Familiares de las víctimas de la masacre de Senkata, en El Alto, Bolivia, acogieron hoy con beneplácito la ampliación del proceso penal contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) por genocidio y lesiones graves. “Memoria, Verdad y Justicia, el Ministerio Publicó ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Áñez (…), quien será juzgada por la Masacre de Senkata”, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima. Tal decisión fue informada por los fiscales Walter Lora, Iván Cernadas y Favio Maldonado al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad del departamento paceño, en el contexto del proceso seguido de oficio en contra de Luis Fernando Valverde y otros. Esos hechos sangrientos se registraron en la zona de Senkata durante el traslado de un convoy de combustible en noviembre de 2019. De acuerdo con la investigación preliminar, Valverde ordenó el desplazamiento del convoy desde la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, en medio de una violenta represión vecinal en la zona. El escrito indica que fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas atacaron a la población civil, “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”. La base principal de la acusación contra Áñez es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, conocido como “de la muerte”, que eximió de responsabilidad penal a los involucrados en la represión contra quienes reclamaban el establecimiento de la democracia. Tras la firma de esa normativa, los asesinados en Senkata y Sacaba, Cochabamba (departamento central), sumaron 38. Por estos crímenes, Áñez es imputada en el expediente Golpe de Estado I de los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”. Este caso investiga el complot que desembocó en la renuncia del expresidente Evo Morales y propició la imposición de un régimen inconstitucional que originó los crímenes de esas localidades. Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó los hechos de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata y en Sacaba. La Paz, 18 de enero 2023 Crónica Digital/PL
