El organismo negó el acceso a ingresos de detenidos y detenidas a establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana provenientes de uno de los recintos de detención más importantes de la CNI, el cuartel Borgoño, alegando, entre otras razones, la mala calidad de los libros en los que se contenía lo requerido. Tras acoger un amparo en contra de Gendarmería de Chile, el Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió ordenar al organismo la entrega de información vinculada a registros de ingresos y recintos de origen de los que provenían personas que estuvieron detenidas en el cuartel Borgaño de la extinta Central Nacional de Información (CNI), entre el 1 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 1986 al solicitante. El caso fue presentado ante el CPLT (rol amparo C7848-21) tras la negativa del organismo a la entrega de antecedentes como: el nombre del establecimiento penitenciario, identidad de la persona detenida y de quien haya hecho entrega del detenido. Lo anterior dado que, acorde a los alegatos del organismo ante la Corporación, esto resultaba imposible debido al estado de deterioro de los libros en los que se hicieron los registros y a la mala conservación de los mismos. Acorde a la decisión del Consejo, las razones aludidas y que se vinculan con deficiencias en la gestión documental y archivística por parte de la entidad, son insuficientes y no están previstas entre las causales de denegación o excepciones que establece la Ley de Transparencia, por lo que la Corporación estableció la vulneración al derecho de acceso a la información pública. En la decisión, el CPLT relevó que se trata “de información histórica de carácter pública” y que Gendarmería no pudo acreditar “suficientemente la inexistencia alegada por el órgano”. “A juicio de este Consejo resulta forzoso determinar que Gendarmería de Chile no ha realizado todas las búsquedas necesarias para entregar la información reclamada, no constituyendo una causal de reserva legal sostener por si sola la antigüedad de la información requerida, o deslizar someramente que no se cuenta con personal capacitado para dicha tarea, sin aportar elementos al respecto que permitan justificar su denegación de acuerdo a la normativa vigente”, agrega el Consejo en su pronunciamiento. Crónica Digital 25 de marzo de 2022
gendarmeria
El 7° Juzgado de Garantía capitalino acogió la acción legal enmarcada en el conocido caso de los “títulos falsos” al interior de la institución. Prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público son algunos de los delitos que se investigarán. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decidió tramitar en tiempo récord una querella presentada en contra de 3 funcionarios de Gendarmería vinculados al bullado caso “títulos falsos”, por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y por incumplimiento al deber de denuncia. La acción legal fue presentada por el ex jefe del departamento del jurídico de la institución, Enrique Aguirre Vilches, y recae sobre el coronel Renán Sepúlveda Aldunate, el funcionario Rodrigo Lorca Elizalde y la abogada Elizabeth Ubilla Contreras, acusando al primero de supuestamente falsificar una firma y a Ubilla de haber intervenido en un sumario que le fue requisado por, supuestamente, haber sustraído antecedentes y con estos vicios haberlos derivado como medio de prueba al Ministerio Público, según lo señaló el ex capitán Leandro Tegler. Cabe recordar que Tegler fue uno de los condenados del caso “títulos falsos”, siendo acusado de hacer creer a funcionarios de Gendarmería y a personas ajenas a ésta, sobre la posibilidad de obtener un título profesional de la Universidad de la República (ULARE) y en la SEK. Para ello, se habría valido de un supuesto certificado falso que acreditaba su calidad de egresado de la ULARE, para así cobrar sobresueldos. Pero, posterior a su sentencia, el propio persecutor le devolvió su carpeta de estudios y ésta, contradiciendo la sentencia y al propio Fiscal Jaime Retamal, contenía un certificado de título del instituto Arturo Prat, por lo que este último inició acciones legales contra el persecutor. Sin perjuicio de ello, el condenado ha manifestado insistentemente su inocencia en esta causa, dando a conocer una serie de irregularidades que se sucedieron a lo largo del juicio. Prueba de ello es que diversas pericias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, determinaron la falsedad de las firmas estampadas en diversos documentos vinculados a este caso. A juicio del abogado querellante, Enrique Aguirre, “el señor Renán Sepúlveda Aldunate, Rodrigo Lorca Elizalde y Elizabeth Ubilla Contreras, llevaron a cabo actuaciones ilícitas, faltaron a la verdad en sus testimonios, introdujeron testigos falsos con el fin de que la investigación penal en la que se vieron involucrados no arroje resultados y de esta manera se amparaban en la impunidad”. Asimismo, añadió que “los lícitos habrían sido cometidos atentando contra la probidad pública, y dan cuenta de un nivel organizado de corrupción que atenta contra todo el orden establecido y pone en duda la institucionalidad estatal y la eficacia de la persecución de ilícitos por parte del Ministerio Público y las Policías, toda vez que al interior de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile se efectuó un cúmulo de procedimientos administrativos prevaricatos”. Como resultado de esta acción legal, se solicitó a la OS-7 de Carabineros investigar estos hechos, se llamará a […]
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 74 votos a favor, un proyecto de resolución presentado por la Bancada del PPD-Independientes, donde se solicita al Presidente de la República, que en el futuro proyecto anunciado en su Cuenta Pública, con el que se pretende crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, no se incorpore a Gendarmería de Chile entre las instituciones que formarán parte de la cartera. Lo anterior, debido a que «dicho servicio público nunca ha formado parte de los organismos de orden y seguridad público, y sí del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la labor de vigilar, atender y asistir a la población penal y contribuir a su reinserción social», señala el texto. «El Presidente Piñera anunció en su Cuenta Pública que próximamente enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a crear un nuevo ministerio de Seguridad Pública, separado del Ministerio del Interior, el cual se especializará en el resguardo del orden público, la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la protección de nuestras fronteras. Asimismo, señaló que en este nuevo ministerio estarían reunidos las instituciones de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y que había interés de sumar a Gendarmería de Chile”, explicó el Jefe de Bancada, Raúl Soto. El parlamentario indicó que «esta propuesta encendió las alarmas de funcionarios de Gendarmería quienes se reunieron con nosotros para expresar su total rechazo a la posibilidad de ser incluidos en este proyecto que busca crear un nuevo Ministerio, principalmente porque Gendarmería de Chile no forma parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, sino que es un Servicio Público que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas». Por su parte, la diputada Patricia Rubio sostuvo que «si bien hacemos hincapié en la necesidad de una reforma policial y reestructuración profunda, especialmente en Carabineros de Chile, coincidimos con lo manifestado por las distintas organizaciones gremiales representativas del personal de Gendarmería, en el sentido de que con el proyecto anunciado se desvirtúa el rol social de reinserción social que ellos tienen. Nosotros como Bancada hemos escuchado a los funcionarios en sus demandas, y la Sala de la Cámara también al aprobar esta iniciativa en el día de hoy». En tanto, el Presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, señaló que «en primer lugar quiero destacar la organización y unión de los funcionarios de Gendarmería. Me parece muy bien que de manera anticipada nos argumenten que no corresponde incluirlos en un Ministerio junto a Carabineros e Investigaciones, ya que su labor está más ligada a los derechos humanos y reinserción. Ellos son los que viven la realidad día a día en las cárceles, por lo tanto, es nuestro deber escuchar y respaldar sus planteamientos». Finalmente, el diputado Rodrigo González, afirmó que «la función de los gendarmes es muy compleja, y con la pandemia aún más, con los focos de Covid en las cárceles del país. Ellos cumplen una función muy importante […]
