer inmediatamente después que se conociera que es sobrina nieta del fallecido dictador Augusto Pinochet y por su defensa de la tiranía, período en que se secuestró, torturó, violó, ejecutó e hizo desaparecer a miles de mujeres chilenas. En un comunicado al que tuvo acceso Crónica Digital, se indica que “es lamentable que el Gobierno de Sebastián Piñera siga improvisando. Las mujeres de Chile estuvimos 53 días sin una ministra, 53 días en una situación de emergencia donde la violencia de género se incrementó. Y pese a esta impresentable demora, designó a una Ministra de la Mujer y Equidad de Género sin ningún tipo de experiencia en la materia para liderar la angustiosa crisis que viven miles de mujeres en tiempos de pandemia”. Indicaron que el Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende considera “inaceptable” esta designación, puesto que en los Ministerios se deben designar expertos, con un curriculum calificado. “En cambio en el Ministerio de la Mujer parece que el único requisito para Piñera es que sea mujer. Las chilenas estamos hoy expuestas al desatino de un nombramiento”, expresaron. Además, rechazaron el nombramiento de Santelices “por tratarse de una negacionista. Es insostenible tenerla en el cargo de ministra protegiendo nuestros derechos”, recordando que el 18 de diciembre de 2016 en una entrevista para “El Mercurio de Valparaíso” señaló: “No podemos desconocer lo bueno del régimen militar”. Al respecto, manifestaron: “Por las miles de mujeres torturadas y asesinadas en la época de la dictadura, es inaceptable que la nueva ministra de la mujer valore aún una dictadura”. Macarena Santelices fue alcaldesa de Olmué, cargo al que renunció el 2019 para competir por el cargo de Gobernadora Regional. Por parte de su madre, Ana Eugenia Cañas Pinochet, es sobrina nieta del fallecido dictador. Además, su padre Luis Santelices Barrera fue alcalde designado por la tiranía en Los Andes entre 1986 y 1989, en plena dictadura militar. El 2007 el padre de Macarena Santelices era consejero regional por Renovación Nacional y fue uno de los encabezó un insólito homenaje póstumo al dictador Augusto Pinochet, junto a su correligionario Percy Marín Vera, esposo de la actual diputada de ultraderecha Camila Flores. Luis Santelices agradeció el gesto “a nombre de la familia” del ex dictador, según la información reproducida entonces por la prensa de Los Andes. Dijo valorar “la grandeza que han tenido mis colegas de la Alianza por Chile de reconocer todas las buenas obras que hizo el Presidente Augusto Pinochet, cuyos frutos se ven hasta ahora”. Imagen: Redes Sociales. Por Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista. Santiago, 5 de mayo 2020. Crónica Digital.

La segunda autoridad del Estado fue enfática en señalar que la crisis que ha provocado la pandemia no la pueden pagar los trabajadores del país.  La Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, señaló que las medidas de rescate económico adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera están dejando atrás a muchas personas, la clase media trabajadora que depende un sueldo que no le alcanza para llegar a fin de mes y está hasta el cuello de créditos de consumo, están aún sin solución. “Espero que no se siga entregando dinero público a grandes empresas, sin los resguardos suficientes, mientras se mezquina la ayuda para las familias vulnerables, mientras el gobierno se niega a aplicar la ley para detener el pago de intereses y la letra chica en los créditos, mientras se elude regular el precio de productos de primera necesidad, mientras no se obliga a las empresas de suministros domiciliarios a entregar una solución que no sea el prorrateo, que evidentemente tampoco se podrá pagar”, señaló la legisladora. La senadora por Coquimbo afirmó que esta crisis no la deben pagar las trabajadoras y trabajadores, y criticó la repartición de utilidades en grandes empresas han repartido a sus accionistas, en circunstancias que se acogieron al seguro de desempleo. “Creo que debieron establecerse condiciones más estrictas para las grandes empresas en éste y otros beneficios, como los que hoy se están instalando referidos a la distribución de utilidades, residencia en paraísos fiscales, dietas de sus altos directivos y ejecutivos o prohibición de despidos”. Además, se distanció de la propuesta de algunos parlamentarios que se han manifestado a favor de apoyar a grandes empresas con recursos fiscales. “En mi parecer, eso sólo es posible, con participación estatal en la propiedad, como lo está haciendo Alemania con Lufthansa y como se hizo el 2008 en Estados Unidos con General Motors”. Por último, la parlamentaria dijo que si bien el proyecto es una interesante herramienta para evitar el despido, especialmente para trabajadores de salarios bajos y de empresas pequeñas, no está bien concebido respecto de las grandes, que tienen mejores condiciones para resistir. Santiago, 5 de mayo 2020 Crónica Digital

Ya van tres casos de contagios confirmados por coronavirus en la sede del ministerio liderado por Sebastián Sichel. Asociación de Funcionarios solicita que plan de retorno a labores presenciales sea revisado y suspendido. Dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Asofumi) han denunciado que al interior del edificio donde funciona la secretaría de Estado y los servicios relacionados de Senama y Senadis ya hay tres casos confirmados de trabajadores contagiados con coronavirus. Además, han señalado que las autoridades de la cartera no han transparentado a los funcionarios la situación por lo que piden suspender el de Retorno Seguro impulsado por el gobierno. Oscar Ferro, dirigente de la Asofumi, indicó que quienes dirigen la cartera ubicada en Catedral 1575 “no ha transparentado a los funcionarios los casos de contagio en el Ministerio por los canales formales. Esto ha significado que no se ha podido saber la trazabilidad de los contagios para tomar las medidas de cuarentena para los funcionarios que tuvieron contacto con ellos. Sólo les indicaron (las autoridades) que se tomaran el examen del COVID-19 de manera particular a algunos funcionarios”. En el edificio los funcionarios de las tres subsecretarías (Niñez, Evaluación Social y Servicios Sociales) y de los servicios comparten áreas comunes, tales como, ascensores, casino, estacionamientos y aire acondicionado. Además, el lugar cuenta con un diseño de plantas abiertas que impide implementar medidas de distancia social. En ese sentido Ferro denuncia que “tampoco se han tomado las medidas de sanitización del edificio, de modo que tememos que aumenten los contagios por la nula respuesta de la autoridad y el sólo capricho de mantener a los trabajadores y trabajadoras expuestos al virus». La Asofumi viene exigiendo el no retorno a las funciones presenciales que no sean esenciales. No obstante, la autoridad ministerial aún no señala cuales serían las funciones esenciales presenciales y por lo que se estaría incumpliendo el instructivo del Servicio Civil que indica que deben ser definidas. En relación con lo anterior, Ana María Sermeño, dirigenta de la Asofumi, señaló que el lunes recién pasado «manifestamos nuestro descontento y el absoluto rechazo a la medida adoptada por autoridad de hacer regresar a compañeros de trabajo de manera presencial, siendo que por la naturaleza de sus funciones han venido desarrollando sus labores sin ningún problema desde sus casas de manera remota”. Además, indicó que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia han contravenido el Ordinario N° 429 del Servicio Civil que indicaba que el jefe superior del servicio debería determinar las funciones que pueden hacerse de manera presencial, es decir, las funciones esenciales. Sin embargo, “hoy día nos encontramos con el escenario que hay muchos colegas que regresaron a trabajar, siendo que podrían haber continuado con su trabajo remoto” Sermeño fue enfática en señalar que “hoy más que nunca vamos a hacer valer el derecho a la salud y la integridad física de nuestros colegas, pensando en el aumento de casos de manera exponencial en la Región Metropolitana, donde además […]

“La ciudad emergente, cómo viviremos tras el Covid 19” es el nombre de una investigación en la que está participando la Escuela de Arquitectura UV, que busca analizar cómo el aislamiento cambiará nuestra forma de habitar y de proyectar ciudades. El estudio es impulsado por la Escuela de Arquitectura Cesuga-USJ en España, con el apoyo de quince universidades de Europa y América. Soledad Larraín, arquitecta y académica UV a cargo de la investigación, explica que “se trata de un trabajo demoscópico que busca identificar los cambios de conducta y expectativas ciudadanas a partir de la pandemia. El objetivo es analizar las demandas sobre vivienda y planificación urbana por parte de la ciudadanía en Chile”. Los datos obtenidos tras una encuesta online permitirán realizar un análisis tanto nacional como comparado con países como España, Portugal, Irlanda, Reino Unido,  Alemania, México, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina, para detectar las debilidades de las actuales viviendas a partir de las opiniones de los residentes y elaborar un catálogo de actuaciones prioritarias que será puesto a disposición de las administraciones para el desarrollo de planes de actuación. Según la académica “el hacinamiento es uno de los factores de riesgo que preocupa particularmente en los cerros y ocupaciones informales de la Región. A la alta densidad se suman grandes deficiencias de infraestructura de base, como agua potable, alcantarillado, recolección de basura y transporte, para afrontar un escenario de aislamiento como el que requiere esta pandemia”. En cuanto a la relación de metros cuadrados y la forma de enfrentar el asilamiento, explica que “hoy la densidad tanto doméstica como urbana está siendo repensada desde las lógicas del distanciamiento social, medidas sanitarias y los requerimientos que nacen de estas. La relación entre metros cuadrados y el número de personas en una vivienda está directamente relacionado con las posibilidades de llevar a cabo un aislamiento exitoso desde el punto de vista no sólo espacial, sino también psicológico, productivo y de bienestar”. Para la arquitecta, “la pandemia ha vuelto a exponer las desigualdades a nivel global. En nuestro caso particular, por la marcada segregación urbana y la desigualdad en infraestructura básica que se repiten a lo largo de todo Chile. Las ciudades son una manifestación de los procesos sociales y políticos, y las nuestras han demostrado estar en deuda con sus ciudadanos en particular en cuanto a gobernanza y participación, aspectos claves para poder responder y adaptarse no sólo a la pandemia, sino que también a los desafíos futuros que vienen producto de las crisis social y climática”. Sobre el rol que le corresponde a la academia, en especial a la Escuela de Arquitectura UV, señala que “asegura que tiene un rol muy importante en la transformación de nuestras ciudades, diagnosticando, evaluando y proyectando sus escenarios. Nuestra escuela, con sus académicos y alumnos, lo refleja en su modelo educativo, a través de sus talleres integrados, impulsando estudios complejos, multiescalares y especialmente comprometidos con las realidades sociales del país a la hora de abordar los proyectos e investigaciones”. Se puede acceder y participar en la encuesta del estudio en: https://es.surveymonkey.com/r/LaCiudadEmergente_Chile Santiago […]

“Con la firma del Ministro de Hacienda Ignacio Briones, ha llegado al Senado un oficio que busca advertir y prevenir sobre el Artículo 21 de la recientemente aprobada Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo”, manifestó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “el Ministerio de Hacienda además presentó una indicación para modificar el Artículo 21 en el Proyecto de ley que cambia la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo que se está debatiendo en la Comisión Mixta de Trabajo, y que de aprobarse, significará que miles de trabajadores suspendidos laboralmente, deberían pagar sus créditos comerciales y deudas de tarjetas, no operando los seguros de cesantía”. “Es decir”, continuó, “además de tener que financiarse su sueldo con sus propios aportes, tendrían que pagar con esos recursos las deudas comerciales. Esta es la presión de los aseguradores. Solo en el retail hay más de 2.500.000 pólizas de seguro que potencialmente se activarían con lo vigente”. “Por lo que si se aprobara la modificación del Artículo 21, el impacto sería muy grande para miles de trabajadores y trabajadoras suspendidos de sus relaciones laborales”, aseguró. Navarro aseguró que “esto es una vergüenza del Gobierno, y el particular del Ministro de Hacienda Ignacio Briones. Los bancos en Chile obtuvieron ganancias por US$ 3.403 millones durante el año 2019, esto es, un 7,9% más que el año previo, mientras el trabajo se ha precarizado y ya tenemos un 8.2% de desempleo en Chile, la mayor cifra desde el 2010”. “Y si eso fuera poco, fue el mismo Briones quien tildó de inentendible que Cencosud repartiera miles de millones entre sus inversionistas, mientras los trabajadores deben costearse sus propios sueldos con el seguro de cesantía; una contradicción por donde se le mire”, aseguró. Alejandro Navarro finalizó recordando que “cuando esto impacte directamente en la gente y se den cuenta que no pueden activar sus seguros de cesantía, será otra razón para que la gente junte rabia en torno a un nuevo estallido social. Esto es una vergüenza, el Gobierno sigue defendiendo a bancos y sus dueños en desmedro de los trabajadores, y no lo vamos a permitir”. Santiago de Chile, 5 de mayo 2020 Crónica Digital

La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD oficiará al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con el objeto de solicitar información y pedir que se fiscalice la implementación del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), que busca respaldar las operaciones crediticias de las Pymes, garantizando en parte los créditos, leasings u otros mecanismos de financiamiento obtenidos frente a las entidades financieras, sin necesidad de cumplir las altas exigencias de la banca. El beneficio para las Pymes es que paguen una tasa no superior a 3,5% que, considerando las proyecciones de la inflación anual, determine un costo 0% para los pequeños empresarios. “Sin embargo, lo que debiera ser una ayuda a las empresas que se verán más afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus, finalmente se convierte en un cúmulo de dudas respecto a los montos finales que las pymes deben pagar. Lo que queremos saber es si los bancos están cumpliendo con lo estipulado en la ley, y no se están cobrando intereses o se están pidiendo requisitos adicionales, ya que esta es una importante medida que puede evitar la quiebra de pymes”, sostuvo el Jefe de la Bancada del PPD, Raúl Soto. El parlamentario indicó que “también nos preocupa que hay muchos bancos que están ofreciendo a las personas una renegociación de sus créditos de consumo e hipotecarios, generalmente por la vía de postergar las cuotas a través de un nuevo crédito. Sin embargo, éstas se gestionan «caso a caso» o entregando “una tasa preferencial”, en lugar de que se establezcan estas reprogramaciones de manera pública y con reglas claras para todos. Llamamos a los bancos a estar a la altura de la crisis que estamos viviendo como país, y que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia sean garantes de aquello”. Por su parte, la diputada Andrea Parra, sostuvo que «hay dudas respecto a la aplicación del FOGAPE. No queda claro si los bancos están cobrando gastos o intereses adicionales, o requisitos no contemplados en la Ley. Algunas entidades financieras, además, han declarado que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aún no dicta una normativa relacionada al tratamiento de provisiones, que retrasa la asignación del FOGAPE. Hago un llamado al Gobierno para que agilice sus gestiones y garantice que estos fondos que van directamente al sector más dañado social y económicamente en nuestro país». Asimismo, la diputada Carolina Marzán, señaló que también es necesario que Dicom no sea considerado cuando las Mipymes postulen a créditos o ayudas del Gobierno. «Presenté un proyecto de ley en ese sentido, ya que es necesario evitar todo obstáculo que deje fuera a este tipo de empresas de las ayudas que está disponiendo el Gobierno a través de los bancos con garantías del Estado”. Finalmente, el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, pidió al Ejecutivo patrocinar proyecto de ley que presentó junto a la Bancada del PPD que beneficia a personas naturales y PYMES, mediante la suspensión del pago de dividendos […]

El reciente ingreso del exministro de Hacienda, Felipe Larraín, al directorio del holding Cencosud motivó al presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Daniel Núñez, a presentar un proyecto de ley que reforma la Ley de Sociedades Anónimas para impedir que las ex máximas autoridades de la billetera fiscal se integren al directorio de grandes empresas. La iniciativa consta de un solo artículo que incorpora un nuevo numeral al artículo 36 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas para incorporar al jefe de Hacienda y limitar su paso a directorio de grandes empresas “hasta el término de un año contado desde que hubieren cesado en el cargo”. Según el diputado Núñez, el caso del exministro Larraín es grave, porque él posee información privilegiada. “La famosa puerta giratoria está operando en forma escandalosa. Nosotros con esta iniciativa queremos clausurar esa puerta giratoria que permite que se pase del sillón de Teatinos 120 del Ministerio de Hacienda y se dé el salto al directorio de grandes empresas como ocurre con el caso del exministro Larraín que saltó al directorio de Cencosud. Este paso del exministro Larraín conlleva que él accede al uso de información privilegiada, conlleva que hace un evidente tráfico de influencias, por lo tanto, estamos viviendo situaciones que rompen con todos los criterios de transparencia y probidad que deben regir el comportamiento de una exautoridad, en este caso, que tiene información muy sensible que incide directamente en el manejo del negocio”, remarcó Núñez. Para el presidente de la Comisión de Hacienda, también es “escandaloso” el caso de la saliente máxima autoridad de Teatinos 120, porque Larraín impulsó la fallida reintegración tributaria para rebajar impuestos a las grandes empresas. “Esto es aún más escandaloso si consideramos que, en el caso del ex ministro Hacienda Felipe Larraín, hasta hace pocos meses estaba aquí mismo, en este salón diciéndonos que la rebaja de impuestos a grandes empresas, vía la reintegración tributaria, era lo mejor para el país, pues hay una autoridad que venía este Congreso que decía el país, a toda la opinión pública, que algo que beneficiaba a las grandes empresas era bueno para el país y a los pocos meses él sale a ocupar un cargo en el directorio de esa empresas y a enriquecerse con sueldos multimillonarios a partir de los beneficios que le estaba generando a los dueños de esas grandes empresas, como el caso de Cencosud”, manifestó Núñez. Entre la fundamentación del proyecto de ley se afirma que la regulación “post-empleo” no evita adecuadamente los conflictos de interés de quien pasa de la función pública a un cargo privado. “En Chile la regulación del “post-empleo” de una persona que haya ejercido un cargo público no evita adecuadamente los conflictos de interés derivados del paso de la función pública a la función privada. Así el artículo 58 de la Ley 19.653 sobre probidad administrativa y el artículo 56 de la Ley 18.575 sobre bases generales de la administración del Estado disponen que exfuncionarios y ex […]

El aumento explosivo de la Copvid-19 en Chile en los últimos días aumenta hoy las objeciones a la estrategia del gobierno que llama a volver a la normalidad, mientras habla del peligro creciente de la pandemia. Ese doble discurso es considerado por analistas como una de las causas de que parte de la población haya relajado las medidas sanitarias y de seguridad para protegerse del nuevo coronavirus, al interpretar la nueva normalidad como señal de que la situación va mejorando. En ese panorama, un grupo de senadores de oposición enviaron al presidente Sebastián Piñera una declaración en la cual advierten que esos mensajes contradictorios resultan peligrosos e irresponsables y puntualizan que «no estamos en una fase de superación de la pandemia, ni de estabilización de contagios». Asimismo critican que el Gobierno lanzó la estrategia del «regreso seguro», expuesta hace pocos días por el mandatario, estimulando el reinicio de actividades laborales y del comercio, con lo cual se aprecia una mayor cantidad de personas en las calles, que es todo lo contrario del llamado a quedarse en la casa. El texto, firmado por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y otros 23 senadores, es concluyente al expresar que en el país no están dadas las condiciones sanitarias para establecer la nueva normalidad ni el denominado retorno seguro, sino que se deben mantener y profundizar las medidas. Pero además plantean un grupo de medidas que van desde lograr una mayor transparencia en la información a la población, y la realización de más exámenes de Covid-19 en los grupos más expuestos a la enfermedad y el cierre de fronteras regionales en los territorios con mayor cantidad de enfermos. Asimismo reclaman la transferencia de fondos a los municipios, asegurar más insumos para los servicios de salud, y crear un Ingreso Familiar de Emergencia mínimo de 320 mil pesos chilenos (unos 380 dólares) para una familia promedio, lo que sobrepasa ampliamente lo propuesto por el gobierno hasta ahora. Pero además plantean que ese apoyo no disminuya durante el período que dure la pandemia, y que sus beneficiarios estén definidos únicamente por la condición de vulnerabilidad de los hogares ante la Covid-19, y no en función de sus ingresos porque sean trabajadores formales, informales o independientes. Los senadores también advierten que ante la permanente polémica en la cual se encuentra el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se fortalezca la presencia y conducción por parte de los ministerios de Interior y de Desarrollo Social, que garanticen fortalecer una comunicación directa, colaborativa y dialogante. También reclamaron del gobierno un plan de ayuda humanitaria para los migrantes, que constituyen uno de los sectores más afectados en los órdenes social y económico por la pandemia. Santiago de Chile, 5 de abril 2020 Crónica Digital/PL