Piñera oscurantista: Gobierno desestima recomendaciones de científicos e insiste en mantener un sistema de propiedad privada del agua

Próximamente debiera comenzar a votarse en la Comisión de Constitución del Senado la constitucionalidad de diversas materias ya aprobadas en las etapas previas y que han sido cuestionadas por el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas.

Los planteamientos del gobierno, que apuntan a mantener al máximo el régimen actual, choca con las propuestas de investigadores que plantean la necesidad de “reformar el régimen legal que regula el acceso al agua (propiedad y mercado), en consideración de los usos prioritarios y la mantención de un sistema hidrológico sustentable” además de “revisar los métodos utilizados para la asignación de recursos hídricos… dotando a la autoridad de la posibilidad de revisar las condiciones originales de otorgamiento de los derechos”.

El cambio climático llegó hace tiempo para quedarse en Chile y desde múltiples sectores se viene planteando la necesidad de un cambio radical en las políticas públicas relacionadas con la biodiversidad, tanto bajo la premisa de gestión de recursos naturales como de conservación de los ecosistemas.  Sin embargo aquello, tanto el gobierno de Sebastián Piñera como legisladores de dicho sector y la Sociedad Nacional de Agricultura y el Consejo Minero, se resisten a dar curso a los urgentes cambios requeridos.

Eso es lo que se desprende al contrastar las recomendaciones contenidas en el Informe de la Mesa del Agua constituida al alero del Comité Científico de Cambio Climático con las posturas críticas a la reforma al Código de Aguas que se tramita actualmente en la Comisión de Constitución del Senado.

Lo paradójico es que el Comité Científico de Cambio Climático fue convocado en 2019 por el propio gobierno

Fotografía: Gentileza de Chile sustentable

a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con miras a la COP25 que en diciembre se realizaría en Santiago.  Aunque finalmente la cumbre ambiental se desarrolló en Madrid, como insumo quedó el documento “Evidencia Científica y Cambio Climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones” que resume los resultados del trabajo de “investigadores  de una red de más de 600 científicos de todas las disciplinas y regiones de Chile, primordialmente de universidades y centros de investigación académicos, pero también de institutos públicos y privados”.  Este grupo se organizó en 7 mesas de trabajo:Mitigación y EnergíaAdaptaciónAguaBiodiversidadCiudadesCriósfera y AntárticaOcéanos.

Entre los principales temas cuestionados por el Ejecutivo y los senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI) están la temporalidad de las nuevas concesiones por un período de 30 años, y la extinción de los derechos cuando las aguas solicitadas no se utilizan en un período determinado (y que hoy solo se grava mediante el pago de una patente) y la caducidad de los que no sean inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, con el fin de no pagar patentes por no uso.  Estas materias están en el centro de la reforma, donde el debate es si el agua se mantendrá como propiedad privada perpetua sujeta a mercantilización o estará sujeta a restricciones que permitan su redistribución basada en el bien común, priorizando el consumo humano, las actividades de subsistencia, los usos ancestrales y los ecosistemas.

La voz de la ciencia

En materia de gobernanza e institucionalidad hídrica la Mesa del Agua entrega orientaciones concretas, concordadas por los 156 científicos participantes.  En esta labor contó con la colaboración de la Red de Investigación de Recursos Hídricos (Red H20), la cual es coordinada por el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID).

En primer término plantea “revisar los métodos utilizados para la asignación de recursos hídricos, incluyendo el concepto de un clima e hidrología cambiantes, a la luz de la experiencia comparada, dotando a la autoridad de la posibilidad de revisar las condiciones originales de otorgamiento de los derechos y entregar mayores atribuciones para enfrentar sequías permanentes y otros eventos extremos, a la luz de la experiencia comparada”.  En este aspecto, algunas de las indicaciones del Ejecutivo se oponen a la posibilidad de restringir el uso de derechos ya constituidos, con el fin de priorizar el consumo humano o la protección de los acuíferos.

“Casi el 99% de los chilenos cree que la prioridad debe ser el consumo humano”

Los investigadores agregan la necesidad de “integrar el componente medioambiental al derecho y la gestión de las aguas mediante la aprobación de normas protectoras de glaciares y turberas, nuevas atribuciones y deberes ambientales para la DGA y las organizaciones de usuarios del agua (OUA), e impedir que estas organizaciones administren diferentes secciones de un mismo cauce”.   En este ámbito, el entorpecimiento del gobierno y el Consejo Minero a una Ley de Protección de Glaciares, además de omitir toda mención a estas fuentes de agua cuando en abril de este año la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt presentó el informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile (NDC, por sus siglas en inglés) de aquí al 2030, para mitigar el cambio climático.

También plantean los científicos “reformar el régimen legal que regula el acceso al agua (propiedad y mercado), en consideración de los usos prioritarios y la mantención de un sistema hidrológico sustentable” y “diseñar un modelo de gestión integrada de los recursos hídricos dentro de una cuenca, mediante la creación de organismos de cuenca con importante rol del Estado y participación de todos los interesados”.

El marco bajo el cual la Mesa del Agua ha hecho sus propuestas es dramático: “La zona centro-sur de Chile lleva diez años con déficit de precipitaciones de entre 25% y 30%, lo que la convierte en la década más seca desde que existe registro, la cual ha sido atribuida en parte al cambio climático” señalan en la publicación.

Aunque se consideraba que la votación continuara este lunes, la citación de la Comisión de Constitución informa que se abordará el proyecto de reforma constitucional para modificar normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020.  Tras 9 años de tramitación, la reforma del Código de Aguas deberá esperar un poco más.

Leer Informe “Evidencia Científica y Cambio Climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones” en http://www.minciencia.gob.cl/comitecientifico/documentos/Evidencia-cientifica-y-cambio-climatico-en-Chile-Resumen.pdf

Por Patricio Segura

Santiago de Chile, 26 de julio 2020
Crónica Digital

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Dom Jul 26 , 2020
Han culminado dos semanas bien extraordinarias en la historia de Chile. El Parlamento Democrático avanzó más que en sus tres décadas de existencia, para acabar con el ahorro forzoso. Uno de los grandes abusos que viene desde la dictadura. Recuperó en dos semanas parte de su legitimidad, que había perdido casi por completo. Precisamente por no haber cumplido con su deber secular de plantar cara y frenar los abusos de los poderosos. Como el ahorro forzoso que, por el contrario, había contribuido no poco a agravar.  Ahora el Parlamento tiene el deber y el poder para acabar de una buena vez con el ahorro forzoso. Aprobando el proyecto que deroga el DL3500 que le dio origen. Y reconstruyendo el Sistema Público de Seguro Social, que así se llama en Chile. Éste fue destruido por la dictadura en 1981. Para escamotear el dinero de las cotizaciones que trabajadoras y trabajadores activos destinaban a las pensiones de sus padres y abuelas. Y traspasarlo al cogollito de la oligarquía restaurada el 11 de septiembre de 1973. En dos semanas se ha develado y el pueblo ha comprendido el carácter abusivo del ahorro forzoso. Principalmente gracias al rechazo histérico de los poderosos a devolver siquiera una pequeña parte de los fondos acumulados, a sus supuestos dueños. Como demostró el abogado Fernando Atria, pusieron así en evidencia quiénes eran sus verdaderos dueños. En dos semanas quedó al desnudo, asimismo, la ceguera o cinismo del vocinglero coro de defensores del ahorro forzoso. Desde los desfachatados y charlatanes hasta los sibilinos y solapados, pasando por los ingenuos y mal informados. Inexplicablemente, se los encuentra a través de todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ahora todos ellos han quedado completamente aislados. Del pueblo, y también en esta ocasión del sistema político. Ni uno ni el otro les hicieron esta vez el menor caso. Raya en lo ridículo que muchos de estos “expertos” se opusieron a la restitución del 10 por ciento aduciendo que era “una mala política”, dañina para la economía, regresiva e irresponsable desde el punto de vista fiscal.  Al cabo de dos semanas todos aceptan, quizás porque lo reconoció el departamento de estudios de un banco, que devolver a los trabajadores el 10 por ciento del fondo, nada menos veinte mil millones de dólares, será un estímulo extraordinario para la economía justo cuando más lo requiere. La afirmación que se trataría de una política regresiva será recordada como uno de los errores de apreciación más monumentales de los economistas chilenos. Arguyeron que los “ricos” iban a retirar 4,3 millones de pesos libres de impuestos. Sin decir que el sistema les permite retirar de ese modo al jubilar “excedentes de libre disposición” mucho mayores.  Pero lo peor es que estos calificados personajes pasaron por alto el detalle que la medida obliga al puñado de grandes empresarios que tienen el grueso del fondo en su poder, que se pueden contar con los dedos de las manos, a devolver veinte mil millones de […]

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