Gracias a recursos del Gobierno Regional del Biobío, la Fundación ProCultura ejecutará la iniciativa que buscará rescatar, promocionar y poner en valor la identidad ferroviaria y minera de estas comunas. El complejo ferroviario de San Rosendo y el conjunto minero de Lota, ambos inmuebles de alto valor patrimonial, en cuyo reconocimiento y activación es posible promover alternativas de desarrollo socioeconómico para sus comunidades son el objetivo central del proyecto “Puesta en Valor del Patrimonio Cultural – Industrial del Biobío”, ejecutado por Fundación ProCultura, y que recibió financiamiento entregado por el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por $162.980.000. La iniciativa para el caso del complejo ferroviario de San Rosendo pretende generar acciones tendientes a solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales su declaratoria como monumento histórico. En tanto, para el complejo minero de Lota, busca inscribir este sector en la lista de patrimonio mundial, a fin de obtener su reconocimiento por parte de la UNESCO. Además, el proyecto considera una fase de mediación cultural, a través de la generación de experiencias turísticas patrimoniales, que contribuyan al esfuerzo local y sectorial impulsando en los últimos años en las comunas de Lota y San Rosendo. Para ello, se contempla el fortalecimiento de los actores clave, con actividades de capacitación, asesoría técnica y promoción. El Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, destacó el impacto del proyecto y aseguró que “estamos trabajando para que la región recupere el liderazgo y ello, obviamente, incluye el apoyo a iniciativas que generen dinamismo económico, puestos de empleo y, qué mejor, si eso va de la mano con la promoción de la cultura, el turismo y el patrimonio local. Tanto San Rosendo como Lota tienen un potencial tremendo que debemos rescatar, fortalecer y proteger, generando círculos virtuosos que terminarán impactando positivamente en la calidad de vida de los habitantes de la región”. Al respecto, Carlos Sanhueza, director regional de Fundación ProCultura, explicó que “este proyecto que pone en valor el patrimonio industrial y ferroviario nos permite consolidar a la región como un referente para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural industrial del país y sentará las bases para generar, en torno a estos sectores, diversas estrategias que facilitarán el desarrollo económico y social de la zona”. En ese contexto, Alejandra Melgarejo, encargada de proyectos de Esquerré Consultores, agregó que “el turismo cultural es uno de los fenómenos más importantes y diversos de la vida contemporánea, una colaboración mutua entre dos sectores estratégicos con capacidad de elevar los niveles de desarrollo sostenible de los territorios. En ello es clave una relación simbiótica entre ambos sectores, que no ocurre con naturalidad. De ahí que este proyecto representa una oportunidad extraordinaria para avanzar en la instalación de tales equilibrios, a fin de obtener beneficios sostenibles para las comunidades”. El proyecto de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural – Industrial del Biobío tiene un plazo de ejecución de 12 meses y supone una inversión de más de $160 millones, dineros que serán utilizados para realizar actividades comunitarias que permitirán hacer los diagnósticos patrimoniales correspondientes, capacitar a los habitantes de cada comuna […]
Coronel
Desde que se instalaron las centrales vecinos han experimentado problemas de salud por presencia de metales pesados en el ambiente, lo que incluso generó una investigación del Ministerio Público en contra de la eléctrica, a cargo de la fiscal Ana María Aldana. a Corte de Apelación de Concepción acogió el recurso de protección interpuesto por vecinos de la comuna de Coronel en contra de la seremi de Salud de la región del Biobío. El motivo: falta de fiscalización del organismo sobre los impactos ambientales y a la salud de las personas, provocadas por las cenizas depositadas en el vertedero de las centrales Bocamina 1 y 2 de ENEL, instalaciones ubicadas precisamente en dicha comuna. Los requirentes denunciaron que la autoridad sanitaria faltó a su deber de fiscalizar debidamente a la empresa, en cuanto a exigir que ésta informara a la comunidad sobre la peligrosidad de las cenizas generadas por el funcionamiento de las centrales Bocamina 1 y 2, y que son depositadas en el vertedero. Desde su instalación en la comuna, los vecinos han experimentado problemas a la salud por presencia de metales pesados, lo que incluso generó una investigación del Ministerio Público en contra de ENEL, a cargo de la fiscal Ana María Aldana. Durante la revisión del recurso, la Corte solicitó informes a distintos organismos y entidades. Con éstos a la vista constató que la seremi de Salud y ENEL efectivamente cumplieron con su deber de informar acerca de la peligrosidad de las cenizas. Sin embargo, a su vez llegó a la conclusión que esto es insuficiente, por lo que “se hace necesario mantener un constante control y monitoreo de la eventual contaminación, con elementos potencialmente dañinos para la salud de la población aledaña, que el cierre de las operaciones de las centrales y vertedero pudieren ocasionar” y que este monitoreo “no puede quedar sujeto solo a eventuales denuncias de la población afectada”. Por ello, el tribunal de alzada acogió el recurso de protección interpuesto en lo que compete al control, estableciendo que “la Superintendencia del Medio Ambiente deberá realizar a lo menos una vez por año, un proceso de fiscalización, mediante toma de muestras, del agua, aire y de las personas potencialmente expuestas y de mayor vulnerabilidad, como niños y adultos mayores, respecto de la presencia en ellos de minerales pesados y de otros elementos potencialmente contaminantes y dañinos para la salud humana, muestreo que luego de ser debidamente analizado por la unidad correspondiente de esa superintendencia, dará o no lugar al inicio de proceso sancionatorio, según corresponda”.
