El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó una «hoja de ruta» para 2020 basada en cuatro pilares, con los cuales el gobierno pretende enfrentar la profunda crisis social y política que padece el país. Esos puntos fueron dados a conocer por el mandatario al término de una reunión ampliada del gabinete en el palacio de La Moneda, la cual durante dos días pasó balance al «difícil año 2019», como señaló Piñera, y a las perspectivas para el presente. Piñera insistió en su recurrente frase de que el ejecutivo ha hecho un esfuerzo para escuchar con «humildad y atención» lo que quieren los chilenos. Entre los cuatro pilares, señaló en primer término avanzar en la ya conocida «agenda social», que incluye mejorar las pensiones, mejorar la salud pública, aumentar los salarios a los trabajadores de menores ingresos y elevar la calidad de la educación privilegiando -dijo- la reducción de las brechas entre distintos grupos socioeconómicos. Estos temas no son nuevos, sino que vienen avanzando lentamente desde el estallido de las protestas populares en octubre de 2019, y en general lo planteado hasta ahora ha sido considerado como muy insuficiente por el movimiento social y fuerzas de oposición. En segundo lugar puso el proceso para una nueva constitución que reclaman la mayoría de los ciudadanos, y señaló que el gobierno buscará encausarlo de forma «pacífica, democrática, dando plenas garantías en el plebiscito convocado para el 26 de abril, en el cual los chilenos deberán pronunciarse si quieren o no una nueva carta magna. Señaló como tercer aspecto trabajar en la protección de los empleos, de la pequeña y mediana empresa, de la clase media y recuperar la capacidad de crecimiento de la economía. Finalmente se refirió a la agenda de seguridad, que contempla el reforzamiento de las fuerzas de carabineros y la Policía de Investigaciones y que consideró «absolutamente fundamental para poder avanzar en los tres anteriores». El mandatario, que desde el estallido social de octubre ha dado prioridad a este tema, criticado por la oposición por su esencia represiva, llamó a todos los sectores a «condenar sin ninguna ambigüedad y con clara firmeza, todo tipo de violencia y todo tipo de violentistas que tanto daño le han causado a nuestro país». Santiago de Chile, 2 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
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Es la única entrevista que ha dado sobre la exposición de Violeta en París. “Un día me dijo: ¿piensas que puedo instalarme en la sala de exposiciones a cantar y bordar? Así lo hizo, se sentaba en el suelo, y cantó y bordó ante los ojos maravillados del público”. Homenaje al cumplirse 53 años de su desaparición el 5 febrero de 1967. (*) Por Carlos Antonio Vergara Ivonne Brunhammer hace 29 años trabaja en el museo de Artes Decorativas que se encuentra a un costado del Louvre e integra ese conjunto arquitectónico patrimonial. En 1985 fue nombrada conservadora jefa de ese recinto, del museo Nissim de Camando y del museo de la Publicidad, tres de los más importantes de París. De su dilatado currículum puede mencionarse que es miembro del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), y que ha publicado más de 20 libros de arte. Ivonne Brunhammer en tanto funcionaria del museo de Artes Decorativas de París, estuvo a cargo en 1964 de la exposición que realizó Violeta Parra. Convivió con ella durante toda la exposición, la vio trabajar, cantar, pintar, bordar sus arpilleras. Violeta Parra se instaló prácticamente a vivir allí mientras duró la muestra. De todo ello conversó en su oficina con el autor. -Explique a los lectores en qué consiste el oficio de conservador de un museo de artes decorativas. -Mi oficio consiste guardar en un lugar que se llama museo, la memoria del pasado, es decir todos los objetos de la vida cotidiana, las mesas, las sillas, los platos, los vasos, los cubiertos, los muebles, todo lo que se adhiere a los muros, la tapicería, los cuadros, las pinturas. Todo lo que sirve a la vida del hombre se encuentra en el museo de Artes Decorativas, mi lugar de trabajo. “Mi oficio es conservar esos objetos, valorizarlos, mostrarlos al público, y nuevamente guardarlos, en particular, las obras contemporáneas”. “El museo de Artes Decorativas guarda arte antiguo, arte moderno y contemporáneo, y es una parte del Louvre, ocupa un ala del edificio, pero es completamente independiente en su administración y gestión. Este lugar donde sostenemos la conversación es el ala Marceau, una de las extremidades oeste del Louvre. “Antaño se encontraba en contacto con el Palacio de Las Tuillerías, que fue incendiado en los acontecimientos de la Comuna de París en 1871. Una parte de este pabellón también se quemó y fue reconstruido en 1878, algunos antes que el museo se instalara. Antiguamente fue residencia de la familia real. ¿Es éste un museo subvencionado por el Estado? -En parte, pero tiene un estatuto privado, depende una asociación que se llama Unión Central de Arres Decorativas. ¿Cuándo conoció a Violeta Parra? -En 1964 luego que vino a ver al conservador jefe y le mostró sus obras de tapicería, sus bordados y sus cuadros. Le preguntó a él si le interesaba exponerlas. El aceptó el proyecto y el principio de la exposición, y me pidió que me encargara de la muestra. Así la conocí. “Ella […]
La muerte de Ariel Jesús Moreno, de 24 años, quien se encontraba hospitalizado desde el jueves, sumó hoy una nueva víctima de la violenta represión contra las manifestaciones populares en Chile. Moreno fue ingresado en la madruga del jueves en la Posta Central, de esta capital tras recibir el impacto de un proyectil en su cabeza, durante manifestaciones en la municipalidad de Padre Hurtado, en la periferia de la urbe. Según los reportes médicos tras su ingreso, el joven fue impactado por «un objeto a alta velocidad, con gran capacidad de penetración, tanto que rompió el cráneo, y generó daño cerebral significativo, y se mantuvo en esta do coma hasta su deceso. Con la muerte de Ariel Moreno suman cuatro los fallecidos durante la semana que finaliza, en medio de protestas en esta capital, pues anteriormente se reportaron la muerte de un hombre durante el incendio de un supermercado, y de otro joven atropellado por un ómnibus. Pero la primera víctima fatal fue Jorge Mora, de 37 años, quien la noche del martes fue atropellado por un camión pesado del cuerpo de Carabineros, a la salida de un partido entre los Equipos Colo Colo y Palestino en el estadio Monumental. Ese hecho generó grandes protestas, que aumentaron tras conocerse que el carabinero responsable del atropello quedó en libertad y solo con la obligación de firma semanal y arraigo nacional, pues la jueza que atendió el caso determino que solo se trató de «una conducta negligente justificada». Desde entonces las noches y madrugadas de esta capital han estado marcadas por violentas protestas, encabezadas por las barras de los principales clubes de fútbol, con ataques a comisarías, incendios de ómnibus del servicio urbano y saqueos de numerosos establecimientos comerciales, entre otros hechos violentos. Asimismo, la desmedida actuación de carabineros que desembocaron en la muerte de esas personas han disparado las exigencias de organizaciones sociales y partidos de oposición de que el general Mario Rozas, director de ese cuerpo policial, renuncie a su cargo. No obstante, el ministro del Interior, Gonzalo Blúmel, y otros funcionarios del gobierno reiteraron su apoyo a Rozas, a pesar del fuerte cuestionamiento de entidades nacionales y extranjeras a las violaciones de derechos humanos en el país, cometidas en su mayoría por fuerzas de carabineros, desde que comenzaron las protestas el 18 de octubre de 2019. Santiago de Chile, 1 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
A pesar de estar acusado por el delito de lesa humanidad, investigado por oscuros manejos en paraísos fiscales, con el respaldo a su gestión por el suelo y cada vez más voces pidiendo su renuncia, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, parece decidido a aferrarse con dientes y uñas al poder. En la lista de problemas que enfrenta, el más reciente fue el llamado hecho por el jurista Mario Daza a una veintena de autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con una nueva acusación por delitos de lesa humanidad, con el objetivo de recabar información sobre en qué medida las decisiones políticas adoptadas por el mandatario derivaron en violaciones de Derechos Humanos durante las protestas, que ya llevan más de tres meses y medio. La querella fue presentada el 16 de diciembre último e involucra también al exministro del Interior Andrés Chadwick; al actual titular de esa cartera, Gonzalo Blumel y al jefe de Carabineros, general Mario Rozas. Entre los llamados a declarar figuran el contralor Jorge Bermúdez y la expresidenta Michelle Bachelet. Daza explicó que el sentido y alcance de la presentación es que el Ministerio Público realice una investigación penal efectiva, aspecto muy importante porque Chile es firmante del Estatuto de Roma, con lo cual reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. Ello implica que si la justicia chilena no actúa en caso de demostrarse la responsabilidad de los imputados, el ente internacional podría operar en el caso. Igualmente en marcha se encuentra el trabajo de una comisión de la Cámara de diputados para investigar los posibles actos fraudulentos de la familia del jefe de Estado en el traspaso de fondos millonarios hacia paraísos fiscales, hecho calificado de grave y escandaloso. Mientras, Piñera sigue sin poder remontar la cuesta ante el bajo reconocimiento popular a su gestión que, con apenas un seis por ciento, lo ubica como el mandatario con menos respaldo de todos los que han pasado por el Palacio de La Moneda desde 1990. Son crecientes las voces que reclaman su renuncia, no solo en manifestaciones populares, sino también en medios políticos. En ese sentido, el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, propuso recientemente alcanzar un acuerdo democrático entre todas las fuerzas políticas del país para convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, como parte de la solución a la crisis imperante. También Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial, llamó al gobernante chileno a dar un paso al costado. «Piñera debe retirarse, pues se transformó en un monarca insensible y desnudo, solitario en su castillo», remarcó. (Tomado de Orbe) Santiago de Chile, 1 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
Desde el inicio de las protestas populares en Chile en octubre último, cinco mil 558 personas han presentado denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, informó hoy la Fiscalía Nacional. Un informe de esa entidad contabiliza en 31 los fallecidos durante las manifestaciones, de los cuales cuatro corresponden a responsabilidad directa de los uniformados, mientras que dos ocurrieron mientras las víctimas se encontraban bajo custodia en comisarías. Del total de denuncias mil 938 señalan lesiones con armas de fuego, de las cuales 285 denunciaron daños oculares, una práctica que se ha extendido por el lanzamiento de perdigones e incluso bombas lacrimógenas directamente al rostro de las personas. Los datos, aportados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, indican que cuatro mil 170 víctimas culparon directamente a Carabineros, 244 a miembros del Ejército, mientras que la Policía de Investigaciones suma 96, y otras 27 denuncias apuntan a miembros de la Armada. El informe añade que los abusos y agresiones policiales se cometieron contra tres mil 798 personas en plena vía pública, 582 en comisarías, brigadas policiales o recintos militares, mientras que 72 personas denunciaron que los hechos ocurrieron en sus propias viviendas y 202 en el interior de vehículos policiales. Según la Fiscalía hasta el momento 38 agentes del Estado fueron procesados por uno o más delitos, aunque otras entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se han quejado de la lentitud en el avance de las causas. Además, entre el total de víctimas, 21 denunciaron discriminación por pertenecer a diversidades sexuales, mientras que en los casos relacionados con delitos de connotación sexual, 192 personas sufrieron desnudamientos y 67 señalaron hechos constitutivos de violación o abuso sexual. El informe detalla que del total de casos, cuatro mil 525 son hombres y mil 031, mujeres, pero entre ellos 834 son niños, niñas o adolescentes. Los datos aportados por la Fiscalía coinciden con la presentación este viernes de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual señala que «la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de la represión y un uso desproporcionado de la fuerza». Asimismo señala que las conductas repetitivas de violencia contra manifestantes resultaron en «un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos». Santiago de Chile, 1 de febrero 2020 Crónica Digital/PL
La búsqueda de caminos la plena realización de los derechos de la mujer centró los debates de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que concluyó ayer en esta capital. En la clausura Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organizadora del evento, señaló que en intensas jornadas los gobiernos y organizaciones sociales participantes dejaron clara la necesidad de abrir mayores espacios a la mujer como garantía para el desarrollo de las naciones. Bárcena puntualizó que llegó la hora de la paridad, de terminar con la violencia y el patriarcado y de ver a las mujeres no como víctimas sino por sus amplias capacidades para contribuir al desarrollo económico y social. Señaló que el amplio movimiento que se manifesta en las calles de naciones del continente es un símbolo de la evolución de sociedades «que buscan cambiar la cultura del privilegio por la cultura de la igualdad». Asimismo Bácena recordó que en las sesiones de la conferencias muchas delegadas reiteraron el criterio de que ese modelo de desarrollo está agotado y que hay que buscar otros caminos que privilegien una mejor distribución de la riqueza y los beneficios sociales, y en esa lucha las mujeres deben estar presentes. El evento contó con la asistencia de una veintena de ministras de la Mujerm m{as de 350 organizaciones sociales así como representantes de organizaciones internacionales vinculadas al desarrollo y empoderamiento de la población femenina. Los participantes aprobaron en la última sesión el Compromiso de Santiago que establece tomar las medidas necesarias para acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda Regional de Género, fortaleciendo la institucionalidad y la jerarquización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los niveles del Estado». Ello se logrará incrementando, de acuerdo con las capacidades y legislaciones nacionales, los recursos financieros, técnicos y humanos, con miras a reforzar la aplicación de políticas de igualdad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre los 48 puntos del Compromiso de Santiago se destacan acuerdos para erradicar la violencia de género, el acceso universal a servicios de salud integrales, fomentar la participación laboral de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas e implementar políticas y programas que contribuyan a un envejecimiento saludable y activo. Los países también se comprometieron a «implementar políticas para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la llamada economía del cuidado, que es asumida fundamentalmente por las mujeres. Isabel Plá, Ministra de la Mujer de Chile, que presidirá la conferencia por los próximos dos años, consideró que el Compromiso de Santiago representa un gran paso en la agenda regional de género con acuerdos que deben impulsar cambios para las mujeres de América Latina y el Caribe. Asimismo expresó «que sin cerrar las brechas sociales, económicas […]
Graves y reiteradas violaciones de derechos humanos fueron denunciadas por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en un informe sobre asistencia, monitoreo y observación del tema durante los últimos meses. El texto de 218 páginas presentado la víspera en esta capital, aborda el problema desde los aspectos cualitativo y cuantitativo, al denunciar la gravedad de las violaciones y dar cuenta también de su magnitud a nivel de la sociedad. El análisis abarca desde el 18 de octubre al 30 de noviembre de 2019 y concluye que tras estudiar toda la información recopilada es posible aseverar que «se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile«. Añade que se han vulnerado los estándares del derecho internacional respecto al derecho a la protesta social y el uso «necesario, legal y proporcional de la fuerza», lo que ha derivado en una grave crisis de Derechos Humanos en el país. En el período analizado se recibieron dos mil 152 denuncias, de ellas mil 388 por heridas con perdigones, 214 por lesiones de bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo, 176 por golpizas propinadas por carabineros y 50 por el uso de gas pimienta. También se incluyen 28 denuncias por el chorro del carro lanza aguas, siete por atropello con vehículos policiales, 32 por violencia sexual, y 31 detenciones arbitrarias. El documento de la Universidad de Chile concluye que el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, salud, libertad personal, reunión y libertad de expresión. El informe se suma a otros que han elaborado organismos como la ONU, Human Rights Watch y otras entidades internacionales y locales y que de forma prácticamente unánime han denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el transcurso de las protestas populares desde el 18 de octubre. Santiago de Chile, 31 enero 2020 Crónica Digital/PL
Un muerto, varios heridos entre civiles y carabineros y notables daños materiales marcaron una nueva madrugada de disturbios en la capital de Chile. Las protestas fueron convocadas la víspera en repudio a la muerte de Jorge Mora, de 37 años, hincha del equipo de fútbol Colo Colo, quien fue atropellado la noche del martes por un camión del cuerpo de Carabineros, a la salida del estadio Monumental, hecho que generó desde entonces fuertes protestas y disturbios en la ciudad. Esta madrugada se repitieron los altercados en barriadas de la periferia capitalina y el hecho más grave ocurrió en la municipalidad de San Ramón, donde una persona murió en un incendio que afectó a un supermercado, mientras que otras dos fueron hospitalizadas en estado grave por inhalación de humo. Según reportes policiales, se produjeron numerosos saqueos de establecimientos en varios puntos de la ciudad y en uno de ellos dos carabineros fueron baleados, mientras que en otro un agente policial fue atropellado por una camioneta donde varias personas huían con productos sacados de un supermercado. Por los asaltos a establecimientos comerciales fueron detenidas al menos 20 personas indicaron fuentes policiales, aunque al mismo tiempo vecinos de esas barriadas han señalado la pobre presencia de los uniformados para contener los hechos vandálicos mientras que cargan con fuerza contra las manifestaciones de protesta. Asimismo se reportó el incendio de al menos dos ómnibus del servicio público y fueron levantadas e incendiadas barricadas en varias vías de la ciudad. Todo ello, a pesar de que la víspera entró en vigor una controvertida ley contra los saqueos y las barricadas que aumenta las sanciones para quienes cometen esos delitos. Esa legislación ha sido muy criticada por fuerzas de oposición puesto que no solo eleva las penas contra determinados delitos, sino que restringe el derecho de reunión y de libre circulación de las personas y es vista como un instrumento más del gobierno para reprimir al movimiento social. No obstante, los disturbios de esta madrugada fueron menores que los ocurridos en la noche del miércoles y la madrugada del jueves, calificados por las autoridades como una de la jornadas más violentas en lo que va de año. Santiago de Chile, 31 de enero 2020 Crónica Digital /PL
Otro manifestante se encuentra hoy en riesgo vital por disparos de carabineros en esta capital, mientras continúan las críticas por la acción desmedida de las fuerzas policiales de Chile. La víctima, Ariel Moreno, 24 años, recibió un disparo en la cabeza durante una manifestación en la zona de Padre Hurtado, en esta capital, y tras ser trasladado a la Posta Central fue diagnosticado en estado crítico, pues según el parte médico el proyectil (una bala o un perdigón), no se puede extraer por el riesgo que implica para la vida. Según se informó, la Fiscalía Metropolitana Occidente inició una investigación penal para esclarecer el hecho, que se produjo cuando fuerzas de carabineros dispararon a una multitud que se manifestaba frente a una comisaría. En tanto, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se informó que se presentará una nueva denuncia contra los uniformados. La pasada noche y la madrugada de este jueves ocurrieron violentas protestas en numerosos puntos de esta capital y en otras ciudades del país, por la muerte de Jorge Mora, de 37 años, quien en la noche del martes fue atropellado por un camión del Cuerpo de Carabineros cuando salía de un partido de futbol en el estadio Monumental, de esta capital. El malestar popular aumentó luego que el carabinero que atropelló al joven fuera puesto en libertad solo con la orden de reportarse semanalmente y no abandonar el país, por decisión de la jueza Andrea Acevedo, quien recibió hoy una lluvia de críticas por ese proceder. La jueza, además, calificó el hecho como una «negligencia justificada» e incluso dejó ver, sin ningún tipo de pruebas que la víctima podría encontrarse en estado de ebriedad. Los primeros en reaccionar fue la hinchada del equipo Colo Colo, que calificó de escandalosas las consideraciones de la jueza, mientras que la Asociación de Magistrados consideró inadmisible hacer evaluaciones políticas, culturales o sociales personales, sin tener suficientes fundamentos. A las críticas también se sumó el INDH, que anunció la presentación de una queja disciplinaria y señaló como «evidente la transgresión a los compromisos asumidos por el Estado de Chile respecto a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación», detalló Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH. Igualmente se han multiplicado las peticiones de renuncia al general Mario Rozas, jefe de Carabineros, por la reiteración de acciones violentas por parte de las fuerzas policiales, aunque el gobierno salió en su defensa. Al respecto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, expresó que «los que estamos en un cargo de responsabilidad pública es porque contamos con el respaldo del Presidente, al tiempo que rechazó el anunció de varios partidos de oposición de que abrir una acusación constitucional en su contra sin no sale Rozas de su cargo. Las protestas de anoche desembocaron en ataques a una veintena de comisarías policiales, decenas de heridos tanto manifestantes como carabineros y m{as de un centenar de detenidos. Asimismo fueron incendiados varios ómnibus del transporte público por lo que fue suspendido ese servicio durante la noche y cerradas desde temprano […]
Por unanimidad, la Cámara de diputados de Chile aprobó la denominada Ley Gabriela, que establece amplía el concepto de feminicidio y amplía las penas para quienes cometen ese delito. Desde la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, la votación fue acogida con emoción por los legisladores, que contaron con la presencia de la familia de la joven que le da nombre al proyecto que quedó listo así para convertirse en ley, luego de un prolongado proceso legislativo. Esta ley define ahora el feminicidio como el asesinato de una mujer por un hombre, que es o fue conviviente o esposo, y además incluye todo tipo de relaciones amorosas o sexuales, entre ellas el noviazgo y la muerte de una fémina en el ejercicio de la prostitución y la violación con homicidio. La ley se aprueba un año y medio después del asesinato de Gabriela Alcaíno, de 17 años, junto a su madre por el ex novio de la muchacha el 11 de junio de 2018 en su domicilio, pero que por la legislación vigente hasta ahora el asesino enfrenta la justicia por homicidio simple y no por feminicidio. Sobre esta medida la ministra de la Mujer, Isabel Pla, consideró muy importante «dar una señal potente en nuestra legislación para cerrar una ventana de impunidad». En tanto, la diputada comunista Karol Cariola, una de las autoras de la iniciativa, destacó que este proyecto se pone a disposición de que muchas mujeres puedan hacer justicia frente a situaciones tan terribles como es el asesinato. Señaló que muchos crímenes quedan en la impunidad porque la legislación no contemplaba hasta ahora el feminicidio dentro de la convivencia o el noviazgo, pero esta ley permite cambiar la historia. Por su parte, la abogada Lorena Astudillo, miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, calificó la ley como un avance, pero advirtió que aumentar las sanciones no es suficiente, sino que también se necesitan políticas públicas dirigidas contra la violencia de género, de manera integral, lo cual no existe en Chile. Según datos oficiales el año pasado se registraron 45 feminicidios en Chile, y entre 2010 y 2019 se contabilizaron 412 casos. Santiago de Chile, 30 de enero 2020 Crónica Digital/PL
