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Un proyecto de ley presentado por el gobierno de Chile para análisis del Congreso en el año que comienza recibe hoy críticas unánimes en las que confluyen incluso posiciones diametralmente opuestas. El proyecto de ley busca sustituir el cumplimiento de las penas de cárcel a condenados por cualquier tipo de delito, incluyendo los de lesa humanidad, para que estos puedan cumplirlas con arresto domiciliario total. Según prevé el texto legislativo, entre los requisitos para optar por ese beneficio están que los reos tengan algún problema físico grave e irrecuperable, hayan sido diagnosticados con alguna enfermedad terminal, o aquellos que tengan 75 años o más y hayan cumplido más de la mitad de la condena. Radio Cooperativa indicó que esta iniciativa se suma a la ley de libertades condicionales a la que hace pocos días el Tribunal Constitucional le eliminó el requisito de arrepentimiento para que los condenados por violaciones de derechos humanos opten a este beneficio, aunque mantuvo la exigencia de cumplir dos tercios de la condena y colaborar con las investigaciones. Al respecto, Mireya García, activista de derechos humanos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), firmó a esa emisora que con esta ley el Gobierno busca la impunidad para los represores de la dictadura de Augusto Pinochet. Consideró que en apariencias, el texto pone requisitos importantes para acogerse a la ley, pero son tantos que muchos presos pueden quedar pronto libres si se aprueba este proyecto. En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo al diario La Tercera que esto es un retroceso para la lucha por la verdad y la justicia en Chile. Opinó que la presentación de este proyecto evidencia que el Gobierno «está buscando desesperadamente» dejar en libertad a los represores de la dictadura y con ello perpetuar la campaña de impunidad que se alarga en el tiempo. Pero el documento también es criticado desde el lado totalmente opuesto, pues Raúl Meza, abogado de exmilitares que cumplen condena en la exclusiva cárcel de Punta Peuco por cometer delitos atroces durante los años de la dictadura, aunque disfrutan allí de numerosos privilegios y comodidades, opinó que con este proyecto el gobierno de Sebastián Piñera incumple una promesa de su campaña presidencial. Según el jurista el contenido de este proyecto legislativo «les pone una lápida» a sus representados y condena a morir en la cárcel a aquellos que aún teniendo más de 75 años de edad no padezcan enfermedades invalidantes o terminales. Santiago de Chile, 2 de enero 2019 Crónica Digital /PL

El umbral del nuevo año nos pone en una falsa disyuntiva entre el ritual y la alegría festiva de los buenos deseos y la reflexión frente al porvenir y la esperanza. Es sin duda el momento de los balances personales y colectivos, el recuerdo por los que se han ido y el de perfilar un horizonte, un caminar, por el cual debemos jugarnos. Por ello, frente  a los desafíos y encrucijadas, los invitamos a asumirnos como ciudadanos activos, como pueblo en marcha. Es el momento de recordar a los que amamos, a los que recordamos siempre, de los cuales tomamos las banderas de sueños y esperanzas. Y de los cuales debemos ser dignos. Es lo que esperamos transmitir, entregar, dejar en las manos de quienes nos sucedan. A los que debemos heredar, sin permitirnos dejar el escenario, las consignas de sueños y esperanzas. Abriendo el 2019, por caprichos del calendario, pero sobre todo por determinación propia,  iniciamos de nuevo la marcha entonando nuestros himnos permanentes y gritando nuestras consignas, nuestros objetivos de amaneceres, nuestros sueños e ilusiones compartidas, nuestros afectos y nuestros amores. Junto con nuestro abrazo los invitamos a encontrar la oportunidad de un caminar por las antiguas y nuevas metas, por las rutas marcadas en nuestra historia. Situados donde debemos estar, en medio del torrente colectivo del pueblo. Es nuestra forma de ser felices.  ¡Tenemos tanto que hacer! Es  nuestro saludo, a todos y cada uno. Equipo Crónica Digital Santiago de Chile, 31 de diciembre 2018 Crónica Digital

Ante los pronósticos de un verano con temperaturas más altas de lo normal que propician incendios forestales, las autoridades chilenas alistan hoy recursos para enfrentar posibles contingencias. El jefe del Departamento de Control de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Hugo Castillo, informó que están dispuestas alrededor de 222 brigadas desplegadas en todo el país para combatir el fuego, así como 44 aviones y helicópteros. Explicó además que unidades de inteligencia, análisis y predicción van indicando y generando reportes sistemáticos de las zonas que pueden presentar un mayor riesgo de incendio, a partir de las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos», agregó Castillo. Al respecto, la Conaf entregó un informe en el que se exponen los riesgos y condiciones que contribuyen a que se produzcan este tipo de siniestros. El documento indica que las lluvias primaverales en el centro y sur del país contribuyeron al crecimiento de pastos, que se secaron con las altas temperaturas del verano que acaba de comenzar y ello podría desencadenar incendios forestales. Por su parte, el meteorólogo Luis Salazar, del Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile, informó a Radio Cooperativa, que en relación al pronóstico climatológico emitido por esa institución para este verano, las temperaturas máximas en gran parte del territorio van a estar sobre el promedio. Por ello, se espera un verano cálido, y por lo tanto, las condiciones para la gestación de incendios forestales van a estar presentes, puntualizó. Por su ubicación geográfica en el hemisferio sur, la temporada estival en Chile se extiende desde el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo. Santiago de Chile, 31 de diciembre 2018 Crónica Digital /PL

El rechazo al asesinato del joven Camilo Catrillanca y la desmilitariación de la Araucanía pidieron representantes de comunidades mapuches de la sureña Región de Los Ríos, en carta al presidente de Chile, Sebastián Piñera. La misiva fue entregada en la Intendencia de ese territorio por líderes de las comunas (municipios) de Lanco, Panguipulli y Mariquina, y en ella expresan «total indignación por la forma horrorosa e inhumana» en que un grupo de carabineros asesinaron a Camilo Catrillanca. El homicidio del comunero mapuche ocurrió el 14 de noviembre, cuando un comando del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de carabineros, lo atacaron a mansalva causándole la muerte con un disparo por la espalda. Igualmente los firmantes demandaron a Piñera un pronunciamiento público para anunciar un verdadero proceso de desmilitarización de las zonas de conflicto en la región de La Araucanía, así como establecer una comisión de esclarecimiento histórico sobre los derechos del pueblo mapuche. En declaraciones a Radio Cooperativa, Cornelio Compayante, miembro del territorio de Quilche, en la comuna de Lanco, dijo que el pueblo mapuche está por la recuperación total de sus territorios originarios, que hoy se encuentran en poder de grandes empresas dedicadas a la explotación de los recursos forestales. Por otra parte, Radio Bio Bio informó que este sábado se produjo un ataque incendiario en la provincia de Arauco, durante el cual desconocidos quemaron una vivienda, un almacén y un garaje del sector Meliman, cercano a la localidad de Contulmo. La fuente añadió que personal de la Policía de Investigaciones y del cuerpo de Carabineros acudieron al lugar, donde fueron encontrados volantes y letreros con la frase Catrillanca vive, según relató la gobernadora de Arauco, María Vélgica Tripailaf. Santiago de Chile, 31 de diciembre 2018 Crónica Digital /PL

A nueve meses de haberse instalado en el palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera y su gabinete alcanzan una nota de 4,3 de diez posibles, indican hoy los resultados de una encuesta de la consultora Cadem. El estudio Plaza Pública de Cadem, que constituye un referente para evaluar el nivel de aceptación de las autoridades del país entre los chilenos, evidencia una tendencia a la baja en el respaldo al mandatario, indica el diario La Tercera. Según un balance recogido en la última medición del año que finaliza, desde  marzo, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia, hasta julio, el Gobierno mantuvo una aprobación del 50 por ciento. Sin embargo, está comenzó a decaer y en agosto bajó a 46 por ciento, se elevó en octubre a 49 y en diciembre cayó al 39 por ciento. En el más reciente estudio la gestión de Piñera obtuvo 46 por ciento de desaprobación, mientras que la aprobación fue de  40%, aunque en los resultados del precedente había alcanzado su nivel más bajo con solo 38 de cada cien chilenos que consideraban correcta su gestión gubernamental. El sondeo correspondiente al 24 de diciembre, realizado a 711 personas mayores de 18 años en todo el país, el nivel de desconfianza quedó plasmado al preguntarles si el Presidente cumple lo que promete, a lo que el 55 por ciento respondió que no y solo 35 por ciento que sí. Al evaluar los datos, el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, dijo que esos resultados responden a una frustración de las expectativas que había generado el Gobierno en sus inicios, sobre todo en los referentes a la economía y el orden interior. Izikson añadió que el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca en noviembre a manos de agentes de Carabineros puso punto final a los datos que indicaban un buen inicio del gobierno. Asimismo puntualizó que también se vio frustrada la promesa de «tiempos mejores», y a su juicio, ahora el Gobierno está tratando de prolongarla en el tiempo y de renovar las expectativas de mayor bienestar de los chilenos a más largo plazo, para dentro de tres o cuatro años. Santiago de Chile, 31 de diciembre 2018 Crónica Digital /PL

“Con este congreso se cierra el año con un saldo positivo desde el punto de vista de la difusión y concientización de estas materias”. Ese es el balance de la gestión del consejero nacional encargado de la Secretaría de Condiciones de Trabajo, Seguridad e Higiene Industrial y Medioambiente de la CUT, Horacio Fuentes. Sus declaraciones las formuló en el marco del Congreso de Seguridad y Salud de los trabajadores y trabajadoras: “La organización sindical en la protección y promoción de derechos de seguridad laboral”, realizado este jueves en la capital al cual asistieron cerca de 100 dirigentes sindicales de diversos sectores; oportunidad en la que se expusieron paneles sobre experiencias de sindicatos, expertos de la ACHS, Colegio de Prevencionistas y abogados laborales. Uno de los objetivos de este encuentro fue dar “cuenta de las actividades de la secretaria y plantear los desafíos 2019”, dijo Fuentes, destacando que el trabajo interno ha estado enfocado en ir consolidándola la secretaria  en torno a la plataforma de lucha que la sostiene, enmarcada en el proceso de autorreforma que está viviendo la CUT. Entre las actividades del año, se realizaron varios congresos a lo largo del país. También se constituyó la Red Sindical en Seguridad y Salud en el Trabajo (RedSndical SST) con un Programa de Formación Inicial de monitores: “La idea es capacitar en estos temas. Ya estamos trabajando en la red, están los primeros cursos: 40% son presenciales y el 60% son on line; eso lo estamos haciendo con la mutual”, explicó. Asimismo, en abril de este año lanzaron la campaña: “Ninguna meta de producción puede poner en riesgo la vida y seguridad de trabajadores y trabajadoras” que ha sido la primera iniciativa en esta materia gestada, íntegramente, desde la mirada de los trabajadores. La plataforma de lucha de la Secretaría, enarbola varias banderas, entre ellas: “Tener más incidencia en los organismos de toma de poder. Fortalecer el comité paritario como un elemento importante; hay que dotarlo fuertemente de lo que hoy adolece: Tiempos para desarrollar su labor, protección desde el punto de vista de fueros y la capacitación de los trabajadores para que puedan desarrollar su labor, porque el comité paritario es, desde el punto de la prevención, la única instancia de participación de los trabajadores en estas materias”. Para Fuentes, lograr todos estos objetivos, pasa también por seguir fortaleciendo la secretaría para así tener mayor incidencia en las políticas públicas en estas materias tan fundamentales dentro de las demandas de mejores condiciones labores de los trabajadores y trabajadoras del país y que cobran relevancia también en los proyectos de negociación colectiva. En esa línea, asegura lo importante que sería dotar a la secretaría  con un equipo profesional multidisciplinario puesto que, acota: “Tenemos que ver cómo somos capaces de tener un movimiento sindical y trabajadores más capacitados, y por lo tanto, con mayor grado de participación en las decisiones en estas materias (…). Otros toman las decisiones que a nosotros nos afectan; nosotros no somos parte de esa discusión. Para incidir, debemos dar un salto […]

El especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, estima que la modificación constitucional anunciada por el Presidente Piñera es innecesaria, porque ya existe un mecanismo para remover a la máxima autoridad de la institución. “La reforma más urgente debe ser una ley especial que defina específicamente cuáles son los procedimientos policiales adecuados en cada tipo de situación”, afirma. Debido a falencias en el tratamiento del caso Catrillanca, el Presidente Sebastián Piñera decidió remover al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto. Sin embargo, ante la negativa de este, el Mandatario debió dictar un decreto, donde por primera vez se debió informar al Congreso y esperar la toma de razón de Contraloría para concretar la determinación. Por eso, el Jefe de Estado anunció este miércoles el envío de una reforma constitucional para facilitar la remoción de la máxima autoridad de la institución policial. Para el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, este anuncio es “muy irrelevante en el contexto en el que estamos, de crisis institucional en una de las instituciones más importantes del país, que enfrenta el desafío de implementar un profundo proceso de modernización tanto a nivel de su estrategia operativa como de su estructura orgánica o administrativa”. De acuerdo al ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la modificación es “secundaria y no tan necesaria”, en circunstancias de que ya existe un mecanismo que, a su juicio, es “suficiente”. “El Presidente ya tiene esa facultad y el hecho de que tenga que informar al Congreso me parece que también es pertinente y positivo”, considera. Para Araya, la principal y más urgente reforma a implementar en Carabineros es una norma donde autoridades políticas y la sociedad civil puedan definir y fiscalizar el actuar de la institución policial. “Por hechos como la muerte de Camilo Catrillanca y otros episodios de maltrato o uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, se genera la sensación de una institución desbocada, perdida o sin pautas respecto de lo que tiene que ser su labor profesional”, explica. “La reforma más urgente debe ser una ley especial que defina específicamente cuáles son los procedimientos policiales adecuados en cada tipo de situación”, señala. El especialista toma como referencia a Uruguay, país donde ya existe una ley sobre procedimientos policiales que especifica qué debe hacer exactamente la Policía ante distintos procesos, como detención, custodia, etcétera. “No puede ser una autocracia donde Carabineros defina por sí y ante sí cómo estiman que debe realizarse el procedimiento policial. Eso debe ser revisado por las autoridades y el mundo civil para que al país le parezca aceptable”, sostiene. Finalmente, estima que también es necesario que los efectivos policiales vuelvan a formarse en materias donde evidencian falencias. “En la actualidad, tenemos 60 mil funcionarios de Carabineros, pero a la luz de los últimos acontecimientos, queda la sensación de que tienen vacíos en su formación. Por eso, propongo que se defina cuanto […]