Una creciente movilización ciudadana en Puerto Williams y Ushuaia se ha generado tras conocerse el discreto plan con el que la industria salmonera busca instalarse, a través de cuatro proyectos y 138 jaulas, ahora en aguas del Beagle. “La salmonicultura ha terminado por convertirse en una amenaza binacional. No parece haber sido suficiente haber arrasado amplias zonas de nuestras costas, sino que ahora lo quieren hacer en la puerta de entrada a la Antártica”, señala Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace. Como una seria amenaza al patrimonio medioambiental de la Patagonia chilena y argentina calificó Greenpeace el silencioso intento de expansión de la industria salmonera, ahora en aguas del Canal Beagle, idea que ha generado en las últimas horas una serie de manifestaciones y protestas en Puerto Williams y Ushuaia. De acuerdo a la información disponible, la empresa Nova Austral lideraría la iniciativa, la cual contemplaría en una primera fase cuatro proyectos y 138 jaulas que se ubicarían en distintos puntos del Beagle. “No podemos creer que, con todas las graves y nefastas consecuencias que ha tenido la salmonicultura en amplias zonas del mar austral de Chile, ahora busquen instalarse en el Beagle. Parece no haber sido suficiente que se haya arrasado con amplias zonas de nuestro océano, sino que ahora lo quieren hacer en el mar que es la puerta de entrada a la Antártica. Denunciamos esta ambición sin límite y, por supuesto, nos declaramos en estado de alerta por esta grave amenaza”, señala Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace. De acuerdo a la ONG, en Puerto Williams los permisos ambientales entregados en su momento a la salmonicultura datan de hace más de una década, los que serían inválidos en la actualidad, ya que esos permisos vencen después de cinco años de no haberse concretado las operaciones. “No haber caducado esos permisos ambientales y las concesiones a la empresa ha sido una negligencia inaceptable”, señalan desde Greenpeace» No solo eso, ya que la zona es territorio de comunidades yaganes que no han sido consultadas por estos proyectos -como obliga la normativa vigente- y que, en todo caso, ya han manifestado su rechazo a la instalación de salmoneras en sus históricos territorios. Así lo platea David Alday, representante la Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones: “Estamos muy preocupados por el inicio de las actividades de la industria salmonera en nuestra zona ya que sabemos lo nefasto que han sido sus antecedentes a nivel nacional. Sabemos bien el daño que generan a los ecosistemas y al medioambiente. Como pueblo canoero de los canales del Beagle haremos todo lo posible para que no llegue esta industria. Por lo demás, la empresa que busca instalarse no ha tenido ningún contacto con las comunidades yaganes, pese a que tienen la obligación de hacerlo”. “A todo este panorama se suma que la industria del salmón busca operar en una zona declarada Reserva de la Biósfera, es decir, un ecosistema terrestre y marino de alto valor que debe ser especialmente cuidado, no […]
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Organizaciones femeninas de Chile convocaron a una gran marcha nacional el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, considerada el punto de partida para un amplio movimiento de reivindicaciones a lo largo de 2019. Tras un 2018 en el cual el movimiento feminista en Chile se convirtió en una gran fuerza aglutinadora de un amplio espectro social, no solo femenino, las promotoras de la marcha anunciaron que esta dará paso a más movilizaciones para visibilizar y reforzar sus luchas por la equidad de género. En declaraciones a Radio Cooperativa, Alondra Castillo, miembro de la coordinadora 8 de Marzo, recordó que el movimiento feminista abarca a todos los sectores de la sociedad, y puntualizó que en 2019 las movilizaciones de las chilenas tendrán un proceso ascendente. Muy significativo resulta el respaldo que ya ha recibido el movimiento feminista desde partidos de izquierda, organizaciones sindicales como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, las federaciones nacionales de Profesionales Universitarios y de Funcionarios de Salud Municipal, y la Confederación de Estudiantes de Chile. En opinión de Claudia Pascual, militante comunista y exministra de la Mujer y Equidad de Género en el gobierno de Michelle Bachelet, con las nuevas movilizaciones, a los temas de la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la educación no sexista, tienen que sumarse otras demandas como enfrentar el trabajo precario, la igualdad salarial con respecto a los hombres y mejores pensiones. El movimiento feminista alcanzó en 2018 tales proporciones, tanto por el nivel de movilización, como por el respaldo recibido de amplios sectores, que incluso obligó al gobierno de Sebastián Piñera, estrenado en marzo, a articular con urgencia algunos programas que no estaban en su agenda, para buscar respuestas a las demandas de ese sector poblacional. Santiago de Chile, 27 de enero 2019 Crónica Digital/PL
“Hemos visto las faltas de respeto de este Gobierno, al atribuirse diversas obras que fueron iniciadas durante el mandato anterior; y hoy, vemos como anuncian nuevas líneas del Metro, la décima incluso, mientras Concepción, la segunda ciudad más importante del país, aun no tiene una sola línea”, manifestó molesto el senador Alejandro Navarro, ante el anuncio de la Línea 10 en la RM. El parlamentario ahondó: “fue durante la última Cuenta Pública de Bachelet, que la ex Presidenta anunció nuevos trenes para los servicios del Biotrén, Corto Laja y un arreglo al Puente Ferroviario; pero el Ministerio de Transportes actual los ha presentado como si fuesen obras o ideas de este Gobierno, mientras niega un Metro para Concepción pese a ser proyecto más rentable”. “Pues EFE realizó un estudio el año 2015, que fijó la rentabilidad social del Metro Concepción en un 6,7%, estimándose un costo de US$500 millones para todo el trazado, que iría desde la Estación del Biotrén en Concepción, hasta la Universidad del Biobío, pasando por todo el centro, la UdeC y el Hospital Regional, el más grande de Chile”, recordó el presidente de la Comisión de Transportes del Senado. “Pero”, continuó, “vienen las autoridades del Ministerio de Transportes a Concepción, y anuncian proyectos que venían del Gobierno anterior, cortando cintas para las fotos, y no tienen tapujos en decir que no hay estudios o dinero para un Metro en nuestra zona”. Para Navarro, “esto es una falta de respeto tremenda y una oda al centralismo. Pues Sebastián Piñera acaba de anunciar una Línea 10 en Santiago, que beneficiará a 200 mil personas, pese a que solo la comuna de Concepción, tiene idéntica población, pero en la intercomuna vive más de 1 millón de personas, todos quienes se verían beneficiados con un tren subterráneo en la ciudad”. “No anuncian nada nuevo”, continuó, “y se oponen a los proyectos que quieren los ciudadanos. El Metro de Santiago comenzó su construcción hace casi 50 años, en cambio el de Concepción, que tiene un 6,7% de rentabilidad social, dato que el Ministerio niega o quiere ocultar, aun no tiene fechas estipuladas”. “El Metro de Helsinki en Finlandia, se construyó hace 30 años cuando la población de dicha ciudad apenas superaba las 600.000 personas; el Gran Concepción tiene más de 1 millón de habitantes, desempleo que supera el promedio nacional y el segundo parque vehicular más grande de Chile, lo que hace que cada día la congestión en el centro sea más problemática para la ciudadanía”. “¿Por qué sigue negando si todos sabemos que es un proyecto viable y rentable? ¿es tan fuerte el centralismo?¿tanto temor hay en Santiago de que la Región del Biobío se desarrolle, mientras se ocupan US$5.000 millones en las nuevas líneas? Una Ley Espejo del Metro puede financiar el necesario Metro para Concepción; pelearemos para que se construya”, sentenció el senador Navarro. Concepción, 27 de enero 2019 Crónica Digital
El Consejo de Seguridad de la ONU se encarga de asuntos que amenazan la paz y estabilidad mundial, pero hoy Estados Unidos pidió abordar la situación en Venezuela, que solo compete a los ciudadanos de ese país. Ese fue el criterio expresado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al canciller venezolano Jorge Arreaza en su reciente visita a la sede del organismo multilateral en Nueva York, el pasado 16 de enero. Aún así, la representación estadounidense en la ONU presionó con el fin de realizar una sesión de emergencia sobre Venezuela, que no es considerada por miembros como Rusia un tema para discutir en ese organismo. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, asistirá a la reunión de este sábado en el órgano de 15 miembros, anunció el vocero adjunto de esa instancia gubernamental, Robert Palladino. Según indicó el portavoz, Pompeo instará a los miembros del Consejo y a la comunidad internacional a respaldar al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien es el titular de un parlamento en desacato. Hace dos días, en un nuevo acto injerencista, el mandatario estadounidense, Donald Trump, reconoció a Guaidó como mandatario. Frente al intervencionismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue ganador en las elecciones, decidió romper las relaciones diplomáticas con la nación norteña. También denunció que Washington dirige una operación para imponer un golpe de Estado con un Gobierno subordinado a sus intereses: por eso aceptó un mandatario por vías no constitucionales, mientras trata como ilegítimo al presidente que resultó ganador en los comicios. En medio de ese contexto, la delegación estadounidense comenzó a presionar para llevar al Consejo de Seguridad el tema de Venezuela, como ha hecho en otras ocasiones con Estados del área que le son desafectos, como Nicaragua. La situación en Venezuela es un asunto interno de ese país y no tiene por qué debatirse en el Consejo pues no forma parte de su agenda, señaló a la prensa el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. China también defiende la tesis de la no injerencia en los asuntos internos de los estados miembros de Naciones Unidas. Por su parte, el embajador de Sudáfrica en ONU, Jerry Matjila, señaló que es poco probable encontrar una posición unificada al respecto en el Consejo de Seguridad. Este jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó la necesidad urgente de que todos los actores relevantes se comprometan a un diálogo político, inclusivo y creíble en Venezuela. Además, enfatizó en que las partes deben evitar aumentar las tensiones y la violencia: es esencial que el Gobierno y los actores políticos busquen una solución negociada, con respeto a los derechos humanos y leyes internacionales. El Gobierno de Caracas ha llamado al diálogo a los sectores de derecha en reiteradas ocasiones durante los últimos años, en los cuales se realizaron varias negociaciones, aunque en el último intento la oposición abandonó la mesa de diálogos sin ofrecer explicaciones. La víspera, Maduro aseguró que de ser necesario […]
El Partido Socialista de Chile condenó la intromisión de Estados Unidos en Venezuela y llamó al gobierno a no sumarse a intervencionismos que sólo contribuyen a la profundización de la crisis y la inestabilidad política y social. En una declaración pública de seis puntos, esa fuerza de oposición encabezada por el senador Álvaro Elizalde expresa «su permanente y profunda preocupación» por el conflicto que enfrenta el país sudamericano, agudizado por la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como presidente encargado. En ese sentido pidió al gobierno de Chile «ponerse a disposición» de la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. La declaración argumenta que «la crisis política y social que hoy vive la sociedad venezolana debe enfrentarse con más democracia, donde la colaboración y la solidaridad internacional deben estar al servicio de ese propósito, lejos de intervencionismos extranjeros que no responden a un sincero ejercicio de mediación». Asimismo, valora como positivas las actitudes de los gobiernos de México y Uruguay, al exhortar al diálogo entre las partes y buscar una solución política al conflicto, a la vez que condena el intervencionismo encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De esta forma el Partido Socialista se sumó a otras agrupaciones políticas que en Chile han criticado la posición del gobierno de Sebastián Piñera de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela e ignorar a Nicolás Maduro como mandatario legítimamente electo en ese país, lo cual fue reiterado hoy por el mandatario. Santiago de Chile, 25 de enero 2019 Crónica Digital /PL
El Gobierno de Chile insistió hoy en llevar adelante una reforma educacional denominada Admisión Justa, aun cuando es blanco de numerosas críticas desde los campos pedagógico y político. El 10 de enero, el presidente Sebastián Piñera presentó al país el proyecto de ley, que pretende modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), implantado durante el mandato de la socialista Michelle Bachelet, y reponer mecanismos de selección en las escuelas. Desde entonces se ha desatado una polémica entre el ejecutivo y los detractores de la iniciativa, acentuada por expresiones del mandatario al referirse a la educación como una industria y el controvertido argumento de enaltecer el mérito académico como requisito para admitir a los alumnos en los centros de enseñanza desde los grados inferiores. El proyecto de ley del Gobierno establece que las escuelas puedan elegir a todos los estudiantes, con lo cual se eliminaría el tope del 30 por ciento determinado por la legislación vigente. Al abordar el tema, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, calificó la meritocracia de gran mentira institucionalizada pues, a su juicio, no se puede equiparar a quienes lo tienen todo con quienes no poseen nada y Chile muestra un desequilibrio social muy grande. Argumentó, además, que con ese proyecto de ley ni la familia ni el estudiante eligen el colegio, sino que es este el que elige a los alumnos y a la familia, y se inclinó por privilegiar el talento sobre el mérito. Por su parte, el doctor Mario Solarzo, experto en educación y académico de la Universidad de Santiago, consideró que el proyecto promovido por el Gobierno parece desconocer que el mérito académico de un alumno depende de factores socioeconómicos. No es lo mismo tener padres profesionales o adecuadas condiciones materiales de vida que proceder de una familia de bajo nivel cultural y vivir en condiciones de hacinamiento, y por ello «pedirle a una persona que se esfuerce más en estas condiciones es burlarse en el rostro de la gente más pobre de este país», puntualizó. El presidente Sebastián Piñera y su ministra de Educación han empleado toda la artillería mediática a su alcance para alabar su proyecto, pero por el momento no logran convencer a buena parte del parlamento de llevar adelante la discusión del documento. Así, el martes último la presentación de la Ley de Admisión Justa para iniciar el trámite legislativo, no progresó pues a la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solo asistió la presidenta de ese grupo. Sin embargo, diputados de la oposición sí lograron ingresar a la Cámara un proyecto denominado Ley Machuca, que en contraposición a la propuesta gubernamental prevé obligar a los colegios particulares a reservar al menos el 30 por ciento de sus cupos a hijos de familias pobres y prohibe rechazar a los niños con necesidades educativas especiales. La presidenta de la Comisión de Educación de ese órgano parlamentario, Cristina Girardi, anunció que esa propuesta será analizada a partir de marzo, cuando […]
Ante la posible anulación de la Ley 20.657, WWF Chile llamó a perfeccionar mecanismos de sustentabilidad y criterios técnicos y científicos en la legislación pesquera. En el actual contexto de crisis de los recursos pesqueros, pérdida de biodiversidad marina y amenaza latente del cambio climático, la organización de conservación WWF Chile llamó a mantener y profundizar los aspectos de sustentabilidad presentes en la actual Ley 20.657 (Ley de Pesca), garantizando un proceso transparente y participativo. Así lo enfatizó Valesca Montes, coordinadora del Programa de Pesquerías Sustentables de esta ONG, con motivo de la revisión de esta normativa por parte de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados previa a su discusión en Sala, luego de que la Comisión de Constitución aprobara la nulidad de la Ley de Pesca. “Entre las propuestas que entregamos durante las últimas presidenciales se encontraba justamente la necesidad de tener una ley que contara con la legitimidad y credibilidad de todos los actores involucrados en las pesquerías, manteniendo o perfeccionando los aspectos de sustentabilidad y los criterios técnicos y científicos que fueron incorporados en la ley que rige desde 2013”, explica la profesional, enfatizando que ante la evidente sobreexplotación de los recursos es clave también reducir el esfuerzo de pesca, una medida base que han implementado países como Nueva Zelanda y Estados Unidos con el fin de empujar procesos de recuperación de sus pesquerías. “Esto cobra mucho sentido en la situación actual, en donde por una amplísima mayoría la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó anular la Ley de Pesca, lo cual nos parece que va en la dirección correcta siempre y cuando la nueva propuesta legal que se genere, en caso de llegar a la anulación, no pierda de vista aspectos como la conservación y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos”, agrega Valesca Montes. Según precisa, herramientas como el principio precautorio y el enfoque ecosistémico –entendido en forma integral, en la línea de la FAO-, la implementación de comités científicos técnicos e indicadores del estado de los stocks, tales como puntos biológicos de referencia (PBRs), son imprescindibles para avanzar en la recuperación de las pesquerías nacionales. Asimismo, junto con las capacidades técnicas y humanas, es necesario asegurar un financiamiento adecuado que permita una correcta implementación de la ley. Además, las decisiones deben estar basadas en criterios científicos, considerando además la experiencia de los usuarios de las pesquerías, con una institución fortalecida que permita el desarrollo de investigación e innovación pesquera y que los recursos destinados a esto dejen de obedecer a las prioridades que cada Gobierno tenga. Esto se engarza con la necesidad de una visión de Estado que impulse una política transversal que sensibilice también a la ciudadanía sobre las problemáticas de nuestro océano y el consumo responsable de productos del mar. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital
El rechazo de la justicia francesa a extraditar a Chile a Ricardo Palma Salamanca levantó ronchas en el gobierno chileno, cuyo canciller, Roberto Ampuero, lo calificó de incomprensible. Palma Salamanca fue condenado a cadena perpetua en Chile como uno de los autores del atentado que el 1 de abril de 1991 costó la vida al senador Jaime Guzmán, reconocido como uno de los principales ideólogos de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez protagonizó en 1996 una espectacular fuga de una cárcel de alta seguridad de Santiago a bordo de un helicóptero, sin que los guardias pudieran hacer nada por evitarlo. En febrero de 2018 fue detenido en París en virtud de una orden de captura internacional emitida por Chile, aunque fue liberado bajo control judicial, y desde entonces las autoridades de este país austral insistieron en su extradición. Tras conocerse la decisión de la corte de apelaciones de París, el canciller Roberto Ampuero leyó una declaración pública en la cual la calificó como incomprensible, y que no se condice con los principios, normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia. Por su parte, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, también consideró lamentable el fallo, pero añadió que no queda otra alternativa más que entender que cada país es soberano para decidir respecto de estas solicitudes. En el partido de derecha Unión Demócrata Independiente, del cual Guzmán era presidente en el momento de su muerte, la noticia cayó como una bomba y la también senadora Jacqueline van Rysselberghe calificó el fallo como una falta de respeto y consideró que este es un día triste. En cambio, desde la oposición llamaron al Ejecutivo a aceptar y respetar la decisión de la justicia del país europeo. Al respecto, el diputado Pablo Vidal, del partido Renovación democrática, consideró que en el fallo de la justicia gala puede haber influido el principio de reciprocidad. En ese sentido recordó que desde Francia se ha solicitado la extradición de violadores de los derechos humanos que cumplen condena en la cárcel especial de Punta Peuco, que asesinaron a ciudadanos franceses durante la dictadura de Pinochet, y la justicia chilena no ha accedido a la extradición. Ahora, Palma Salamanca podrá permanecer en Francia y el Estado chileno no podrá recurrir ante esta decisión. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
Bajo la consigna Unir todas las luchas sociales por un Chile Justo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional como expresión del descontento ante las proyectas reformas laboral, educacional y tributaria del Gobierno. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, explicó que el paro, previsto para el 11 de abril próximo, no se limita solo al rechazo de esos proyectos de ley, sino que persigue que los excluidos hagan escuchar sus voces ante la falta de respuesta del gobierno a sus principales preocupaciones. Por su parte, Norberto Díaz, secretario general de la CUT, señaló que existe una arremetida antisindical y antilaboral del Gobierno encabezado por Sebastián Piñera, lo que se evidencia en los proyectos de reforma laboral, de pensiones y de reforma tributaria. La convocatoria al paro nacional fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo Nacional Ampliado de la organización sindical. Paralelamente la directiva de la CUT se refirió a otros temas de trascendencia nacional, entre los cuales reiteró la preocupación por la situación existente en la región de La Araucanía y a favor de los derechos del pueblo mapuche y se sumo a la petición de renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick. También los dirigentes sindicales expresaron su solidaridad con las organizaciones obreras de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), del diario El Mercurio y de otras empresas, que han sido víctimas de despidos en las últimas semanas. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
El reconocimiento hoy por el presidente Sebastián Piñera de Juan Guaidó como autodenominado «presidente encargado» de Venezuela, promovió aquí un amplio abanico de opiniones muchas de las cuales cuestionan la posición del gobierno chileno. Este miércoles, en una sorpresiva alocución desde el Palacio de La Moneda, Piñera dijo que su gobierno decidió reconocer como encargado a Juan Guaidó y «queremos darle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión para recuperar la democracia en Venezuela». Tal pronunciamiento fue aplaudido por los partidos de la derecha, pero no así por otras fuerzas del mundo político del país austral. Desde la izquierda, el diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, consideró que Piñera tomó el mismo rumbo que Donald Trump, en confabulación con otros países latinoamericanos y la OEA, de una forma irresponsable, pues esas acciones podrían provocar miles de víctimas en Venezuela. Asimismo rechazó el accionar golpista de Estados Unidos, expresó el apoyo de su partido al pueblo bolivariano y llamó a buscar el diálogo en condiciones de paz, aunque advirtió que la autoproclamación no tiene asidero constitucional en Venezuela, y Guaidó solo lo hace porque cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Por su parte, el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista, en declaraciones a una televisora local consideró la decisión del Gobierno de Chile como «una imprudencia diplomática absoluta, absurda», que «no ayuda en nada al proceso democrático venezolano». Desde el Partido Humanista, el diputado Tomás Hirsch aseguró que aparecer validando, aprobando y reconociendo a un gobierno paralelo no ayuda en nada. Hay un gobierno legítimo que es el de Nicolás Maduro y reconocer un gobierno paralero es el peor favor que se le puede hacer a la democracia», explicó y calificó la posición de La Moneda como «grave e inaceptable». Por su parte, el diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, dijo no respaldar en lo absoluto al gobierno bolivariano, pero consideró que la postura del ejecutivo de Piñera es «preocupante e irresponsable», más cuando pretende dejar fuera a Nicolás Maduro de la posible solución que tendría la crisis en Venezuela y apoyar a un gobierno «de facto» encabezado por Juan Guaidó. En tanto, Daniel Jadue, alcalde de la comuna (municipio) de Recoleta, en esta capital, opinó en su cuenta de Twitter que el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela vulnera el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos. Asimismo aseveró que el Gobierno de Chile no puede cometer el mismo error de 2002 cuando reconoció la legitimidad de un grupo de golpistas que pretendieron sacar del poder al presidente Hugo Chávez y consideró que esa posición es irresponsable y debe ser rectificada. Santiago de Chile, 24 de enero 2019 Crónica Digital /PL
